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CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS AUTODETERMINADOS O DE LOS DERIVADOS DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPECTIVA, AUN CUANDO SE HAYA AUTORIZADO SU PAGO EN PARCIALIDADES.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 55/2004. · Registro digital (IUS): 19232
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 2163.

REVISIÓN FISCAL 55/2004. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Es parcialmente fundado el agravio formulado por la inconforme, pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida.

En efecto, refiere la inconforme que la Sala Fiscal se excedió al cumplimentar la ejecutoria derivada de la revisión fiscal 141/2003, ya que el Tribunal Colegiado le señaló que con libertad de jurisdicción analizara si en el asunto sujeto a estudio se habían extinguido las facultades de la autoridad por caducidad, en términos de lo previsto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y en la sentencia recurrida se analiza esa figura jurídica atendiendo a preceptos que rigen la prescripción.

Que ello es así, ya que al valorar los informes de asuntos no diligenciados, claramente menciona la Sala que los mismos no constituyen gestiones de cobro debidamente notificadas al deudor que puedan interrumpir las facultades de la autoridad, regla que es aplicable a la prescripción prevista en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación; cuando por el contrario con dichas pruebas se demuestra que el contribuyente desocupó su domicilio fiscal y por tanto, no fue posible notificarle el ejercicio de facultades de comprobación, lo que suspendió el cómputo de la caducidad, reiniciando a partir de la fecha en que se localizó al contribuyente, tan es así, que éste fue localizado en un domicilio distinto al que señaló en las declaraciones que constituyen el origen de los créditos fiscales.

Que además la autoridad demandada no determinó contribuciones mediante el requerimiento de pago impugnado en el juicio de nulidad, ni tampoco liquidó diferencias con motivo del ejercicio de facultades de comprobación respecto del adeudo fiscal autodeterminado por el contribuyente, circunstancias en las cuales sí podría operar la caducidad, toda vez que lo efectivamente realizado fue requerir de pago respecto de un adeudo determinado por el contribuyente, lo que se traduce en que sólo se ejercieron facultades de cobro, por lo que no puede existir caducidad alguna.

Que tampoco puede considerarse legal lo determinado por la Sala, respecto a que el cómputo de la caducidad puede operar a partir de que el crédito se hizo exigible, esto es, a partir del uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ya que es evidente que dicha situación de ninguna manera se configura en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, además que no se razona por qué desde esa fecha inició el cómputo de la caducidad.

Que tanto el término para la prescripción como la caducidad de las facultades de la autoridad, se inician a partir de que se notifica el requerimiento de pago en donde se determina el saldo insoluto del adeudo que se origina con la autodeterminación de las contribuciones por parte del contribuyente, por lo que en el presente caso no pudo configurarse la caducidad. Como ya se adelantó, es parcialmente fundado el único agravio esgrimido por la recurrente, pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida.

En principio debe señalarse que no existe un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en la revisión fiscal 141/2003, ya que en ésta se estableció lo siguiente:

"Es fundado el agravio sintetizado en los párrafos precedentes. Para dar respuesta al segundo agravio resulta necesario transcribir el artículo 66, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en el año dos mil dos, época en la que se efectuaron las actas de requerimiento de pago impugnadas (veintiuno de junio de ese año), que estatuía lo siguiente:

"‘Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de cuarenta y ocho meses, de conformidad con lo siguiente: ...

"‘III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando: a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.

"‘b) El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial.

"‘c) El contribuyente deje de pagar tres mensualidades. En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo insoluto mediante el procedimiento administrativo de ejecución’.

"Transcrito lo anterior, tiene razón la recurrente en cuanto manifiesta que en este caso se trata de créditos autodeterminados por el propio actor y sujetos a un pago en parcialidades, el cual fue revocado de conformidad con lo establecido por el inciso c) de la fracción y precepto transcritos; y que por tanto, antes de convertirse en exigibles era necesario que la autoridad emitiera un documento mediante el cual comunicara al contribuyente la causa de la revocación del pago en parcialidades y el saldo insoluto respecto del cual se iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución, y sólo a partir de ese acto los créditos se convertirían en exigibles.

"En efecto, conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, transcrito al estudiar el primero de los agravios hechos valer, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años; ese término inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Por ello, para que pueda iniciar el término de la prescripción, es necesario que exista resolución firme, debidamente notificada, que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente.

"Obran agregadas en el expediente del juicio de nulidad (fojas 7, 9 y 11) las resoluciones contenidas en los requerimientos de pago número 322-SAT-21-I-SCC.02, sin fecha, emitidos por el administrador local de recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales revocó la autorización del convenio para el pago en parcialidades y ordena requerir al contribuyente deudor Pedro Maccise Jacobo el pago de los créditos con números de control C-519990, C-519991 y C-519992, por concepto de parcialidades omitidas en cantidades de $454,259.85 (cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 85/100 M.N.), $432,103.52 (cuatrocientos treinta y dos mil ciento tres pesos 52/100 M.N.) y $269,466.36 (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 36/100 M.N.), así como las actas relativas a los aludidos requerimientos de pago (fojas 6, 8 y 10), practicados el veintiuno de junio de dos mil dos por el notificador, verificador y ejecutor Joel Rojas Durán, adscrito a la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de hacer efectivos los referidos créditos.

"Ahora bien, aun cuando las resoluciones de requerimiento de pago número 322-SAT-21-I-SCC.02 no contienen fecha, debe entenderse que se emitieron a más tardar el diecinueve de junio de dos mil dos, pues en las propias resoluciones se designa como notificador, verificador y ejecutor a Joel Rojas Durán y en las actas relativas a los requerimientos de pago practicados a las diecisiete horas del veintiuno de junio del citado año, se menciona que sí precedió citatorio del día veinte de los aludidos mes y año, para que el contribuyente deudor Pedro Maccise Jacobo lo esperara en aquellas fecha y hora.

"Por tanto, si como ya se dijo las resoluciones de requerimiento de pago, que constituyen un título que trae aparejada ejecución, se notificaron al mencionado contribuyente el veintiuno de junio de dos mil dos, es indudable que para tal fecha no había transcurrido el plazo para la prescripción, pues fue hasta ese día cuando se hizo del conocimiento del contribuyente la causa de la revocación de la autorización del pago en parcialidades y el saldo insoluto de los créditos adeudados, respecto del que se iniciaría el procedimiento administrativo de ejecución y a partir del cual los créditos se convertirían en exigibles, toda vez que no puede aceptarse como legalmente válido lo sostenido por la Sala, en el sentido de que el contribuyente actor, al dejar de cubrir en forma total los créditos impugnados, cubriendo únicamente la parcialidad con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, los créditos se hicieron exigibles a partir del uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en la que había dejado de cubrir tres parcialidades, en términos del artículo 66, fracción III, inciso c), anteriormente transcrito, iniciando el plazo de cinco años en esta fecha; ya que en tal supuesto operaría la caducidad de las facultades que tiene el fisco federal para determinar el crédito y sus accesorios legales en los términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, pero no la prescripción; cuenta habida que el contribuyente actor no acreditó ante la Sala a quo, que los requerimientos de pago y su notificación se hubieran efectuado en alguna fecha anterior a las señaladas con antelación.

"Cabe citar en apoyo de lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 15/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/99, publicada en la página ciento cincuenta y nueve del Tomo XI, febrero de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL PLAZO PARA QUE SE INICIE ES LA FECHA EN QUE EL PAGO DE UN CRÉDITO DETERMINADO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIBLE. ...’

"Asimismo, cobra aplicación en el caso, en lo conducente, la jurisprudencia número 2a./J. 16/2000, sostenida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la República, al resolver la contradicción de tesis 54/99, consultable en la página 203 del Tomo XI, febrero de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. PROCEDE CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO EN PARCIALIDADES EN QUE INCURRE EL CONTRIBUYENTE QUE AUTODETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL SI EXISTE UNA RESOLUCIÓN EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE NOTIFICADA. ...’

"Por resultar ilustrativa para el presente caso, se invoca la jurisprudencia número 2a./J. 122/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos treinta y siete del Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"‘FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR UN CRÉDITO FISCAL CUYO PAGO FUE AUTORIZADO EN PARCIALIDADES. EL TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN SE COMPUTA A PARTIR DE QUE AQUÉL SE TORNA EXIGIBLE Y HA SIDO DETERMINADO EN CANTIDAD LÍQUIDA EN RESOLUCIÓN FIRME DEBIDAMENTE NOTIFICADA. ...’

"Por otra parte, al margen de que en la demanda de nulidad el actor contribuyente planteó la prescripción de las resoluciones contenidas en los requerimientos de pago impugnados y de que esta figura jurídica, como ya se vio, resultó infundada, la Sala a quo debe abocarse al estudio de la caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para el cobro de los créditos y sus accesorios legales contenidos en los requerimientos efectuados, en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, no obstante que en la demanda se le haya denominado como prescripción, toda vez que el juzgador no debe atender a la denominación que se emplee al proponerla, sino a los hechos y a los razonamientos que compongan el concepto de impugnación, resolviendo la controversia sometida a su conocimiento de acuerdo con la calificación jurídica que corresponda al caso de que se trate.

"En efecto, desde el punto de vista estrictamente procesal, tanto la prescripción como la caducidad pueden intentarse en la vía de acción o de excepción con arreglo a lo dispuesto por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación. En ambos casos, de acuerdo con la máxima plasmada en las leyes y reconocida por los tribunales, es irrelevante la denominación que empleen las partes para calificarlas, pues tanto la acción como la excepción proceden en juicio aun cuando no se les designe de la manera en que lo hizo el legislador, siempre y cuando al intentarse se expresen los hechos en que se apoyan, la pretensión que se reclama y la causa de pedir o título en que se funda.

"Resulta aplicable en el presente caso, la tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que es compartida por este órgano colegiado, publicada en la página trescientos sesenta y ocho, Volúmenes 205-216, Sexta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"‘PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD. ES IRRELEVANTE LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA EN QUE SE INCURRA AL PROPONERLAS. CORRESPONDE A LA SALA FISCAL DECIDIR DE CUAL DE ELLAS SE TRATA.’

"Por tanto, la Sala Fiscal al ocuparse del estudio de la caducidad deberá determinar la fecha en que se inició el incumplimiento por parte del demandante y si en algún momento se vio suspendida esa institución jurídica, con fundamento en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, lo cual deberá hacer atendiendo a la demanda de nulidad, a su contestación por parte de las autoridades fiscales, los alegatos planteados y a la interpretación y valoración de las pruebas rendidas por las partes.

"En consecuencia, al resultar fundado el segundo de los agravios que se hicieron valer debe revocarse la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala a quo deje insubsistente dicha sentencia, en su lugar dicte otra, en la que siga los lineamientos de esta ejecutoria, analice la procedencia de la figura jurídica de la caducidad y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, procediendo, en su caso, al estudio de los demás conceptos de impugnación que se expresaron en la demanda de nulidad." (reverso de la foja ciento veintitrés a ciento veintiocho del expediente relativo al juicio de nulidad).

Como se advierte de la anterior transcripción, los efectos de la ejecutoria de mérito fueron que la Sala dejara insubsistente la sentencia entonces recurrida y siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo, analizara la procedencia de la figura jurídica de la caducidad y con plenitud de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediere.

Esto es, el pronunciamiento de este tribunal establece que en el caso en estudio se excluye la posibilidad de que opere la figura jurídica de la prescripción, señalando que en tal supuesto operaría la caducidad, sin que en momento alguno este órgano colegiado haya afirmado que se actualizó dicha caducidad, pues ello sería precisamente analizado por la Sala Fiscal con plenitud de jurisdicción.

En la sentencia recurrida, la Sala Fiscal previamente a su dictado dejó insubsistente la de fecha treinta y uno de marzo de dos mil tres y posteriormente, siguiendo los lineamientos fijados en la ejecutoria de la revisión fiscal 141/2003, con plenitud de jurisdicción analizó lo relativo a la caducidad.

En consecuencia, no existe exceso en el cumplimiento a la ejecutoria relativa a la revisión fiscal 141/2003.

Ahora bien, es fundado el razonamiento esgrimido por la recurrente, en lo relativo a que la Sala determinó que se actualiza la caducidad de las facultades de la autoridad fiscal iniciando el cómputo desde el primero de marzo de dos mil cinco; sin embargo, dicho agravio es insuficiente para revocar la sentencia recurrida.

Al efecto, debe precisarse que la caducidad se entiende como una sanción por falta de ejercicio oportuno de un derecho. Es pues, un medio de extinción de derechos por efectos de su no ejercicio, durante el tiempo que para hacerlo concede la ley.

Esta figura jurídica pertenece al derecho procesal o adjetivo, a diferencia de la prescripción que pertenece al derecho sustantivo.

En materia fiscal, la caducidad, siguiendo lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, puede definirse como la sanción que se impone al fisco por su inactividad y que implica la extinción de las facultades para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones.

Ahora bien, es necesario recordar que en la ejecutoria de la revisión fiscal 141/2003 se estableció que los créditos fiscales C-519990, C-519991 y C-519992 fueron autodeterminados por el contribuyente y autorizados sus pagos en parcialidades, siendo oportuno establecer las diferencias de la caducidad relativa al presente caso y aquellos en los cuales no existió esa autodeterminación, para con ello comprender en sus precisos términos, lo previsto en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.

Debe señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.

En forma paralela a la audeterminación del crédito fiscal por parte del contribuyente, se encuentra la facultad que se reserva la autoridad fiscal para revisar la declaración de aquél, así como la de comprobar que el pago del tributo se haya efectuado conforme a derecho y, en su caso, cuantificar el monto de las diferencias resultantes a cargo del sujeto pasivo de la contribución, como se advierte del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

En caso de que la declaración presentada por el contribuyente sea objeto de revisión por parte de la autoridad hacendaria y ésta emita una resolución rectificando la autodeterminación, dicha circunstancia trae como consecuencia que se configure la presunción de validez del acto de autoridad en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación correspondiendo por tanto al contribuyente, el demostrar que la resolución administrativa no es legal.

Al mismo tiempo, debe advertirse que reconociendo el legislador los eventuales problemas financieros en que pueden incurrir los contribuyentes, previó en el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación la posibilidad de que la deuda tributaria se pague en parcialidades.

En efecto, los principios de identidad, integridad e indivisibilidad del pago a que tiene derecho el fisco en su carácter de acreedor, en atención a los cuales el contribuyente debe llevar a cabo la exacta realización de la prestación debida y efectuar el pago de manera íntegra y de una sola vez, admiten la excepción de que el particular pueda realizar el pago en parcialidades, de conformidad con el artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, si las autoridades fiscales lo autorizan expresamente, previa solicitud del contribuyente.

Sentado lo anterior, procede determinar el alcance del incumplimiento en el pago de parcialidades, previsto en el citado artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, mismo que dispone:

"Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de cuarenta y ocho meses, de conformidad con lo siguiente:

"I. La primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, entre el número de parcialidades solicitadas.

"Para efectos de esta fracción, el saldo del adeudo inicial a la fecha de autorización, se integrará por la suma de los siguientes conceptos:

"a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se conceda la autorización.

"b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se conceda la autorización.

"c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente.

"La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo previsto por el artículo 17-A de este código.

"El saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades restantes, será el resultado de restar la primera parcialidad al saldo del adeudo inicial a que se refiere el primer párrafo de esta fracción. El saldo que resulte conforme a este párrafo se expresará en unidades de inversión vigentes al momento de la autorización de pago en parcialidades, de conformidad con las disposiciones expedidas por el Banco de México.

"La segunda y siguientes parcialidades se calcularán tomando en consideración el saldo expresado en unidades de inversión a que se refiere el párrafo anterior y el promedio de las tasas de recargos por prórroga determinadas conforme a la Ley de Ingresos de la Federación correspondientes al mes en que se solicite la autorización y a los dos meses anteriores, debiendo calcularse para el número de parcialidades restantes, montos idénticos denominados en unidades de inversión, que a valor presente, descontados al promedio de las tasas de recargos antes mencionado, sumen el saldo del adeudo inicial menos la primera parcialidad.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá en los formatos de pago que entregará al contribuyente en forma semestral, los montos a pagar mensualmente en unidades de inversión. Al momento del pago, los montos en unidades de inversión se reexpresarán en pesos conforme al índice que para estos efectos reporte el Banco de México a la fecha en que se efectúe el pago.

"Cuando no se paguen oportunamente los montos de las parcialidades autorizadas, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por prórroga sobre la totalidad de la parcialidad no cubierta oportunamente. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificará al término del semestre correspondiente el monto a pagar en unidades de inversión de las parcialidades restantes.

"En caso de que el contribuyente cubra, en tiempo y monto, las primeras doce parcialidades, la tasa de recargos que se hubiera establecido para el crédito, se reducirá en un 10% para efectos de calcular las parcialidades restantes. El contribuyente perderá este beneficio si posteriormente incumple, en tiempo o en monto, el pago de alguna de las parcialidades restantes. En este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificará al término del semestre correspondiente el monto a pagar en unidades de inversión de las parcialidades restantes.

"Los contribuyentes que cubran, en tiempo y monto la totalidad de las parcialidades convenidas, recibirán una bonificación del 5% calculada sobre el saldo del adeudo inicial actualizado desde el mes correspondiente a la autorización del pago en parcialidades y hasta el mes en que se liquide la última de ellas, siempre que el número de parcialidades autorizadas y pagadas sea igual o superior a veinticuatro.

"Cuando el número de parcialidades autorizadas sea superior a veinticuatro, los contribuyentes recibirán una bonificación equivalente a la diferencia entre el monto de los recargos pagados efectivamente en las primeras veinticuatro parcialidades más los pendientes de pago por el plazo autorizado y el monto de los recargos que se hubieren determinado y pagado en el mismo periodo, tomando en consideración una reducción del 25% de la tasa establecida para tales efectos, sin considerar la reducción de la tasa a que se refiere el octavo párrafo de esta fracción ni la bonificación establecida en el párrafo anterior. La diferencia de los montos señalados se expresará en unidades de inversión vigentes al momento del pago. Esta bonificación en ningún caso dará derecho a devolución, compensación o acreditamiento alguno.

"La bonificación a que se refiere el párrafo anterior procederá cuando los contribuyentes hubieran cubierto en tiempo y en monto las primeras veinticuatro parcialidades. Para estos efectos, se podrán reducir las parcialidades subsecuentes en la proporción que representen, dentro del total de las que faltan por liquidar, el monto total de la bonificación correspondiente a las primeras veinticuatro parcialidades. La bonificación que se derive del descuento de los recargos por las parcialidades restantes se hará mediante la reducción del número de parcialidades hasta el momento en que esta última bonificación sea igual al monto del saldo del adeudo denominado en unidades de inversión. Este beneficio se perderá si posteriormente se incumple por más de dos meses, el pago de alguna de las parcialidades restantes. También procederá la citada bonificación cuando se opte por pagar la totalidad del saldo del adeudo después de haber pagado las primeras veinticuatro parcialidades, en cuyo caso se disminuirá la primera bonificación del mencionado saldo.

"Lo dispuesto en los párrafos octavo, noveno y décimo de esta fracción no será aplicable a los adeudos fiscales que las autoridades fiscales hayan determinado o determinen mediante resolución que hubiera sido notificada al contribuyente.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante reglas de carácter general los mecanismos y requisitos necesarios para la aplicación de lo dispuesto en esta fracción."

Del contenido de la fracción supracitada se advierte que la opción de pago en parcialidades puede ser autorizada tanto en el caso en que el contribuyente se haya autodeterminado el crédito fiscal como en el supuesto de que sea el resultado del ejercicio de facultades de comprobación, lo cual se concluye de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la fracción I, previamente transcrita que establece que cuando la autorización para efectuar el pago en parcialidades sea resultado del ejercicio de facultades de comprobación cuyo monto se haya determinado mediante resolución administrativa, no se concederá al contribuyente el beneficio de la bonificación a que aluden los párrafos octavo, noveno y décimo de la propia fracción.

Sin embargo, es importante distinguir las consecuencias de la autorización de un pago en parcialidades relativo a un crédito fiscal autodeterminado, en contraposición de aquel que emana del ejercicio de las facultades de comprobación reservadas a las autoridades hacendarias.

En el primer caso, la determinación del crédito fiscal es el resultado del mandamiento legal previsto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, relativo a que corresponde en principio a los sujetos pasivos de la relación tributaria la determinación de las contribuciones a su cargo.

En este supuesto, la autodeterminación del tributo podrá ser verificada con fundamento en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, siendo que ante la inactividad de la autoridad hacendaria, se actualiza la sanción que se impone al fisco consistente en la extinción de las facultades para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación; término de caducidad que no se suspende con la autorización de la solicitud del pago en parcialidades, pues ésta no implica el ejercicio de las facultades de comprobación.

No sucede lo mismo, en el diverso supuesto de que el crédito fiscal, en relación con el cual se autorizó su pago en parcialidades, sea el resultado del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Ello es así, toda vez que precisamente el ejercicio de esas facultades constituyen la génesis del crédito fiscal; lo que excluye la posibilidad de que se consume la caducidad de las mismas, por haber ejercido la autoridad en tiempo, el derecho a la verificación de la determinación del tributo.

Por otra parte, la fracción III del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, dispone que la autorización para efectuar el pago del tributo en parcialidades quedará revocada, entre otros casos, cuando el contribuyente deje de pagar tres parcialidades.

El tenor de la fracción mencionada, es el siguiente:

"Artículo 66.

"...

"III. Quedará revocada la autorización para pagar a plazo en forma diferida o en parcialidades, cuando:

"a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.

"b) El contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación judicial.

"c) El contribuyente deje de pagar tres parcialidades.

"En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán exigible el saldo insoluto mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

"No procederá la autorización a que se refiere este artículo, tratándose de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, así como de aquellas que debieron pagarse en el año de calendario en curso, o de las que debieron pagarse en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de aportaciones de seguridad social.

"No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la autorización a que se refiere este artículo no procederá tratándose de contribuciones pagaderas en los plazos a que se refiere dicho párrafo, cuando las mismas se adeuden con motivo de importación o exportación.

"La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo insoluto de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago en parcialidades, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago en parcialidades."

Del contenido del numeral en cita se advierte que en su fracción III se establece, entre otros supuestos, que la falta de pago de tres parcialidades trae consigo la revocación de la autorización respectiva, lo que implica que el contribuyente queda obligado al pago inmediato del saldo insoluto, en relación con el cual la autoridad podrá iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, previa notificación de la resolución ejecutiva que haya quedado firme, lo que daría in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19232-b5f69df3/caducidad-en-materia-fiscal-se-actualiza-tratandose-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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