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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, POR EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO LOS SEÑALE COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18259
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 128.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones emitidas por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el cinco de diciembre de dos mil dos el impedimento número 9/2002, interpuesto por Francisco Guillermo Hernández Danel, su sucesión, a través de Graciela Hernández Cano, en lo que interesa, son las siguientes:

"CUARTO. En principio cabe aclarar que atento que el promovente en su escrito de veintiuno de octubre de dos mil dos hizo valer recurso de reclamación en contra de los autos de quince y diecisiete de octubre del año en que se actúa, dictados por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y que dentro de los agravios del mismo sostuvo argumentos relativos a la existencia de una causa de impedimento de los Magistrados integrantes de dicho tribunal, se analizará únicamente lo relativo al impedimento planteado de acuerdo con lo previsto por la fracción VII del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los motivos de impedimento que hace valer el recusante resultan ser infundados. Para arribar a la certeza de lo anterior se impone referir algunos antecedentes que dieron origen al impedimento planteado y destacar algunas premisas en que se sustentará el presente fallo. Mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil, la sucesión de Francisco Guillermo Hernández Danel, a través de su albacea Graciela Hernández Cano, demandó de María Cristina, María Victoria y María del Refugio, de apellidos Hernández Danel, la declaración judicial de que la sucesión es legítima propietaria del lote de terreno e inmueble ubicado en las calles de Oriente Ciento Setenta, número ciento cuarenta y siete, colonia Moctezuma, segunda sección, Distrito Federal, identificado como el lote de terreno número trece, de la manzana ciento treinta y siete, sección comercial, actualmente número 147, Delegación Venustiano Carranza; como consecuencia de lo anterior, la entrega del inmueble en cita, con sus frutos y accesiones, y el pago de las rentas que dicho bien haya producido desde el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis, así como el pago de gastos y costas que genere el juicio. La acción intentada fue admitida a trámite el cuatro de julio de dos mil por el Juez Tercero Civil del Distrito Federal, quien le asignó el número de expediente 446/2000 y ordenó el emplazamiento a juicio; agotada la instrucción del juicio ordinario civil, el doce de diciembre de dos mil uno, dictó sentencia en la que se resolvió: ‘PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil, en la que, por cuestión de método, se analizaron y resolvieron el incidente de impugnación de falsedad de documento y la acción reconvencional hecha valer por María Cristina, María Victoria y María del Refugio, todas de apellidos Hernández Danel, y al efecto de considerar fundadas y procedentes, determinándose que carece de materia examinar y fallar lo concerniente a la acción principal hecha valer por la sucesión a bienes del señor Francisco Guillermo Hernández Danel. SEGUNDO. En consecuencia, se declara la nulidad absoluta del contrato de donación pura y simple, contenido en la escritura pública número 80,965, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete, así como de ésta, otorgada ante el notario público número 64 de esta ciudad, por lo que, una vez que quede firme esta resolución o sea legalmente ejecutable, deberá girarse atento oficio con los insertos necesarios al titular de dicha notaría pública, licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, para que proceda a realizar la inscripción de cancelación de la indicada escritura en el protocolo relativo y gire atento oficio al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta capital, para que también se sirva cancelar la anotación que hubiese efectuado en el libro que obra en dicha dependencia, respecto al acto que se estima nulo. TERCERO. Asimismo, se declara judicialmente que debe seguir surtiendo todos sus efectos el acto jurídico plasmado en la escritura pública número 27,287, otorgada ante el titular de la notaría pública número 126 de esta capital. CUARTO. No se hace especial condena en costas. QUINTO. Notifíquese. ...’. Inconforme con la sentencia referida, mediante escrito de dieciséis de enero de dos mil dos, la parte actora en el juicio de origen interpuso recurso de apelación, el que se resolvió el once de abril de dos mil dos en el toca 1546/00/12, del índice de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien resolvió revocar la sentencia recurrida en los siguientes términos: ‘PRIMERO. Ha sido procedente la vía ordinaria civil, en la que la parte actora Hernández Danel Francisco Guillermo, su sucesión, probó su acción reivindicatoria y la parte demandada no justificó sus excepciones y defensas. En cuanto a la acción reconvencional resulta improcedente, y la demandada reconvenida probó sus excepciones de falta de acción y falta de legitimación activa, por lo que no se hace pronunciamiento respecto al fondo de la misma. SEGUNDO. En consecuencia, se declara judicialmente que la sucesión actora es legítima propietaria del lote de terreno e inmueble ubicado en las calles de Oriente 170, número 147, colonia Moctezuma, segunda sección, Distrito Federal, identificado como el lote de terreno número 13, de la manzana 137, sección comercial, actualmente número 147, Delegación Venustiano Carranza, con una superficie de terreno de 141.92 metros cuadrados y con las colindancias a que se refiere el título de propiedad de la actora y, por tanto, se declara que tiene pleno dominio sobre él. TERCERO. En consecuencia, se condena a María Cristina, María Victoria y María del Refugio, todas de apellidos Hernández Danel, a desocupar y entregar a la parte actora el inmueble descrito en el resolutivo inmediato anterior, lo que deberán hacer en un término de cinco días contados a partir de que la presente resolución cause ejecutoria o sea legalmente ejecutable, apercibidas que de no hacerlo serán lanzadas a su costa. CUARTO. Se absuelve a las codemandadas del pago de la prestación marcada con el inciso c) del escrito inicial de demanda. QUINTO. No se hace especial condena en costas. SEXTO. Notifíquese. ...’. Al estimar violadas las garantías individuales en perjuicio de las demandadas en el principal, promovieron en contra del fallo indicado juicio de amparo uniinstancial, el que por turno correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano colegiado que resolvió en el amparo directo 350/2002, el quince de agosto de dos mil dos, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la sentencia de once de abril de dos mil dos y, en su lugar, emitiera una diversa en la que les reconozca a las quejosas la legitimación activa en su reconvención, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho proceda. En cumplimiento del fallo protector, la aludida Sala emitió el cinco de septiembre de dos mil dos, en el toca 1546/00/12, la resolución correspondiente, misma que en sus puntos resolutivos decidió: ‘PRIMERO. Ha procedido la vía ordinaria civil, en la que, por cuestión de método, se analizaron y resolvieron el incidente de impugnación de falsedad de documento y la acción reconvencional hecha valer por María Cristina, María Victoria y María del Refugio, todas de apellidos Hernández Danel y, al efecto, se declara infundado dicho incidente de impugnación por falsedad del documento base de la acción. Y en cuanto a la acción reconvencional, la actora acreditó parcialmente su acción y la demandada reconvenida justificó parcialmente sus excepciones y defensas, determinándose que carece de materia examinar y fallar lo concerniente a la acción principal hecha valer por la sucesión a bienes de Francisco Guillermo Hernández Danel. SEGUNDO. En consecuencia, se declara la nulidad respecto del contrato de donación pura y simple, contenida en la escritura pública número 80,965, de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos ochenta y siete, otorgada ante la fe del notario público número 64 del Distrito Federal, licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, otorgada por Reyes Hernández Hernández, a favor de Francisco Guillermo Hernández Danel, respecto del lote de terreno número trece, de la manzana ciento treinta y siete, sección comercial, actualmente número 147 de la calle Oriente 170, colonia Moctezuma, segunda sección, Delegación Venustiano Carranza en esta ciudad, respecto del 50% de los derechos de propiedad que sobre dicho inmueble corresponden a Victoria Danel Alonso, hoy su sucesión. TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, deberá girarse atento oficio una vez que quede firme esta resolución o sea legalmente ejecutable, con los insertos necesarios, al titular de dicha notaría, licenciado Luis Gonzalo Zermeño Maeda, para que proceda a realizar la anotación correspondiente en su protocolo y en los testimonios que en lo sucesivo expida de la escritura en cuestión, respecto de la nulidad del 50% de los derechos de propiedad que sobre el inmueble descrito en el resolutivo inmediato anterior corresponden a Victoria Danel Alonso, hoy su sucesión, y a su vez gire atento oficio al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, para que también se sirva realizar la anotación respecto de la nulidad del 50% de los derechos de propiedad antes indicados en el libro que obra en dicha dependencia, en los términos precisados en el presente resolutivo. CUARTO. No se hace especial condena en costas. QUINTO. Notifíquese. ...’. En contra de la determinación anterior, la parte actora promovió juicio de amparo directo que se radicó en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número de expediente DC. 709/2002. En la demanda de garantías de referencia se señalaron como autoridades responsables a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De la primera señaló como acto reclamado la ejecutoria dictada el quince de agosto del año en curso en el juicio de amparo directo 350/2002; de la Sala reclamó la sentencia definitiva de cinco de septiembre de dos mil dos, dictada en cumplimiento de la ejecutoria que emitió el primero. Ahora bien, el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, que es en el que se sustenta el impedimento del tribunal en cita, a la letra dice: (se transcribe). Como se aprecia de la lectura de la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, para que se actualice la causa de impedimento antes transcrita se requiere: a) Que la autoridad que conoce del amparo hubiese tenido el carácter de responsable en el juicio de garantías; o, b) Que hubiese aconsejado como asesor la resolución reclamada; o, c) Que hubiese emitido en otra instancia o jurisdicción la resolución impugnada. La quejosa señala que se surte el primer supuesto de la causal de impedimento referida, por lo cual es necesario establecer quién o quiénes, conforme a la Ley de Amparo, pueden ser considerados verdaderamente como autoridades responsables, toda vez que la característica de autoridad responsable en el juicio de amparo la da la ley y no la designación unilateral de las partes, pues en atención a la finalidad que se persigue al establecer las causales de impedimento, que es la de evitar la parcialidad del órgano jurisdiccional resolutor del amparo en que se plantea aquél, de ello se colige que debe ser manifiesto que conforme a la ley pudiera darse dicha parcialidad. Ahora bien, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). Por su parte, los artículos 46 y 158 de la misma ley disponen: (se transcriben). De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos es evidente que, para efectos del juicio de amparo directo, las autoridades que legalmente pueden ser consideradas como responsables son las que dictan, promulgan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o acto reclamado impugnable en la vía uniinstancial, es decir, aquellas que emiten sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora bien, cabe destacar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al emitir la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo número 350/2002, del índice de dicho tribunal, actuó con las atribuciones de órgano de control constitucional conferidas por los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior resulta incuestionable que los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no tienen ninguna de las características del artículo 11 de la Ley de Amparo para ser considerados legalmente como autoridad responsable en el juicio de amparo del que deriva el presente impedimento, habida cuenta de que sus actos no encuadran en los supuestos del numeral referido en relación con los artículos 46 y 158 de la mencionada ley. En ese orden de ideas, debe concluirse que no se actualiza la causa de impedimento planteada por la quejosa pues, tomando en consideración que las causales previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo son de aplicación estricta y no pueden comprender casos análogos, de ello se sigue que para estar en los supuestos de la fracción IV del artículo citado se requiere no sólo de la designación que como autoridad responsable y sin fundamento legal haga la parte quejosa en forma unilateral del o los funcionarios judiciales federales a quienes les imputa estar impedidos para conocer del juicio, sino que efectivamente éstos tengan conforme a la ley esa calidad pues, de lo contrario, la causal comprendería un caso análogo y no de estricta observancia, por no estar ajustada a derecho la designación que como autoridad responsable se hiciera en la demanda de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 5/95 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, página 99, que dice: ‘IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON ENUNCIATIVAS SINO LIMITATIVAS.’ (se transcribe). También es aplicable, por analogía, la tesis XXXI/92, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, página 78, que es del tenor literal siguiente: ‘IMPEDIMENTO DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE AMPARO. ES INFUNDADA LA CAUSA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO SI SE APOYA EN EL HECHO DE HABERLOS SEÑALADO COMO RESPONSABLES EN QUEJA ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 13/94 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, página 24, que a la letra dice: ‘IMPEDIMENTO. NO ES CAUSAL DE ÉSTE EL QUE CON ANTERIORIDAD LOS MAGISTRADOS DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO HAYAN CONOCIDO DE UN JUICIO DE AMPARO EN EL QUE EL PROMOVENTE INTERVINO COMO TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe), el cual resulta obligatorio su observancia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, del que se advierte que el Máximo Tribunal consideró que el hecho de que los Magistrados de un Tribunal Colegiado hayan conocido de un juicio de amparo anterior, no es causa de impedimento por no encontrarse contemplada ‘... en ninguna de las hipótesis ...’ previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la quejosa ofreció como prueba en su escrito de diecinueve de noviembre de dos mil dos copia de la resolución emitida en el impedimento número 8/2002, por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado; sin embargo, este órgano colegiado disiente del criterio sustentado por dicho tribunal pues, como ya se sostuvo, no basta para la actualización del impedimento en cita la mera señalización de los Magistrados que integran el tribunal federal como responsables, para que por ese simple hecho unilateral se actualice el impedimento en cita, ya que para arribar a esa determinación deberá analizarse si verdaderamente el funcionario que se estima impedido actuó como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es decir, deberá considerarse más allá que la mera manifestación sin fundamento legal que realice el quejoso para determinar si la causal de impedimento se actualiza o no, máxime que también como ya se dijo, las causales contenidas en el artículo 66 de la Ley de Amparo no son enunciativas o analógicas, sino limitativas a los supuestos que se encuentran contenidos en sus diversas fracciones pues, de lo contrario, se daría lugar a permitir una recusación sin causa, figura jurídico-procesal que no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo. No es óbice tampoco al sentido de esta ejecutoria la tesis que invoca el quejoso cuyo rubro es: ‘IMPEDIMENTO EN EL AMPARO DIRECTO. EL FORMULADO POR UNO DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER DE ÉSTE, EN VIRTUD DE HABER SIDO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL ACTO QUE SE RECLAMA, DEBE DECLARARSE FUNDADO.’, pues del contenido de su ejecutoria se advierte que el Magistrado declarado impedido sí emitió el acto reclamado en la segunda instancia del juicio y conforme a las facultades que la ley le otorgaba, por ser anteriormente titular del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito; de tal suerte que su designación como autoridad responsable era ajustada a derecho, pues se reitera que la designación de autoridades responsables de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y del acto que se les reclama no se encuentra apegada a los dispositivos que regula el juicio de amparo directo al no encuadrar en los supuestos de los artículos 11, 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sólo a mayor abundamiento cabe destacar que este Tribunal Colegiado estima que tampoco se surte la causal de impedimento invocada, toda vez que en auto de presidencia de quince de octubre de dos mil dos se desechó de plano la demanda de garantías, por lo que hace al acto reclamado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que independientemente de que dicho auto fue recurrido en reclamación, encontrándose sub júdice, lo cierto es que los agravios de la reclamación se sustentan sólo en la existencia de la causal de impedimento desestimada, cuya actualización, incluso, también fue negada por los Magistrados integrantes, lo que confirma que de considerarse actualizada la causal implicaría hacer extensiva la misma a un caso análogo, lo que, como ya se dijo, no está permitido en tratándose de impedimentos."

Las consideraciones anteriores dieron lugar al siguiente criterio:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: I.14o.C.7 K

"Página: 1733

"IMPEDIMENTO. NO BASTA EL SIMPLE SEÑALAMIENTO QUE EN FORMA UNILATERAL Y SIN FUNDAMENTO LEGAL HACE EL QUEJOSO ATRIBUYENDO EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE A UN TRIBUNAL FEDERAL, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. Las causales de impedimento previstas en el artículo 66 de la Ley de Amparo no son enunciativas o analógicas, sino limitativas a los supuestos que se encuentran contenidos en sus diversas fracciones, como fue establecido en la tesis de jurisprudencia número 5/95, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: ‘IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON ENUNCIATIVAS SINO LIMITATIVAS.’. En ese orden de ideas, se sigue que para que se actualicen los supuestos de la fracción IV del citado artículo, no basta el simple señalamiento que en forma unilateral y sin fundamento legal haga el quejoso en una demanda de garantías, atribuyendo el carácter de autoridad responsable a los Magistrados que integran un tribunal federal y señalando como acto reclamado la ejecutoria de amparo en cuyo cumplimiento se emitió tal acto, sino que deberá analizarse si legalmente el funcionario que se estima impedido tiene esa calidad conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues el carácter de autoridad responsable en el juicio de garantías lo da la ley y no la designación que como tal hagan las partes.

"Impedimento 9/2002. Francisco Guillermo Hernández Danel, su sucesión. 5 de diciembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Concepción Alonso Flores. Secretario: Raúl Sánchez Domínguez."

CUARTO. Por otro lado, las consideraciones del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el ocho de agosto de dos mil dos el impedimento número 8/2002, interpuesto por los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito, son, en lo conducente, las siguientes:

"TERCERO. Es fundado el impedimento hecho valer por los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En efecto, en el caso se actualiza la causal prevista en el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Los Magistrados Indalfer Infante Gonzales, María del Carmen Sánchez Hidalgo y Benito Alva Zenteno, integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con fecha tres de mayo del año en curso, dictaron ejecutoria en los autos del juicio de amparo directo número DC. 139/2002, promovido por Rafael Giménez Cortés, por su propio derecho y en representación de Baleros, Sociedad Anónima, y (sic) Gymco, Sociedad Civil, contra el acto que reclamaron de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil uno, en el toca 3074/2001, relativa al recurso de apelación interpuesto en el juicio especial hipotecario 78/2000, seguido por María de Lourdes Guevara Sánchez de Porcayo y otros, en contra de Baleros, Sociedad Anónima e Inmobiliaria Gymco, Sociedad Civil, habiendo concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En cumplimiento a la ejecutoria mencionada en el párrafo que antecede, con fecha diecisiete de mayo del año en curso, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, en el toca 3074/2001, dictó nueva resolución. Inconforme con dicha resolución, María de Lourdes Guevara Sánchez de Porcayo Pedro, Jorge y Cecilia, todos de apellidos Porcayo Guevara, por conducto de su apoderado legal Armando Escárcega Valdez, promovieron juicio de amparo directo, habiéndose radicado ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número DC. 402/2002; en dicha demanda de amparo los quejosos señalaron como autoridades responsables tanto a los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito como a los Magistrados integrantes de la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y como actos reclamados tanto la ejecutoria dictada el tres de mayo del año dos mil dos, en el juicio de amparo número DC. 139/2002, como la sentencia dictada el diecisiete de mayo del año dos mil dos, en el toca 3074/2001, que se dictó para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el tres de mayo del año en curso, por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito. En razón de lo anterior, los Magistrados integrantes del mencionado Tribunal Colegiado consideraron estar impedidos para conocer de la demanda de amparo de María de Lourdes Guevara Sánchez de Porcayo, Pedro, Jorge y Cecilia, todos de apellidos Porcayo Guevara, al considerar que en el caso se actualizaba, por analogía, la causal prevista en el artículo 66, fracción IV, de la Ley Amparo. Ahora bien, el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: (se transcribe). Como se ve, el artículo 66 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, expresamente manifiesta que es causa de impedimento para conocer de un juicio de amparo cuando en él los Magistrados ante quienes se promueve dicho juicio constitucional tengan el carácter de autoridad responsable. Ahora bien, en el caso se surte la hipótesis consagrada en la citada fracción IV del artículo 66 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, tomando en consideración que del análisis de la demanda de garantías de María de Lourdes Guevara Sánchez de Porcayo, Pedro, Jorge y Cecilia, todos de apellidos Porcayo Guevara, quienes promueven por conducto de su apoderado legal Armando Escárcega Valdez, que se presentó ante el referido Décimo Primer Tribunal Colegiado, claramente se desprende que las autoridades responsables que señalaron las quejosas fueron, precisamente, los Magistrados integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; y como acto reclamado se les imputó la ejecutoria dictada el tres de mayo del año en curso, en el juicio de amparo número DC. 139/2002, por lo que se está en el caso de calificar de legal el referido impedimento, precisamente porque dichos Magistrados del Décimo Primer Tribunal Colegiado tienen el carácter de autoridad responsable en el propio juicio constitucional del que deriva el presente impedimento, por lo que no pueden decidir un acto con respecto del cual se les imputó el carácter de responsables, porque hacerlo implicaría asignarles el carácter de Juez y parte. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número I.6o.C. J/12, visible en la página 1095, Tomo VIII, septiembre de 1998, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘IMPEDIMENTO EN EL AMPARO DIRECTO. EL FORMULADO POR UNO DE LOS MAGISTRADOS PARA CONOCER DE ÉSTE, EN VIRTUD DE HABER SIDO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE DEL ACTO QUE SE RECLAMA, DEBE DECLARARSE FUNDADO.’ (se transcribe)."

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Civiles contendientes se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De lo anterior se obtiene que para que exista la contradicción de tesis denunciada deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Establecido lo anterior, por razón de método, debe estudiarse, en primer lugar, si en el presente asunto concurren o no las hipótesis de contradicción.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el impedimento número 9/2002, formulado por la parte quejosa en contra de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estimó que no se actualiza la causa de impedimento que prevé el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que dichos Magistrados conocieran del juicio de amparo directo en el que se señalaron como autoridades responsables a los propios Magistrados del Primer Tribunal Colegiado citado y a la Sala Civil responsable, y como actos reclamados la ejecutoria dictada por ese Primer Tribunal Colegiado mencionado, en un diverso juicio de amparo (promovido por la contraparte de la quejosa en el juicio ordinario civil, del que derivaron los actos reclamados), y la resolución emitida en el recurso de apelación, en cumplimiento de esa ejecutoria de amparo, por el solo hecho de haber sido señalados por el quejoso como autoridades responsables, sin que efectivamente tengan esa calidad c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18259-8c87825c/impedimento-no-se-actualiza-la-causal-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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