ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN REPRESENTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.
REVISIÓN FISCAL 46/2007. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, GUERRERO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al análisis de la procedencia del presente recurso de revisión fiscal, cabe señalar que de conformidad con lo estipulado por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la legitimación de la autoridad que interpone el recurso de revisión fiscal que ahora se resuelve, extremo que en la especie se acredita, toda vez que el administrador local jurídico de Acapulco, Guerrero, se encuentra facultado para representar a la autoridad demandada en el juicio de nulidad; determinación a la que se arriba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, que en la parte que interesa, prescribe literalmente lo siguiente:
"Artículo 24. Compete a las Administraciones Locales Jurídicas dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes: ... III. Contestar las demandas formuladas ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuya sede se encuentre dentro de su circunscripción territorial, interpuestas contra resoluciones o actos de ella misma, de cualquier unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria o de las autoridades fiscales de las entidades federativas por la aplicación que dichas autoridades hagan de las leyes fiscales federales en cumplimiento de convenios y acuerdos de coordinación fiscal, inclusive las interpuestas contra requerimientos de pago a cargo de instituciones de fianzas con base en pólizas que se hayan expedido para asegurar el interés fiscal; ejercer las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las autoridades señaladas, en los juicios ante dicho tribunal, así como en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y del jefe del Servicio de Administración Tributaria, e interponer, con la representación de los mismos y de la autoridad demandada, el recurso de revisión contra las sentencias y resoluciones definitivas dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en dichos juicios."
Cobra aplicación la tesis TC213073.9AD1, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 24, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, erige a las Administraciones Locales Jurídicas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, como las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica de sí mismas y de las autoridades que en dicho precepto se mencionan. Por consiguiente, en términos del artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dichas administraciones locales están legitimadas para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de las indicadas autoridades cuando figuren como demandadas en el juicio de nulidad, debido a que se ubican en el supuesto normativo que las autoriza a intervenir en la fase impugnativa de dicha controversia."
QUINTO. Asimismo, el presente recurso de revisión fiscal es procedente, toda vez que en el caso concreto se actualiza el supuesto normativo inserto en el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la determinación administrativa que fue materia de examen en la sentencia impugnada, fue emitida por el administrador local jurídico de Acapulco, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, Guerrero, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunado a que fue interpuesto en el plazo previsto por el precepto legal referido con antelación, sin que en la especie sea necesaria la configuración de las hipótesis contenidas en las fracciones I y II del dispositivo mencionado, afirmación que se sostiene atendiendo a la propia redacción del numeral 63 en comento.
Al respecto, resulta ilustrativo el criterio que este órgano colegiado comparte, inmerso en la tesis de jurisprudencia VIII.1o. J/25, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 976, que es del tenor siguiente:
"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA ESTABLECIDA EN SU FRACCIÓN III, SÓLO SE REQUIERE ACREDITAR QUE EL ASUNTO SE REFIERE A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIN QUE SEA NECESARIO DETERMINAR SU CUANTÍA NI RAZONAR SOBRE SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA. Del análisis interpretativo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del primero de enero de dos mil seis, que determina la procedencia del recurso de revisión, se advierte que tratándose de la hipótesis específica de procedencia establecida en la fracción III, no es necesaria la reunión de los requisitos de determinación de su cuantía y razonada importancia y trascendencia que se señalan en las fracciones I y II del propio numeral; prueba de este aserto es que en la parte final de su primer párrafo el precepto legal en comento señala que la impugnación podrá ser ‘siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos’, expresión que en su sentido lingüístico se encuentra determinada por el término ‘cualquiera’ que según la gramática castellana es un pronombre indeterminado que denota una persona indeterminada ‘alguno, sea el que fuere’, lo que otorga individualidad a cada hipótesis que en sus seis fracciones prevé el citado artículo. Por consiguiente, tratándose de la fracción III del referido numeral, la procedencia del recurso de revisión se encuentra determinada por la naturaleza u origen tributario de la resolución que haya sido emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, requisito con el que sólo converge el relativo al plazo legal de interposición del recurso."
SEXTO. La sentencia recurrida contiene los considerandos y resolutivos siguientes:
"SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, fracción III, y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia fiscal, la existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en autos, en razón de la exhibición de la misma que hace la actora y la aceptación expresa que de ella hacen las autoridades. TERCERO. La parte actora en sus cuatro conceptos de impugnación, manifiesta esencialmente, que la autoridad demandada pretende cumplir con el requisito de la debida fundamentación del acto administrativo impugnado, contemplado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna y adoptado por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, mediante la indebida aplicación de un impuesto declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente, el impuesto sustitutivo del crédito al salario, al establecer un sistema a través del cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen por ese concepto; o bien, les impide disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, hasta ese mismo porcentaje, de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral; introduce elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde a sus trabajadores, ya que dicho monto no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público; vicio de ilegalidad que pretendió ser eliminado al reformarse de nueva cuenta el artículo tercero transitorio del mencionado ordenamiento legal vigente para 2003, sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que subsistían las razones fundamentales que llevaron a declarar inconstitucional el referido numeral, ello porque dicho precepto establecía la opción de que los contribuyentes que realizaran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional pagaran el impuesto sustitutivo del crédito al salario, mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resultara de aplicar la tasa del 3% sobre el total de la base gravable, o bien, que podían no pagarlo, aunque en este supuesto se les impedía disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros aquellas cantidades que entregaran a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, por un importe igual al que hubiesen tenido que pagar de no haber ejercido esta última opción. La representación fiscal al refutar los conceptos de impugnación anteriores, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada. A juicio de esta Sala el concepto de nulidad que se analiza es fundado; lo anterior es así, por las siguientes consideraciones. En efecto, del acto impugnado se advierte que la autoridad fiscal determinó a cargo de la accionante un crédito fiscal en cantidad total de $210,968.59, por contribuciones omitidas relativas al impuesto sustitutivo del crédito al salario, pagos provisionales de dicho impuesto y multas, por el ejercicio fiscal comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2003, tal y como se advierte de las hojas 1 y 22 de la liquidación impugnada (folios 53 a 74 de autos). Ahora bien, el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del año 2002, que prevé el impuesto sustitutivo del crédito al salario fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer un sistema a través del cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen por ese concepto; o bien, les impide disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, hasta ese mismo porcentaje, de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral; introduce elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde a sus trabajadores, ya que dicho monto no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público; vicio de ilegalidad que pretendió ser eliminado al reformarse de nueva cuenta el artículo tercero transitorio del mencionado ordenamiento legal vigente para 2003, sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que subsistían las razones fundamentales que llevaron a declarar inconstitucional el referido numeral, ello porque dicho precepto establecía la opción de que los contribuyentes que realizaran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional pagaran el impuesto sustitutivo del crédito al salario mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resultara de aplicar la tasa del 3% sobre el total de la base gravable, o bien, que podían no pagarlo, aunque en este supuesto se les impedía disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros aquellas cantidades que entregaran a sus trabajadores por concepto de crédito al salario por un importe igual al que hubiesen tenido que pagar de no haber ejercido esta última opción. Para una mayor ilustración es menester traer a la luz del presente análisis la tesis P./J. 11/2003, sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 5, que a la letra dice: ‘IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO ESTABLECE, EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, al establecer un sistema a través del cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen por ese concepto; o bien, les impide disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, hasta ese mismo porcentaje de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral, introduce elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde a sus trabajadores, ya que dicho monto no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público.’. Por su parte, la tesis P./J. 58/2003, sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 6, refiere lo siguiente: ‘CRÉDITO AL SALARIO. EL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, POR INCURRIR EN EL MISMO VICIO A QUE SE REFIERE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 11/2003. Dicha jurisprudencia es aplicable al mencionado artículo transitorio vigente en el ejercicio fiscal dos mil tres (reformado en el artículo tercero, «Impuesto sustitutivo del crédito al salario», del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos), dado que subsisten las razones fundamentales que dieron lugar a declarar la inconstitucionalidad del anterior precepto vigente en el año de dos mil dos, por violación al principio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. Esto es así, porque aquel precepto establecía la opción de que los contribuyentes que realizaran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional pagaran el impuesto sustitutivo del crédito al salario, mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resultara de aplicar la tasa del 3% sobre el total de la base gravable, o bien, que podían no pagarlo, aunque en este supuesto se les impedía disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros aquellas cantidades que entregaran a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, por un importe igual al que hubiesen tenido que pagar de no haber ejercido esta última opción. En relación con este sistema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sostuvo que los contribuyentes quedaban obligados a tomar en cuenta no sólo las erogaciones que realizaran por la prestación de un servicio personal subordinado, sino también un elemento ajeno a su capacidad contributiva, como lo es el crédito al salario que en efectivo debían entregar a sus trabajadores, cuyo monto no depende del contribuyente sino de los sueldos que en forma individual percibían cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que establecía el artículo 115 de la referida ley, desconociéndose con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público. Tal vicio de inconstitucionalidad subsiste en las reformas al referido artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal dos mil tres, pues aun cuando se pretendió suprimir el requisito relativo a la «no disminución del crédito al salario», lo cierto es que dicho precepto establece como condición para ejercer la opción de «no pago», que los contribuyentes cumplan con lo previsto por el artículo 115 de dicha ley, esto es, que deberán «enterar conjuntamente con las retenciones que efectúen ... un monto equivalente al crédito al salario mensual que hubiesen calculado», lo cual evidencia que se sigue tomando en cuenta el crédito al salario pagado a los trabajadores, dado que no desaparece la consecuencia directa e inmediata de entregar al fisco federal el importe de ese crédito al salario, por lo que el vicio de inconstitucionalidad subsiste al considerarse de nuevo ese elemento que es ajeno a la capacidad contributiva de quienes realizan erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado.’. Así las cosas, esta Sala considera que la resolución impugnada es ilegal al haber determinado la autoridad a la accionante una cantidad por concepto del impuesto sustitutivo del crédito al salario por el ejercicio comprendido del 1o. de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003, así como de los pagos provisionales de dicho impuesto, toda vez que dicha contribución fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es óbice para arribar a la anterior determinación, el que esta Sala juzgadora carezca de facultades para pronunciarse respecto a la constitucionalidad de un precepto legal, ya que ello se encuentra reservado a los Tribunales Judiciales de la Federación, habida cuenta de esta Sala juzgadora no está declarando la inconstitucionalidad de algún artículo, sino que únicamente está aplicando la jurisprudencia que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, es obligatoria para este tribunal. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia P./J. 38/2002, sustentada en la Novena Época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, del mes de agosto de 2002, página 5, que a la letra dispone: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el supuesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad absoluta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se funden en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación.’-En efecto, no pasa desapercibido para esta juzgadora, que aun cuando la parte actora hace valer cuestiones de inconstitucionalidad, y esta Sala se encuentra impedida para entrar a su análisis y resolver al respecto, la aplicación de la jurisprudencia anteriormente transcrita, no significa que este tribunal altere y se exceda en su competencia, pues no se está pronunciando sobre la inconstitucionalidad del artículo mencionado, sino únicamente está resolviendo que el acto de autoridad impugnado se encuentra indebidamente fundado, al apoyarse en una ley o precepto declarado inconstitucional por el más Alto Tribunal, por tanto, la autoridad demandada no estaba en aptitud de darle legalidad a su resolución contenida en el oficio 324-SAT-12-I-3-3310 de 19 de mayo de 2006, precisamente por las anteriores consideraciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, julio de 1992, página 378, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. ES OBLIGATORIA PARA EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. AUN TRATÁNDOSE DE TEMAS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El artículo 192 de la Ley de Amparo en su primer párrafo dispone: «La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Militares y Judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales». Siendo el Tribunal Fiscal de la Federación un tribunal administrativo, es claro que está obligado a acatar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, tal como expresamente lo ordena el precepto de referencia; y aun cuando los temas de inconstitucionalidad de leyes son de competencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial Federal, la jurisprudencia que al respecto emita la Suprema Corte de Justicia, es obligatoria también para los tribunales administrativos, pues la ley no hace excepción alguna; sin que ello signifique que al aplicarla tales tribunales alteren y se excedan en su competencia, pues no están pronunciándose sobre inconstitucionalidad de leyes, sino únicamente resolviendo que un acto de autoridad se encuentra indebidamente fundado, al apoyarse en una ley o precepto declarado inconstitucional por el más alto Tribunal.’. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XIV.1o.8 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1061, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia.’. Por consiguiente, en este caso se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto que la resolución impugnada se dictó en contravención de la jurisprudencia que declaró inconstitucional el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1993, que prevé el impuesto sustitutivo del crédito al salario, por lo que es procedente que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, de conformidad con el artículo 52, fracción II, de la ley invocada. Finalmente, conviene hacer hincapié en que el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, obliga a esta juzgadora a examinar en forma preferente los conceptos de impugnación que lleven a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Por tanto, si en esos términos procede se declare la nulidad del acto impugnado, es innecesario el análisis de las demás cuestiones planteadas en la demanda, porque en nada variaría el sentido del presente fallo. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 49, 50, 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I. La parte actora probó su pretensión; en consecuencia. II. Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, cuyas características quedaron precisadas en el resultando 1o. de esta resolución. III. Notifíquese por correo certificado a la parte actora y por oficio a las autoridades."
SÉPTIMO. De una interpretación del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación y del diverso 77 de la Ley de Amparo, se desprende que las sentencias que se dicten en las revisiones fiscales, deben contener la fijación clara y precisa de los actos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, resolución que deberá contener la motivación y fundamentación que oriente cualquiera que sea el sentido del fallo de mérito.
En tal virtud, tomando en cuenta que el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse a la Ley de Amparo, sólo es con la finalidad de que este último ordenamiento regule los aspectos de mero trámite del citado recurso de revisión fiscal, se concluye que el legislador no impuso como requisito en las sentencias que se pronuncien en el medio de impugnación aludido, que deban transcribirse los agravios expresados por la parte recurrente, pues es claro que su texto queda incorporado en el escrito respectivo que se agrega al toca en que se actúa, que por razón lógica se tuvo a la vista por los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional durante el análisis del asunto, previo a fallarlo; además, si el artícul
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20280-6df39894/administraciones-locales-juridicas-del-servicio-de-administracion-tributaria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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