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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 9/2009. · Registro digital (IUS): 21731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 2798.

REVISIÓN FISCAL 9/2009. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104, fracción I-B, constitucional y párrafo segundo del artículo cuarto transitorio del Código Fiscal de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, lo harán con sujeción a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales fije para la revisión en amparo indirecto, este tribunal de amparo conviene en precisar que, en el presente asunto, se omite la transcripción de los agravios que expresa la autoridad recurrente, al no exigirlo así el artículo 77 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias, precepto que, como ya se dijo, resulta aplicable en el presente caso, al determinarlo así la fracción I-B del artículo 104 constitucional, en cuanto refiere que las revisiones interpuestas contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, como es el de la especie, se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución fije para la revisión en amparo indirecto.

Ciertamente, el hecho de que este Tribunal Colegiado de Circuito se abstenga de transcribir los motivos de agravio que se hacen valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a las cuales está sujeto su actuar al conocer del presente recurso, porque como ya se vio, el artículo 77 del citado ordenamiento no lo dispone así ni existe precepto legal alguno del que se derive esa obligación; aunado a lo anterior, la falta de transcripción de los agravios no deja en estado de indefensión a las partes, en virtud de que respecto a la parte recurrente, es de ésta de quien provienen, por lo que obran en autos, mientras que a las demás partes se les corre traslado con una copia de ellos a través de la autoridad que conoció originalmente del asunto; además, al resolver la controversia planteada, el juzgador debe realizar el examen de los fundamentos y motivos en los que se sustenta la resolución que se recurre, conforme a los preceptos legales aplicables, pero siempre en relación con los conceptos de agravios expresados para combatirlos.

QUINTO. En forma previa al análisis de la procedencia del presente recurso de revisión fiscal, se hace necesario destacar que en términos de lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, mediante el recurso de revisión; circunstancia que en el presente asunto se acredita debido a que quien lo promovió fue el administrador local jurídico de Acapulco, Guerrero; en consecuencia, cuenta con legitimación para ello, ya que es precisamente a ese administrador a quien corresponde la defensa legal del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada en el juicio natural, Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, Guerrero; de donde se afirma que la referida revisión fiscal fue promovida por parte legítima.

Apoya lo expuesto, por igualdad de razón, la tesis de jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/19, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 1162 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, de rubro y texto siguientes:

"ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTÁN LEGITIMADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN REPRESENTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AUDITORÍA FISCAL DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 24, fracción III, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, erige a las Administraciones Locales Jurídicas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, como las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica de sí mismas y de las autoridades que en dicho precepto se mencionan. Por consiguiente, en términos del artículo 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dichas administraciones locales están legitimadas para interponer el recurso de revisión fiscal en representación de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal cuando figuren como demandadas en el juicio de nulidad, debido a que se ubican en el supuesto normativo que las autoriza a intervenir en la fase impugnativa de dicha controversia."

Precisado lo anterior, es conveniente señalar que, en el caso, resulta procedente el recurso de revisión fiscal, en virtud de que se configuran los requisitos de procedencia exigidos por el artículo 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cinco, en vigor a partir del uno de enero de dos mil seis, porque la resolución determinante del crédito fiscal que fue materia de examen en la sentencia definitiva recurrida, se emitió por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, Guerrero, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y fue interpuesto en el plazo legal previsto por el citado precepto.

Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia número VIII.1o. J/25 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 976 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, que establece:

"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA ESTABLECIDA EN SU FRACCIÓN III, SÓLO SE REQUIERE ACREDITAR QUE EL ASUNTO SE REFIERE A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIN QUE SEA NECESARIO DETERMINAR SU CUANTÍA NI RAZONAR SOBRE SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA. Del análisis interpretativo del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del primero de enero de dos mil seis, que determina la procedencia del recurso de revisión, se advierte que tratándose de la hipótesis específica de procedencia establecida en la fracción III, no es necesaria la reunión de los requisitos de determinación de su cuantía y razonada importancia y trascendencia que se señalan en las fracciones I y II del propio numeral; prueba de este aserto es que en la parte final de su primer párrafo el precepto legal en comento señala que la impugnación podrá ser ‘siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos’, expresión que en su sentido lingüístico se encuentra determinada por el término ‘cualquiera’ que según la gramática castellana es un pronombre indeterminado que denota una persona indeterminada ‘alguno, sea el que fuere’, lo que otorga individualidad a cada hipótesis que en sus seis fracciones prevé el citado artículo. Por consiguiente, tratándose de la fracción III del referido numeral, la procedencia del recurso de revisión se encuentra determinada por la naturaleza u origen tributario de la resolución que haya sido emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, requisito con el que sólo converge el relativo al plazo legal de interposición del recurso."

SEXTO. Son sustancialmente fundados los motivos de agravio que en su escrito de revisión expresa la autoridad recurrente, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen:

En forma previa, resulta conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria dictada en sesión de dos de septiembre de dos mil cinco, al resolver la contradicción de tesis número 114/2005-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con respecto al tema relativo a los tres criterios básicos que se siguen para fijar la competencia de las autoridades administrativas, a saber, por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio, consideró que para respetar el principio de seguridad jurídica que consagra el artículo 16 constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad (privativo o de molestia), se mencionen con puntualidad las disposiciones legales específicas que incorporen el ámbito competencial del órgano emisor, la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones, para lo cual debe tomarse en cuenta que la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo, básicamente, tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio; los cuales consisten en:

a) Materia: Atiende a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen el objeto de aquél; se ubican dentro del campo de acción de cada órgano que se distingue de los demás (salud, fiscales, administrativas, ecología, comercio, entre otras materias).

b) Grado: También llamada funcional o vertical y se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica de la administración pública, en la que las funciones se ordenan por grados (escalas) y los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa.

c) Territorio: Ésta hace alusión a las circunscripciones administrativas. El Estado por la extensión y complejidad de las funciones que ha de realizar, se encuentra en necesidad de dividir su actividad entre órganos situados en distintas partes del territorio, cada uno de los cuales tiene un campo de acción limitado localmente; por tanto, dos órganos que tengan idéntica competencia en cuanto a la materia, se pueden distinguir, sin embargo, por razón de territorio.

Razones por las cuales en dicha ejecutoria se determinó que la invocación de un ordenamiento, en forma genérica, resulta insuficiente para estimar que el acto de autoridad (de privación o molestia) se encuentra correctamente fundado en cuanto a la competencia de la autoridad emisora, pues al fijarse ese aspecto -competencia-, siguiendo básicamente tres criterios, esa circunstancia implicaría que el particular ignorara o desconociera cuál de todas las disposiciones legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana.

Ante tal situación, consideró que para estimar satisfecha la garantía de debida fundamentación que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, era necesario que en el acto de privación o molestia se señalen con precisión las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorgan facultades o la atribución ejercida a las autoridades administrativas emisoras del mandamiento escrito y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precise, con claridad y detalle el apartado, la respectiva fracción o fracciones, incisos o subincisos en que apoya su actuación.

Asimismo, estableció que en caso de que el ordenamiento legal, acuerdo o decreto que otorgan la atribución ejercida a la autoridad administrativa emisora del acto de privación o molestia, no contenga apartado, fracción o fracciones, incisos o subincisos, es decir, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden; considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

Criterio que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 115/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, septiembre de 2005, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio."

Hechas las anteriores precisiones, en el caso a estudio, el artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, esto es, en vigor el uno de febrero de dos mil seis (fecha de emisión del oficio 324-SAT-12-I-5-335, a través del cual la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, ordenó la práctica de una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales), textualmente establece lo siguiente:

"Artículo 2. Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria contará con las siguientes unidades administrativas: Jefatura. Unidades Administrativas Centrales: Administración General de Aduanas: Administración Central de Operación Aduanera. Administración Central de Investigación Aduanera. Administración Central de Fiscalización Aduanera. Administración Central de Contabilidad y Glosa. Administración Central de Visitaduría. Administración Central de Planeación Aduanera. Administración Central de Seguimiento y Evaluación Aduanera. Administración Central de Destino de Bienes. Administración Central de Laboratorio y Servicios Científicos. Administración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera. Administración General de Asistencia al Contribuyente: Administración Central de Enlace Normativo. Administración Central de Operación, Desarrollo y Servicios. Administración Central de Atención al Contribuyente. Administración Central de Relaciones y Comunicación. Administración Central de Sistemas de Calidad. Coordinación del Programa Nacional de Pago en Especie. Administración General de Auditoría Fiscal Federal: Administración Central de Fiscalización Estratégica. Administración Central de Comercio Exterior. Administración Central de Análisis Técnico Fiscal. Administración Central de Procedimientos Legales de Fiscalización. Administración Central de Normatividad de la Operación Fiscalizadora. Administración Central de Supervisión y Evaluación de la Fiscalización Nacional. Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas. Administración Central de Planeación y Sistemas de la Fiscalización Nacional. Administración Central de Programación de la Fiscalización Nacional. Administración General de Grandes Contribuyentes: Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes. Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes. Administración Central Jurídica Internacional y de Normatividad de Grandes Contribuyentes. Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes. Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero y a Grandes Contribuyentes Diversos. Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente. Administración Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría. Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional. Administración Central de Auditoría de Precios de Transferencia. Administración Central de Planeación, Evaluación y Supervisión de Grandes Contribuyentes. Administración Central de Programación de Grandes Contribuyentes. Administración General Jurídica: Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales. Administración Central de lo Contencioso. Administración Central de Operación. Administración Central de Normatividad de Impuestos Internos. Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal. Administración Central de Asuntos Penales y Especiales. Administración General de Recaudación: Administración Central de Planeación.-Administración Central de Normatividad de Recaudación.-Administración Central de Control de Obligaciones.-Administración Central de Declaraciones y Contabilidad de Ingresos.-Administración Central de Cobranza.-Administración Central de Padrones.-Administración Central de Control de la Operación.-Administración Central de Devoluciones y Compensaciones.-Administración General de Innovación y Calidad: Administración Central de Recursos Financieros.-Administración Central de Recursos Humanos.-Administración Central de Recursos Materiales y Servicios Generales.-Administración Central de Apoyo Jurídico.-Administración Central de Capacitación Fiscal.-Coordinación de Servicios Administrativos.-Coordinación de las Subadministraciones de Innovación y Calidad en las Administraciones Locales y en las Aduanas.-Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de Información: Administración Central de Servicios Institucionales.-Administración Central de Programación Informática.-Administración Central de Soluciones de Negocio.-Administración Central de Transformación Tecnológica.-Administración Central de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones.-Administración General de Evaluación: Administración Central de Evaluación de Sistemas y Procesos.-Administración Central de la Operación Evaluatoria.-Administración Central de Evaluación de la Confiabilidad.-Administración Central de Coordinación y Evaluación.-Administración Central de Seguimiento.-Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua.-Unidad de Programas Especiales.-Unidades Administrativas Regionales: Administraciones Regionales.-Administraciones Locales.-Aduanas.-El Servicio de Administración Tributaria contará con un Órgano Interno de Control que se regirá conforme al artículo 40 de este reglamento.-Las Administraciones Generales y las Unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales estarán integradas por sus titulares y por administradores centrales, coordinadores, administradores, subadministradores, jefes de departamento, enlaces, supervisores, auditores, ayudantes de auditor, inspectores, abogados tributarios, ejecutores, notificadores, verificadores, personal al servicio de la Administración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.-El órgano interno de control estará integrado de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.-Las Administraciones Generales y la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua contarán con una Coordinación de Servicios Administrativos al frente de la cual habrá un coordinador, quien podrá ejercer, respecto de la Administración General que le corresponda, o en su caso, de la citada unidad, las facultades previstas en las fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXVI, del artículo 9 de este reglamento.-La Coordinación de Servicios de Administrativos de la Administración General de Innovación y Calidad ejercerá las facultades a que se refiere el párrafo anterior respecto de la Unidad de Programas Especiales.-En cada circunscripción territorial, el administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de Información designará a un servidor público quien coordinará la implementación de los sistemas, métodos, procedimientos, medidas y proyectos competencia de la citada Administración General."

Como podrá advertirse de la anterior transcripción, se trata de una norma compleja, porque no contiene apartados, fracción o fracciones, incisos o subincisos, sino un listado con diversos párrafos sin ordenar numéricamente, por lo que, se insiste, constituye una norma compleja, tal como se determinó en la parte conducente de la sentencia sujeta a revisión; sin embargo, contrario a lo considerado en dicho fallo, aun cuando es una norma compleja, dicha disposición legal no fija la competencia por razón de grado de las unidades administrativas de ese organismo, sino únicamente prevé un listado con el nombre o denominación de todas y cada una de las unidades administrativas con las que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para el despacho de los asuntos de su competencia.

Esto es así, porque del referido texto normativo se advierte únicamente que prevé la existencia y denominación de esas unidades administrativas, pero de ningún modo puede derivarse de su contenido, una competencia por razón de grado de dichas unidades administrativas, como erróneamente se consideró en la sentencia recurrida, porque la disposición legal en cuestión no prevé una competencia estructurada piramidalmente, derivada de la organización jerárquica del organismo, en que las funciones (facultades o atribuciones) de cada una de las unidades administrativas que enlista se ordenen por grados (escalas), en atención al nivel superior o inferior en que se encuentre cada unidad, es decir, establezca que los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa; como criterio básico que, según se vio en párrafos precedentes, determinan la competencia por razón de grado, también llamada funcional o vertical.

Por el contrario, el artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria simplemente describe un listado del nombre o denominación de todas y cada una de las unidades administrativas con las que el Servicio de Administración Tributaria cuenta para que lo auxilien en el despacho de los asuntos de su competencia, pues se concreta a precisar cuáles son las unidades administrativas que integran a ese organismo, entre las que se encuentran las administraciones generales (que estarán integradas por las dependencias y funcionarios que ahí se especifican) y las administraciones locales, así como que el citado organismo contará con un órgano interno de control que se regirá conforme al artículo 40 de dicho reglamento, y que en cada circunscripción territorial el administrador general de Comunicaciones y Tecnologías de la Información designará un servidor público para coordinar la implementación de métodos, sistemas, proyectos y procedimientos de la competencia de esa administración; sin establecer una competencia estructurada piramidalmente, derivada de la organización jerárquica del organismo, en la que las funciones (facultades o atribuciones) de cada una de las unidades administrativas que se enlistan se ordenen por grados (escalas), en atención al nivel superior o inferior en que se encuentre cada unidad.

La conclusión anterior se corrobora con el contenido normativo de los artículos 16, fracciones VIII, IX, X, XII, penúltimo párrafo; 18, primer párrafo, apartado A, fracción II y penúltimo párrafo; y 37, párrafo primero, apartado A, en la parte relativa a "En el Estado de Guerrero: De Acapulco, con sede en Acapulco de Juárez", cuyo texto se contiene en el título II denominado "De las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria", capítulo I "De las facultades generales" y IV "De la Administración General de Auditoría Fiscal Federal", y el tercero en cita, en el capítulo XIII "Del nombre y sede de las unidades administrativas regionales", todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los cuales prevén, los dos primeros, las facultades que competen a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y a las unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda; y el último de dichos preceptos señala el nombre y sede de las unidades administrativas regionales, específicamente de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal en el Estado de Guerrero, entre otras, está la de Acapulco, Guerrero, al establecer textualmente:

"Artículo 16. Compete a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal: ... VIII. Notificar los actos relacionados con el ejercicio de las facultades de comprobación.-IX. Ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de comprobantes fiscales, con la presentación de las solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes y mercancías que vendan; embargar precautoriamente los bienes y mercancías con motivo del incumplimiento de las obligaciones antes citadas y levantar el embargo precautorio en los casos que proceda.-X. Ordenar y practicar las clausuras preventivas de los establecimientos de los contribuyentes por no expedir o no entregar comprobantes de sus actividades; que los expedidos no reúnan requisitos fiscales, o que los datos asentados en el comprobante correspondan a persona distinta a la que adquiere el bien, contrate el uso o goce temporal de bienes o la prestación de servicios. ... XII. Ordenar y practicar el embargo precautorio para asegurar el interés fiscal en los casos en que la ley lo señale, así como levantarlo cuando proceda. ... administradores locales de Auditoría Fiscal ..."

"Artículo 18. Compete a las siguientes unidades administrativas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades que a continuación se precisan: A. Administraciones Locales de Auditoría Fiscal: II. Las señaladas en las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII y XXXVII del artículo 16 de este reglamento. ... Las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal estarán a cargo de un Administrador Local, quien será auxiliado en el ejercicio de las facultades conferidas en este artículo por los subadministradores ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21731-f2bf4ed4/agravios-los-tribunales-colegiados-de-circuito-no-estan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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