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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 46/2005. · Registro digital (IUS): 19225
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 2147.

REVISIÓN FISCAL 46/2005. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. El agravio relativo al fondo del asunto es fundado.

En el segundo agravio la recurrente alega sustancialmente que al dictar la sentencia recurrida la Sala Fiscal violó los artículos 237, 238 y 239, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la a quo declaró la nulidad de la resolución impugnada al considerar que el actor planteó una consulta real y concreta, y que por ello la autoridad debió pronunciarse sobre la misma; sin embargo, contrario a lo considerado por dicha Sala, una consulta fiscal planteada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, no constituye el medio jurídico idóneo para exigir la aplicación de una jurisprudencia en la que se hubiera declarado inconstitucional un precepto legal, como lo pretendió el actor en relación con el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, por lo que resulta ilegal que la a quo determinara que se debe resolver dicha consulta, pues ello implicaría estudiar cuestiones respecto a la no aplicación de un artículo que se tilda de inconstitucional, lo cual es competencia del Poder Judicial de la Federación como consecuencia de la entrada en vigor de dicha norma o bien, con motivo del primer acto de aplicación en la esfera jurídica del gobernado, siendo que el consentimiento del actor quedó plenamente acreditado con las pruebas que él mismo ofreció; además, que la sentencia recurrida es ilegal porque declaró procedente la consulta planteada a la autoridad en la que el actor solicitó la aplicación a su favor del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que tales impugnaciones debió plantearlas en la instancia correspondiente, esto es, ante el Poder Judicial de la Federación y no mediante una consulta ante la autoridad administrativa o en el juicio de nulidad, por lo que al no haberlo hecho en su momento procesal oportuno y ante la instancia procedente, la consulta planteada resulta improcedente al existir un medio legal idóneo con el cual el actor pudo obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del mismo, resultando por tanto los argumentos del actor extemporáneos, inoportunos e inoperantes.

Tiene razón la recurrente porque como correctamente lo alega fue ilegal que la Sala Fiscal declarara la nulidad de la resolución impugnada, siendo que como se precisó en dicha resolución la consulta fiscal planteada por el actor no constituye una consulta real y concreta en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, ni era procedente resolverla tomando en consideración la jurisprudencia que decretó la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, toda vez que el actor consintió la aplicación de dicho precepto legal al no haberlo impugnado a través de los medios legales idóneos a partir de su entrada en vigor o bien con motivo del primer acto de aplicación.

Para así estimarlo, es conveniente precisar que en el escrito a través del cual el actor planteó la consulta fiscal, refirió que su solicitud la hizo con la finalidad de que la autoridad hacendaria declarara si en el caso dicho contribuyente debió estar exento en el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que obtuvo por concepto de gratificaciones que se le otorgaron anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año fiscal de dos mil dos, inclusive aguinaldo y prima vacacional, cuando los montos de éstas rebasaron los treinta y quince días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador (foja 21).

Al realizar dicha consulta, el actor se fundó en la circunstancia de que el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, fue declarado inconstitucional por ser violatorio del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31 constitucional; en apoyo de lo anterior, citó en el escrito a través del cual formuló la referida consulta, la jurisprudencia número P./J. 50/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA." (foja 24).

También es conveniente precisar que la intención del actor al formular la aludida consulta, fue que la autoridad hacendaria tomara en consideración dicho criterio jurisprudencial, y con base en ello, ordenara llevar a cabo la devolución de las cantidades de dinero que le fueron retenidas durante el ejercicio fiscal de dos mil dos.

Para justificar la retención que se le hizo respecto de los conceptos contemplados en el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, el actor adjuntó a su consulta fiscal la documental consistente en la "constancia de ingresos e impuesto retenido por concepto de gratificaciones, bonos, aguinaldos, prima vacacional y participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagados por Administración Especializada Bret, Sociedad Anónima de Capital Variable, por el periodo fiscal de dos mil dos", la cual fue expedida a su favor por el gerente de recursos humanos corporativo de dicha empresa, el quince de mayo de dos mil tres.

De la constancia en comento se desprende que el cinco de enero y el diecinueve de diciembre de dos mil dos se pagaron al actor las cantidades de $11,165.00 (once mil ciento sesenta y cinco pesos, 00/100 M.N.) y $23,670.00 (veintitrés mil seiscientos setenta pesos 00/100 M.N.), respectivamente, por concepto de aguinaldo; que el treinta y uno de mayo de dos mil dos, se le hizo un pago por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa por la cantidad de $3,993.17 (tres mil novecientos noventa y tres pesos 17/100 M.N.) y, que el treinta y uno de diciembre de ese mismo año, se le hizo un pago por concepto de prima vacacional por la cantidad de $7,890.00 (siete mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.); también, se advierte de dicha constancia que el impuesto retenido al trabajador por los conceptos anteriores fue por la cantidad de $11,134.73 (once mil ciento treinta y cuatro pesos 73/100 M.N.) (foja 29).

Asimismo, el actor adjuntó a la consulta en cita copia certificada de diversos recibos de nómina expedidos a su nombre por la empresa Administración Especializada Bret, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los cuales se detallan los pagos que se realizaron al actor en las fechas y por las cantidades antes mencionadas, así como el monto de los impuestos que le fueron retenidos por dicha empresa en relación con tales conceptos (fojas 31 a 34).

Cabe ponderar, que la autoridad hacendaria al dar respuesta a dicha consulta consideró que la misma era improcedente entre otras circunstancias, por no plantearse sobre una situación real y concreta que versara sobre la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras, toda vez que mediante la misma se solicitó que se declarara si el promovente debía estar exento en el pago el impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que obtuvo en el año dos mil dos, por los conceptos antes mencionados, toda vez que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, es violatorio del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31 constitucional; también, que no era procedente resolver dicha consulta tomando como base la jurisprudencia que determinó la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, toda vez que el contribuyente consintió su aplicación al no haberlo impugnado a través de los medios idóneos a partir de su entrada en vigor, o bien al darse el primer acto de aplicación (fojas 16 y 17).

Precisado lo anterior, debe decirse que contrario a lo estimado por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, la consulta fiscal planteada por el actor a la autoridad hacendaria es improcedente, porque su pretensión no fue la de formular una duda a ésta sobre una determinada situación o en relación con lo dispuesto en un precepto legal, sino la de que se aplicara en su favor una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la cual se declaró inconstitucional el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, cuyo rubro fue transcrito con anterioridad.

En ese sentido, resulta conveniente destacar que de conformidad con el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, una consulta fiscal debe tratar sobre determinados aspectos imperantes en la realidad fiscal del contribuyente, es decir, referirse a la situación del solicitante en el momento en que se realizó dicha petición, para que la autoridad esté en aptitud de dar una respuesta congruente al planteamiento que se le formula.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis número 2a. CV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 502, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"CONSULTA FISCAL. LA RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LA AUTORIDAD VINCULA A ÉSTA. Si conforme a lo establecido en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, el administrado formula a la autoridad fiscal competente, en forma individual, una consulta sobre determinados aspectos imperantes en su realidad fiscal presente, no futura y probable y, paralelamente, la autoridad da respuesta a esa consulta, contestación que por razones de congruencia, debe referirse a la situación del solicitante en el momento en que éste realizó la petición y que de ser favorable al particular, vincula a la autoridad."

Por tanto, si la intención del actor fue que con base en dicha jurisprudencia la autoridad hacendaria declarara que fue ilegal que se le hubiera retenido el impuesto sobre la renta durante el ejercicio fiscal de dos mil dos, es inconcuso que como lo alega la recurrente la consulta en comento es improcedente, pues ésta no constituye el medio jurídico idóneo para reclamar la inconstitucionalidad de una ley, además, al no haber impugnado la inconstitucionalidad del precepto legal con base en el cual se llevó a cabo dicha retención en su perjuicio, resulta evidente que el contribuyente consintió el mismo así como sus consecuencias legales.

Lo anterior es así, puesto que el primer pago que se hizo al actor y respecto del cual se le retuvo el impuesto correspondiente, se llevó a cabo el cinco de enero de dos mil dos, fecha en la cual se le hizo un pago por concepto de aguinaldo así como la retención respectiva, razón por la cual debe estimarse que desde ese momento estuvo facultado para impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que se aplicaron en su perjuicio, por lo que al no haberlo hecho es evidente que las consintió.

Es conveniente precisar, que si bien es cierto que la respuesta recaída a una consulta fiscal puede constituir un acto de aplicación de un precepto legal que faculta al contribuyente a reclamar su inconstitucionalidad, también lo es que dicha consulta no constituye el primer acto de aplicación de la disposición legal que fue declarada inconstitucional en la jurisprudencia que citó en su consulta fiscal y que pretende se aplique en su beneficio, por lo que la a quo debió concluir que no se estaba planteando a la autoridad hacendaria una situación real y concreta en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, porque el actor no se refirió a una situación imperante al momento en que realizó dicha consulta, así como también, que se había consentido la aplicación del artículo 109, fracción XI, de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, con anterioridad a la referida consulta.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número P./J. 82/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"CONSULTA FISCAL. SU RESPUESTA ES APTA PARA ACREDITAR LA OPORTUNIDAD Y EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES, SI SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDA Y QUE SE REFIERA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA. La respuesta a una consulta fiscal, realizada en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, cuando se apoya en normas generales cuya constitucionalidad se cuestiona, constituye un acto de aplicación de las disposiciones legales en que se funda, apto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, siempre y cuando dicha consulta se refiera a una situación real y concreta, y se trate del primer acto de aplicación de tales disposiciones en perjuicio del contribuyente. Esto es, cuando a través del juicio de garantías se plantea la inconstitucionalidad de los artículos en que se funda la respuesta a una consulta fiscal, es necesario demostrar que se trata del primer acto de aplicación de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, y que la mencionada consulta no se refiere a una situación abstracta."

También sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 2a. LXXXI/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 300, Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA QUE PROPORCIONE LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE FUNDE, QUE PUEDE DAR ORIGEN A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA OBEDEZCA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA Y QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE DICHAS DISPOSICIONES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales ‘... sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados ...’, lo cual no significa que no deban contestar otras consultas, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, pues el precepto mencionado debe interpretarse en el sentido de que las autoridades fiscales solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo de la consulta que se les hace, siempre que se refiera a situaciones reales y concretas, pero manteniendo en todo caso su atribución de dar respuesta a todas las peticiones que, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eleven los particulares, toda vez que si se aceptara que las aludidas autoridades sólo tienen la obligación de contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas, se estaría violando el derecho de petición de los gobernados consagrado en el mencionado precepto constitucional como una garantía individual. En consecuencia, si bien es cierto que las autoridades fiscales pueden contestar todas las consultas que les dirigen los contribuyentes, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, y que conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, la respuesta de dichas autoridades a las consultas fiscales sí constituye un acto de aplicación de los preceptos legales sobre los cuales versa, aun en el caso de que todavía no se le determine un crédito fiscal, también lo es que el hecho de que tal respuesta constituya un acto de aplicación de las normas legales que analice, no implica necesariamente y en todo caso, que constituya un acto de aplicación en perjuicio del contribuyente que lo faculte para promover juicio de amparo en su contra, pues si la consulta fiscal se efectúa respecto de una situación que no es real ni concreta y es contestada en cumplimiento del referido derecho de petición, o bien, si no se trata del primer acto de aplicación, o si dicha autoridad da una respuesta favorable al contribuyente, otorgándole un beneficio, resulta inconcuso que el juicio de garantías es improcedente en contra de los preceptos que hayan sido analizados, ya que ningún perjuicio le podría irrogar al quejoso. De ahí que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe analizar si la respuesta a la consulta fiscal se refiere a una situación real y concreta y, por lo mismo, constituye un acto de aplicación del precepto legal sobre el que haya versado, pues en caso contrario no se encontraría acreditado el interés jurídico del quejoso."

En efecto, en el caso la respuesta recaída a la consulta del actor no constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, sino que éste lo constituyó aquel en el cual se le hizo la primera retención del impuesto previsto en dicho precepto legal, pues fue en el mismo donde se concretaron sus efectos y, que como antes se precisó fue el cinco de enero de dos mil dos, tal como se desprende de las constancias que el propio actor adjuntó a su consulta fiscal; razón por la cual, es evidente que de esa fecha al diecinueve de junio de dos mil tres, en que se formuló la consulta fiscal, consintió las retenciones del impuesto sobre la renta que llevó a cabo en su perjuicio la empresa para la cual laboró en el año dos mil dos, las que fueron realizadas con fundamento en el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante ese ejercicio fiscal, pues en contra de dichas retenciones no interpuso ningún medio de defensa, por lo que resulta improcedente su pretensión de que por medio de una consulta fiscal se subsane su omisión de impugnar a través de los medios de defensa idóneos los efectos de una norma que estima le causa perjuicio, así como la relativa a que la Sala Fiscal aplique en su beneficio la jurisprudencia antes invocada, pues para que dicha Sala estuviera vinculada a ello, la respuesta recaída a la referida consulta tendría que constituir el primer acto de aplicación del dispositivo legal antes referido.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número I.9o.A.53 A del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1316, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO, APLICACIÓN DE LA. DEBE ACREDITARSE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE LA CONSULTA REALIZADA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE ESE PRECEPTO. Si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo están obligados a aplicar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también lo es que cuando a través de dicha jurisprudencia se declare inconstitucional un precepto, únicamente estará obligada a resolver conforme a la misma cuando se acredite que la consulta realizada constituye el primer acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, debe acreditarse que la demanda fue oportuna y que de los autos no conste que exista anterior acto de aplicación de la ley impugnada, ya que de no demostrarse ello el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia establecida por el más Alto Tribunal de la República."

Así como, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 83/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES. De conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda. Ahora bien, dichos argumentos de inconstitucionalidad deben declararse inoperantes en términos de la tesis P. LVIII/99, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 53, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.’, si de las constancias del juicio deriva que el quejoso se autoaplicó la norma combatida y la consintió al pagar el impuesto controvertido sin manifestar su inconformidad mediante la interposición del medio de defensa constitucional dentro de los plazos que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, no es jurídico estimar que puede examinarse la constitucionalidad de la ley tributaria a través del juicio de amparo directo, aun cuando en la sentencia definitiva reclamada se hubiera aplicado nuevamente la norma, si resulta evidente que tal resolución no constituye el primer acto de aplicación que trascendió a la esfera jurídica del particular ni tampoco lo fue el acto administrativo que dio lugar al juicio de nulidad; por tal motivo, al consentir la norma tributaria correspondiente y no impugnarla mediante la acción constitucional en los términos establecidos para su ejercicio, debe concluirse que los conceptos de violación que en el amparo directo se formulen, resultan inoperantes."

Así como, por las razones que la informan, la tesis número 2a. VI/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 602, Tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ÉSTAS, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN DESDE EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN, Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA). Cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio de nulidad en el que se controvierta un acto o resolución en que se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violación, y no se actualice el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, para que proceda el estudio de su constitucionalidad, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: 1. Que se haya aplicado la norma controvertida; 2. Que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso; 3. Que ese acto de aplicación sea el primero, o uno posterior, distinto de las aplicaciones que realice la autoridad jurisdiccional durante el procedimiento natural, siempre que no exista consentimiento de los efectos de la ley por falta de impugnación a través de los recursos ordinarios o del juicio de amparo indirecto, por aplicaciones anteriores a la emisión de la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad. De lo contrario serían inoperantes los argumentos relativos, aun bajo la premisa de que la norma reclamada se hubiese aplicado nuevamente durante el juicio natural."

También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis número I.4o.A.400 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1365, Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"CONSULTAS FISCALES O SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. REGLAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. La aplicación de la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADO EN ESA LEY.’ (número P./J. 38/2002, página 5, Tomo XVI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) nunca dará lugar a invalidar una ley ni a declarar su inaplicación, su único sentido y alcance es declarar nulo un acto administrativo. Ahora bien en el caso de las consultas fiscales o solicitudes de devolución de saldos a favor, es pertinente calificar la adecuada aplicación de una jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, y la correcta aplicación de la norma legal respectiva, a partir de discernir acerca de la pretensión y causa petendi que en el juicio se invoquen. Así hay que distinguir si los efectos que se pretenden con la consulta o solicitud son meramente declarativos, o bien, constitutivos de un derecho antes inexistente. En el caso de que la pretensión deducida en la consulta o solicitud sea obtener una decisión de inconstitucionalidad de una ley con efectos constitutivos e inclusive retroactivos a su presentación, la causa petendi (que sería la invocación de un precedente del Poder Judicial de la Federación) cae bajo los supuestos de impugnación de leyes que contempla el sistema constitucional mexicano, a saber: 1) El amparo indirecto, en el que es posible impugnar una ley, por su sola vigencia (autoaplicativa), dentro de los treinta días siguientes al inicio de aquélla, o en los quince días siguientes a partir del primer acto de aplicación, y 2) El amparo directo, contra una sentencia, laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en cuyo caso se dispone de quince días a partir de la notificación de la resolución del recurso o medio de defensa intentado, caso en el que una ley autoaplicada no será considerada acto reclamado. Así las cosas, conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, cuando se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de un acto consentido, bien porque sea extemporáneo o porque no se enderece a partir del primer acto de aplicación, éste será improcedente. Asimismo, cuando en amparo directo se impugne la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio en que se aplique una ley, reglamento o tratado internacional consentido por el quejoso -al no haber reclamado, en el momento oportuno el primer acto de aplicación- los conceptos de violación relativos serán inoperantes, al tenor de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2002, visible en la página 240, Tomo VI, agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En ese orden de ideas, si quien promueve un juicio de amparo directo pretende que a través de la consulta fiscal o solicitud de devolución, le sea reconocido como inconstitucional el precepto legal a que se contrae la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y no por haberlo impugnado en la oportunidad que tuvo para ello), es claro que consintió dicho ordenamiento, de suerte que si no realiza el reclamo con motivo del primer acto de aplicación, no puede estimar que en vía de aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le exima del pago de un tributo ya consentido, pues no puede tenerse como el primer acto de aplicación la respuesta a la consulta o solicitud que, al parecer, formuló espontáneamente. De estimarse lo contrario, se crearía una nueva oportunidad de atacar la constitucionalidad de una ley a través de consultas o solicitudes de devolución a la autoridad, a partir de enterarse que las leyes fueron declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país y no a propósito del primer acto de aplicación, con la consecuente transgresión a los principios rectores del juicio de amparo, en tanto se trata de obtener una declaratoria general para que no pueda aplicársele ese artículo en el futuro y, eventualmente, con efectos hacia el pasado o retroactivos en relación con la referida consulta. En cambio, cuando los efectos que se pretenden con la consulta o solicitud son meramente declarativos el quejoso se encuentra plenamente facultado para poder controvertir a través de los conceptos de violación la inconstitucionalidad de algún ordenamiento legal, en virtud de que la pretensión y causa petendi de éstas no son la de obtener la decisión de inconstitucionalidad de una ley con efectos constitutivos, sino la de verse favorecido con el reconocimiento o declaración de un derecho, lo que permite concluir que, en estos supuestos, los conceptos de violación planteados en contra de la sentencia en que fue aplicada la ley, son el fundamento del acto administrativo cuya nulidad se ha demandado en el juicio contencioso administrativo y deben abordarse, en la medida que pueden trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa para determinar si la respuesta dada a su consulta fue correcta o no. En conclusión, la tesis de jurisprudencia identificada al inicio debe aplicarse sólo cuando conforme al sistema de impugnación de leyes que prevé la Constitución sea procedente y no así cuando su impugnación sea improcedente, de manera que si se impugna la constitucionalidad de una ley, reg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19225-0d8fdc2f/agravios-en-la-revision-fiscal-cuando-su-estudio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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