COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, NO PUEDEN REALIZAR SU ESTUDIO OFICIOSO ILIMITADAMENTE, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE LA SENTENCIA ANTERIOR FUE REVOCADA.
REVISIÓN FISCAL 97/2010. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE OTRAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En el primer motivo de agravio que hace valer la autoridad recurrente señala que la sentencia que impugna viola en perjuicio de su representada lo dispuesto por los artículos 50, 51 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por su inobservancia, falta de aplicación e indebida interpretación, manifestando en síntesis lo siguiente:
Que no era procedente que la Sala Regional al dictar el fallo aquí recurrido, entrara al estudio de la falta de fundamentación de la competencia legal de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco para emitir la orden de visita domiciliaria, en virtud de que dicho tema ya había sido objeto de estudio por parte de ese tribunal administrativo, al emitir la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil nueve, tomando en cuenta que en éste en ningún momento estudió, de oficio, de manera expresa o tácita, la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco para emitir la orden de visita domiciliaria aludida, sino que sólo se circunscribió a resolver que ésta no cumplía con la debida fundamentación y motivación de la competencia por razón de grado, debido a que la autoridad que la libró omitió citar el quinto párrafo del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, correspondiente a la dependencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
Por tanto, la recurrente sustenta que la Sala resolutora tácitamente consideró que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco sí tenía competencia legal por razón de materia y territorio para emitir la orden de visita domiciliaria, precisamente porque ese tribunal administrativo al dictar la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil nueve, omitió hacer pronunciamiento expreso sobre esos temas y, por ende, de ese modo quedó agotado el estudio de los mismos.
De ahí que la inconforme alegue que la Sala resolutora al dictar la sentencia aquí recurrida, en la que sostuvo que la orden de visita carece de la debida fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió, porque ésta no citó la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, se apartó de lo resuelto por este órgano colegiado en la ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pronunciada en el recurso de revisión fiscal **********, debido a que al sustentar tal criterio, el tribunal administrativo modificó aspectos que ya fueron objeto de estudio en la ejecutoria indicada, sin que se encontrara facultada para ello, toda vez que las Salas Fiscales están obligadas a ajustarse a los lineamientos que se ordenen en los fallos dictados por los Tribunales Colegiados; aunado a que, reitera la recurrente, el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre la competencia de la autoridad demandada se extinguió desde el momento en que el tribunal administrativo emitió la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil nueve, en el juicio contencioso administrativo.
Agravio que la recurrente apoya en la jurisprudencia 2a./J. 53/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 103 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época, materia administrativa, que dice:
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SI EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA YA HIZO EL ESTUDIO OFICIOSO, EXPRESA O TÁCITAMENTE, EN RESOLUCIÓN ANTERIOR, NO PUEDE VOLVER A REALIZARLO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que habiéndose estudiado oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa, bien sea de forma expresa o tácita, no puede volver a realizarse, sobre todo cuando en pronunciamiento previo declaró competente a la autoridad respectiva, pues ello implicaría un proceder arbitrario con demérito de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, y en perjuicio también de la actuación de las autoridades correspondientes, que ya se juzgó legal. Así las cosas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no podrá volver a estudiar la competencia de la autoridad administrativa si ya la declaró competente, pues además de que tal proceder implicaría una revocación de su determinación, debe recordarse que si la omisión del pronunciamiento respectivo se ha interpretado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como reconocimiento tácito de competencia, con mayor razón estará reconocido el legal proceder de la autoridad si se hizo expresamente."
Asimismo, en la tesis aislada VI.1o.A.249 A, del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1215 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época, materia administrativa, del tenor siguiente:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. SI EN UNA PRIMERA SENTENCIA EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO HACE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN RELACIÓN CON SU INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE EL PRONUNCIAMIENTO ES TÁCITO EN EL SENTIDO DE QUE SE CUMPLE TAL REQUISITO, POR TANTO, ES ILEGAL QUE EN UN NUEVO FALLO DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, HAGA UNA DECLARATORIA EXPRESA EN RELACIÓN CON AQUEL MOTIVO LEGAL. De la jurisprudencia 219/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’, se desprende que existen dos formas en que las Salas Fiscales podrán analizar la competencia de la autoridad: 1) cuando expresamente se hace valer por el actor. En este caso, la sala analizará el problema planteado, y podrán acontecer dos supuestos: 1.1 que se estime fundado el concepto de anulación ante la incompetencia de la autoridad administrativa, lo cual conducirá a declarar la nulidad del acto impugnado y, 1.2 que se desestime el concepto de anulación por ser competente la autoridad administrativa. 2) cuando la Sala Fiscal oficiosamente realiza el estudio de la competencia de la autoridad administrativa; es decir, sin mediar concepto de impugnación expreso del actor relacionado con la competencia de dicha autoridad. En este supuesto, se podrán surtir dos hipótesis: 2.1 que se estime que la autoridad es incompetente, caso en el cual el pronunciamiento de la Sala será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; 2.2 que se considere que la autoridad es competente. Al efecto, la Sala podrá: 2.2.1 hacer un pronunciamiento expreso en el sentido de que la autoridad es competente para emitir el acto impugnado, o bien; 2.2.2 omitir tal pronunciamiento expreso, lo cual indica necesariamente que la Sala Fiscal estimó que la autoridad demandada sí tiene competencia para emitir el acto impugnado. Conforme a lo anterior, debe entenderse que las Salas Fiscales están obligadas a analizar en todos los casos, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, así como la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución; sin embargo, esa obligación se encuentra acotada por la propia Segunda Sala del Más Alto Tribunal de la Nación al considerar que cuando dichas salas consideren que la autoridad administrativa es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, al tener como consecuencia la nulidad de la resolución, sin embargo, si consideran que la autoridad es competente, no necesariamente deberá existir pronunciamiento expreso, pues ello simplemente es indicativo de que las Salas estimaron que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado. Con base en lo anterior, si en la sentencia primigenia que posteriormente fue materia de análisis por un Tribunal Colegiado, ya sea en un amparo directo o en revisión fiscal, la Sala Fiscal no expuso consideración alguna de la que se desprendiera la ausencia de competencia de la autoridad, la indebida, la insuficiente o la deficiente fundamentación de la misma, debe considerarse que la a quo estimó, ya sea expresa o tácitamente, que la autoridad demandada sí tiene competencia para emitir la resolución o acto impugnado, pues de lo contrario, o sea, de haberse considerado que el acto adolecía de esos requisitos, la sala fiscal estaba obligada a hacer un pronunciamiento expreso en ese sentido. De esta forma, y tomando en cuenta que las salas fiscales están obligadas a ajustarse a los lineamientos que se ordenen en el fallo dictado por un Tribunal Colegiado, ya sea en un juicio de amparo directo o en recurso de revisión fiscal, pero sin que estén facultadas para modificar aquellos aspectos que no fueron objeto de estudio en la aludida ejecutoria, pues al ser cuestiones no debatidas, éstas se estiman consentidas y por ende, han quedado firmes, se concluye que si en la sentencia primigenia hubo un pronunciamiento tácito o expreso en el sentido de que la autoridad demandada tiene competencia para emitir el acto impugnado, y este tópico no fue materia de litis ante el Tribunal Colegiado, la Sala no está facultada a realizar un nuevo pronunciamiento relacionado con la competencia de la autoridad o su fundamentación, atento que ha quedado firme."
También en la tesis aislada I.5o.A.88 A, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1069 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, agosto de 2008, Novena Época, materia administrativa, que enseguida se transcribe:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN UNA SEGUNDA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN REVISIÓN, NO PUEDE LLEVAR A CABO UN ESTUDIO OFICIOSO DEL TEMA, CUANDO AL EMITIR LA PRIMERA SENTENCIA, TÁCITAMENTE CONSIDERÓ QUE AQUÉLLA ERA COMPETENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 219/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 151, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’, consideró, en esencia, que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al resolver el juicio contencioso administrativo, podrán analizar la competencia de la autoridad demandada de dos formas: 1) Cuando expresamente el actor plantee en los conceptos de anulación, argumentos tendentes a demostrar que carece de ella; y, 2) Cuando la Sala Fiscal advierta oficiosamente de las constancias de autos, sin planteamiento formulado por el actor, que aquélla es incompetente. De lo anterior se advierte la posibilidad de que, no habiéndose formulado agravios sobre la indicada competencia, las mencionadas Salas, en determinados casos, se pronuncien de oficio al respecto. No obstante lo anterior, si el estudio de la comentada competencia no fue motivo de pronunciamiento por el citado órgano jurisdiccional en su sentencia primigenia, sino que tácitamente consideró que la autoridad era competente, no puede en una segunda sentencia, dictada en cumplimiento del fallo de un Tribunal Colegiado de Circuito en revisión, que no la obligó a ello, llevar a cabo un estudio oficioso de dicho tema, pues ese aspecto quedó superado desde la emisión de la primera resolución, habiendo alcanzado el carácter de cosa juzgada."
Los agravios sintetizados son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen:
Como cuestión previa y a efecto de sustentar la conclusión previamente anunciada, resulta oportuno hacer la relación de constancias que obran en autos del juicio contencioso administrativo **********, las que, en lo que interesa a este estudio, a continuación se detallan:
El veintinueve de mayo de dos mil nueve la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó una primera sentencia en la que, con fundamento en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de oficio, determinó que la orden de visita domiciliaria emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Acapulco carecía de la debida fundamentación de la competencia por razón de grado.
Conclusión que sostuvo bajo el argumento de que en la referida orden de visita domiciliaria, que constituye el antecedente de la resolución sujeta a debate, el administrador local de Auditoría Fiscal de Acapulco omitió citar el quinto párrafo del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que dispone: "Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal."
Inconformes con la sentencia anterior, el administrador local Jurídico de Acapulco, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, interpusieron el recurso de revisión fiscal **********, que correspondió conocer a este Tribunal Colegiado, el cual fue resuelto mediante ejecutoria de veintitrés de noviembre de dos mil nueve (fojas 223 a 264 del juicio contencioso administrativo), en la que se determinó revocar la sentencia recurrida, sustentándose para ello en las consideraciones siguientes:
"CONSIDERANDO:
"...
"SEXTO. ...
"Esto es, en la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, contenida en el oficio **********, de seis de agosto de dos mil ocho (fojas 107 y 108 del expediente del juicio contencioso administrativo), se observa que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, como fundamento de su actuación, entre otros preceptos legales citó el artículo 17, primer párrafo, fracciones VIII y IX y penúltimo párrafo (en la parte relativa a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete; penúltimo párrafo que resulta ser exactamente el mismo que en la sentencia reclamada la Sala Fiscal identificó como quinto, y respecto del cual concluyó, que al no haber sido citado por la autoridad fiscal en la orden de visita domiciliaria mencionada como fundamento de su competencia por razón de grado, procedía declarar la nulidad lisa y llana, tanto de ese acto como del diverso que derivó del mismo, consistente en el oficio **********, de veintidós de agosto de dos mil ocho (fojas 58 a 65 del juicio contencioso administrativo), a través del cual la propia administradora local de Auditoría Fiscal determinó un crédito fiscal a cargo de la contribuyente ********** por concepto de multa actualizada, en cantidad de **********.
"En consecuencia, asiste razón a la autoridad recurrente cuando sostiene que fue ilegal que la Sala Regional declarara la nulidad del crédito fiscal impugnado, bajo la consideración de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, contenida en el oficio **********, de seis de agosto de dos mil ocho (fojas 107 y 108 del expediente del juicio contencioso administrativo), no fundó su competencia por razón de grado, al no haber citado el quinto párrafo del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, que establece: ‘Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.’
"Siendo que, adversamente a lo considerado, como ya quedó evidenciado, el quinto o penúltimo párrafo del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, son uno mismo, de ahí que no resultaba procedente declarar la nulidad de la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, contenida en el oficio **********, de seis de agosto de dos mil ocho (fojas 107 y 108 del expediente del juicio contencioso administrativo), emitida por la administradora local de Auditoría Fiscal de Acapulco, así como el diverso acto que derivó de la misma, relativo al oficio **********, de veintidós de agosto de dos mil ocho (fojas 58 a 65 del juicio contencioso administrativo), a través del cual la propia administradora local de Auditoría Fiscal determinó un crédito fiscal a cargo de la contribuyente ********** por concepto de multa actualizada, en cantidad de **********, bajo el argumento de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco al ordenar la visita domiciliaria preindicada, no fundó debidamente su competencia en razón de grado, al haber omitido citar el párrafo quinto del referido artículo 17 del reglamento aludido.
"En esas condiciones, cabe concluir que en el caso en estudio no se actualizó la indebida fundamentación de la competencia por razón de grado de la actuación de la autoridad fiscal (Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco), emisora de la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales, contenida en el oficio **********, de seis de agosto de dos mil ocho (fojas 107 y 108 del expediente del juicio contencioso administrativo), que constituye el origen de la resolución determinante del crédito fiscal, contenida en el distinto oficio **********, de veintidós de agosto de dos mil ocho (fojas 58 a 65 del juicio contencioso administrativo), en razón de que, contrario a lo determinado en el fallo recurrido, se repite, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco al emitir la orden de visita domiciliaria en cuestión, sí citó como fundamento de su actuación el quinto párrafo del artículo 17 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, que la Sala Fiscal precisó que prevé la competencia por razón de grado en su actuación, con la salvedad de que dicha autoridad fiscal lo citó refiriéndose al mismo como ‘penúltimo párrafo’ del precepto reglamentario aludido.
"Máxime que para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, es suficiente que la autoridad demandada haya precisado exhaustivamente en el oficio controvertido su competencia material y de grado, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución ejercida; requisitos que, adversamente a lo considerando en la sentencia reclamada, quedaron satisfechos en la orden de visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes fiscales contenida en el oficio **********, de seis de agosto de dos mil ocho (fojas 107 y 108 del expediente del juicio contencioso administrativo), emitida por la administradora local de Auditoría Fiscal de Acapulco, que constituye el origen de la resolución contenida en el oficio **********, de veintidós de agosto de dos mil ocho (fojas 58 a 65 del juicio contencioso administrativo), en virtud de que, para tal efecto, la autoridad fiscal citó como apoyo de su actuación los artículos 17, primer párrafo, fracciones VIII y IX y penúltimo párrafo (este último en la parte relativa a los administradores locales de Auditoría Fiscal) y 19, primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete, por ser precisamente en esas fracciones, apartado y párrafos, donde en forma conjunta y sistemática se prevén expresamente las facultades específicas (competencia material y por grado) ejercidas por la autoridad que emitió dicho oficio.
"Luego, considerando que los preceptos legales citados por la autoridad como fundamento de su competencia material y por razón de grado en el oficio controvertido, para su mejor compresión, se subdividen en apartados, párrafos y diversas fracciones, que hacen fácil su lectura y manejo, así como la ubicación de los supuestos o hipótesis en ellos contemplados, lo importante es que precisamente en el apartado, párrafos y fracciones citadas aparezcan expresamente establecidas las facultades específicas ejercidas por la autoridad emisora de tal acto, porque si lo que se pretende es que la competencia material y de grado esté debidamente fundada, esto acontece con la precisión del apartado, fracción o fracciones respectivas (primer párrafo, fracciones VIII y IX y penúltimo párrafo; primer párrafo, apartado A, fracción I y último párrafo), de los artículos 17 y 19 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete.
"Debido a que son precisamente las porciones normativas citadas por la autoridad demandada como fundamento de su actuación, donde se establecen expresamente las facultades específicas (atendiendo a la naturaleza del acto y a las cuestiones jurídicas que constituyen su objeto) y la estructura jerárquica (esto es, la competencia estructurada piramidalmente) de esas unidades administrativas que junto con las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal integran el Servicio de Administración Tributaria, esto es, su competencia material y por razón de grado para emitir tal acto, todo lo cual permite concluir que la cita de los preceptos reglamentarios, precisando el apartado, párrafos y fracciones respectivos, resulta bastante y suficiente para tener por acreditada la debida fundamentación de la competencia material y por razón de grado de la autoridad administrativa que lo emitió, en los términos exigidos por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
"Apoya lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, materia administrativa, de rubro y texto siguientes:
"‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. Se transcribe’.
"Así las cosas, al resultar sustancialmente fundados los agravios analizados, genera como consecuencia que se revoque la sentencia impugnada y se efectúe el reenvío de este asunto a la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a efecto de que resuelva la controversia planteada conforme a derecho.
"Por consiguiente, es innecesario el estudio de los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de interposición del presente recurso de revisión, pues ello a nada práctico conduciría, si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud de los agravios estudiados que resultaron fundados."
En cumplimiento a la anterior ejecutoria, la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dos de diciembre de dos mil nueve emitió nueva sentencia, en la que en su primer punto resolutivo declaró la nulidad de la resolución impugnada, en virtud de que en el considerando cuarto de la sentencia citada, nuevamente advirtió que con fundamento en el artículo 51, fracción I y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, procedía analizar, de oficio, por ser una cuestión de orden público, la indebida fundamentación de la competencia material de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco para emitir la orden de visita domiciliaria, antecedente de la resolución impugnada en esa instancia contenciosa administrativa.
Conclusión que sostuvo al señalar que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, al emitir la orden de visita domiciliaria, omitió citar la fracción I del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, siendo que estaba obligada a invocarla, en virtud de que es la que le otorga la facultad de señalar el domicilio donde debe efectuarse la visita domiciliaria, razón por la cual, incurrió en indebida fundamentación legal de su competencia material.
Hecha la relación de constancias, este Tribunal Colegiado estima oportuno precisar que en relación con el tema que nos ocupa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 92/2009, referente al "estudio oficioso de la competencia de la autoridad administrativa", a cargo de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, estableció los principios siguientes:
a) Que el deber u obligación del estudio oficioso y de sus alcances, en razón de que la incompetencia de la autoridad, es de orden público, por lo que su análisis incluye la falta como la indebida fundamentación y motivación.
b) Que el estudio oficioso de la incompetencia de la autoridad comprende tanto a la autoridad emisora de la resolución impugnada, como a la que ordenó o tramitó el procedimiento respectivo; y,
c) Que respecto al estudio oficioso, la Sala Fiscal puede asumir dos conductas básicas: una, hacer el estudio respectivo y, otra, no efectuarlo.
Matices respecto de los cuales la Segunda Sala de ese Alto Tribunal del País, también se pronunció al resolver la contradicción de tesis 4/2007, que dio origen al criterio jurisprudencial de rubro: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", destacando en dicho criterio, que fundamentalmente se plantean dos escenarios:
a) Cuando la parte interesada argumenta la incompetencia de la autoridad, el estudio será obligado; y
b) Cuando la Sala advierta oficiosamente la incompetencia de la autoridad, derivan dos posibilidades:
b.1) De ser incompetente la autoridad, la Sala deberá pronunciarse indiscutiblemente, y
b.2) De considerar la Sala que la autoridad sí es competente, no estará obligada a pronunciarse, pues el silencio hará presumir que la autoridad es competente para emitir el acto administrativo.
En congruencia con dichas reglas, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ponderó que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a estudiar oficiosamente la incompetencia de la autoridad administrativa, bien sea la de quien emitió el acto o la que tramitó el procedimiento respectivo, a propósito de lo cual, podrán asumir dos conductas en sus sentencias: una, pronunciarse expresamente cuando adviertan la incompetencia de la autoridad y, otra, omitir el estudio respectivo, lo que se entenderá como pronunciamiento tácito sobre la competencia de la autoridad.
Que una vez estudiada oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa, bien sea de forma expresa o tácita, no puede volver a realizarse, sobre todo si en pronunciamiento previo la Sala Fiscal declaró competente a la autoridad respectiva, pues ello implicaría un proceder arbitrario en demérito de las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, y en perjuicio también de la actuación de las autoridades correspondientes, que ya se juzgó legal por la Sala Fiscal, bien sea de manera expresa o por la omisión del pronunciamiento que, como quedó visto, se entiende como un reconocimiento tácito sobre su competencia.
Pues no podría justificarse un estudio oficioso ilimitado de la competencia de la autoridad por el sólo argumento de que se trata de una facultad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que, para esto habrá que recordar que todos los actos de autoridad que ocasionen molestias a los particulares deben observar las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, que constriñen a las autoridades a regular sus actuaciones conforme a procedimientos legales que sean claros, ciertos y seguros en plazos, términos y formas.
Por esas razones, la Sala Fiscal no podrá volver a estudiar la competencia de la autoridad administrativa si ya la declaró competente, pues además de que tal proceder implicaría una revocación de su determinación, la omisión del pronunciamiento respectivo la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal lo ha interpretado como reconocimien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22514-c151e383/competencia-de-las-autoridades-administrativas-las-salas-regionales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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