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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO LEGÍTIMO PROPIETARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19082
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 354.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si en este asunto existe o no la contradicción de tesis denunciada.

I. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión número 323/2004, el diecisiete de febrero de dos mil cinco, promovido por ... sustentó, en lo que interesa, lo siguiente:

"Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se infiere con claridad uno de los principios que rige como base en el juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, luego entonces, una persona puede promover un juicio de amparo cuando el acto reclamado cause perjuicios directamente a sus intereses jurídicos. En efecto, según nuestro Máximo Tribunal, el interés jurídico puede identificarse con lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de existencia cuya institución consigna la norma objetiva de derecho. Como ya se vio, del examen del expediente formado con motivo del juicio de amparo indirecto de origen, que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o., se aprecia que con la finalidad de acreditar la propiedad del vehículo asegurado en la averiguación previa y, por ende, para demostrar que el interés jurídico que dice le asiste, la parte quejosa allegó: 1. Factura número ... con membrete de ... a nombre de ... el 3 tres de febrero de 2003 dos mil tres, en cuyo reverso aparece una leyenda sin fecha, en que dice que dicha persona endosó los derechos de dicha factura a ... y otra leyenda en que éste a su vez la endosa al quejoso ... V. 2. Inventario con número de folio ... extendido por ... en que aparece que el 11 once de noviembre de 2003 dos mil tres, a las 18:20 dieciocho horas con veinte minutos, se recibió ahí el vehículo, remitido por el Ministerio Público del Fuero Común, en las condiciones ahí descritas. 3. Testimonial a cargo de ... desahogada en la audiencia constitucional de 19 diecinueve de mayo de 2004 dos mil cuatro, tendente a demostrar, de acuerdo al interrogatorio glosado a foja 24, que los testigos conocían al quejoso, si sabían que éste es propietario de un vehículo, si conocían las características de dicho automotor y quién tenía su posesión. Con dichos medios de convicción, no logra justificar su interés jurídico, atento a lo siguiente: La factura fue objetada de falsa por el agente del Ministerio Público XX, de León, Guanajuato, pues en esencia manifestó que se refiere a un vehículo distinto al asegurado, elaborada con posterioridad a las alteraciones en los números de serie del vehículo, por lo que no fue extendida de manera lícita y formal por la negociación que aparece en el membrete. Ahora bien, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su artículo 203 dispone en lo conducente que: ‘Artículo 203.’ (se transcribe). Por ende, es claro que la ley no exige determinada formalidad para formular la objeción, de suerte que basta con que el interesado exprese que objeta el documento proveniente de tercero para que por ello pierda valor, salvo que la parte que lo presentó aporte pruebas aptas y bastantes para demostrar la veracidad de su contenido. Al respecto, debe señalarse que la actividad probatoria, en tanto integrada por actos jurídicos procesales de las partes, tiene especial trascendencia en el desenvolvimiento de la relación procesal, pues es a través de dicha actividad que las partes contendientes van a aportar al juzgador los elementos tendientes a lograr su convicción sobre los hechos alegados por las mismas. Resulta lógico entonces, establecer que la actividad probatoria es una carga procesal que las partes deberán cumplir en los momentos procesales oportunos, pero siempre en interés propio, pues a cada una de ellas es a quien interesa que el Juez llegue a la convicción de que los hechos alegados a favor de sus intereses o en contra del opuesto, han quedado acreditados por medio de las pruebas rendidas para ese efecto. En este sentido es que la carga de la prueba, onus probandi, en tanto obligación procesal de las partes, debe entenderse como un deber de realización facultativa que aquéllas han de asumir en beneficio de sus propios intereses, pues es a través de la actividad probatoria que la ley faculta a las partes para que aporten al juzgador los elementos de convicción, para que sea estimada por éste la pretensión que hayan formulado al ejercer una acción o al oponer una excepción. Así lo establece la legislación adjetiva civil federal cuyo artículo 81 señala: ‘Artículo 81.’ (se transcribe). Sin embargo, la propia legislación procesal civil federal regula ciertos supuestos específicos, en los que expresamente determina la forma en que se ha de distribuir entre las partes la carga probatoria. Ahora bien, si la veracidad del documento fundatorio de la acción de amparo promovida por la impetrante es objetada de falsa por su contraparte, aquella veracidad deberá demostrarse por medio de las pruebas directas idóneas que contempla el mismo ordenamiento, veracidad que, lógicamente, sólo podrá ser demostrada por quien la aduce en favor de sus intereses y no por quien la redarguye en favor de los suyos. Lo anterior, permite afirmar que en términos del artículo 203 de la legislación adjetiva civil federal, aplicada supletoriamente a la Ley de Amparo, la carga de probar la autenticidad del documento de que se trate, corresponderá a aquella parte que lo haya llevado a juicio y que pretenda beneficiarse con él, pues es ella la que implícitamente está afirmando la veracidad del instrumento y es también quien tiene el interés procesal de demostrar al juzgador este hecho, en tanto el documento es la base de su pretensión. En este sentido, es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo el número 222 puede consultarse en la página 182 del Tomo IV, correspondiente a la Materia Civil, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 al 2000, que a continuación se transcribe: ‘DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCERO, QUE SON OBJETADOS.’ (se transcribe). Ahora bien, la factura de referencia aparece que fue expedida por una agencia automotriz dedicada a la venta de ese tipo de bienes rodantes, por lo que se trata de una documental privada proveniente de tercero, de ahí que para demostrar su autenticidad y la veracidad de su contenido, el inconforme debió perfeccionarla, siendo el medio idóneo la ratificación del contenido y firma de la misma por quien aparece como su suscriptor; y como también aparecen dos endosos, debió ofertarse, asimismo, el perfeccionamiento por parte de éstos, sin que el quejoso lo hiciera. Entonces, si dicha factura fue objetada de falsa en cuanto a su contenido y no se ofreció su ratificación por parte de la empresa que aparece que vendió el automotor, ni de su endosante; y sin que el oferente de la factura demostrara la verdad de su contenido con otras pruebas, perdió su eficacia demostrativa. Ello es así, porque el folio de inventario sólo demuestra el estado que guardaba el vehículo, pero es insuficiente para demostrar la veracidad de la factura, y la testimonial que ofreció en el juicio de garantías no logró la demostración de propiedad, ni de posesión como se verá más adelante. Así, la factura indicada, objetada y no ratificada por quien aparece como su suscriptor y endosantes, resulta ser documento privado de fecha incierta, por lo que es claro que carece de eficacia demostrativa. Ello resulta así, porque es un documento privado cuya autenticidad no se demostró, porque no se reconoció expresa o tácitamente por su suscriptor; así, se trata de una prueba imperfecta que carece de valor probatorio contra terceros y aun entre las partes, pues no se tiene certeza sobre si fue realmente otorgado por quien suscribe y la sola existencia del documento no es razón jurídica para presumirlo. Cabe señalar que los documentos privados pueden autentificarse a través de la ratificación de contenido y firma, o bien, por falta de objeción o, incluso, en caso de existir esta última, a través de la prueba de peritos o testimonial a cargo de quien la extendió, lo que no logró la oferente, porque no presentó al representante legal de la empresa vendedora correspondiente, ni a quien le endosó la factura en propiedad. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía en lo conducente, la jurisprudencia número 3a./J. 14/94, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 244 y siguiente del Tomo VI, correspondiente a la Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917 al 2000, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.’ (se transcribe). En cuanto a la testimonial que ofreció el quejoso, también para tratar de demostrar el interés jurídico que dijo le asiste, a cargo ... tampoco tiene ese efecto. En la ejecutoria dictada en el amparo en revisión penal 310/2004, interpuesto por el aquí recurrente, se ordenó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia constitucional, para el efecto de que se tramitara legalmente el incidente a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Amparo. Entonces, si del contenido del primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo se colige que la audiencia constitucional en los juicios de garantías biinstanciales consta de tres etapas, a saber: 1) la de pruebas; 2) la de alegatos; y, 3) la de sentencia; y si al Juez de Distrito se le ordenó que dejara insubsistente lo actuado en el juicio, a partir de la audiencia constitucional, es claro que debió declararlo así en todas sus fases, no únicamente en la última, como lo hizo, esto es, que también debió quedar insubsistente la audiencia constitucional en sus etapas de pruebas en que tuvo verificativo el desahogo de la citada testimonial. Sin embargo, en el proveído de 7 siete de septiembre de 2004 dos mil cuatro, el Juez de Distrito indebidamente dejó firmes las etapas de pruebas y alegatos de la audiencia de 19 diecinueve de mayo de ese año, esto es, el desahogo de la testimonial ofrecida por el quejoso, en la forma en que tuvo verificativo. Ahora bien, la omisión del Juez Federal de ordenar la reposición del procedimiento en la forma en que se estableció en la ejecutoria dictada al resolver el anterior recurso de revisión, esto es, de la audiencia constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, ordenar nuevamente el desahogo de la testimonial, debió combatirse por quien resienta afectación jurídica mediante el recurso correspondiente, previsto en la Ley de Amparo, lo que no hizo, por lo que ahora debe soportar las consecuencias de dicha omisión. Entonces, la citada prueba, en la forma en que se desahogó, carece de eficacia demostrativa porque de allí no se desprende la posesión ni propiedad del vehículo por parte del quejoso, porque la última se demuestra con la factura que perdió eficacia demostrativa al no perfeccionarse por el oferente; y respecto de la posesión, los testigos no refirieron circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos sobre los que depusieron, esto es, la fecha de adquisición del vehículo por parte del quejoso y aquella en que se lo detuvo la policía ministerial; tanto más que ambos testigos refirieron que fue el impetrante quien les contó que los policías le quitaron el automotor. Es por lo anterior que dicha testimonial carece de eficacia, porque es inepta para demostrar la propiedad del medio de transporte, la misma tratándose de ese tipo de bienes es un derecho que debe demostrarse fehacientemente. De ahí que, ante la falta de presentación de pruebas aptas para demostrar la idoneidad del contenido de la factura objetada, resulta claro que la solicitante de la tutela constitucional no probó la veracidad del contenido de la que allegó al juicio, tampoco logró probar que sea la propietaria del vehículo asegurado, ni su interés jurídico. En efecto, no es la simple detentación del vehículo, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento la factura debidamente requisitada que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Norman lo anterior, las jurisprudencias P./J. 1/2002 y 2a./J. 53/96, la segunda aplicada por identidad jurídica en lo conducente, sustentadas por el Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 5 del Tomo XV, febrero de 2002 y a foja 177 del Tomo IV, correspondiente a noviembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que son del tenor siguiente: ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.‘ (se transcribe). ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.’ (se transcribe). No pasa inadvertido el criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en la jurisprudencia XVI.5o. J/1, publicada en la página 1131 del Tomo XVII, mayo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO. ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO, CUANDO LOS ACTOS FUNDAMENTALMENTE RECLAMADOS CONSISTEN EN EL DESPOSEIMIENTO DE UN VEHÍCULO, DEMOSTRAR HABER TENIDO SU POSESIÓN.’ (se transcribe). Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte ese criterio, en virtud de que si bien entre los bienes jurídicos tutelados por la garantía de audiencia, a que se refiere el artículo 14 constitucional, se cuenta la posesión, se requiere delimitar con exactitud cuáles son los elementos que integran ese bien a fin de poderlo distinguir de la simple tenencia material, que no está jurídica ni constitucionalmente protegida, para lo cual es menester recurrir a la especialidad del derecho que trata esa cuestión, que no es más que un interés jurídicamente protegido, que se traduce en un poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa y, además, en que esa persona pueda ejercer legalmente, ya en forma total, ya parcial, los derechos normalmente atribuidos a la propiedad de la cosa, como son el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, esto es, de usar, de percibir frutos y de disponer del bien. De ello se sigue que para que el poder de hecho de mérito constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe, por necesidad, tener una causa, un origen, o sea, lo que se reconoce con el nombre de causa posessionis, la cual, por su naturaleza jurídica, debe ser capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho la facultad de ejercer los aludidos derechos, dando así nacimiento a la posesión originaria o cualesquiera de ellos, excepto el de disponer de la cosa, surgiendo así la posesión derivada, como ocurre, por ejemplo, en el arrendamiento, en el comodato, en la prenda, en el caso del acreedor pignoraticio, del usufructuario, del depositario, etcétera, posesiones ambas que se encuentran tuteladas por el precepto de la Carta Magna antes aludido, en contra de lo que sucede con la simple tenencia material u ocupación no legitimada por alguna causa jurídicamente apta para otorgar al tenedor u ocupante alguno o todos los derechos que se precisan líneas arriba, la cual no está salvaguardada por el propio precepto y, obviamente, por el amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 1/2002 y 2a./J. 53/96, transcritas con anterioridad, sustentadas por el Pleno y por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. Finalmente, del informe justificado que rindió el agente del Ministerio Público investigador XX de León, Guanajuato, se advierte que mediante acuerdo de 1 uno de diciembre de 2003 dos mil tres, decretó el aseguramiento del automotor de que se viene hablando y la negativa a devolverlo a ... actos que si bien están vinculados a la desposesión, al no demostrarse la afectación a la esfera jurídica del gobernado, respecto de ésta, entonces el aseguramiento y la negativa de devolución del automóvil tampoco irrogan agravio al interés jurídico del quejoso, pues como ya se precisó, la factura que presentó fue objetada por dicho fiscal, sin que el aquí inconforme la perfeccionara, por lo que, para efectos de este asunto, dicha documental perdió eficacia demostrativa. Al acreditarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, aunque por diversas consideraciones a las del Juez de Distrito, obliga a confirmar la sentencia que se revisa, por diversos motivos jurídicos, esto es, no porque pueda o no determinarse la falsedad de la factura, sino porque ésta perdió eficacia demostrativa, en relación con este asunto, al no perfeccionarse por el oferente, por lo que se declara el sobreseimiento, pero con base en lo expuesto en esta ejecutoria, no en los motivos que se establecen en el fallo combatido." (fojas 26-36 de la contradicción de tesis 52/2005-PS).

El mismo Tribunal Colegiado, el tres de marzo de dos mil cinco, por unanimidad de votos, resolvió el juicio de amparo en revisión penal número 9/2005, promovido por ... considerando lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo expuesto, procede confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, respecto de la desposesión del vehículo en mención, pero con fundamento en diversa casual a la invocada por el a quo, ya que éste sobreseyó por consentimiento del quejoso y, en cambio, se impone el sobreseimiento, pero con base en la carencia del interés jurídico, ello con fundamento en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que atento al criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que prescribe: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). En efecto, se dice que en el particular ... no acreditó en la instancia constitucional su interés jurídico para reclamar la desposesión del vehículo marca ... tipo ... color ... placas de circulación ... del Estado de México y número de serie ... con lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, porque al respecto, cabe señalar que la responsable, agente del Ministerio Público número XX, al rendir su informe con justificación objetó la factura ... exhibida por ... (foja 22 vuelta), y que representa el principal medio de convicción para acreditar su propiedad y el origen de su posesión, lo cual es suficiente para restarle valor probatorio ya que no fue ratificada, razón por la cual, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas, lo cual no ocurrió en la especie. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 3a./J. 14/94, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 78, junio de 1994, página 27, que reza: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES.’ (se transcribe). Asimismo, se cita la jurisprudencia 169, pronunciada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera Sección, página 138, que prescribe: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE TERCERO.’. En efecto, es cierto que además de la factura ... exhibida por ... (foja 22 vuelta), éste ofreció y se desahogaron las testimoniales de ... quienes si bien fueron coincidentes en manifestar que ... se ostenta como propietario y, por ende, poseedor del vehículo marca ... tipo ... color ... placas de circulación ...del Estado de México y número de serie ... ello aproximadamente desde el mes de marzo de 2004 dos mil cuatro, a virtud de una compra, dichos atestos son insuficientes para demostrar la posesión a título de propietario que dice tener el quejoso recurrente. Lo anterior es así, porque respecto a ... se advierte su aleccionamiento al manifestar que estuvo presente tanto en el momento de la compra, como en el de la desposesión, y aun así, al dar respuesta a la séptima pregunta (foja 15), señaló que la compra se la hizo a ... (foja 191), y es el caso que ... al rendir su declaración ante el Ministerio Público, expuso que se la entregó ... como pago de un adeudo (foja 69 vuelta), aunado a que el mencionado testigo expuso que la compra se hizo en marzo, sin precisar qué día, no obstante que afirmó haber estado presente, por lo que resulta ilógico que no diera los pormenores de la compraventa sobre la cual depuso. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis VI.2o.62 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 491, que reza: ‘PRUEBA TESTIMONIAL. CARECE DE VALOR, CUANDO CONTRADICE MANIFESTACIONES DEL OFERENTE.’ (se transcribe). Ahora bien, por lo que hace al atesto de ... tampoco es dable concederle valor probatorio ya que sabe de oídas y supone que ... le compró la camioneta a ... pues al responder a la cuarta pregunta, señaló que ‘... tengo entendido que el señor ... le debía un dinero a él, le dio la camioneta como pago de una deuda con él’ (fojas 15 y 192), es decir, que no le constan los hechos sobre los que declara, tales como la causa generadora de la posesión. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XXI.2o.13 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, página 1825, de rubro y texto siguientes: ‘TESTIGO SINGULAR, EFICACIA PROBATORIA DEL.’. En tal virtud, atento al criterio expuesto en las jurisprudencias 2a./J. 53/96 y P./J. 1/2002, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés jurídico se traduce en un derecho jurídicamente tutelado y es uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías en los términos de lo que establecen los artículos 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, como derecho jurídicamente protegido, es incontrovertible que para promover un juicio de garantías, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama. Por tanto, cuando se reclame el desposeimiento, secuestro o decomiso de un vehículo (como ocurre en la especie). Ciertamente, porque quien es propietario o poseedor de un vehículo respecto del cual penden actos de autoridad tales como secuestro, desposeimiento o decomiso, el interés jurídico se demuestra con las documentales que acrediten que la quejosa es la propietaria o poseedora del mismo, puesto que su esfera de derecho de propiedad o posesión se vio afectada por el acto de autoridad, que como tal, debe cumplir con los extremos que la Constitución le impone. Lo anterior, se desprende del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en concordancia con lo que dispone el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, según los cuales el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado y tal perjuicio inmediato y directo, da el presupuesto indispensable para la procedencia del juicio de garantías. Luego, si la quejosa acredita que es la propietaria o poseedora del vehículo secuestrado (esto último porque en materia de inmuebles la posesión hace presumir la propiedad), bien con la factura en la que conste la adquisición del vehículo por el peticionario de garantías, o con cualquier otra prueba idónea y fehaciente que demuestre los multicitados derechos de propiedad o posesión, así como la existencia de los actos reclamados consistentes en el secuestro o decomiso del vehículo de procedencia extranjera, es obvio que con tales extremos, se demuestra el interés jurídico de la peticionaria de garantías, lo cual no ocurre en el particular, ya que la factura con la que pretendió acreditar su propiedad fue objetada y no ratificada, y las testimoniales fueron ineficaces para probar los extremos pretendidos, como es la propiedad, posesión y desposeimiento por parte de la autoridad responsable, por tanto, si ... se ostenta como propietario de dicho vehículo y de esa propiedad hace depender el derecho posesorio del que se dice titular, es inconcuso que al no demostrar ser propietario, tampoco probó la posesión del mismo, ni su interés jurídico en la instancia constitucional. Son aplicables, por identidad jurídica, las jurisprudencias 2a./J. 53/96 y P./J. 1/2002, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, noviembre de 1996 y XV, febrero de 2002, páginas 177 y 5, que prescriben: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.’ (se transcribe). ‘POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.’ (se transcribe). En la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia invocada en primer término (la de la Segunda Sala), en lo que interesa se expuso lo siguiente: (se transcribe). En ese orden de ideas, no se comparte el criterio contenido en la jurisprudencia XVI.5o. J/1, del Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, en la que medularmente se sostiene que basta con demostrar haber tenido la posesión del vehículo que identifica en su demanda de amparo, justamente al momento en que fue desposeído, para tener por acreditado su interés jurídico; sin embargo, por las razones apuntadas en párrafos precedentes, atento al criterio de las jurisprudencias 2a./J. 53/96 y P./J. 1/2002, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo de la primera, de rubro: ‘VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA DEL SECUESTRO, DESPOSEIMIENTO, DECOMISO O CUALQUIER ACTO DE AUTORIDAD QUE AFECTE EL DERECHO DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE LOS MISMOS, SE DEMUESTRA CON EL SOLO ACREDITAMIENTO, POR PARTE DE LA QUEJOSA, DE ESTOS DERECHOS.’, no basta demostrar esa sola circunstancia (tener la posesión en ese momento), sino que también es necesario que cuando la quejosa se ostente como propietaria del automotor y de esa titularidad haga depender su derecho posesorio (como en la hipótesis que aquí se juzga), es preciso que acredite que efectivamente es la propietaria del vehículo secuestrado. La jurisprudencia a que se hizo referencia y que no se comparte, es la XVI.5o. J/1, del Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 1131, que reza: ‘INTERÉS JURÍD

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19082-03218062/interes-juridico-en-el-amparo-tratandose-del-desposeimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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