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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL JUICIO DE NULIDAD FISCAL CONTRA SUS ACTOS RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE ENDEREZA CONTRA LA RESOLUCIÓN CON QUE CULMINA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 111/2004. · Registro digital (IUS): 18788
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 1277.

REVISIÓN FISCAL 111/2004. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Por cuestión de método se procede al análisis del primer agravio expresado por la recurrente.

En él, aduce que se viola lo previsto en el artículo 202, fracción XIV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Sala Fiscal, desestimó la segunda causal de improcedencia que hizo valer, consistente en que los actos impugnados consistentes en las diligencias de requerimiento de pago y embargo de fechas veintiocho de marzo de dos mil tres, fueron emitidos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el cual se va emitiendo por etapas hasta su culminación, de ahí que el particular debe esperar hasta que culmine el mismo, y contra el último acto podrá hacer lo que a su derecho convenga en contra de todo el procedimiento.

Si bien es cierto que los actos impugnados en el presente juicio de nulidad pudieran ocasionar algún perjuicio al particular, lo cierto es que para que proceda éste, es necesario que se trate de resoluciones definitivas.

Además aduce que la Sala omitió hacer pronunciamiento alguno respecto de lo señalado en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual se señala que el Tribunal Fiscal sólo conocerá de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas, que se indican en las diferentes fracciones, del artículo en cita.

Que la sentencia recurrida es contraria a derecho pues se limita a manifestar que las resoluciones impugnadas en el presente juicio encuadran en la fracción II del artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, y que por tanto, la demandante se encontraba en condiciones de impugnar dicho acto en el recurso de revocación, como en el juicio de nulidad, sin embargo, en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se establece como condicionante que las resoluciones que se pretendan impugnar deben ser definitivas, lo cual no acontece, pues los actos impugnados en el juicio de nulidad son relativos al procedimiento administrativo de ejecución y no es la resolución que pone fin a dicho procedimiento.

También esgrime el hecho de que la emisión de los actos que se pretenden nulificar pudieran o no causar algún perjuicio a la parte actora no es razón suficiente para considerar procedente el juicio de nulidad.

En síntesis, los anteriores razonamientos tienden a justificar que el acto impugnado ante la Sala no puede ser materia de análisis en el juicio de nulidad, por no constituir una resolución definitiva que afecte la esfera jurídica del contribuyente.

Ahora bien, por ser ilustrativa al presente caso, al tratar lo referente a lo que se debe entender por una "resolución definitiva" impugnable en el juicio de nulidad, se procede a transcribir parte de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 79/2002-SS resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diecisiete de enero de dos mil tres, en la cual se señaló en lo conducente, lo siguiente:

"Es decir, la materia de estudio en esta clase de juicios no está abierta en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa. Para ello, se debe atender al texto del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que en esencia reproduce al anterior numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación (norma vigente en su momento en ambos asuntos que aquí son materia de análisis y que fueron ponderados al momento de la presentación de la demanda de nulidad). El texto del precepto referido, en la parte que para este asunto interesa, es el siguiente: (Reformado primer párrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000) ‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. II. Las que nieguen la devolución de un ingreso ... III. Las que impongan multas ... IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores. ... Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.’ ... Ahora bien, de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio contencioso administrativo ante el otrora Tribunal Fiscal de la Federación, hoy y en lo subsecuente en esta sentencia, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sólo resulta procedente contra actos de la Administración Pública Federal que posean la característica de ser ‘resoluciones administrativas definitivas’ y además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la competencia del referido tribunal administrativo; en la inteligencia que, por regla general, la demanda correspondiente a través de la cual se impugne el acto relativo deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución administrativa definitiva que se impugna, y a falta de notificación o cuando se alegue que fue indebida o fraudulenta, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a partir de que el afectado tenga conocimiento de la resolución impugnada, en el entendido que en estos casos deberá estarse a lo previsto por el artículo 209, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación que instituye el procedimiento a seguir en los casos que se reclame un acto administrativo no notificado. ... En adición a lo anterior, resulta conveniente precisar también qué se entiende por ‘resolución definitiva’ para efectos del primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A pesar de que el numeral 11 antes mencionado precisa qué se debe entender por resolución definitiva al establecer que tendrán tal carácter las resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo se trate de recursos optativos, esta Segunda Sala considera que es contra derecho determinar el alcance de lo que es una ‘resolución definitiva’ para efectos del juicio contencioso administrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada intelección del concepto se estima necesario tener presente lo que a continuación se detallará. La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza iter procedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’ en obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas, que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste a su vez en crear efectos jurídicos. No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que ‘causa estado’. La generación de esta situación últimamente mencionada en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo además de lo que prevé el artículo 11 la Ley Orgánica antes mencionada, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía en comentario. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la convicción de que los requerimientos que formula el fisco federal en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, al contador público autorizado para dictaminar estados financieros, constituye, per se, una resolución de carácter definitivo que genera agravios objetivos tanto al contribuyente como al profesional contable y respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso administrativo de manera destacada, es decir, reclamando expresamente y por separado como ‘resolución impugnada’ el aludido requerimiento. Lo anterior es así porque, como a continuación se demostrará, los requerimientos del fisco al contador público autorizado fundados en el numeral 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, no constituyen una formalidad del procedimiento de comprobación fiscal que puede culminar con la determinación de un crédito fiscal, y por lo mismo, no pueden ser analizados en el juicio de nulidad donde exclusivamente se reclama la resolución que contiene un crédito fiscal; el requerimiento más bien representa una resolución definitiva que impone, al contador público dictaminador, una obligación fiscal en términos del artículo 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al momento que se le constriñe a cumplir irrestrictamente el requerimiento de entrega de información y documentación que le fue formulado, poniendo además en tela de duda su labor como profesional autorizado, lo que evidentemente constituye un agravio objetivo al tratarse de un acto de molestia en los papeles y derechos del contador; y para el contribuyente relacionado con el dictamen financiero, constituye también una resolución definitiva que le ocasiona un agravio genérico en materia fiscal identificado con la fracción IV del artículo 11 de la actual Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues toda declaración de impuestos que comprende a la rendida bajo el formato de dictamen de estados financieros, importa una manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de que los datos asentados en la declaración son ciertos y los requerimientos de información de esta clase traen a aparejada una presunción de duda en dicha manifestación por parte de la autoridad exactora con respecto a su contenido, tan es así, que se vuelve necesaria su corroboración por parte del fisco y tal situación, evidentemente que importa un agravio objetivo y una molestia a los papeles, así como a la esfera de derechos del contribuyente en nombre de quien se dictaminó; todo lo cual provoca el nacimiento de un interés apto para ocurrir a la instancia contenciosa administrativa. La definitividad del requerimiento en comentario, se acentúa si se tiene presente, además, que esta clase de actos administrativos se caracterizan por ser autónomos de los procedimientos de comprobación, ya que, de ordinario, orbitan fuera de las formalidades integrantes de dicho procedimiento, y tan es así, que un análisis detenido permite ubicarlos procesalmente en un momento anterior y tal vez preparatorio a los ulteriores procedimientos de comprobación fiscal que pudieran seguirle, o no."

De la citada resolución, derivó la tesis 2a. X/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 336, Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece:

"TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de ‘resoluciones definitivas’ las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados."

De la transcripción anterior, se destaca lo siguiente:

a) La definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa a través de recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas:

1. Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o

2. Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.

b) No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente.

Lo anterior es aplicable al caso que nos ocupa y para arribar a la conclusión de que las actas de requerimiento de pago y embargo, así como el acta de descripción de bienes embargados del crédito fiscal, materia del presente estudio, no constituyen una resolución definitiva que pueda reclamarse en el juicio de nulidad, es preciso hacer una relación de algunos hechos que se desprenden en el expediente fiscal como son:

1. Mediante oficio número 324-SAT-21-I-2034, de fecha siete de marzo de dos mil dos, la autoridad demandada, aquí recurrente, solicitó documentación al contribuyente Arm Mex Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, asentando lo siguiente:

"Servicio de Administración Tributaria. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza, en el Estado de Puebla. Núm: 324-SAT-21-I-2034. AMA990924CV0. GIM2100017/02. Asunto: Se solicita la documentación que se indica. Puebla, Pue., a 07 de marzo de 2002. Arm Mex Automotriz, S.A. de C.V. 23 Sur 2710. Colonia Los Ángeles. Puebla, Puebla. ... Esta información y documentación se considera necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, que las disposiciones legales anteriormente invocadas le otorgan a esta autoridad, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo; y como responsable solidario, en materia de las siguientes contribuciones federales: impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Por el ejercicio comprendido del 1o. de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000. La información y documentación que se deberá proporcionar es la siguiente: ... Esta información deberá presentarse en forma completa, correcta y oportuna, mediante escrito original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, haciendo referencia al número de este oficio, en esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur en el Estado de Puebla, con domicilio en calle lateral de la Recta a Cholula No. 103, Exhacienda Zavaleta, Puebla, Pue., dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente a aquél en que se le notifique el presente oficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, inciso c) del mencionado Código Fiscal de la Federación. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. El administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur. C.P. Alfonso Díaz Ruíz." (fojas 124 y 125 del expediente fiscal).

2. Notificación de fecha doce de marzo de dos mil dos, que se practicó a la contribuyente, actora en el juicio fiscal, de la resolución descrita en el punto anterior (foja 126 del expediente de origen).

3. Por oficio número 324-SAT-21-I-4-C-11053, de fecha dos de octubre de dos mil dos, la autoridad recurrente determinó el crédito fiscal a la parte actora, ello en virtud de que la contribuyente no presentó la documentación, libros o registros que le fueron requeridos mediante oficio 324-SAT-21-I-2034, relacionado en el punto uno que antecede el cual en lo que interesa menciona:

"Dependencia: Servicio de Administración Tributaria. Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur. Con sede en Puebla de Zaragoza, en el Estado de Puebla. Núm: 324-SAT-21-I-4-C-1105. R.F.C. AMA990924CV0. Exp: 390.1/3. Entrega personal GIM2100017/02. Asunto: Se determina el crédito fiscal que se indica. Puebla, Pue., a 02 oct. 2002. Arm Mex Automotriz, S.A. de C.V. 23 Sur 2710. Colonia Los Ángeles. Puebla, Puebla. .... Con oficio Número 324-SAT-21-I-2034 del 07 de marzo de 2002, girado por el suscrito a su nombre, mismo que fue debidamente notificado previo citatorio el 12 de marzo de 2002, a la C. Jaqueline León González en su carácter de tercero y con calidad de secretaria de la contribuyente según consta en el acta de notificación, se le requirió para que dentro del término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, exhibiera la declaración del ejercicio de que se trata, así como diversa documentación relativa a las mismas, para proceder a su revisión, de cuyo estudio se concluye: Considerando único: En virtud de que la contribuyente, no presentó documentos, libros o registros que desvirtuaran las irregularidades en el oficio de observaciones número 324-SAT-21-I-4-C-9508 del 05 de julio de 2002, recibido por la C. Jaqueline León González en su carácter de tercero y secretaria de la contribuyente ‘Arm Mex Automotriz, S.A. de C.V.’, previo citatorio, el día 15 de julio de 2002, dentro del plazo previsto en el artículo 48, fracción VI del Código Fiscal de la Federación vigente, no ejerciendo a su favor el derecho concedido en dicho precepto, se le tienen por no desvirtuados los hechos consignados en el mencionado oficio de observaciones; que se reseñan a continuación ..." (fojas 65 y 66 expediente fiscal).

Resolución respecto de la cual en la sentencia reclamada se decretó el sobreseimiento (lo cual no es materia de estudio en la presente ejecutoria).

4. Diligencia de notificación de fecha dieciocho de octubre de dos mil dos, respecto del oficio transcrito en el punto inmediato anterior (fojas 83 y 84 del expediente fiscal).

5. A su vez mediante oficio número 325-SAT-21-I-II-1417, de fecha veinte de febrero de dos mil tres, la autoridad hacendaria designó notificadores ejecutores, para la práctica de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como cualquier otra diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el cual dice lo siguiente:

"Servicio de Administración Tributaria. Administración General Jurídica. Administración Local Jurídica de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. Subadministración de Notificación y Cobranza. 325-SAT-21-I-II-1417. 390.1/8. Puebla, Puebla, veinte de febrero de 2003. Oficio de designación de los ejecutores e instrucción a los mismos. Contribuyente C. Representante legal de Arm Mex Automotriz, S.A. de C.V. R.F.C. AMA 990924 CV0. Domicilio: 23 Sur 2710, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla. Datos de la resolución a ejecutar: Resolución: 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisión: dos de octubre de 2002. Autoridad emisora: Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. C. Lics. Leonardo Corzo Sánchez, Jesús Pacheco Robles, Apolinar Jacinto Pérez Cortés, Daniel López Díaz, José Luis Ortiz Silva, María del Socorro Cordero Solares y/o Elvia Rosalba Aguilar Hernández. Con fundamento en los artículos 17-A, 21, 65, 145, 151 y 153 del Código Fiscal de la Federación, 8o. de su reglamento y 1, 2, 3, y 7, fracción XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, vigente a partir del 1o. de julio de 1997; 28, fracción II, último párrafo en relación con el artículo 26, fracción XII y 39, apartado A, tercero y octavo transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001; en vigor a partir del día siguiente al de su publicación; así como en los artículos segundo; primero y tercero transitorios del acuerdo de inicio de actividades publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2000, en vigor a partir del día siguiente al de su publicación; y artículo segundo y primero transitorio del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002, con vigencia al día siguiente, modificado mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 2002, vigente al día siguiente de su publicación, se les designa como notificadores ejecutores para que practiquen de manera individual o conjunta la diligencia de requerimiento de pago y embargo, así como cualquier otra diligencia dentro del procedimiento administrativo de ejecución, respecto del crédito fiscal exigible derivado de la resolución señalada al rubro de este oficio y que le fue notificado al contribuyente el día dieciocho de octubre de 2002, para que se constituyan en forma individual o conjunta en el domicilio del deudor a requerirlo de pago del importe total del crédito actualizado, con sus accesorios legales, así como para recibir el pago y en el caso de que el deudor no acredite haber realizado el pago, interpuesto medio de defensa o en su caso, haber garantizado el crédito fiscal, procedan al embargo de bienes suficientes propiedad del contribuyente, o en su caso, de la negociación y de ser necesario la ampliación del embargo, para hacer efectivo el crédito a su cargo, con sus accesorios legales, levantando el acta correspondiente. Se le hace saber que en el supuesto de que el deudor o cualquier otra persona con quien se entienda la diligencia le impidiere materialmente el acceso al domicilio donde deba practicarse ésta o al lugar donde se encuentren los bienes a embargar, o impida la extracción de los mismos y en general cualquier acto tendiente a obstaculizar el desarrollo de la diligencia, siempre que el caso lo requiera, se le autoriza para solicitar el auxilio de la fuerza pública, para llevar cabo el procedimiento administrativo de ejecución con fundamento en el artículo 162 del Código Fiscal de la Federación. En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas del inmueble que se señale para el embargo o en los que se presuma que existen posibles bienes susceptibles de garantizar el crédito, se acuerda con fundamento en el artículo 163 del Código Fiscal de la Federación a autorizarlos para que ante la presencia de dos testigos sean rotas las cerraduras que fueren necesaria (sic), a efecto de que el depositario que se designe tome posesión del inmueble o en su caso, para que siga adelante la práctica de la diligencia que se les encomienda. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. La administradora Local Jurídica de Puebla Sur con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. Lic. Mónica Ramírez Rosas." (Fojas 85 y 86 del expediente en cita)

6. Acta de requerimiento de pago y embargo, de fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, misma que señala entre otras cosas lo siguiente:

"Servicio de Administración Tributaria. Administración General Jurídica. Administración Local Jurídica de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. Subadministración de Notificación y Cobranza. Calle 13 Sur 505 Planta Baja, Edificio Borbolleta, colonia Centro, C.P. 72000 Puebla, Puebla. Puebla, Puebla a veintiocho de marzo de 2003. Requerimiento de pago. Representante legal de Arm Mex, Automotriz, S.A de C.V. R.F.C. AMA-990924-CV0. 23 Sur Número 2710, colonia Los Angeles, Puebla, Puebla. C.P. 72440. Datos de la resolución a ejecutar: Resolución: 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisión: dos de octubre de dos mil dos. Autoridad emisora: Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. Fecha de notificación: dieciocho de octubre de dos mil dos ... En la ciudad de Puebla, Puebla, a los veintiocho días del mes de marzo de 2003, siendo las dieciséis horas, me constituí en el domicilio ubicado en la calle veintitrés sur, número exterior dos mil setecientos diez, número interior y/o letra, colonia Los Ángeles, código postal 72440 de esta ciudad ... También se hace del conocimiento de la persona con quien se entiende esta diligencia, que tiene derecho a señalar bienes sobre los que se trabará el embargo que garanticen el crédito fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Fiscal de la Federación. Apercibiéndolo que de no señalarlos o no respetar el orden establecido en el citado artículo el suscrito ejecutor procederá a señalarlos en términos del primer párrafo del artículo 156 del mismo ordenamiento. (1) En este acto la persona con quien se entiende la diligencia de nombre Luis Meza Cejudo manifiesta que sí señala bienes para el embargo, que garanticen el crédito fiscal, por lo que procede a señalar como bienes materia del embargo, los siguientes: La negociación en su conjunto denominada Arm Mex, Automotriz, S.A. de C.V., con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. (2) En este acto la persona con quien se entiende la diligencia de nombre ... manifiesta que no señala bienes para el embargo, que garanticen el crédito fiscal, por lo que el suscrito abogado notificador ejecutor actuante, con fundamento en el artículo 156 del Código Fiscal de la Federación procede a señalar como bienes materia del embargo, los siguientes: ... El notificador ejecutor actuante, en cumplimiento al oficio de designación de ejecutores e instructivo a los mismos declara embargados los bienes antes precisados ..." (foja 17 a 21 del expediente relativo al juicio de nulidad).

7. Acta de descripción de bienes embargados, de fecha veintiocho de marzo de dos mil tres, (foja 22 del expediente de nulidad) de la cual se desprende lo siguiente:

"Servicio de Administración Tributaria. Administración General Jurídica. Administración Local Jurídica de Puebla Sur, con sede en Puebla de Zaragoza en el Estado de Puebla. Subadministración de Notificación y Cobranza. Calle 13 Sur 505 planta baja, edificio Borbolleta, colonia Centro, C.P. 72000 Puebla, Puebla. Nombre del contribuyente Arm Mex, Automotriz, S.A. de C.V. Documento determinante del crédito 324-SAT-21-I-4-C-11053. Fecha de emisión: 2 de octubre de 2002. Fecha de notificación 18 de octubre de 2002. Autoridad emisora: Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur. Tipo de bienes embargados. Dinero, metales preciosos, bienes inmuebles. X. Negociación. Acciones, bonos, valores, etc. Bienes inmuebles.

No. Descripción de bi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18788-8171b93b/procedimiento-administrativo-de-ejecucion-el-juicio-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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