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SUSPENSIÓN DE PAGOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O DESAPRUEBA EL INFORME QUE RINDE EL SÍNDICO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 416, DE LA LEY DE QUIEBRAS Y SUSPENSIÓN DE PAGOS (ABROGADA), PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PS. · Registro digital (IUS): 18637
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 239.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver por mayoría de votos, el veinticinco de noviembre de dos mil tres, el recurso de revisión RC. 7764/2003, interpuesto por la quejosa Reliance de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, sustentó, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida lo que sostiene el inconforme en el sentido de que la sentencia a que se refirió el Juez Federal, no se ocupa de los informes de la sindicatura, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, el procedimiento de rendición de cuentas tiene su propio trámite y resolución y por esa razón es procedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, el Juez Federal para sobreseer en el juicio de amparo básicamente se apoyó en que la sentencia reclamada no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta de manera directa e inmediata derechos sustanciales de la sindicatura o la intervención, por tanto, las inconformidades alegadas deben hacerse valer como violaciones procesales hasta el momento de promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia de segunda instancia que resuelva en definitiva el reconocimiento y prelación de los créditos; que la afectación que pudiera producir tal violación no redunda en el patrimonio de cualquiera de las partes, es decir, que no se actualiza de manera directa o inmediata como resultado de la aprobación o desaprobación del informe de las cuentas, sino hasta que se haya dictado la sentencia de reconocimiento de créditos, momento en el que los resultados de las cuentas y los informes rendidos sí podrían afectar a los acreedores y, por ello, podrían impugnarse como violaciones procesales en el amparo directo que se promueva contra dicha sentencia definitiva. Sin embargo, debe decirse que la sentencia reclamada sí constituye un acto de imposible reparación. En efecto, la suspensión de pagos es un procedimiento preventivo a la quiebra, que tiene por naturaleza que ante la eventualidad de desajustes en el orden financiero de los comerciantes, se constituya esta suspensión como un procedimiento benéfico directamente para la suspensa, quien tendrá la oportunidad de regularizar y equilibrar su situación económica y financiera mediante el uso de este procedimiento a manera de moratoria en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias, con la finalidad de lograr un posterior convenio y renegociación con los acreedores, mientras conserva la administración de sus bienes y continúa con las obligaciones ordinarias de la unidad económica. El procedimiento de suspensión de pagos comprende tres etapas, a saber: 1. Declaración de suspensión de pagos, 2. Reconocimiento, graduación y prelación de créditos, y 3. Aprobación o desaprobación del convenio de la junta de acreedores. Conforme a lo dispuesto por el artículo 405 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, en la primera de esas etapas (declaración de suspensión de pagos), se nombrará al síndico de la suspensión. El nombramiento del síndico tiene como finalidad la revisión y vigilancia de la administración de los bienes y de las operaciones ordinarias ejecutadas por la empresa, ya que es ésta quien de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 410 de la misma ley conserva la administración de los bienes. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la abrogada Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, el síndico tiene la obligación siguiente: ‘Artículo 50. El síndico, trimestralmente rendirá cuentas de su gestión y un informe sobre el estado de la quiebra. Con el informe y la cuenta se dará vista al quebrado y a la intervención por tres días, y en audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes, el Juez dictará resolución, aprobando o desaprobando las cuentas. Siempre que el Juez decida, de oficio, o a petición de la intervención, del quebrado o del síndico, deberá rendir cuentas e informar del estado o de la quiebra dentro de un plazo de tres días a contar de aquel en que se le comunicare dicho acuerdo. La resolución dictada en el incidente de cuentas es apelable en el efecto devolutivo ...’. Por su parte, el artículo 51 de la citada ley establece: ‘Artículo 51. La intervención tiene la obligación de comunicar a los acreedores los datos relativos a las cuentas y estado de la quiebra, para que usen de sus derechos en relación con las decisiones adoptadas.’. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, contra las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio procede el amparo indirecto como excepción, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, que son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal y no sólo derechos adjetivos o procesales; hipótesis en la que encuadra el acto reclamado en el juicio de garantías antecedente de este toca, y que se hizo consistir en la sentencia de dieciséis de junio de dos mil tres, dictada por la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que confirmó la sentencia interlocutoria de diecisiete de marzo de ese mismo año, a través de la cual no se aprobó en sus términos el informe y cuenta que rindió el delegado de la sindicatura en el juicio de suspensión de pagos de Reliance de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque contrariamente a lo que razonó el Juez Federal, la sentencia de reconocimiento de créditos, donde se establece el grado y prelación que se le reconoce a cada crédito, ya no se ocupará de la aprobación o desaprobación de las cuentas rendidas por la sindicatura o cualquier otra cuestión relacionada al respecto; bajo tales premisas, la resolución que aprueba o desaprueba las cuentas que debe rendir el síndico, origina un perjuicio directo e inminente a la esfera jurídica de la intervención, del acreedor preferente y de la suspensa, dado que a través de esos informes esas partes, que intervienen en el procedimiento de suspensión de pagos, tendrán la oportunidad de verificar si la suspensa ha logrado regularizar y equilibrar su situación económica y financiera, que es el propósito de la suspensión de pagos, y si está en posibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, o bien, de lograr un convenio y renegociación con los acreedores, circunstancia que les otorga a esas partes, incluso al síndico de la quiebra por ser el vigilante de la administración de la suspensa, la potestad de controvertir esa resolución mediante el recurso de apelación y, con posterioridad, en caso de ser desfavorable a alguna de las partes que interviene en el procedimiento de quiebra, es posible promover juicio de amparo indirecto, esto último en razón de que la aprobación o desaprobación de esas cuentas ya no podrá ser modificada en forma posterior, ni la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, que resulta ser la definitiva y contra la que procede el juicio de garantías en la vía directa se ocupará de esa cuestión. Por las razones dadas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal, en que se apoyó la Juez Federal, de rubro: ‘QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBEN O DESAPRUEBEN LAS CUENTAS RENDIDAS POR LA SINDICATURA O RESUELVAN CUALQUIER CUESTIÓN CONCERNIENTE A SUS INFORMES, SÓLO PUEDEN SER RECLAMADAS EN AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.’. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 197 de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre el criterio de este Tribunal Colegiado y el del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federal. En las condiciones apuntadas, no se actualiza la causa de improcedencia en que se apoyó la Juez Federal para sobreseer en el juicio de amparo porque, como ya se dijo, la sentencia reclamada sí constituye un acto de imposible reparación. Por esa razón, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y con apoyo en la fracción I del artículo 91 de la Ley de Amparo, este tribunal procede a hacerse cargo del único concepto de violación que expresó el quejoso, cuyo estudio omitió la Juez Federal."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión 6482/2001, 8662/2001, 582/2002, 1362/2002 y 4902/2002, realizó las consideraciones que a continuación se reproducen:

a) Recurso de revisión 6482/2001, interpuesto por Industrializadora de Leche El Sauz, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el ocho de noviembre de dos mil uno:

"V. Previo a resolver el fondo del asunto planteado por ser de orden público y estudio preferente, este tribunal, de oficio, procede a revisar la causal de improcedencia que se advierte en la tramitación del presente juicio de garantías, tal como lo ordena el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como la tesis número III.3o.C.55 K, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede consultarse en la página 1063 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, que a continuación se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. DEBEN EXAMINARSE OFICIOSAMENTE POR EL TRIBUNAL REVISOR.’ (se transcribe). Del análisis integral de la demanda se advierte que el promovente reclama: El auto de fecha veintiocho de marzo del año en curso, dictado por el Juez Primero de lo Concursal del Distrito Federal, en los autos del juicio de suspensión de pagos 125/00 que desecha por notoriamente frívolo e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa en contra de la resolución que ordena a la sindicatura y a la suspensa se les requiera para que dentro del término de tres días presenten balance general, así como estado de resultados de carácter financiero de la citada empresa. Del análisis del acto reclamado se concluye que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto reclamado no tiene sobre el quejoso una ejecución que sea de imposible reparación. Ello es así, ya que el acto reclamado, contrario a lo aducido por el recurrente, no es un acto de imposible reparación, pues para ello requeriría en primera instancia la existencia de un derecho legítimamente tutelado, no meramente procesal cuyo beneficiario fuera el gobernado, en segundo lugar, que dicha garantía se viera vulnerada por el acto de autoridad; finalmente que dicho acto no fuera susceptible de corregirse por una resolución posterior de la propia autoridad, sólo en tal caso se consideraría un acto como de imposible reparación. En la especie, el bien jurídico tutelado es el derecho a la privacidad de los estados contables que toda empresa tiene en condiciones normales, por lo que el acto de autoridad que exija la revisión de tales estados contables en forma injustificada, implicaría, en caso de llevarse a cabo, un acto de imposible reparación. No obstante lo anterior, no debe pasarse por alto que la recurrente no se encuentra en condiciones normales, sino que al estar la empresa suspensa sujeta al procedimiento de suspensión de pagos, ya no cuenta con la plena libertad para mantener la privacidad de sus estados contables, sino que se encuentra sujeta a la vigilancia del síndico y éste a la de la intervención. El Juez puede además, con fundamento en las atribuciones previstas por las fracciones II, III, VI, VIII y XI del artículo 26 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, solicitar la inspección de tales estados contables, esto es, la suspensa ya no puede exigir la privacidad de su contabilidad y, por ende, la orden judicial que ordene su exhibición no le puede vulnerar garantías, porque dicha orden se encuentra ajustada a derecho. Por ello, la sola circunstancia de encontrarse la recurrente sujeta a la suspensión de pagos, hace que no pueda calificarse el acto de autoridad que ordena la revisión de los estados contables como transgresor de garantías de seguridad jurídica y, por consecuencia lógica, tampoco de imposible reparación, ya que no puede violarse un derecho si se carece de éste, por la situación específica del caso, y no puede repararse un daño que ni siquiera se ha cometido. Además de todo lo anterior, los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación sobre los derechos sustantivos como son la vida, la libertad, posesiones, etcétera y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, no se actualizan en el presente caso, pues el acto reclamado sólo tiene efectos de carácter formal o intraprocesal que es susceptible de repararse al momento del dictado de la resolución sobre reconocimiento de créditos o en su momento reclamarse como violación procesal en amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 24/92, de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, agosto de 1992, que literalmente establece: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). También resulta aplicable, en la especie, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede ser consultada en la página 417 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, que literalmente establece: ‘QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS VIOLACIONES PROCESALES CAUSADAS DENTRO DEL JUICIO DE, SÓLO PUEDEN SER RECLAMADAS EN AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.’ (se transcribe). En consecuencia, al advertirse una causal de improcedencia que impide estudiar el fondo del asunto planteado ante el Juez de Distrito y ahora por vía de revisión, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y decretar con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías."

b) Recurso de revisión RC. 8662/2001, interpuesto por Banco Mexicano, S.A., en su carácter de interventor de Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, resuelto el diez de enero de dos mil dos:

"QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto planteado, este Tribunal Colegiado procede a analizar, de oficio, la causal de improcedencia que se advierte en la tramitación del presente juicio de garantías, por ser de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como la tesis número III.3o.C.55 K, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede consultarse en la página 1063 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, que a continuación se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. DEBEN EXAMINARSE OFICIOSAMENTE POR EL TRIBUNAL REVISOR.’ (se transcribe). Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer relación de las siguientes constancias que obran en el juicio natural: 1. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil uno, Ángel Cabrera Mendoza, en su carácter de delegado de la sindicatura respecto de la suspensa Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el juicio de suspensión de pagos número 125/2000, rindió el informe de cuentas correspondiente al periodo comprendido del primero de noviembre del año dos mil al treinta y uno de enero de dos mil uno (foja 89). 2. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil uno, Banco Mexicano, Sociedad Anónima, en su carácter de interventor objetó el informe de cuentas rendido por el síndico, y solicitó al Juez natural requiriera al síndico y a la empresa suspensa para que presentaran los estados financieros de la misma que incluyeran balance general y estado de resultados (foja 93). 3. A dicho ocurso recayó el proveído de veintitrés de marzo de dos mil uno, en el que se ordenó requerir a la sindicatura y a la suspensa la presentación de la documentación solicitada por la intervención (foja 97). 4. Inconforme con dicho proveído, Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso en su contra recurso de revocación, que fue resuelto mediante sentencia de tres de agosto de dos mil uno, mediante el cual se declaró improcedente (foja 232). Del análisis integral de la demanda de garantías cuyo conocimiento correspondió al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se advierte que la quejosa Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó lo siguiente: ‘La sentencia de fecha 3 de agosto de 2001, por medio del cual el C. Juez Primero de lo Concursal tuvo por infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de fecha 23 de marzo del mismo año.’. La resolución que por este medio se combate, a la letra dice lo siguiente en sus puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se admitió a trámite con fundamento en el artículo 457 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, el recurso de revocación planteado por la deudora común en contra del auto de 23 de marzo del año en curso. SEGUNDO. Por los motivos consignados en el considerando cuarto del presente fallo, resulta infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la deudora común en contra del auto de fecha 23 de marzo pasado, debiendo tocar (sic) intocado el mismo por lo que se ordena continuar con el procedimiento en la etapa procesal correspondiente. Notifíquese. CUARTO. Sáquese copia de la presente resolución a efecto de que queden en el legajo correspondiente.’. Del análisis del acto reclamado se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’. Ello es así, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que deban ser materia de amparo indirecto, pues no constituye la última resolución dictada en el procedimiento, momento en el cual de no ser favorable la resolución podrá hacerla valer en vía de amparo directo, pues la violación procesal alegada efectivamente no es de ejecución irreparable, porque de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la ley, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En el caso concreto, contrario a lo aducido por la quejosa Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues para ello se requeriría en primer término la afectación de un derecho sustantivo legítimamente tutelado cuyo beneficiario fuera el quejoso, y no meramente procesal; en segundo lugar, que dicha garantía se viera vulnerada por el acto de autoridad y, finalmente, que dicho acto no fuera susceptible de corregirse por una resolución posterior de la propia autoridad, pues sólo en tal caso se consideraría un acto de imposible reparación. En la especie, el bien jurídico tutelado es el derecho a la privacidad de los estados contables que toda empresa tiene en condiciones normales, por lo que el acto de autoridad que exija la revisión de tales estados contables en forma injustificada, implicaría, en caso de llevarse a cabo, un acto de imposible reparación. No obstante lo anterior, no debe pasarse por alto que la quejosa Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, no se encuentra en condiciones normales, ya que al estar dicha empresa sujeta a un procedimiento concursal, no cuenta con la plena libertad para mantener la privacidad de sus estados contables, sino que se encuentra sujeta a la vigilancia del síndico y éste a la de la intervención. Asimismo, cabe hacer notar que el Juez concursal puede, con fundamento en las atribuciones previstas por las fracciones II, III, VI, VIII y XI del artículo 26 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, solicitar la inspección de tales estados contables, esto es, porque la suspensa ya no puede exigir la privacidad de su contabilidad y, por ende, la orden judicial que ordene su exhibición no le puede vulnerar garantías, porque dicha orden se encuentra ajustada a derecho. Por ello, la sola circunstancia de encontrarse la quejosa Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, sujeta a un procedimiento concursal, hace que no pueda calificarse el acto de autoridad que ordena la revisión de los estados contables como transgresor de las garantías de seguridad jurídica y, por consecuencia lógica, tampoco de imposible reparación, ya que no puede violarse un derecho si se carece de éste, por la situación específica del caso, y no puede repararse un daño que ni siquiera se ha cometido. Aunado a lo anterior, debe decirse que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación sobre los derechos sustantivos como son la vida, la libertad, posesiones, etcétera y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, no se actualizan en el presente caso, pues el acto reclamado sólo tiene efectos de carácter formal o intraprocesal y es susceptible de repararse al momento del dictado de la resolución sobre reconocimiento de créditos, o bien, podrá reclamarse como violación procesal en el amparo directo que en su caso se promueva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 24/92, de la Octava Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, agosto de 1992, que literalmente establece: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). También resulta aplicable en la especie la tesis de la Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede ser consultada en la página 417 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, octubre de 1992, que literalmente establece: ‘QUIEBRA Y SUSPENSIÓN DE PAGOS. LAS VIOLACIONES PROCESALES CAUSADAS DENTRO DEL JUICIO DE, SÓLO PUEDEN SER RECLAMADAS EN AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.’ (se transcribe). En consecuencia, al advertirse una causal de improcedencia que impide estudiar el fondo del asunto planteado ante el Juez de Distrito y en el presente recurso de revisión, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y decretar con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías."

c) Recurso de revisión RC. 582/2002, interpuesto por Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el veintiocho de febrero de dos mil dos:

"QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto planteado, este Tribunal Colegiado procede a analizar, de oficio, la procedencia del presente juicio de garantías, por ser de orden público y de estudio preferente, tal como lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como la tesis número III.3o.C.55 K, de la Novena Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, que puede consultarse en la página 1063 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, que a continuación se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. DEBEN EXAMINARSE OFICIOSAMENTE POR EL TRIBUNAL REVISOR.’ (se transcribe). Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer relación de las siguientes constancias que obran en el juicio natural: 1. Mediante escrito presentado en los autos del juicio de suspensión de pagos número 125/2000, el quince de marzo de dos mil uno, Ángel Cabrera Mendoza, en su carácter de delegado de la sindicatura de la suspensa Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable, rindió el informe de cuentas correspondiente al periodo comprendido del primero de noviembre del año dos mil al treinta y uno de enero de dos mil uno (foja 138). 2. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil uno, Banco Mexicano, Sociedad Anónima, en su carácter de interventor objetó el informe de cuentas rendido por el síndico y solicitó al Juez natural requiriera al síndico y a la empresa suspensa para que presentaran los estados financieros de la misma que incluyeran el balance general y estado de resultados (foja 143). 3. A dicho ocurso recayó el proveído de veintitrés de marzo de dos mil uno, en el que se ordenó requerir a la sindicatura y a la suspensa la presentación de la documentación solicitada por la intervención (foja 147). 4. Inconforme con dicho proveído, Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso en su contra recurso de revocación, que fue resuelto mediante sentencia de veinte de agosto de dos mil uno, mediante la cual se declaró improcedente (fojas 269 a 272). Del análisis integral de la demanda de garantías, cuyo conocimiento correspondió al Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se advierte que la quejosa Alimentos y Bebidas de Nuevo León, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó lo siguiente: ‘La sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil uno, por medio de la cual el C. Juez Primero de lo Concursal tuvo por infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de fecha veintitrés de marzo del mismo año.’. La resolución que por este medio se combate, a la letra dice lo siguiente en sus puntos resolutivos: ‘PRIMERO. Se admitió a trámite con fundamento en el artículo 457 de la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos, el recurso de revocación planteado por la suspensa en contra del auto de fecha veintitrés de marzo del dos mil uno. SEGUNDO. Por los motivos consignados en el considerando cuarto del presente fallo, resulta infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto por la suspensa en contra del auto de fecha veintitrés de marzo último, quedando firme el auto recurrido, por lo que se ordena continuar con el procedimiento en la etapa procesal correspondiente. Notifíquese. CUARTO. Sáquese copia de la presente resolución a efecto de que quede en el legajo correspondiente.’. Del análisis del acto reclamado se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que establecen: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley.’. ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’. Ello es así, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que deban ser materia de amparo indirecto, pues la violación procesal alegada no es de ejecución irreparable, porque de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la ley, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En el caso concreto, contrario a lo aducido por la quejosa Alimentos y Bebidas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el acto reclamado no es de imposible reparación, pues para ello se requeriría, en primer término, la afectación de un derecho sustantivo legítimamente tutelado cuyo beneficiario fuera el quejoso, y no una afectación meramente procesal; en segundo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18637-19596be0/suspension-de-pagos-contra-la-resolucion-que-aprueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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