DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se estima conveniente transcribir en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales que emitieron los criterios contradictorios:
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, sustentó igual criterio al resolver los amparos en revisión números 52/2002, 53/2003 y 338/2003, promovidos respectivamente por Estanislao Becerra Arroyo, Marco Aurelio Díaz de León y Abraham Delgado Aguilar, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias sólo se transcribirá en la parte que interesa, el último fallo.
En el amparo en revisión AR. 338/2003, el Tribunal Colegiado mencionado resolvió lo siguiente:
"CUARTO. Son esencialmente fundados los anteriores argumentos; sin embargo, este Tribunal Colegiado, al reasumir jurisdicción con motivo de la interposición del presente recurso y atendiendo a que la procedencia del juicio de amparo es de orden público y de estudio preferente, considera que por razones distintas a las invocadas por el Juez de Distrito, deberá confirmarse el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida. ... En efecto, tomando en consideración que la procedencia de la acción constitucional es una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre el juicio, este órgano colegiado advierte que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo cual tiene sustento en el citado artículo 73, último párrafo, de la ley de la materia. Al respecto se cita la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Tomo X, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que dispone literalmente lo siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). El solicitante del amparo, ahora recurrente, con el carácter de tercero extraño al juicio ordinario civil origen del acto reclamado, señaló como tal el auto de primero de abril de dos mil tres, en el cual se declaró fincado remate en favor de la tercero perjudicada Elizabeth Ramos Grijalva, respecto del bien inmueble que dijo ser de su propiedad, ubicado en el número 229 de la avenida San Pedro, de la colonia ‘San Isidro’ de León, Guanajuato, y sostiene que se violan garantías en su perjuicio, ya que sin ser oído y vencido en juicio, se declaró fincado el remate sobre un bien de su propiedad adquirido con fecha anterior al embargo, pues celebró contrato de compraventa con Rogelio Estrada Valadez respecto del referido bien, y el dos de abril de dos mil tres, este último se presentó en su domicilio diciéndole que el actor en el juicio 336/99-C del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de aquella ciudad, señaló para embargo la finca que defiende el quejoso y que adquirió el cuatro de enero de dos mil uno. Pues bien, este Tribunal Colegiado considera que el quejoso, ahora inconforme, carece de interés jurídico para demandar la protección constitucional, pues para los efectos del presente juicio de garantías, no está demostrado que sea propietario del inmueble ubicado en boulevard San Pedro número 229 de la colonia ‘San Isidro’ de León, Guanajuato. Para arribar a esa determinación, es pertinente puntualizar que el quejoso para acreditar su interés jurídico, esto es, que es dueño del bien embargado, rematado y adjudicado en el juicio de origen, exhibió con la demanda de garantías, el contrato privado de compraventa, celebrado el cuatro de enero de dos mil uno, con Rogelio Estrada Valadez, respecto de la finca ubicada en boulevard San Pedro número 229 de la colonia ‘San Isidro’ de León, Guanajuato, en la cantidad de novecientos mil pesos, el cual fue ratificado por los contratantes el día siguiente de su celebración, ante el notario público número 66 de ese partido judicial. Ahora, los instrumentos privados, por su propia naturaleza, son sólo indicios no aptos para demostrar el interés jurídico en un juicio de garantías, pues se constituyen como expresiones de voluntad de los particulares que por sí mismos son insuficientes para demostrar el acontecimiento que se haya hecho constar en una documental y, ante ello, para formar convicción, deben adminicularse con otros elementos de prueba, dado que de otro modo, no son aptos para demostrar el derecho sustantivo que en ellos se plasme, con entera independencia de que sean o no de fecha cierta pues, se insiste, la certeza de su suscripción es insuficiente para conferirles mayor eficacia demostrativa que la que en realidad les corresponda. Precisado lo anterior, debe señalarse que el contrato exhibido por el quejoso con la demanda de amparo, para acreditar su interés jurídico, es un documento privado. Al respecto, los artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: (se transcribe). De los preceptos transcritos se advierte que para precisar la calidad de un documento privado es necesario, previamente, determinar si reúne las condiciones que la ley exige para los instrumentos públicos, dado que de no ocurrir esto, la documental será privada. Atendiendo a la regla anterior, para que un documento sea público, se requiere que converjan en su confección las siguientes condiciones: primero, que su formación esté encomendada por la ley a un funcionario revestido de fe pública en el ejercicio de sus funciones; y segundo, que se expida por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; hipótesis las anteriores que no se colman cuando ante la presencia de un notario público, se exhibe un contrato privado de compraventa que no es inscrito en el protocolo. Con relación a la primera de las aludidas condiciones, el artículo 70 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, define como instrumento notarial al documento original que el notario redacta y asienta en el protocolo sobre los actos y los hechos sometidos a su autentificación, firmado por los otorgantes, por los testigos instrumentales o del conocimiento, cuando se requieran y, además, que sea autorizado por el notario. En el mismo sentido, el artículo 53 de la citada ley, prevé que los notarios seguirán el sistema de protocolo para hacer constar los actos que conforme al propio ordenamiento legal, deban autorizar; por lo tanto, si los instrumentos notariales son los documentos que el notario redacta y asienta en su protocolo, es claro que para que un notario público esté en la posibilidad de formar un documento público requiere, indefectiblemente, que lo asiente en el protocolo, pues, de otro modo, no se estaría en presencia de una documental que ese funcionario haya formado por encomienda de la ley, como lo prevé el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. De igual forma, no puede sostenerse que un contrato de compraventa celebrado por dos particulares y ratificado por los contratantes, sea un instrumento que el notario público expide en el ejercicio de sus funciones, dado que no es éste quien ordena la formación de la documental, sino que los particulares son quienes, ya elaborada, la llevan ante su presencia para que se cerciore de que se firmó ante él y, en esos términos, no se colma el segundo de los supuestos que el ordenamiento procesal en estudio prevé para la formación de un documento público, pues no es el notario quien expide la instrumental sino que son los particulares quienes intervienen en su elaboración. De manera que, como el contrato de compraventa en examen no reúne las exigencias previstas en la ley para catalogarlo como público, entonces, es de naturaleza privada, en mérito a que la sola ratificación de un contrato privado de compraventa, es insuficiente para estimar que se está en presencia de un instrumento de la referida naturaleza, dado que el fedatario no es quien lo forma y tampoco lo expide en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, se comparte el criterio contenido en la tesis II.2o.C.131 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 524 del Tomo VIII, noviembre de mil novecientos noventa y ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor literal: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. AUN RATIFICADOS, CONSERVAN SU PROPIA NATURALEZA, SIN QUE TAL HECHO LES IMPRIMA LA CALIDAD DE PÚBLICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).’ (se transcribe). Sobre el mismo tema, no pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, de la Ley del Notariado del Estado, el cual autoriza a los notarios públicos para que expidan certificaciones sobre autenticidad de firmas y ratificaciones de documentos privados; potestad regulada por la ley que es insuficiente para consignar como público al contrato en estudio, dado que para atribuirle esa calidad se requería que ese instrumento hubiera sido confeccionado por el aludido funcionario o que lo expidiera en el ejercicio de sus funciones y, como tal hecho no ocurrió, a lo más que puede aspirar ese documento es a que se considere de fecha cierta el momento en que sus signatarios se presentaron ante el notario a manifestarle su voluntad en celebrar el contrato, lo que es insuficiente para que se le considere como un documento público, por las razones previamente expuestas. Es así, porque no obstante lo plasmado en la documental privada en estudio, para fines exclusivos del presente juicio constitucional, dicha documental no es apta para justificar la celebración del contrato de compraventa a que en él se alude, conforme a las siguientes consideraciones. Si bien el aludido contrato es de fecha cierta, en cuanto al momento de su ratificación, pues sus signatarios lo presentaron ante el notario público número 66 de León, Guanajuato, el cinco de enero de dos mil uno y, como el aludido fedatario se cercioró de que los contratantes comparecieron ante él a ratificar su contenido, reconociendo como suyas las firmas que en él plasmaron, existe seguridad de que a partir de ese momento se externó la voluntad de enajenar un inmueble. En efecto, una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 73, fracción IV, de la Ley del Notariado para el Estado, permite establecer que la certificación que asentó el notario público en el sentido de que en una fecha determinada los suscriptores de un contrato privado acudieron ante su presencia a ratificar el contenido y firmas del documento relativo, es apta para conferirle a tal documento la calidad de fecha cierta. Es así, porque tal forma de proceder está autorizada por la ley, y donde el legislador no distinguió, tampoco el juzgador debe distinguir. Además, cabe señalar que si bien los artículos 1815 y 2497 del Código Civil del Estado, prevén determinadas formalidades que los contratos traslativos de dominio de bienes inmuebles deben revestir, como es constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, a fin de que puedan surtir efectos contra terceros, no obstante, la ausencia de tales formalidades en un contrato privado de compraventa de un bien mueble, cuyo contenido y firmas es ratificado ante la presencia de un notario público, que es un funcionario revestido de fe pública, no significa que la documental relativa no sea de fecha cierta, pues una cosa es la exigencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley del Notariado para el Estado y otra, las formalidades que exige el artículo 1815 del Código Civil local. Por otro lado, aunque la jurisprudencia 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe). Así pues, la ratificación del contrato privado de compraventa ante dicho funcionario, debe considerarse de fecha cierta, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Notariado, y la certeza de esa fecha sólo es apta para justificar ese específico acto, es decir, que existió la voluntad de vender y de comprar entre los contratantes, sin que esa certidumbre sea apta para conferir eficacia plena a lo que las partes acordaron, esto es, a la existencia en sí de la compraventa. ... Cabe señalar que si bien el aludido instrumento es de fecha cierta, pues el hecho de que se presente un documento privado ante un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo; sin embargo, ello es insuficiente para justificar su interés jurídico. Sobre el mismo tema, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia consultable con el número 256 en la página 214 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe). No obstante, el criterio contenido en esa jurisprudencia no es aplicable al caso, por las siguientes razones. La jurisprudencia de mérito surge de la contradicción de criterios sustentados entre el Segundo y Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, indicando el órgano jurisdiccional citado en primer orden que el documento que exhibió el quejoso, consistente en un contrato privado de compraventa que no fue objetado, carece de eficacia legal para demostrar su interés jurídico porque no es de fecha cierta, dado que no se presentó ante algún fedatario público ni fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en tanto que el órgano colegiado indicado en segundo término estimó que el quejoso demostró su interés jurídico para acudir al juicio constitucional, con el contrato privado de compraventa con el que se justificó que el bien raíz materia de la enajenación ya había salido del patrimonio del solicitante de la protección constitucional al momento en que se trabó el embargo que se señaló como acto reclamado. Por consiguiente, lo que motivó a la Primera Sala a sostener el criterio en comento, fue el dilucidar el alcance de las objeciones efectuadas a un documento privado, llegando a la conclusión que cuando en un instrumento privado se haga constar un acto traslativo de dominio de un inmueble, la falta de objeción de un instrumento privado es insuficiente para que se le confiera pleno valor probatorio, dado que para ello se requiere que el documento privado sea de fecha cierta, lo que a decir de la Primera Sala acontece (se transcribe). Por tanto, es claro que la referida Sala no se pronunció sobre el análisis que deben realizar los órganos constitucionales en cuanto a los hechos que en sí se hagan constar en los documentos privados, sino que exclusivamente se abocó al estudio de la objeción o inobjeción de dichas instrumentales. De igual forma, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia previamente transcrita, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en lo atinente a la objeción de documentos privados, expuso literalmente lo siguiente: (se transcribe). Por último, cabe señalar que la citada Sala, en la ejecutoria en comento, literalmente expuso: (se transcribe); de lo que se advierte que implícitamente consideró el deber que tienen los tribunales constitucionales de examinar las pruebas que aporten los quejosos para justificar su interés jurídico, incluidas, desde luego, las instrumentales en que se haga constar un acto traslativo de dominio de un inmueble, lo que debe verificarse así con entera independencia de que las partes las objeten o no. De la transcripción primeramente efectuada, se advierte también que la Primera Sala para emitir la jurisprudencia en comento señaló, entre otras premisas, las siguientes: 1. Que los contratos privados de compraventa, a la luz de la legislación del Estado de Nuevo León, surten efectos cuando se reúnen los requisitos previstos en los artículos 2142 y 2143 del Código Civil para esa entidad federativa, mismos que establecen que habrá compraventa cuando uno de los colitigantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y el otro, a su vez, se obliga a pagar un precio cierto y en dinero y que la regla general es que la venta es perfecta y obligatoria cuando se ha convenido sobre la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho; 2. Destacó lo dispuesto en los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que aluden al valor probatorio de los documentos privados en una controversia judicial y transcribió su contenido; 3. Indicó que los documentos privados no objetados en los que se consignan actos traslativos de dominio y que provienen de terceros, pierden su vigencia cuando no son de fecha cierta, porque la falta de objeción de esta clase de instrumentales no puede ni debe generar valor probatorio del que carecen, conforme a lo previsto en los artículos 2894, fracción I y 2895 del ordenamiento sustantivo civil aludido, mismos que establecen, el primero, la obligación de inscribir en el Registro Público los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles y, el segundo, que los documentos que conforme a esa legislación deban registrarse y no se registren, sólo producen efectos entre quienes los otorguen, pero no podrán producir perjuicio en contra de terceros, quienes sí podrán aprovecharlos en cuanto les fueren favorables. Por lo tanto, si la Primera Sala se circunscribió a indicar los requisitos que deben converger para que un contrato de compraventa surta eficacia entre sus suscriptores y a destacar las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo atinente a la objeción de los instrumentos privados, realizando la consiguiente aclaración de que cuando un instrumento privado provenga de un tercero y se haga constar un acto traslativo de dominio, carecerá de eficacia demostrativa si no es de fecha cierta, independientemente de que sea o no materia de objeción; es claro que conforme a los razonamientos que se vertieron para dar origen a la jurisprudencia materia de examen, en ningún momento se estableció que un documento privado de fecha cierta, por el sólo hecho de serlo, es suficiente para demostrar los hechos que en éste se plasmaron; tan es así que la propia Sala vislumbró la posibilidad de que un documento privado no fuera objetado y puntualizó que cuando en éste se haga constar un acto traslativo de dominio de un inmueble y se expida por un tercero, carecerá de eficacia probatoria si no es de fecha cierta; razón por la que se sostiene que de la aludida jurisprudencia no se advierte que los instrumentos privados de fecha cierta, por el solo hecho de serlo, son eficaces para justificar el acto jurídico que en ellos se hace constar y por el contrario, como ya se dijo en la presente ejecutoria, existe el imperativo legal para los órganos de control constitucional de examinar los aludidos instrumentos conforme al material probatorio que se exhiba en los juicios de amparo, con entera independencia que sean materia o no de objeción por las partes en los juicios de garantías. Aún más, la jurisprudencia en mención se refiere a la ineficacia de los contratos privados de compraventa para acreditar el interés jurídico del quejoso y, ante ello, de su contenido no se advierte que se haya aseverado que basta con que un documento privado sea de fecha cierta para que no se pueda examinar la eficacia jurídica del acto que en él se hizo constar, razón por la que se sostiene que el criterio en análisis no es apto para justificar el interés jurídico del ahora recurrente, pues para que ello fuera así se requeriría que el criterio en cita estableciera que los órganos constitucionales están impedidos para analizar la eficacia demostrativa de esta clase de instrumentos, por el solo hecho de que son de fecha cierta, lo que no puede ser de esa manera pues de sustentar esta hipótesis, se podría llegar al extremo de que en un contrato privado de compraventa se estableciera la compraventa de un bien raíz que está fuera del comercio, como podría acaecer si en él se hiciera constar la enajenación de un inmueble inalienable y que el instrumento se pasara ante la fe de un notario público lo que sería bastante, conforme a esa interpretación, para que se acreditara el interés jurídico del adquirente, lo que sale de toda lógica pues en este supuesto es clara la ineficacia del instrumento privado ante la imposibilidad jurídica de realizar la citada enajenación; siendo ésta una razón más para afirmar que los tribunales de amparo tienen el imperativo legal de analizar la validez de los hechos que en los instrumentos privados se haga constar y que no basta con que sean de fecha cierta para que se tenga por demostrado el acto que en éstos se haga constar. En esos términos, como la certeza en la fecha de suscripción del documento privado en estudio, no es apta para demostrar que el acto jurídico a que alude su contenido en realidad se llevó a cabo, resulta que tampoco se probó el perjuicio que adujo dado que ello implica la no demostración de la compraventa. Sólo resta por señalar que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia titulada: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).’, publicada con el número 228 en la página 188 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, la cual es inaplicable al caso, dado que de su lectura se advierte que para que se actualizara el supuesto fáctico a que alude, se requería justificar que el bien materia del embargo salió del patrimonio del ejecutado y que ingresó al del peticionario de garantías, lo que en la especie no se demostró, conforme a las consideraciones que previamente se realizaron. Similar criterio se ha sostenido al resolver el ARC. 53/2002, resuelto en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dos, por unanimidad de votos. En las condiciones apuntadas, como el quejoso ahora inconforme no demostró tener interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, se actualizó la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que, aunque por razones distintas, procede confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida."
II. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión 193/2003, 251/2002, 206/2003 y 211/2003, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente:
a) En el amparo en revisión AR. 193/2003, promovido por Gerardo Moreno Vargas, el órgano colegiado consideró lo siguiente:
"IV. ... En el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora bien, a efecto de que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo, debe demostrarse el origen de la misma, esto es, la causa generadora del derecho para ejercer ese poder de hecho, el cual constituye el sustento objetivo que pudiera dar lugar a la protección constitucional que se solicita; así, aun cuando en el juicio de garantías no es dable determinar quién es legítimo poseedor del bien, sí es preciso estudiar si quien solicita el amparo tiene un título que avale el derecho en relación al cual exige se le respete la garantía de audiencia; en ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’ (se transcribe). De ese mismo criterio jurisprudencial se advierte que a efecto de dilucidar si el impetrante del amparo tiene interés jurídico para acceder al juicio constitucional en comento, debe examinarse la validez de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tiene efectos para el juicio de garantías y no tiene la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso invoca el derecho a poseer el bien inmueble, por ser arrendatario del mismo, de ahí que la causa generadora de esa posesión precaria es el contrato de arrendamiento. Sentado lo anterior, ha de precisarse que la quejosa aportó como prueba a fin de demostrar que contaba con un derecho a poseer, un contrato de arrendamiento celebrado el primero de marzo de dos mil dos en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, entre Gerardo Moreno Vargas y Melchor Barba Vargas, obrando al reverso de la última foja de dicho contrato, ratificación de fecha dieciocho del mes y año referido, realizada por el notario público número seis en legal ejercicio en esa ciudad. Empero, la documental en cita no resulta eficaz para acreditar el interés jurídico del impetrante, pues no se considera que sea de fecha cierta, ya que de conformidad con los artículos 53 y 73 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, era menester que en la certificación de la ratificación se hubiese hecho constar que el fedatario público autorizó dicho acto razonándolo en el protocolo que para tal efecto lleva en su notaría y no únicamente limitarse en señalar, que se ratificó el contrato mencionado, sino, se insiste, era necesario que se hubiese indicado que el acto que realizaban los contratantes ante el notario (ratificación) quedaba autorizado y razonado en el citado protocolo. Por ende, al carecer de dicho requisito es dable estimar que no se tiene certeza con respecto a la fecha de transmisión del derecho a poseer la vivienda en favor del ahora quejoso, elemento que es indispensable, pues con este dato se acredita fehacientemente el momento a partir del cual detenta la posesión a título de arrendatario del bien inmueble, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Lo anterior es de tal forma, ya que los artículos en comento señalan lo siguiente: (se transcribe). De los preceptos transcritos, se sigue que el notario debe autorizar todos los actos que ante él se realizan, a efecto de que queden amparados por la fe pública de aquél y además también se colige que no puede autorizar acto alguno fuera del protocolo. Así, si las ratificaciones o certificaciones de firmas son actos notariales, es claro que aquéllas deben ser autorizadas por el fedatario público y la autorización de las mismas debe consignarse en el protocolo. Ello es así, porque las disposiciones en cita deben interpretarse en el sentido de que las referidas ratificaciones en sí mismas, no deben efectuarse en el protocolo, empero, sí ha de asentarse en ese libro su autorización y razón de su verificación, es decir, en el protocolo debe consignarse el asiento en el que se haga constar la autorización de ese acto notarial y, en consecuencia, también hacer alusión en el texto de la propia ratificación de firmas del citado asiento; ello con la finalidad de tener certeza sobre fecha y contenido del documento que se ratifica, y de este modo generar convicción de que efectivamente los actos que autorizan los notarios se realizaron ante ellos. Aquí debe destacarse que el criterio adoptado no implica que se esté constriñendo al notario a consignar las ratificaciones de firmas en el protocolo, es decir, que al realizarlas, actúe dentro del protocolo, sino que la actuación que sí debe asentarse en el protocolo es la razón de que se autorizó la ratificación de firmas, y claro, referir en la propia ratificación tal situación. Así, si en el presente caso no acontece ello, puesto que el notario únicamente se limitó a asentar en el documento privado que las partes ratificaban el contenido del mismo, pero no hizo constar en el propio texto de la convalidación de firmas que la razón de la autorización se hubiera consignado en el protocolo respectivo, ante la ausencia de tal señalamiento la ratificación no genera certeza con respecto a la fecha en que efectivamente se realizó la transmisión del derecho a poseer -como arrendatario- del bien inmueble que nos ocupa. Abona al argumento anteriormente planteado, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, en la página 78, del tenor literal siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.’ (se transcribe)."
b) En el amparo en revisión AR. 206/2003, promovido por Federico Fernández Pérez, el Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:
"V. Los agravios transcritos son infundados e inoperantes en sus diversos aspectos. ... Por otra parte, lo infundado de aquel argumento resulta en virtud de que el hoy inconforme pretende ostentar el derecho de posesión del inmueble loc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18865-581b2971/documento-privado-de-fecha-cierta-para-considerarlo-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. AUNQUE EL TEXTO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO NO SE HA AJUSTADO AL CONTENIDO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL APAR (CONTRADICCIÓN DE TESIS 143/2004-PS)
- TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD Y SEMILIBERTAD CONDICIONADA. AL TENER EL CARÁCTER DE PENAS, ES EL JUZGADOR QUIEN DEBE DECIDIR ESPECÍFICAMENTE, CUÁL DE LAS DOS OTORGA (LEGISLACIÓN (CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2004-PS)
- SEMILIBERTAD CONDICIONADA. ES EL JUZGADOR Y NO EL EJECUTIVO, QUIEN DEBE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS BAJO LOS QUE SE CONCEDE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 118/2004-PS)
- SUSPENSIÓN DE PAGOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL INFORME QUE RINDE EL SÍNDICO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 416, DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis