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Modo: Corpus Pro

ABOGADOS PROCURADORES. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TENERLOS POR AUTORIZADOS PARA ARTICULAR POSICIONES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19163
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 20.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción.

En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. Al resolver el amparo en revisión 454/2004, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito abordó el estudio de un asunto en el que en el juicio natural, el Juez no acordó de conformidad la petición de la parte actora en el sentido de que se tuviese como autorizados a sus procuradores con las facultades más amplias, inclusive las que requieren cláusula especial como la de articular posiciones.

Contra esa determinación, la actora promovió recurso de revocación, mismo que fue desechado por improcedente. En contra de ese desechamiento, la parte actora promovió juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito que conoció del amparo, desechó de plano la demanda de garantías, porque consideró que ese acto no era de imposible reparación, pues la violación reclamada era susceptible de reparación mediante la obtención de sentencia favorable que llegare a dictarse en el juicio o en otra instancia.

Contra esa decisión, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado revocó el auto recurrido y consideró que el acto reclamado sí era de imposible reparación, ya que aunque llegara a obtenerse sentencia favorable, las violaciones reclamadas estarían irreparablemente consumadas, porque de cualquier manera se habrían afectado sus derechos de representación y de defensa en el juicio.

El Tribunal Colegiado se apoyó, al respecto, en las siguientes consideraciones:

"El acto mediante el cual no se tiene por autorizados a los abogados procuradores con las facultades amplias previstas en el artículo 2461 del Código Civil del Estado y, en especial, la no autorización para articular posiciones, es un acto de imposible reparación, pues al no permitirse a los abogados procuradores de la parte quejosa el ejercicio del mandato judicial, se limita el derecho de representación y, por ello, constituye una afectación del derecho de acceso a la justicia, pues si el quejoso no obtuviera un fallo favorable y en la alzada prosperara su agravio, ello únicamente surtiría el efecto de que se reconociera la representación a sus autorizados, pero no anularía ningún otro acto procesal realizado, como las posiciones articuladas, pruebas admitidas y desahogadas, recusaciones planteadas, etcétera. Por tanto, la demanda de amparo, en esos casos, debe ser admitida por el Juez de Distrito."

Ahora bien, una vez que se hizo saber al Juez de Distrito la anterior determinación, se admitió a trámite la demanda de amparo y, al dictar sentencia, dicha juzgadora resolvió sobreseer en el juicio al considerar (contra lo ya establecido por el Tribunal Colegiado) que el acto reclamado no era de imposible reparación. En contra de esa resolución la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que fue registrado por el Tribunal Colegiado bajo el número 71/2005. Este órgano jurisdiccional revocó el sobreseimiento y con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, entró al análisis de los conceptos de violación propuestos por el quejoso. Así, resolvió lo siguiente:

"Es cierto que de la fracción I, primer párrafo, del artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, se desprende que tratándose de un procedimiento judicial, la designación por las partes de abogados patronos o procuradores puede hacerse mediante simple escrito, sin necesidad de ratificación, confiriéndose a éstos un verdadero poder de representación equiparable al otorgado en un mandato judicial, puesto que los faculta para llevar a cabo directamente en beneficio de la parte que los designó todos los actos procesales que le corresponden, aunque con algunas de las restricciones impuestas a los mandatarios judiciales. Por su parte, el párrafo segundo de dicha fracción I del mismo artículo establece que en ese mismo ocurso se pueden ampliar o limitar las facultades del procurador.

"Ahora bien, de una armónica interpretación de los dos párrafos que integran la fracción I del artículo 46 del código procesal civil, se obtiene que no es necesario ratificar la ampliación de facultades a los abogados patronos ante la autoridad judicial, pues el segundo párrafo de la fracción I del artículo 46 prevé que en ese supuesto debe observarse lo previsto en el párrafo primero, mismo en el cual sólo se hace referencia a un escrito dirigido al Juez, sin que sea necesaria su ratificación.

"Igualmente, es correcto considerar que no se necesita la ratificación del escrito que amplía las facultades de los procuradores en un juicio, aun cuando se confieran a los mandatarios las facultades que requieren cláusula especial.

"No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el mandato judicial sea un acto jurídico formal y que para su existencia perfecta se requiera que sea ratificado ante la presencia judicial o hecho en escritura pública, pues al lado del mandato judicial, existe la figura jurídica del abogado procurador o patrono como una forma de representación en el proceso, regulada por el artículo 46 del código procesal civil y el solo hecho de la designación del procurador confiere a éste un verdadero poder de representación, equiparable a un mandato judicial, puesto que lo faculta para llevar a cabo todos los actos procesales que correspondan al mandante, aun los que requieren cláusula especial, cuando así se les amplíen o confieran éstas en el escrito que se les designe, sin necesidad de ratificación.

"Así, si se designa a algunos abogados como procuradores y se les confiere la facultad especial de articular posiciones (no de absolverlas) y no como mandatarios en los términos del mandato judicial, es entonces aplicable la fracción I del artículo 46 del código procesal civil, que habla de procuradores y patronos, y no así la fracción III de dicho numeral, que se refiere a los abogados que actúan como mandatarios. En todo caso, si bien la fracción III establece que el mandato en procuración puede otorgarse en la forma prescrita por el Código Civil, también se reconoce en la misma que las partes pueden otorgar mandato mediante escrito que dirijan al Juez en que se fijen las facultades que deseen conferir, mismo que será admitido sin necesidad de ratificación."

En otra ejecutoria, la que resolvió el amparo en revisión 331/2004, dicho Tribunal Colegiado analizó un asunto en el cual el autorizado de la parte actora interpuso una demanda de amparo indirecto, pero el Juez de amparo desechó de plano dicha demanda, porque consideró que el promovente carecía de facultades para promover el juicio de garantías, pues la autorización que tenía se limitaba a que realizara en las instancias primera y segunda los actos procesales previstos en el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para Baja California.

Respecto de lo anterior, el promovente interpuso recurso de revisión y, al resolverlo, el Tribunal Colegiado consideró que era fundado lo aducido por el autorizado, pues dijo que si la quejosa había señalado en su demanda de amparo que tenía reconocido ante la responsable su carácter de abogado procurador, no debía estimarse que existía motivo para desechar la demanda de garantías.

II. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 698/2002-3, realizó el análisis de un caso en el cual el recurrente, al contestar la demanda, autorizó como procuradores a diversos abogados en términos de los artículos 46 del Código de Procedimientos Civiles y 2461 del Código Civil, ambos de Baja California.

De los abogados que autorizaba la demandada, el Juez sólo tuvo por autorizados a algunos aduciendo que no tenían registrada su cédula profesional. Por diverso escrito, el demandado solicitó que se acordara respecto de su petición en cuanto a las facultades de los autorizados, a lo cual, el Juez acordó que la demandada debía comparecer a ratificar el mandato judicial con fundamento en los artículos 2460 y 2461, fracción IV, del Código Civil del Estado. Inconforme con esta determinación, el demandado interpuso recurso de revocación el cual se declaró improcedente.

En contra de esa resolución, la demandada promovió juicio de amparo indirecto mismo que fue admitido y al dictarse sentencia se resolvió sobreseer en el juicio por considerar que el acto reclamado no es de imposible reparación. Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, en el cual el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida por considerar que el acto reclamado no era de imposible reparación.

Las consideraciones en que se apoyó el Tribunal Colegiado para ello fueron las siguientes:

"Si bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 del Código de Procedimientos Civiles y 2460 del Código Civil, ambos de Baja California, el mandato conferido a los abogados procuradores requiere que se ratifique ante la autoridad judicial, también es cierto que dicha determinación no depara un perjuicio de imposible reparación ni trasciende al resultado del fallo, pues la misma sólo produce efectos intraprocesales, que no coartan su derecho de defensa.

"En efecto, a la parte demandada se le tuvo por presentada contestando su demanda, oponiendo excepciones y se le admitieron las pruebas ofrecidas, señalándose fecha para su desahogo y únicamente se le condicionó para que compareciera a ratificar ante la presencia judicial tal mandato, pues por disposición expresa del artículo 2461, fracción IV, del Código Civil, el procurador requiere poder o cláusula especial para absolver o articular posiciones. Luego, tal determinación no reviste las características de un acto de imposible reparación conforme a lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo."

CUARTO. Existencia de la contradicción y fijación del tema a resolver.

Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)

Cabe señalar que, aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(2)

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicción de criterios.

De la confrontación de las consideraciones emitidas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a las siguientes conclusiones:

I. No se da la contradicción de tesis entre lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito en el amparo en revisión 698/2002 y lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito en las ejecutorias 71/2005 y 331/2004.

A pesar de que en la denuncia de contradicción de tesis, el denunciante establece que son dos los temas que se deben resolver en el presente asunto, a saber: en primer lugar, si dichas resoluciones son actos de imposible reparación y, en segundo, si es necesario que quien autoriza a abogados procuradores para articular posiciones ratifique esa autorización ante el juzgado, se estima que no existe contradicción de tesis respecto del segundo tema pues, si bien uno de los tribunales señala que esa autorización se debe ratificar y el otro afirma que no, debe recordarse que para que exista contradicción de tesis no basta que uno de los tribunales afirme lo que el otro niega, sino que es menester que existan argumentos jurídicos que sustenten las afirmaciones que se suponen en contradicción.

Por una parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el recurso de revisión 71/2005, consideró que esos poderes no necesitan de ratificación y expuso las consideraciones que lo condujeron a tal determinación.

Por otro lado, en la resolución del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito se señala que esas determinaciones se deben ratificar, en los siguientes términos: "si bien conforme a las disposiciones normativas en consulta el mandato que se confirió a sus abogados requiere que se ratifique ante la presencia judicial, también lo es que dicha determinación no le depara un perjuicio de imposible reparación ...". Como se advierte de lo anterior, este Tribunal Colegiado hizo la anterior afirmación sin establecer ningún argumento o consideración que sustente su dicho y que demuestre por qué dichas autorizaciones deben ratificarse ante la presencia judicial.

Por ello, aunque aparentemente podría parecer que existe contradicción de criterios respecto de este tema, pues un tribunal niega lo que el otro afirma, ello no es razón suficiente para estimar que se da la contradicción de tesis denunciada, pues aunque en las dos ejecutorias se examinan los mismos elementos, cuestiones jurídicas iguales y se adoptan criterios discrepantes, al no existir ningún argumento o razonamiento que dé fundamento a la afirmación del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, debe declararse inexistente la contradicción de criterios respecto de este punto, ya que al carecer de las consideraciones que llevaron a este último órgano colegiado a sustentar la afirmación que hizo, no es posible analizar dicho criterio por falta de elementos para ello, además de que no se cumple con el requisito marcado con la letra b), de la página diez de esta misma resolución, en el sentido que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias, cobrando aplicación la tesis jurisprudencial que se cita en esa misma página.

Es aplicable a lo anterior, además, por analogía, la siguiente tesis:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SI LA DENUNCIA SÓLO SE EFECTÚA CON LAS TESIS REDACTADAS Y PARA RESOLVERLA ES NECESARIO ACUDIR A LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS VERTIDAS EN LAS SENTENCIAS DE DONDE DERIVAN, PERO EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA ELLO, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE. Para que sea procedente la denuncia de contradicción de tesis, ésta debe referirse, en esencia, a la diferencia de criterios que se presentan en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. Ello en virtud de que las tesis no siempre reflejan el contenido real de lo que se sustenta en las resoluciones o ejecutorias de donde provienen. Por tanto, la circunstancia de que haya imposibilidad para conocer el contenido de la resolución de la que derivó una de las tesis que contienden, así como de las consideraciones jurídicas que dieron origen a ésta, es razón suficiente para estimar que no procede la denuncia por falta de elementos para resolverla."(3)

Por otro lado, tampoco existe contradicción de tesis entre lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y lo considerado en la ejecutoria del amparo en revisión 331/2004 del Segundo Tribunal Colegiado, pues se advierte que no se analiza la misma cuestión jurídica.

En efecto, en la ejecutoria del amparo en revisión 331/2004 se establece que no debe desecharse una demanda de amparo indirecto por falta de interés jurídico del promovente, si éste señala que es autorizado de una de las partes y, por el contrario, lo resuelto en el amparo en revisión 698/2002 se refiere a que el acto mediante el cual se tiene por no autorizados a los procuradores propuestos por las partes no es de imposible reparación.

Así, se concluye que en dichas ejecutorias no se analizó la misma cuestión jurídica y, por ello, no se da una divergencia de criterios de derecho, razón por la cual entre esas resoluciones no existe discrepancia ni contradicción.

II. Sí existe la contradicción de criterios entre las ejecutorias 454/2004 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y 698/2002 del Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito, pues en los negocios resueltos se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes, obteniéndose diferencia de criterios en los razonamientos, proviniendo del análisis de los mismos elementos. Lo anterior es así de conformidad con los razonamientos siguientes:

En los criterios discordantes se realizó el examen de los mismos elementos, pues ambos tribunales abordaron el estudio de casos en los cuales se autorizó a diversos procuradores para que articularan posiciones y el Juez determinó no tener a esos abogados como autorizados porque faltaba la ratificación del mandato del autorizante. Igualmente, en los dos asuntos esa decisión del Juez fue recurrida mediante revocación, misma que en ambos casos se declaró infundada y dicha resolución se señaló como acto reclamado en un amparo indirecto intentado en su contra.

Ambos tribunales realizaron el análisis de una misma cuestión de derecho. En este aspecto, los dos contendientes resolvieron si era o no procedente el amparo indirecto en contra de la resolución mediante la cual no se tiene por autorizados a abogados procuradores para articular posiciones, y se analizó si dicho acto era de imposible reparación. Sin embargo, la solución que cada tribunal le dio al problema anterior fue diferente. Así, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que el amparo indirecto era procedente en contra de dichas resoluciones, porque las mismas constituían un acto de imposible reparación, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del mismo circuito estimó que dichas resoluciones no pueden ser impugnables a través del amparo indirecto, porque no son actos de imposible reparación.

Así, se llega a la conclusión de que se realizó el examen de los mismos elementos: demandas de amparo en la vía indirecta contra la resolución que tiene por no autorizados a abogados procuradores para articular posiciones; sobre una misma cuestión jurídica: si dicha resolución constituye o no un acto de imposible reparación y, de acuerdo con ello, determinar si es o no procedente el amparo indirecto en su contra. Sin embargo, las decisiones a las que llegaron fueron diferentes: por un lado, que las resoluciones mencionadas constituyen un acto de imposible reparación y por tanto, sí pueden impugnarse mediante el amparo indirecto y, por otro lado, que dichas resoluciones no son actos de ejecución irreparable, y por ello, contra las mismas no es procedente el juicio de garantías en la vía indirecta.

El problema de la presente contradicción, toda vez que se ha declarado existente, es el siguiente: ¿La resolución que confirma la negativa de tener por autorizados a abogados procuradores para articular posiciones, constituye un acto de imposible reparación y, en consecuencia, sí es susceptible de impugnarse a través juicio de amparo indirecto?

QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los siguientes razonamientos.

El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio ..."

De conformidad con lo anterior, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 114, fracción IV, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación".

Ahora bien, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera:

a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.

b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable.

De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del mismo precepto.(4)

Este criterio se plasmó en varias tesis, destacando entre ellas la jurisprudencia 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."(5)

Los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento.

De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo, o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían las garantías de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismas cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse, aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se privó al gobernado.

Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.

Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión.

Ahora bien, la resolución que confirma la negativa de tener por autorizados a los procuradores nombrados por las partes para articular posiciones sólo puede afectar derechos de naturaleza procesal, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues aunque se niegue a las partes la posibilidad de ser representadas por sus procuradores, la parte cuyos autorizados no se tuvieron como tales tiene, en todo caso, la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio y en caso de que la resolución le fuera desfavorable, podría reclamarla a través del juicio de amparo directo.

En este aspecto, es incorrecto lo aducido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito cuando señala que se limita el derecho de representación y se puede romper con la garantía de acceso a la justicia mediante este tipo de resoluciones y, por ello, éstas constituyen actos de imposible reparación. En efecto, dicho Tribunal Colegiado sustenta esa afirmación en el hecho de que si la parte afectada no obtuviera un fallo favorable y en la alzada prosperara su agravio, ello únicamente surtiría el efecto de que se reconociera la representación a sus autorizados, pero no anularía ningún otro acto procesal realizado, como las posiciones articuladas, pruebas admitidas y desahogadas, recusaciones planteadas, etcétera.

No obstante la negativa de tener a los autorizados de las partes como tales, no produce un estado de indefensión de las mismas que pueda representar una afectación de sus derechos sustantivos, pues como correctamente lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado, las partes tienen la posibilidad de ser oídas en el juicio, de ofrecer y desahogar las pruebas de su parte, de alegar y de obtener una sentencia favorable a sus intereses.

Debe tomarse en cuenta que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados durante el juicio se encuentra reservada para los actos que afecten directa e inmediatamente los derechos sustantivos de los gobernados, y estimar que la decisión que no tiene por autorizados para articular posiciones, es impugnable a través del amparo indirecto, desnaturalizaría a éste.

No obsta para lo anterior el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P./J. 4/2001 y P./J. 55/2003, de rubros: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."(6) y "AMPARO INDIRECTO, RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA."(7), haya determinado que respecto de las resoluciones que confirman las diversas que desechan o desestiman las excep

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19163-79cd5bd9/abogados-procuradores-la-resolucion-que-niega-tenerlos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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