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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 16 DEL ABROGADO REGLAMENTO INTERIOR DE DICHO ORGANISMO NO CONSTITUYE UNA NORMA COMPLEJA. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 16 DEL ABROGADO REGLAMENTO INTERIOR DEL MENCIONADO ORGANISMO NO FIJA, POR SÍ SOLO, LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE GRADO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE ENLISTA. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA CONSIDERAR DEBIDAMENTE FUNDADA LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, BASTA LA CITA DEL ARTÍCULO 16 DEL ABROGADO REGLAMENTO INTERIOR DE DICHO ORGANISMO Y DE LA FRACCIÓN CORRESPONDIENTE, SIN EXIGIR LA DE SU PRIMER PÁRRAFO. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. POR EL ORDEN EN QUE SE ENCUENTRA REDACTADO EL ARTÍCULO 16 DEL ABROGADO REGLAMENTO INTERIOR DE DICHO ORGANISMO, SU PÁRRAFO QUINTO CORRESPONDE AL PENÚLTIMO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 77/2009. · Registro digital (IUS): 22113
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 2565.

REVISIÓN FISCAL 77/2009. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE OTROS.

CONSIDERANDO:

SEXTO. En una parte del agravio único que se expresa aduce la autoridad recurrente que la sentencia recurrida viola en su perjuicio el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, argumentando en síntesis:

Que la Sala del conocimiento al cumplimentar la ejecutoria pronunciada el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, emitida por este Tribunal Colegiado al resolver la revisión fiscal **********, omite tener en cuenta que el análisis de la debida fundamentación de la competencia contenida en los artículos 16 y 18 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, ya fue materia de estudio y pronunciamiento en dicha ejecutoria, cuyo pretendido cumplimiento intentó realizar la Sala juzgadora en la sentencia de veintidós de enero de dos mil nueve, recurrida mediante la presente revisión, pues inadvierte los lineamientos precisados en aquel fallo.

Que se aplica ilegalmente el señalamiento de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de quince de octubre de dos mil ocho, por la que resolvió la contradicción de tesis 130/2008-SS, origen de la jurisprudencia de rubro: "SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EL ARTÍCULO 2o. DE SU REGLAMENTO INTERIOR PREVÉ EL NOMBRE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESE ÓRGANO, PERO NO FIJA LA COMPETENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL."

Que las consideraciones de la Sala del conocimiento resultan equivocadas, porque la ejecutoria del Más Alto Tribunal de quince de octubre de dos mil ocho, tuvo como único fin dilucidar si el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria fijaba o no la competencia por grado de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, así como si se debía aplicar o no la jurisprudencia 2a./J. 115/2005, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", cuando en los actos de autoridad se citara esa disposición.

Que el aludido criterio jurisprudencial de ninguna manera tuvo por objeto determinar que para que se estimara debidamente fundada la competencia por grado resultaba necesaria la cita de los párrafos primero y quinto del artículo 16 y 18 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, como falsamente se sostuvo en el fallo recurrido, además de que en dichos preceptos legales sí se sustentó la autoridad demandada en el oficio **********, de **********, antecedente de la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados en el juicio natural.

Son parcialmente fundados los anteriores motivos de agravio, pero suficientes para revocar el sentido de la sentencia sujeta a revisión.

En forma previa es conveniente destacar que en lo relativo al tema del estudio de la competencia de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria dictada el diez de octubre de dos mil siete, al resolver la contradicción de tesis número 4/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Administrativa, del Segundo Circuito, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 219/2007 de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", estableció el criterio consistente en que, de conformidad con los citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo se podrá analizar la competencia de la autoridad en los casos siguientes:

1) Cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; en este supuesto, se analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado.

2) Cuando se advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente, en este supuesto se realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello obligan los artículos citados, en cuyo caso, si se estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, el pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; por el contrario, si se considera que la autoridad es competente no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que se estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad.

Criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 151 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Conforme a los citados preceptos, en el juicio contencioso administrativo las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa podrán analizar la competencia de la autoridad en los siguientes casos: 1) cuando el actor plantee en los conceptos de anulación de su demanda argumentos por los que considere que la autoridad carece de competencia para emitir el acto impugnado; y, 2) cuando la Sala advierta oficiosamente de las constancias de autos que la autoridad emisora del acto impugnado es incompetente. En el primer supuesto, la Sala analizará el problema planteado y si estima fundado el concepto de anulación procederá a declarar la nulidad del acto impugnado. Respecto del segundo punto, la Sala realizará el estudio oficioso de la competencia de la autoridad, porque a ello la obligan los artículos citados en el rubro. Si la Sala estima oficiosamente que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada. Si considera que la autoridad es competente, no existe obligación de pronunciamiento expreso, pues la falta de éste indica que la Sala estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad; tan es así, que continuó con el análisis de procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la cuestión planteada. La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que establezca la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad será lisa y llana. En el juicio de amparo directo el Tribunal Colegiado de Circuito sólo estará obligado al análisis del concepto de violación aducido respecto de la incompetencia de la autoridad demandada en el juicio de nulidad o de la omisión de su estudio, cuando este argumento haya sido aducido como concepto de nulidad en el juicio contencioso administrativo; o bien, haya sido motivo de pronunciamiento oficioso por parte de la Sala correspondiente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues de lo contrario el estudio del concepto de violación será inoperante, toda vez que el quejoso no puede obtener en el juicio de amparo un pronunciamiento respecto de un argumento que no formó parte de la litis en el juicio de nulidad, bien porque no lo hizo valer o porque la autoridad responsable al estimar que la demandada es competente, no formuló pronunciamiento al respecto."

En el caso a estudio, en autos del juicio administrativo de origen, expediente número *********, promovido **********, obran las constancias que, en lo que interesa a este estudio, a continuación se detallan:

I. El ocho de agosto de dos mil ocho la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia en el juicio administrativo expediente número **********, en el sentido de declarar la nulidad del requerimiento de información y documentación antecedente directo de la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados por considerar que se actualiza la causal de ilegalidad consistente en que el oficio de información y documentación de mérito no satisfizo el requisito de fundamentación previsto por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que obligan a la autoridad a precisar exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado y territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la facultad ejercida porque dijo debió citar, en su caso, el apartado correspondiente del artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, que justificara su competencia por grado, pues consideró que dicho numeral prevé la competencia por grado de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria (folios 503 a 518).

II. Inconforme con la sentencia anterior, el administrador local jurídico de Acapulco, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, interpuso en su contra el recurso de revisión fiscal que fue registrado con el número *********, del que correspondió conocer a este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil ocho determinó revocar la sentencia recurrida, sustentándose para ello en las consideraciones siguientes:

"SEXTO ... Hechas las anteriores precisiones, se tiene que, en el caso a estudio, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, esto es, en vigor el dieciocho de abril de dos mil seis (fecha de emisión del oficio de solicitud de información y documentación analizado en la sentencia sujeta a revisión), establece lo siguiente: (transcribe). Como puede advertirse de la lectura a la transcripción que antecede, es cierto que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria se trata de una norma compleja, porque no contiene apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, sino un listado con diversos párrafos sin ordenar numéricamente, por lo que, se insiste, constituye una norma compleja, tal como se determinó en la parte conducente de la sentencia sujeta a revisión; sin embargo, contrario a lo considerado en dicho fallo y como bien lo aduce la autoridad recurrente, aun cuando es una norma compleja, dicha disposición legal no fija la competencia por razón de grado de las unidades administrativas de ese organismo, sino únicamente prevé la existencia en un listado con el nombre o denominación de todas y cada una de las unidades administrativas con las que cuenta el Servicio de Administración Tributaria, para que la auxilien en el despacho de los asuntos de su competencia. Esto es así, porque del referido texto normativo se advierte que únicamente prevé la existencia y denominación de esas unidades administrativas, pero de ningún modo puede derivarse de su contenido una competencia por razón de grado de dichas unidades administrativas, como erróneamente se consideró en la sentencia recurrida, porque la disposición legal en cuestión no prevé una competencia estructurada piramidalmente, derivada de la organización jerárquica del organismo, en que las funciones (facultades o atribuciones) de cada una de las unidades administrativas que enlista se ordenen por grados (escalas), en atención al nivel superior o inferior en que se encuentre cada unidad, es decir, establezca que los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa; como criterio básico que, según se vio en párrafos precedentes, determinan la competencia por razón de grado, también llamada funcional o vertical. Por el contrario, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, simplemente describe un listado del nombre o denominación de todas y cada una de las unidades administrativas con las que el Servicio de Administración Tributaria cuenta para que lo auxilien en el despacho de los asuntos de su competencia, pues se concreta a precisar cuáles son las unidades administrativas que integran a ese organismo, entre las que se encuentran las administraciones generales (que estarán integradas por las dependencias y funcionarios que allí se especifican) y las administraciones locales, así como que el citado organismo contará con un órgano interno de control que se regirá conforme al artículo 40 de dicho reglamento, que la Administración General de Evaluación contará con el personal que ahí se menciona y que en cada circunscripción territorial el administrador general de Comunicaciones y Tecnología de la Información designará un servidor público para coordinar la implementación de métodos, sistemas, proyectos y procedimientos de la competencia de esa administración; sin establecer una competencia estructurada piramidalmente, derivada de la organización jerárquica del organismo, en la que las funciones (facultades o atribuciones), de cada una de las unidades administrativas que se enlistan, se ordenen por grados (escalas), en atención al nivel superior o inferior en que se encuentre cada unidad. La conclusión anterior se corrobora, con el contenido normativo de los artículos 9o., fracciones II, V, VII, VIII, X, XI, XIV, XVI, XVIII y XXV, 16, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII y XXXVII y 18, cuyo texto se contiene en el título II denominado ‘De las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria’, capítulo I ‘De las facultades generales’ y IV ‘De la Administración General de Auditoría Fiscal Federal’, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los cuales prevén, los dos primeros, las facultades que competen a los administradores generales y el titular de la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, así como a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y el último de dichos preceptos señala que compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades que en dicho texto se precisan, al establecer textualmente: (transcribe). La transcripción anterior demuestra que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y los preceptos reglamentarios indicados en último término, únicamente distinguen entre el nombre o denominación de las unidades administrativas con que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para que lo auxilien en el despacho de los asuntos de su competencia y las facultades o atribuciones específicas que corresponden a cada una de ellas; mientras que es en las transcritas fracciones de los artículos 16 y 18 de la señalada legislación reglamentaria, donde se prevén de manera concreta y específica las facultades y atribuciones expresas que corresponden a las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal federal y locales de auditoría fiscal; sin que se derive del texto normativo del primero de dichos preceptos reglamentarios competencia alguna estructurada piramidalmente derivada de la organización jerárquica del organismo, en que las señaladas facultades y atribuciones (funciones) de cada una de las unidades administrativas que enlista se ordene por grados (escalas), en atención al nivel superior o inferior en que se encuentra cada unidad, es decir, establezca que los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa, como criterio básico que determina la competencia por razón de grado, también llamada funcional o vertical de las autoridades administrativas. En consecuencia, asiste razón a la autoridad recurrente cuando argumenta que para estimar satisfecha la garantía de debida fundamentación que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, no era necesario que la autoridad emisora citara el apartado correspondiente que especificara su competencia por grado, es decir, que como el numeral reglamentario citado como fundamento está integrado por diversos apartados o elementos en los que se indican una serie de órganos se requiriera que en el mandamiento respectivo se identifique con toda exactitud la parte específica de la norma que prevé la competencia por grado, como infundadamente se determinó en la sentencia recurrida; toda vez que, en contraposición a esa determinación, de conformidad con las consideraciones expuestas a lo largo de esta ejecutoria, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no fija la competencia por razón de grado de las unidades administrativas que integran ese organismo, sino únicamente precisa la existencia, estructura, nombre o denominación de dichas unidades. Con base en lo expuesto, es de concluirse que, contrariamente a lo considerado por la Sala Fiscal del conocimiento en la sentencia sujeta a revisión, y como bien lo aduce la autoridad recurrente, en el caso concreto no resultan aplicables las tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, de rubros: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO.’ y ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.’, citadas por la Sala del conocimiento en apoyo de su resolución. Ello, porque el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria no prevé cuestión de competencia alguna de las unidades administrativas regionales o locales de ese organismo, sino únicamente precisa su existencia, nombre o denominación, por lo que si la jurisprudencia de mérito hace referencia a cuestiones de competencia por razón de materia, grado y territorio, el principio que en ella se fija, no resulta aplicable a disposiciones de diversa naturaleza, como el indicado precepto reglamentario, ya que no se está ante el supuesto de un ordenamiento que regula la competencia por razón de grado de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, pues esa clase de competencia no está fijada de antemano en el artículo 2o. de que se habla; por tanto, en esas circunstancias, la autoridad administrativa demandada en el juicio de nulidad de origen no estaba obligada a observar, respecto de la pretendida fundamentación de la competencia por razón de grado referida en el fallo recurrido, lo ordenado en esa jurisprudencia. Apoya lo considerado, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 92/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1180 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, de rubro y texto siguientes: (transcribe)."

La transcripción que antecede pone de manifiesto que en una anterior ejecutoria, de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, dictada por este Tribunal Colegiado revisor en el recurso de revisión fiscal número **********, se resolvieron dos aspectos medulares sobre la controversia de debida fundamentación de la competencia por grado, estudiada de manera oficiosa por la Sala del conocimiento en su revocada sentencia de ocho de agosto de dos mil ocho, a saber:

1o. El artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, esto es, en vigor el dieciocho de abril de dos mil seis, fecha de emisión del oficio de solicitud de información y documentación analizado en la sentencia sujeta a revisión, aunque es una norma compleja, no fija la competencia por razón de grado, sino únicamente prevé un listado con el nombre o denominación de todas y cada una de dichas unidades con las que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para el despacho de los asuntos de su competencia; por ello, para estimar satisfecha la garantía de debida fundamentación que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, no era necesario que la autoridad emisora citara el apartado correspondiente que especificara el apartado, fracción, inciso o subinciso de dicha norma o identifique con toda exactitud la parte específica de ésta que prevé la competencia por grado, como infundadamente se había determinado en la sentencia ahí recurrida y que fue revocada.

Por esa razón se determinó que no resultan aplicables las tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, de rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", porque el principio que en éstas se fija no resulta aplicable a disposiciones de diversa naturaleza, como el indicado precepto reglamentario, ya que la competencia por razón de grado no está fijada de antemano en el artículo 2o. de que se habla, por tanto, la autoridad demandada no estaba obligada a observar, respecto de la pretendida fundamentación de la competencia por razón de grado, lo ordenado en esa jurisprudencia.

2o. El contenido normativo de los artículos 9o., último párrafo, 16, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII y XXXVII y 18, párrafo primero, apartado A, fracción II y penúltimo párrafo, cuyo texto se contiene en el título II denominado "De las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria", capítulo I "De las facultades generales" y IV "De la Administración General de Auditoría Fiscal Federal", todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, permite establecer que éstos prevén las facultades que competen a las Administraciones Generales de Auditoría Fiscal Federal y Locales de Auditoría Fiscal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades que en dicho texto se precisan; es decir, en estas normas se establecen las facultades o atribuciones específicas que a cada una de dichas unidades administrativas corresponden en las fracciones, apartado y párrafos (ahí transcritas) de los artículos 16 y 18 de la señalada legislación reglamentaria, donde de manera conjunta y sistemática se prevén de concreta y específicamente las facultades y atribuciones expresas que corresponden a las referidas unidades administrativas.

De ahí que contrario a lo manifestado por la autoridad recurrente en los agravios que aquí se analizan, en la mencionada ejecutoria de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, dictada por este Tribunal Colegiado revisor al resolver el anterior recurso de revisión fiscal número **********, no se realizó pronunciamiento alguno por el que se resolviera en definitiva, la debida fundamentación en el oficio de requerimiento de información y documentación antecedente directo de la resolución determinante de los créditos fiscales impugnados, ni la competencia por grado de la autoridad administrativa demandada en el juicio administrativo de origen para emitir tales actos porque, se reitera, en dicha ejecutoria únicamente se resolvió lo relativo a que el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en vigor el dieciocho de abril de dos mil seis, fecha de emisión del oficio cuestionado, aunque es una norma compleja, no fija la competencia por razón de grado, porque es en los artículos 16, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII y XXXVII y 18, párrafo primero, apartado A, fracción II y penúltimo párrafo, del indicado reglamento interior, donde en forma conjunta y sistemática se establecen expresamente las facultades o atribuciones específicas que corresponden a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal.

Por tanto, se concluyó que el principio que se fija en las jurisprudencias 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, de rubros: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.", no resultaba aplicable a disposiciones de diversa naturaleza, como el indicado precepto (artículo 2o.) reglamentario.

Lo anterior significa que en la ejecutoria de mérito se determinó que la autoridad administrativa no estaba obligada a observar, respecto de la pretendida fundamentación de la competencia por grado referida en el fallo ahí recurrido, es decir, en aplicación del artículo 2o. del indicado reglamento interior, lo ordenado en la jurisprudencia en cuestión; sin embargo, no se realizó pronunciamiento expreso o tácito en el sentido de considerar que la autoridad demandada es competente para emitir el oficio cuestionado, o bien, respecto a que tal acto se encontrara debida y suficientemente fundado respecto de la competencia por razón de grado de la autoridad para emitirlo, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; razón por la cual, la Sala del conocimiento reasumió su jurisdicción para resolver la controversia como estimara procedente en derecho, lo que desde luego, no la limita para realizar el estudio oficioso de la competencia de la autoridad demandada para emitir las resoluciones o actos impugnados, conforme a lo dispuesto en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por no tratarse de un acto vinculatorio, sino de jurisdicción libre, entendido como el realizado por la Sala Fiscal en uso de su arbitrio jurisdiccional, consecuencia de que en aquella anterior ejecutoria el órgano revisor le dejó plenitud de jurisdicción para resolver respecto de esa cuestión.

En esas condiciones, no resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, de rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA YA HIZO EL ESTUDIO OFICIOSO, EXPRESA O TÁCITAMENTE, EN RESOLUCIÓN ANTERIOR, NO PUEDE VOLVER A REALIZARLO.", cuenta habida que, como ya se evidenció, no habiendo pronunciamiento en la anterior ejecutoria dictada en la revisión fiscal número **********, que en definitiva resolviera sobre la debida fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa, bien sea de forma expresa o tácita, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sí estaba en posibilidad de volver a estudiar lo relativo a la debida fundamentación de la competencia de la autoridad administrativa, al no existir un pronunciamiento previo donde se declarara esa cuestión.

Apoya lo considerado, la tesis de jurisprudencia P./J. 86/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, que dice:

"COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. La figura procesal de la cosa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22113-991cf0a3/servicio-de-administracion-tributaria-el-articulo-16-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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