REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES OMITIDAS. NO PUEDE CONSIDERARSE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO SI AL NOTIFICARLO LA AUTORIDAD NO DETERMINA EN CANTIDAD LÍQUIDA LOS HONORARIOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 137, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 72 DE SU ABROGADO REGLAMENTO.
REVISIÓN FISCAL 28/2010. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE ACAPULCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE OTRAS AUTORIDADES.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En los agravios que se expresan aduce la autoridad recurrente que la sentencia recurrida viola los artículos 50, 51, fracción I y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por indebida aplicación e interpretación, argumentando en síntesis:
1. Que respecto de los treinta mil pesos que señala el artículo 72 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, son en realidad treinta pesos, porque el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto donde se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y tres, el cual, atento a lo que señala su artículo noveno transitorio, se deberá entender que al importe que señala el indicado artículo 72 debe aplicarse la equivalencia establecida en dicho decreto, por lo que debe referirse a la nueva unidad monetaria que se sustituye por treinta pesos, por virtud de que el citado precepto reglamentario fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, es decir, con anterioridad al uno de enero de mil novecientos noventa y tres.
2. Que se hace una incorrecta y deficiente interpretación de los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, al considerarse que el último de dichos preceptos en su primer párrafo establece expresamente que de manera automática se genera a cargo de la actora del juicio natural el cobro de honorarios al notificarse el requerimiento de obligaciones, pues si bien en el citado documento se precisó que por dicha gestión se cubrirían los honorarios conforme a los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, claramente se establece que éstos deberán pagarse por el contribuyente al cumplir el requerimiento, pues la sola notificación a éste de un requerimiento para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no establece la obligación a su cargo de pagar los honorarios que prevé dicho precepto reglamentario, pues asimismo dispone que el pago de éstos debe efectuarse al cumplir el requerimiento, lo que permite concluir dos supuestos: a) que se notifique a un contribuyente un requerimiento para que cumpla con sus obligaciones fiscales y, b) que el contribuyente no haya cumplido con la obligación u obligaciones del requerimiento.
2.1. Que si el numeral 72 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que los honorarios deben pagarse al cumplirse con el requerimiento, la actualización de uno de esos supuestos de ninguna manera puede generar la obligación para el contribuyente de pagar dichos honorarios, ya que en el supuesto de que la autoridad fiscal le requiera el cumplimiento de sus obligaciones y éste haya cumplido la obligación requerida, tal circunstancia lo exime de realizar el pago de honorarios, pues no tendría ningún requerimiento que cumplir, lo que se corrobora con el contenido del requerimiento impugnado al señalarse que si ya cumplió con las obligaciones indicadas antes de recibirlo, haga caso omiso de su contenido, pues la circunstancia de que el contribuyente no haya cumplido con sus obligaciones fiscales no le genera la obligación de pagar honorarios, si previamente no se le ha notificado el requerimiento mediante el cual se le exige su cumplimiento, porque éstos se generan precisamente por la notificación de dicho requerimiento.
2.2. Que en el requerimiento impugnado la autoridad fiscal nunca obliga a la actora del juicio a realizar el pago de honorarios, sino únicamente le informa que por dicho requerimiento cubrirá, en su caso, los honorarios a que se refiere el artículo 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, del que se advierte que procederá su pago cuando exista incumplimiento de obligaciones fiscales dentro de los plazos legales y sean requeridas por la autoridad, siendo que la condicionante "en su caso" contenida en el requerimiento de pago impugnado, no viene a restaurar la garantía de seguridad jurídica del gobernado, pues como se encuentra redactado el último párrafo del indicado precepto legal, la autoridad hacendaria se encuentra impedida para determinar el pago de honorarios a un contribuyente, ya que ello dependerá de que éste se ubique en la hipótesis de causación que prevé dicho numeral, esto es, de que el contribuyente haya incumplido con sus obligaciones fiscales dentro de los plazos legales y éstas le hubieren sido requeridas por la autoridad.
2.3. Que a fin de cumplir cabalmente con lo dispuesto en el artículo 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, ante la ausencia de registro del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de un determinado contribuyente, proceda a requerirlo a fin de que acredite su cumplimiento dentro de los plazos que para tal efecto prevén las leyes aplicables, limitándose a precisar en el requerimiento respectivo el indicado artículo 137, último párrafo, del código tributario y el 72 de su reglamento, ya que la autoridad no debe ni puede precisar a priori los honorarios, pues desconoce con certeza si el contribuyente al que requiere cumplió o no dentro de los plazos legales sus obligaciones fiscales, razón por la que la sola práctica de la notificación del requerimiento de obligaciones no constituye causa para que la autoridad le determine la causación de honorarios y menos que le cuantifique su monto, o bien, que el contribuyente se encuentre obligado al pago de honorarios por su diligenciación, sino que para ello es necesario que se acredite previamente que la requerida incumplió con sus obligaciones fiscales dentro de los plazos legales establecidos en la leyes aplicables, lo que la autoridad conocerá hasta el momento en que ésta atienda el requerimiento y no a priori al formular y notificar el requerimiento.
2.4. Máxime si se toma en cuenta lo afirmado por la autoridad fiscal en el requerimiento de obligaciones, en el sentido de que no tiene registrado el cumplimiento por parte del contribuyente de una obligación fiscal, por lo que contrario a lo resuelto por la a quo, la Sala deja de observar lo asentado en el último párrafo del requerimiento, en el cual se dice al contribuyente que sí cumplió con la obligación expresa en la parte superior del documento.
2.5. Que resulta infundado lo resuelto en la sentencia recurrida, ya que el requerimiento impugnado en modo alguno causó perjuicio a la actora por el hecho de que se le informe que por dicha gestión cubrirá, en su caso, los honorarios, pues únicamente constituye una información de la autoridad al contribuyente de un supuesto que puede acontecer o no, perdiendo de vista que si en el requerimiento impugnado se señala que por la gestión de su notificación se cubrirán honorarios en términos de los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, ello constituye sólo una información, tan es así que no obra constancia alguna que acredite que la autoridad haya hecho efectivo el cobro de los honorarios por la gestión de su notificación y que no se dio el incumplimiento de la obligación requerida al actor, situación de la que la a quo hizo caso omiso.
2.6. Que resulta ilegal que se haya determinado que en el requerimiento impugnado se omitió precisar el monto de los honorarios a pagar, ya que dicha circunstancia no desvirtúa la legalidad del requerimiento de obligaciones combatido, al resultar suficiente para tener por cumplido el requisito de fundamentación y motivación, previsto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el hecho de que la autoridad remita al particular al contenido de los artículos 137, último párrafo, del mismo código y 72 de su reglamento, pues en este último se señala la cantidad que debe cubrir por concepto de honorarios, monto que es del pleno conocimiento del demandante, al estar establecido en dicho ordenamiento legal y publicado en el Diario Oficial de la Federación; por consiguiente, el actor del juicio tuvo pleno conocimiento del monto de los honorarios que, en su caso, tuviere que enterar, por lo que basta la cita de los numerales invocados para considerar que el acto de molestia se encuentra debidamente fundado y motivado.
3. Que los artículos 50, segundo párrafo y 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, claramente establecen que la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, llevarán a declarar que una resolución administrativa es ilegal, siempre que dicha ilegalidad afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, así como en el caso que una sentencia se declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, deberá señalar en qué forma se afectaron los derechos del particular y trascendieron al sentido de la resolución, siendo que la a quo incumplió con lo establecido en los indicados numerales, al ser omisa en señalar la forma en que el incumplimiento del requisito de motivación afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución, pues se limita a señalar que declara la nulidad del requerimiento impugnado por el hecho de que la autoridad emisora señaló que por dicha gestión se cobrarían los honorarios que establecen los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, pero no determinó cantidad líquida alguna por dicho concepto.
3.1. Que la a quo pasa por alto que a través del requerimiento impugnado no sólo se informó al particular que por dicha gestión de requerimiento debería cubrir, en su caso, los honorarios, sino que también se le formuló un requerimiento para que presentara el documento relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales consistentes en la presentación de la declaración del ejercicio fiscal dos mil siete del impuesto sobre la renta, personas físicas, y de igual forma se le informó al contribuyente que por la gestión de requerimiento debía cubrir los honorarios conforme a los artículos 137, último, párrafo, del Código Fiscal de la Federación, siendo esto último el objeto principal del requerimiento impugnado en el juicio natural, por lo que la Sala responsable debió precisar de qué manera el hecho de que la autoridad demandada no haya indicado la cantidad líquida a la cual asciende el importe de los honorarios por concepto de notificación del requerimiento afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada, para cumplir con las obligaciones fiscales requeridas, y al no hacerlo, es porque la omisión de esa cuestión no afectó las defensas del particular ni trascendió al sentido de la resolución impugnada, por lo que se refiere al requerimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
3.2. Que el hecho de que la autoridad demandada no haya indicado la cantidad líquida a la que ascendía el importe de los honorarios por concepto de notificación del requerimiento, de ninguna manera impide al particular cumplir con las obligaciones fiscales objeto de dicho requerimiento dentro del plazo legal que le fue concedido para tal efecto, máxime que en la contestación de demanda se indicó que la actora en ningún momento acreditó haber presentado en tiempo y forma legales, las obligaciones fiscales que le fueron requeridas, razón por la que no se demostraba ninguna afectación a su esfera jurídica, pues en todo caso se provocaría la nulidad del requerimiento controvertido, sólo en la parte en que la autoridad demandada informa al particular que deberá cubrir, en su caso, los honorarios ocasionados por la gestión de su notificación, pues la responsable erróneamente tomó el referido requerimiento como un todo, cuando en él se realizaron dos acciones administrativas diversas, siendo que su objeto primordial es exigir a los contribuyentes la prestación de las declaraciones que no hayan presentado y que están obligados a presentar, dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, mas no el entero de los honorarios por la notificación del requerimiento, lo que sólo constituye una consecuencia de su emisión.
Son inoperantes en una parte e infundados en otra los anteriores motivos de agravio.
Los sintetizados con el número 1o. son inoperantes, porque se encuentran dirigidos a realizar la aclaración sobre una cuestión jurídica relacionada con la vigencia y aplicación de la nueva unidad del Sistema Monetario del país, que es ajena a la litis del presente recurso de revisión fiscal, puesto que dicho tópico no fue materia de las consideraciones en las que se sustenta la sentencia recurrida, y tampoco se hizo pronunciamiento alguno a ese respecto en dicho fallo; de ahí que, si como ya se vio, lo que se ataca mediante los agravios analizados constituyen aspectos o cuestiones jurídicas que no fueron abordados en la sentencia recurrida, deben desestimarse, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión.
Apoya lo considerado, por analogía, la tesis de jurisprudencia 3a./J. 16/91, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."
Por otro lado, los agravios sintetizados con los números 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, son infundados, en atención a las consideraciones siguientes:
Conforme a lo establecido en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras que la interpretación del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica; ante esta última disposición, la Suprema Corte de Justicia ha considerado que para determinar el contenido y alcance de un precepto es necesario acudir a otros que estén relacionados, sin que para ello sea necesario remisión expresa, es decir, mientras no exista un precepto específico que prohíba la remisión a otros preceptos del mismo o de otros ordenamientos, dicha remisión puede hacerse, debiendo el intérprete acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de las normas.
De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho; en este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto; sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse "conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley", con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente.
En el caso a estudio, los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, ambos ordenamientos en vigor el siete de agosto de dos mil ocho, fecha de emisión del requerimiento de obligaciones impugnado en el juicio natural, establecen textualmente:
"Artículo 137. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales.
" ...
"Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el reglamento de este código."
"Artículo 72. Para los efectos del último párrafo del artículo 137 del código, los honorarios por las notificaciones de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quien incurrió en el incumplimiento la cantidad de $30,000.00.
"Tratándose de los honorarios a que se refiere este artículo, la autoridad recaudadora los determinará conjuntamente con la notificación y se pagarán al cumplir con el requerimiento."
La interpretación literal y relacionada de los preceptos legales y reglamentarios transcritos, permite establecer que si las notificaciones de las resoluciones o actos administrativos se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación; por su parte, el artículo 72 del reglamento, dispone que para los efectos del último párrafo del artículo 137 del código, los honorarios por las notificaciones de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quien incurrió en el incumplimiento la cantidad de $30,000.00, los que la autoridad recaudadora determinará conjuntamente con la notificación y se pagarán al cumplir con el requerimiento.
Esto es, del contenido normativo de las disposiciones legales en estudio deriva que la obligación de pago de honorarios por la notificación de los requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales se genera con los elementos siguientes:
1o. Obligado o causante: Se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de obligaciones fiscales no satisfechas dentro de los plazos legales.
2o. Causa generadora: Notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales.
3o. Determinación: Serán determinados por la autoridad recaudadora conjuntamente con la notificación.
4o. Época de pago: Se pagarán al cumplir con el requerimiento.
En ese contexto, no asiste razón a la autoridad recurrente cuando argumenta que la sola notificación de un requerimiento para el cumplimiento de obligaciones fiscales no establece la obligación a cargo de quien incumplió a pagar los honorarios por tal actuación (notificación), pues dice, se requiere que se notifique al contribuyente un requerimiento para que cumpla con sus obligaciones fiscales y que ésta no haya cumplido con la obligación u obligaciones del requerimiento; toda vez que, contrario a esos argumentos y según se vio con antelación, de la interpretación literal y relacionada de los artículos 137, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, deriva que los honorarios por la notificación de los requerimientos para el cumplimiento de obligaciones:
a) Se causan a cargo de quien incurrió en el incumplimiento de obligaciones fiscales no satisfechas dentro de los plazos legales;
b) Se generan con la notificación del requerimiento de cumplimiento de dichas obligaciones;
c) Se determinan por la autoridad recaudadora conjuntamente (juntamente, unánimemente, a un mismo tiempo), con la notificación; y,
d) Se pagarán al cumplir con el requerimiento.
Por tanto, el hecho de que en el requerimiento de obligaciones impugnado en el juicio natural, se establezca "... por esta gestión cubrirá, en su caso, los honorarios conforme a los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en vigor y 72 de su reglamento ...", de ningún modo puede interpretarse como una simple información de que por dicho requerimiento el causante cubrirá, en su caso, los honorarios a que se refieren los citados preceptos legales, como lo alega la autoridad recurrente, porque se insiste, el artículo 72 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su párrafo segundo, no prevé aviso o información alguna en ese sentido, por el contrario, de su contenido normativo se advierte con claridad que dispone expresamente que tratándose de los honorarios por las notificaciones de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, a que se refiere el último párrafo del artículo 137 del código, "la autoridad recaudadora los determinará conjuntamente con la notificación" y se pagarán al cumplir con el requerimiento.
De ahí que, al ser obligación de cumplimiento imperativo a cargo de la autoridad recaudadora, determinar conjuntamente (juntamente, unánimemente, a un mismo tiempo) con la notificación del requerimiento respectivo, el importe o monto de los honorarios, conforme a las bases establecidas en el analizado precepto reglamentario, debiendo fundar y motivar debidamente su determinación en los términos exigidos por los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, no puede considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de forma (fundamentación y motivación) referido en la sentencia sujeta a revisión, que la autoridad remita al particular al contenido de los artículos 137, último párrafo, del mismo código y 72 de su reglamento, como se pretende, porque el hecho de que en este último precepto se señale una cantidad específica que debe cubrir por concepto de honorarios quien incurrió en el incumplimiento, ello no exime, ni releva a la autoridad recaudadora de la obligación a su cargo de determinar (debidamente fundados y motivados) los honorarios, conjuntamente con la notificación del requerimiento respectivo, por tratarse de una disposición legal de cumplimiento estricto, cuya interpretación literal no genera ni da margen de duda, confusión o ambigüedad.
Sin que sea obstáculo para considerar las cosas de esta manera lo manifestado por la autoridad recurrente, de que por el objeto, la forma y el momento en que se emitió el requerimiento desconoce con certeza si el contribuyente al que requiere, cumplió o no dentro de los plazos legales con sus obligaciones fiscales, en tanto que esa circunstancia resulta irrelevante para efectos de la determinación de honorarios previstos en los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 72 de su reglamento, porque la causa que genera la obligación de pago de honorarios no es en sí misma el incumplimiento de las obligaciones fiscales, como lo alega la autoridad recurrente, sino la notificación al contribuyente del requerimiento del cumplimiento de las obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales; por tanto, basta que se actualice o configure la hipótesis normativa, a saber, que la notificación realizada se refiera a un requerimiento de esa naturaleza para que se cause a cargo de quien incurrió en el incumplimiento, la obligación de pagar honorarios por dicha notificación en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación; siendo por esas razones, infundados los agravios que se analizan.
Apoya lo considerado, en lo conducente, la tesis 1a. LXXII/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 234, junio de 2004, Tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.-De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse ‘conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley’, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente."
Por último, lo infundado de los agravios sintetizados con los números 3, 3.1 y 3.2, radica en que no es cierto lo aducido por la autoridad recurrente de que la a quo fue omisa en señalar la forma en que el incumplimiento del requisito de motivación afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución, toda vez que, contrario a esos argumentos, la Sala Fiscal sí razonó motivadamente en la parte última de la sentencia sujeta a revisión, la forma en que la falta del requisito de motivación afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada, pues para tal efecto señaló con toda precisión que con la aludida omisión se deja al particular en una situación de inseguridad jurídica, al desconocer la cantidad correspondiente de dicho concepto, además que en ningún momento se hace la distinción de lo que el contribuyente tiene que pagar, por lo que debe entenderse que el contribuyente tiene que cubrir tanto los pagos requeridos como los honorarios causados por la notificación.
Consideraciones que, en relación a la forma en que el analizado vicio de ilegalidad del requerimiento impugnado en el juicio natural dejó al particular en estado de indefensión o situación de inseguridad, al no establecerse con certeza si tiene o no la obligación de hacer el pago de honorarios por la notificación realizada y sin especificar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para señalar al notificado que debe pagar honorarios, ni especificar el monto a pagar por dichos honorarios, por sí mismas son aptas y suficientes para dar sustento jurídico y soporte legal a la determinación de la Sala del conocimiento de declarar la nulidad del documento impugnado, con fundamento en el artículo 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las cuales adquieren firmeza, porque la autoridad recurrente se abstiene de expresar agravio alguno con el que impugne directa y eficazmente a través de razonamientos lógico jurídico concretos con los que demuestre la ilegalidad de las consideraciones en las que se basó la sala responsable para pronunciarse en el sentido que lo hizo, y que al no parecer combatidas siguen vigentes para regir el sentido del fallo.
Apoya lo considerado la tesis de jurisprudencia VII.1o.A.T. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 1409, marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL, SU ANÁLISIS ES DE ESTRICTO DERECHO, POR LO QUE SON INOPERANTES SI NO SE CONTROVIERTEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA.-El principio de estricto derecho que impera en tratándose de revisiones fiscales, obliga a que la autoridad disconforme con una determinada resolución demuestre su ilegalidad; consecuentemente, si formula sus agravios sin controvertir las consideraciones expresadas por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida, los mismos devienen inoperantes y, en tal virtud, ésta debe confirmarse, por quedar legalmente subsistentes las razones que le sirvieron de apoyo y rigen su sentido."
Ahora bien, se estiman igualmente infundados los argumentos de la autoridad recurrente respecto a que en el requerimiento impugnado en el juicio natural se informó al particular que por dicha gestión de requerimiento debería cubrir, en su caso, los honorarios, pero también se formuló un requerimiento para que presentara el documento relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual dice, es el objeto principal de dicho requerimiento y, en todo caso, la Sala responsable debió precisar de qué manera el hecho de que la autoridad demandada no haya indicado la cantidad líquida a la cual asciende el importe de los honorarios por concepto de notificación del requerimiento afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución impugnada, para cumplir con las obligaciones fiscales requeridas, es decir, por lo que se refiere al requerimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Ello, porque el citado requerimien
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22243-90660693/requerimiento-de-obligaciones-fiscales-omitidas-no-puede-considerarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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