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Modo: Corpus Pro

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA REGLA I.12.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2009, AL OBLIGAR A QUIENES SOLICITEN LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL RELATIVO A QUE TUVIERAN DERECHO POR LA ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y SILVÍCOLAS, A EXHIBIR ORIGINAL Y COPIA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA SUBSIDIOS/SAGARPA VIGENTE, NO REBASA EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 NI SE OPONE AL ARTÍCULO 39, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 55/2010. · Registro digital (IUS): 23041
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 1077.

REVISIÓN FISCAL 55/2010. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

NOVENO. Son ineficaces en una parte y fundados en lo demás, los agravios que se hacen valer.

En una parte del primer agravio se aduce lo siguiente:

Que la sentencia recurrida viola los artículos 8o., fracción II, 13 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la a quo omitió el análisis de las causales de improcedencia planteadas en la contestación de demanda.

Que la a quo trató de justificar la falta de estudio de las causales de improcedencia en función de lo analizado en la interlocutoria que resolvió el recurso de revocación, pero en ésta determinó que no contaba con elementos suficientes para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, por lo que en la sentencia debió valorar las pruebas contenidas en el expediente administrativo ofrecido como prueba al contestar la demanda, a efecto de determinar su extemporaneidad, por lo que no resulta aplicable la jurisprudencia que se citó en la sentencia recurrida.

Que las causales de improcedencia deben analizarse de oficio y en cualquier instancia del juicio, por lo que en el recurso de reclamación la pretensión fue el desechamiento de la demanda, y al contestar la demanda se pretende obtener el sobreseimiento en el juicio de nulidad en función de las documentales que integran el expediente, por lo que no existió justificación para que se omitiera el estudio de las causales de improcedencia y, a su vez, del sobreseimiento.

Que en la contestación de la demanda se plantearon las causales de improcedencia relacionadas con la falta de afectación del interés jurídico del promovente, de personalidad y de oportunidad en la presentación de la demanda, que debieron analizarse de manera preferencial.

Que en la interlocutoria se estableció que no se contaba con elementos suficientes para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, ya que la demandada estaba obligada a exhibir la constancia de notificación del oficio que negó la devolución solicitada, que la actora adujo conocer el **********.

Que si en la contestación de la demanda se reiteró el planteamiento de las causales de improcedencia, en atención a la documentación exhibida, la Sala Regional debió analizarlas al dictar la sentencia, con independencia de lo resuelto en la referida interlocutoria.

Son ineficaces los anteriores argumentos de agravio.

Es cierto que la Sala Regional, al pronunciarse sobre las causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la enjuiciada en el juicio de nulidad al contestar la demanda, señaló en el considerando tercero de la sentencia recurrida, lo siguiente:

"TERCERO. ... Este órgano jurisdiccional se abstiene de examinar las anteriores causales de improcedencia al referirse (sic) cuestiones que dilucidó a través de la sentencia interlocutoria de 21 de enero de 2010. Lo anterior en acatamiento a la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa número J-SS-53, visible en la página 130 de la Revista editada por ese órgano jurisdiccional, número 46, año IV, octubre de 2004, correspondiente a la Quinta Época, que dice: ‘ARGUMENTOS EXPUESTOS EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN Y EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. CASO EN EL CUAL NO ESTÁ OBLIGADO AL ESTUDIO DE LA CAUSAL. ...’ (fojas 190 vuelta y 191 del juicio de nulidad).

Ahora bien, lo resuelto en el considerando tercero del fallo recurrido no viola los artículos 8o., 13 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la a quo no omitió el estudio de las causales de improcedencia planteadas en la contestación de demanda, sino que fundó y motivó por qué se abstuvo de examinarlas, en esencia, por referirse a cuestiones dilucidadas en la interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diez; lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de rubro: "ARGUMENTOS EXPUESTOS EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN Y EN UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. CASO EN EL CUAL NO ESTÁ OBLIGADO AL ESTUDIO DE LA CAUSAL."

Lo anterior, contrario a lo alegado por la recurrente, sí justifica lo resuelto en el considerando tercero de la resolución recurrida, toda vez que en las causales de improcedencia planteadas en la contestación de la demanda de nulidad (fojas 104 vuelta a 113 del juicio de origen), en ninguna se hizo referencia a la falta de afectación del interés jurídico del promovente ni de la personalidad, como infundadamente lo alegó la recurrente.

Además, en la contestación de la demanda de nulidad se planteó como primera causal de improcedencia (fojas 104 vuelta a 110 del juicio de origen), la prevista en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 2o. y 13, fracción I, inciso a), del ordenamiento legal invocado y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (extemporaneidad), similar a la segunda causal de improcedencia cuestionada en el oficio de interposición del recurso de reclamación (fojas 64 a 77 idem), prevista en el artículo 8o., fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 2o. y 13, fracción I, inciso a), del ordenamiento legal invocado (procedencia), y desestimada en una parte en la interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diez, como en líneas posteriores se analizará al abordar el estudio de la hipótesis de improcedencia en cita, que a su vez combate la recurrente en otra parte del primer agravio.

En tanto que, el planteamiento de la segunda causal de improcedencia de la contestación de la demanda (fojas 110 a 113 del juicio de origen), prevista en el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 2o. del ordenamiento legal invocado, es similar a la primera causal de improcedencia cuestionada en el oficio de interposición del recurso de reclamación (fojas 51 a 64 idem), prevista en los artículos 2o. y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como en líneas posteriores se analizará al abordar el estudio de la hipótesis de improcedencia en cita, que a su vez combate la recurrente en otra parte del primer agravio.

Así, cuando en la contestación de la demanda o de su ampliación se hacen valer las mismas causales de improcedencia que se esgrimieron en el recurso de reclamación interpuesto contra el auto admisorio y que se desestimaron en la interlocutoria correspondiente, y en la sentencia definitiva la Sala Fiscal señala que, dado que esas causales ya fueron estudiadas al resolverse el recurso de reclamación, ya no es procedente su estudio, lo que la autoridad recurrente debe controvertir es la desestimación de esas causales en la interlocutoria respectiva, mas no la falta de estudio en la sentencia definitiva.

Por otra parte, independientemente de que la pretensión en el recurso de reclamación fue el desechamiento de la demanda de nulidad y lo solicitado en la contestación de la demanda es el sobreseimiento en el juicio contencioso, tales aspectos son sólo tecnicismos, ya que lo trascendente en el caso es que la recurrente no desvirtuó lo señalado en el considerando tercero del fallo recurrido ni justificó o señaló cuáles argumentos eran distintos o nuevos en función de los cuales se requiera un pronunciamiento de improcedencia por razones, circunstancias y pruebas distintas de las ya analizadas por la Sala Regional en la interlocutoria respectiva lo que, como se verá, no lo acredita la recurrente; de ahí lo infundado del agravio en torno a la violación a los principios de congruencia y exhaustividad por omisión en el estudio de las causales de improcedencia.

Aunado a lo anterior, lo resuelto por la Sala en la sentencia interlocutoria de mérito, en torno a la procedencia del juicio de nulidad, constituye una determinación de tal naturaleza que no puede ser revocada por sí y ante sí misma en su fallo definitivo, pues de lo contrario, se estarían vulnerando los principios de justicia y de orden social, que exige que tengan firmeza las determinaciones tomadas por las autoridades jurisdiccionales para provocar estabilidad en los derechos que por ellas se conceden a las partes.

Por su contenido jurídico, se invoca la jurisprudencia número 486, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal en el País, visible en el Apéndice 1917-1995, Tomo VI, página 322, que dice:

"REVOCACIÓN. No es permitido a las autoridades judiciales revocar sus propias determinaciones, que no admiten expresamente ese recurso, ya que un principio de justicia y de orden social, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio, y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes."

Atento a lo anterior, la sentencia recurrida no transgrede lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que obliga a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse respecto a todos los planteamientos vertidos por las partes en el juicio de nulidad, pues en este caso sí existió un pronunciamiento por parte de la Sala en cuanto a los temas de procedencia del referido juicio, que la enjuiciada planteó en su contestación de demanda, sólo que lo hizo en una determinación previa, como es la resolución interlocutoria dictada con motivo del recurso de reclamación interpuesto en contra del auto admisorio de demanda de nulidad, por lo que, por economía procesal, la a quo no se encuentra obligada a examinar nuevamente esos temas en su fallo definitivo; máxime que la propia Sala no podría revocar por sí y ante sí misma lo resuelto en la referida interlocutoria, en atención al principio de firmeza que rige en todo tipo de resoluciones jurisdiccionales.

Por lo antes señalado, resulta infundada esta parte del agravio en estudio.

Por otra parte, deviene inoperante lo aseverado por la inconforme de que la Sala, al dictar la sentencia recurrida, se encontraba obligada a valorar las pruebas ofrecidas en la contestación de la demanda para determinar la extemporaneidad en la presentación de la demanda de nulidad, porque en la sentencia interlocutoria adujo que no contaba con elementos suficientes para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda.

Ello es así, porque la autoridad recurrente parte de una premisa falsa al aseverar que la Sala, al resolver el recurso de reclamación, consideró que no contaba con elementos suficientes para determinar la extemporaneidad en la presentación de la demanda.

Sin embargo, en la sentencia interlocutoria no aparece que la Sala haya realizado esa manifestación, sino al contrario, resolvió que en autos del juicio de nulidad obraban constancias suficientes (exhibidas por la actora) que evidenciaban la oportunidad en la presentación de la demanda, pues adujo que de dichas constancias se advertía que el día **********, se notificó a la contribuyente actora la resolución que negó la devolución de impuestos, la cual constituía el primer acto de aplicación de la Regla I.12.4 impugnada, por lo que al **********, en que se presentó la demanda de nulidad, era evidente que su presentación se realizó dentro del plazo previsto por la ley.

Luego, la parte quejosa atribuye a la Sala un pronunciamiento que no hizo en la sentencia recurrida; de ahí que resulte inoperante el argumento en estudio.

Por su contenido jurídico, cabe citar la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 69, la cual a la letra establece:

"AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante."

Además, los medios de prueba allegados por la enjuiciada en su contestación de demanda, concretamente las constancias de notificación de la resolución que negó la devolución de impuestos solicitada por la contribuyente, corroboran lo resuelto por la Sala en la sentencia interlocutoria en el sentido de que el **********, se notificó a la parte actora dicha resolución negatoria.

En otra parte del primer agravio se aduce, en esencia, lo siguiente:

Que es ilegal lo resuelto en la interlocutoria que resolvió el recurso de reclamación en torno a la segunda causal de improcedencia (primera de la planteada en el recurso de reclamación y segunda replanteada en la contestación de demanda), ya que la jurisprudencia 2a./J. 108/2004 en que se apoyó la a quo no es aplicable, en razón a que atiende a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente en dos mil cuatro, y la vigente en la fecha de presentación de la demanda de nulidad es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de dos mil siete, además de que son normativos distintos.

Que en la contestación de la demanda adujo que la Sala Regional no podía analizar la impugnación de la referida regla, al ser una disposición general de carácter materialmente legislativo, mas no administrativo, diversa de lo establecido en el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Que la Sala Regional señaló que las reglas de la miscelánea fiscal son susceptibles de impugnarse en el juicio de nulidad, pero omitió razonar por qué consideró tal situación.

Son infundados los anteriores argumentos de agravio.

En efecto, en la interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diez (fojas 93 a 102 del juicio de origen), se declaró procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la demandada en contra del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil nueve, en el que se admitió a trámite la demanda de nulidad en contra de la regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve; lo cual no es ilegal sino que se encuentra ajustada a derecho.

Lo anterior es así, ya que en el recurso de reclamación se solicitó el desechamiento de la demanda en la parte en que se admitió en forma destacada la impugnación de la regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve, al estar actualizada la causal de improcedencia (procedencia), prevista en los artículos 2o. y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fojas 51 a 64 del juicio de origen).

La anterior causal de improcedencia fue desestimada por la a quo, en esencia, porque de lo previsto en los artículos 2o. y 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 14, penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advertía la facultad para conocer de la demanda en la que se cuestionaban actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general autoaplicativos y heteroaplicativos, como lo era la regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve, emitida por el jefe de Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil nueve, relacionada con la solicitud de devolución del impuesto especial sobre producción y servicios por diesel por el periodo de abril a junio de ese año, y vinculada con la diversa resolución impugnada en la que se negó la devolución del mencionado impuesto, con apoyo, entre otros criterios, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, página 220, que dice:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE PRONUNCIARSE SOBRE LOS VICIOS DE LEGALIDAD QUE EN LA DEMANDA RESPECTIVA SE ATRIBUYAN A LAS REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNADA EN FORMA DESTACADA. Si bien es cierto que el citado tribunal sólo tiene competencia expresa para conocer de los juicios promovidos contra las resoluciones definitivas mencionadas en el artículo 11 de la ley orgánica que lo regula, también lo es que conforme al diverso 202, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra ordenamientos que establezcan normas o instrucciones de carácter general y abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente, lo que procesalmente implica que la legalidad de ese tipo de actos -disposiciones de observancia general inferiores a los reglamentos del Presidente de la República- sí puede ser materia de análisis de la sentencia que se emita en un juicio de esa índole, cuando el gobernado que lo promueve sufrió en su perjuicio la aplicación concreta de aquéllos, ya sea en la resolución definitiva impugnada o en el procedimiento que le precedió, conclusión que atiende a la garantía de justicia pronta y completa contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, además, se basa en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la propia Norma Fundamental, conforme al cual la finalidad del establecimiento de ese tribunal fue dirimir las controversias entre los particulares y la administración pública federal, siempre y cuando los vicios que se atribuyan a dichas reglas sean de legalidad, es decir, impliquen confrontarlas con alguna norma superior a ellas pero inferior a la Constitución Federal. En ese tenor, la circunstancia de que una regla general administrativa no pueda ser impugnada en forma destacada en un juicio contencioso administrativo, sólo implica que en la demanda que se enderece en contra de la resolución en la que fue aplicada no sea factible señalarla como resolución impugnada, ni al órgano del Estado que la emitió como autoridad demandada, por lo que en dicho escrito el actor se limitará a plasmar los conceptos de impugnación en los que desarrolle los argumentos para demostrar por qué la respectiva regla general no se emitió con apego a lo dispuesto en el acto formalmente legislativo o formalmente reglamentario -cláusula habilitante- que regula su expedición, y el referido tribunal se limitará a estudiar esos conceptos en la parte considerativa de su sentencia por lo que, en caso de resultar fundados, precisará en qué términos afectan la validez de la resolución impugnada en forma destacada, sin que la ilegalidad de la regla general respectiva se refleje en los puntos resolutivos del fallo correspondiente."

Criterio que, si bien no resulta exactamente aplicable al caso analizado por la Sala Regional, porque alude al artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente en dos mil cuatro, y no al artículo 14 de ese ordenamiento legal vigente en dos mil siete, ello no trasciende al fondo del asunto, porque la a quo pudo prescindir de la referida jurisprudencia en la que se analizó el artículo 202, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta dos mil cinco, que no establecía de manera clara ni precisa la procedencia del juicio de nulidad contra ordenamientos que establecían normas o instrucciones de carácter general, a diferencia de lo que el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece de manera expresa en torno a la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, lo que se corrobora de la transcripción de dicho normativo, que dispone:

"Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley."

Por tanto, si en la demanda de nulidad se impugnó de manera destacada la regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve, emitida por el jefe de Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de dos mil nueve fue correcto que en el auto de veintiuno de octubre de dos mil nueve, se haya admitido en la forma como se planteó, lo cual, se insiste, justifica las razones por las que la a quo consideró en la interlocutoria de veintiuno de enero de dos mil diez, que sí podía conocer de la legalidad de la referida regla, sin contravenir lo establecido en los artículos 2o. y 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Además, como se advierte del proceso legislativo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concretamente de la discusión realizada por la Cámara de Senadores el día once de noviembre de dos mil tres al dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, aparece que una de las integrantes de esa Cámara puntualizó, en relación a la procedencia del juicio de nulidad en contra de los actos generales, lo siguiente:

"... Segundo artículo reservado. En relación al texto propuesto por el dictamen en el artículo segundo, párrafo segundo, se considera que es válido establecer tal competencia a favor de los tribunales administrativos federales, pero limitarlo a aquellos casos en que tales decretos o acuerdos hayan sido emitidos por autoridad incompetente, o trastoquen el principio de reserva de ley; es decir, que vayan más allá de lo dispuesto en la materia o inclusive vayan en contra del texto de la ley, aspectos que hoy en día son de la competencia de este tribunal, pero sólo ‘comitivo’ del primer acto de aplicación de ordenamientos, que den normas o instrucciones de carácter general. Esto ha sido un reclamo de las personas que acostumbran litigar en la materia fiscal, por el daño que les causan las misceláneas fiscales, y hay que dejarlo explícito, y engrandecería al tribunal beneficiando a los contribuyentes en aquellos casos en que efectivamente los actos de observancia general, hayan sido emitidos por autoridad incompetente, o atenten al principio de reserva de ley. En pocas palabras, se alcanzaría una mejor justicia administrativa, por lo que se propone modificar el dictamen en el artículo segundo con el texto siguiente. ‘Artículo segundo. El juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos de carácter general, independientemente del nombre que se les designe tales como: decretos, acuerdos, resoluciones, disposiciones, normas o instrucciones que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso, siempre que se alegue que tales actos han sido emitidos por autoridad incompetente o que van más allá, o en contra de la ley.’. La adición es la siguiente: ‘El particular que obtenga la nulidad del acto o resolución de carácter general, no podrá hacer valer en su favor los beneficios o facilidades que aquél establezca.’."

Como se advierte, uno de los motivos por los cuales el legislador estableció la posibilidad de combatir, vía juicio de nulidad, los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos de los reglamentos, fue el reclamo de las personas que acostumbran litigar en la materia fiscal, por el daño que les causaban las misceláneas fiscales.

Luego, sería contrario a la voluntad del legislador considerar que las resoluciones misceláneas no encuadran en los actos generales a que se refiere el artículo 2o., segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como impugnables en el juicio contencioso administrativo, si dichas resoluciones llevaron al legislador a crear esa disposición.

Por otra parte, distinto a lo alegado por la recurrente, la a quo sí se pronunció respecto a lo alegado en la contestación de la demanda, referente a que esa Sala no podía analizar la impugnación de la regla I.12.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve, al ser una disposición de carácter general materialmente legislativo, mas no administrativo, diverso de lo establecido en el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y también razonó por qué sí son susceptibles de impugnación a través del juicio de nulidad.

Lo anterior es así, toda vez que en el considerando cuarto del fallo recurrido, la a quo señaló lo siguiente:

"CUARTO. ... Las disposiciones de observancia general cuya emisión y publicación se rige por el precepto transcrito tienen como finalidad precisar la regulación establecida en las leyes y reglamentos fiscales expedidos por el Congreso de la Unión y el presidente de la República, con el fin de lograr su eficaz aplicación y están sujetas a principios que tutelan la seguridad jurídica de los gobernados, entre otros, los de reserva y primacía de la ley, por lo que deben ceñirse a lo previsto en el acto formal y materialmente legislativo que habilita su emisión. Las reglas de carácter general agrupadas en la Resolución Miscelánea Fiscal, son actos de diversa naturaleza a los criterios interpretativos que sostengan las autoridades fiscales que en ningún momento son obligatorios para los gobernados en los términos de los artículos 33, penúltimo párrafo y 35 del Código Fiscal de la Federación, debido a que las reglas de carácter general previstas en el invocado artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, constituyen disposiciones de observancia general y de cumplimiento obligatorio para los gobernados, según lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la (sic) visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, correspondiente a la Novena Época, que dice: ‘RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL. LAS REGLAS QUE CONTIENE PUEDEN LLEGAR A ESTABLECER OBLIGACIONES A LOS CONTRIBUYENTES, YA QUE NO CONSTITUYEN CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN SINO DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL. ...’. Por último, de conformidad con los artículos 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la legalidad de las disposiciones de observancia general diferentes a los reglamentos del presidente de la República, son susceptibles de impugnarse ante este Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en casos -como el presente- en que la parte actora sostenga que le deparan perjuicio además atribuya a dicha regla vicios de legalidad. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Poder Judicial de la Federación, cuyas características son las siguientes: ‘Registro: 166,260. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, septiembre de 2009. Página: 3189. Tesis: IV.2o.A.262 A. Tesis aislada. Materia(s): administrativa. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LAS REGLAS DE UNA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL QUE INFRINJAN EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, APLICADAS EN PERJUICIO DEL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO, CUANDO DICHO ÓRGANO CONSIDERE QUE NO SE APEGAN AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2004). ...’. Asimismo, resulta aplicable el precedente de la primera sección de este tribunal, cuyas características son las siguientes: ‘Registro: 41,952. Precedente. Instancia: Primera Sección. Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 78. Junio 2007. Tesis: V-P-1aS-389. Página: 56. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PARA ANALIZAR VIOLACIONES A DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL. ...’."

Lo transcrito revela lo infundado del agravio en el que se alegó que la Sala Regional omitió el estudio de lo planteado en la contestación de demanda.

En la parte restante del primer agravio se aduce lo siguiente:

Que de la primera causal de improcedencia, la a quo perdió de vista que la impugnación a la regla es extemporánea, ya que no se impugnó con motivo del primer acto de aplicación que lo fue la solicitud de la devolución.

Que de la segunda causal de improcedencia, la a quo se limitó a establecer que la regla controvertida es heteroaplicativa lo que no resuelve la cuestión efectivamente planteada.

Que la Sala Regional consideró que la regla controvertida es heteroaplicativa y que deparó perjuicio a la actora hasta el momento en que se generó la respuesta a la solicitud de devolución; esto es, hasta el momento en que se individualizó la hipótesis que contempla esa regla, sin tomar en consideración que el primer acto de aplicación lo constituye la solicitud de devolución, no así la resolución que recayó a esa devolución.

Que no está a discusión el carácter heteroa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23041-53697310/produccion-y-servicios-la-regla-i-12-4 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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