FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE LA DESIGNACIÓN DEL EJECUTOR EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO NO ES ILEGAL.
REVISIÓN FISCAL 1/2003. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Es esencialmente fundado el agravio que esgrime la autoridad hacendaria, en mérito de los motivos que se exponen a continuación:
Asiste razón jurídica a la inconforme cuando asevera que el mandamiento de ejecución y de requerimiento de pago, cuestionado en el juicio de nulidad, no puede considerarse ilegal por el solo hecho de que la designación del ejecutor se haya hecho en un formato preimpreso.
De manera preferente, conviene transcribir la parte que aquí importa del mandamiento de referencia:
"Para el cumplimiento de lo manifestado se designa como notificador, verificador, ejecutor al C. Celia Cabrera Reyes, quien se identifica con oficio número 322-SAT-R5-L34 3947 de fecha 23 de marzo de 2001, expedido por el administrador local de Recaudación de Puebla Sur, en el que aparece la fotografía y firma del notificador, verificador, ejecutor y que concuerda con sus rasgos fisonómicos, con vigencia del 23 de marzo de 2001 al 31 de julio de 2001." (Lo subrayado aparece con letra manuscrita en el documento impugnado).
Bajo estas condiciones, resulta irrelevante que en el mandamiento de ejecución y requerimiento de pago en examen, el nombramiento del ejecutor se haya hecho constar en un formato preimpreso, ya que debe entenderse que el administrador local de Recaudación sí asentó los datos correspondientes, aun cuando éstos sean con letra diversa a la que ya obra preimpresa en el mandamiento, pues no debe soslayarse la presunción de legalidad de que gozan los actos de las autoridades fiscales, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.
Así, si el contribuyente pretende desconocer esa presunción a través de una negativa, al sostener que la designación del ejecutor no la hizo el administrador local, lo que implica la afirmación de que fue el propio ejecutor quien se autonombró, es claro que en ese supuesto la carga de la prueba de ese hecho recae en el actor de la litis de origen, en seguimiento del aludido artículo 68.
Para ilustrar la circunstancia mencionada, se transcribe a continuación el párrafo que interesa del concepto de impugnación noveno, que se hizo valer en la demanda de nulidad, en el que el contribuyente invoca el punto en discusión:
"Conviene señalar que del análisis que a simple vista se efectúe por esta H. Juzgadora de la designación del notificador, se podrá percatar de los siguientes aspectos de la misma, que hacen dudar de la intención del C. Administrador de la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur de efectuar esa designación, presumiéndose que fue el mismo ejecutor adscrito a la misma administración quien de manera ilegal estableció los datos necesarios para su autodesignación." (Foja 20 del expediente fiscal).
Por consiguiente, si la contraparte de la aquí disconforme a través de su negativa afirma que fue la autoridad ejecutora quien se autodesignó, sin que haya ofrecido prueba alguna para acreditar su dicho, es inconcuso, en tal tesitura, que al menos en ese rubro queda incólume la presunción de legalidad del mandamiento de ejecución.
Por otra parte, debe ponderarse que el mandamiento constituye un todo que comprende tanto lo escrito por el administrador en el momento de hacer la nominación del ejecutor, como lo ya impreso, pues al firmar el administrador queda soportado el contenido en su integridad.
De esta guisa, el formato preimpreso para la designación del ejecutor, que por conveniencia de práctica o facilidad y ahorro de tiempo utilizan los administradores, por sí solo no es ilegal, dado que ello no le resta particularidad al mandamiento de ejecución y requerimiento de pago, y si así fuere, como se ha dicho, el contribuyente debe demostrar que lo asentado en letra manuscrita no corresponde a la voluntad del administrador.
En otro contexto, no pasa inadvertida la jurisprudencia 44/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, octubre de 2001, página 369, cuyos rubro y texto son:
"ORDEN DE VISITA EN MATERIA FISCAL. LA NOTORIA DIFERENCIA ENTRE EL TIPO DE LETRA USADO EN SUS ASPECTOS GENÉRICOS Y EL UTILIZADO EN LOS DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL VISITADO, PRUEBA LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-La orden de visita que se dirija al gobernado a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debe reunir los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, esto es, debe constar por escrito, ser firmada y emitida por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, su objeto, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentren facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate; por tanto, resulta inconcuso que el hecho de que en una orden de visita se hayan utilizado tipos de letra notoriamente distintos, uno que corresponde a sus elementos genéricos y otro a los datos específicos relacionados con el contribuyente, revela que no cumple los requisitos mencionados y sí, por el contrario, debe tenerse por probado que se transgredieron las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el mencionado artículo 16, en cuanto a los requisitos que debe contener aquélla. Lo anterior deriva, por una parte, de que resulta lógico que si la autoridad competente dicta una orden de visita, tanto sus elementos genéricos como los específicos deben estar señalados con el mismo tipo de letra (manuscrita, de máquina de escribir o de computadora) y, por otra, de que tratándose de una garantía individual para el gobernado y siendo perfectamente factible que se cumpla con esto último, debe exigirse su pleno acatamiento y la demostración idónea de ello, y no propiciar que se emitan órdenes de visita que por sus características pudieran proceder, en cuanto a los datos vinculados con el contribuyente y con la visita concreta que deba realizarse, no de la autoridad competente, sino del funcionario ejecutor de la orden pero incompetente para emitirla."
Sin embargo, se estima que dicho criterio no cobra vigencia en este caso, porque se refiere de manera específica a las órdenes de visita y aquí se trata de un mandamiento de ejecución que, por cierto, ni siquiera deriva de una orden de visita.
Al margen de lo anterior, si los elementos específicos del mandamiento, referidos a los datos de identificación del contribuyente deudor, es decir, de la persona sobre cuyo patrimonio recaerá la ejecución, sí constan en forma impresa y únicamente los datos de la autoridad ejecutora obran manuscritos, en tal caso no puede apreciarse que una autoridad sin competencia haya aprovechado el mandamiento, pues como éste no es genérico, en lo que hace a los pormenores del particular requerido, el ejecutor no pudo añadir, a su capricho, los datos relativos a un caso concreto de un contribuyente.
En efecto, el supuesto que se analiza no es factible traducirlo en que autoridades sin competencia se valgan de un mandamiento con las características descritas, porque si el administrador local manifestó su voluntad de que se requiriera de pago al contribuyente, pormenorizando los datos del deudor y del documento determinante del crédito fiscal, al aparecer éstos de manera impresa, es obvio que con tal proceder no se deja en manos del ejecutor la posibilidad de escoger a quién va a requerir de pago, esto es, no queda en el ámbito de decisión del ejecutor elegir el sujeto y el objeto de la diligencia ordenada, pues el manejo de letra diferente, manuscrita, en la nominación del ejecutor, no puede llevar a inferir que los espacios que atañen a la identificación del contribuyente y del crédito fueron requisitados por una autoridad distinta del administrador local.
Al respecto se cita, por ser ilustrativa al caso, al imperar una razón legal semejante a la aquí analizada, la tesis de este tribunal aún pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son:
"FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.-El uso de los formatos preimpresos para el levantamiento de las constancias (citatorio y actas) relativas a las notificaciones que practican los diligenciarios de las dependencias de las autoridades fiscales no deviene ilegal, pues tanto lo previamente contenido en la impresión como lo que se asienta de puño y letra en el momento mismo de la diligencia forman parte de ella y está avalado por el notificador al suscribirla con su respectiva firma, quien se responsabiliza del contenido íntegro del documento. Sin embargo, cabe resaltar que esto no resulta aplicable en los casos de las órdenes de visita, toda vez que en ellas el que ordena no es el mismo que el que diligencia, y el llenar esos espacios provoca inseguridad jurídica en el gobernado, pero sólo, se insiste, en tratándose de órdenes de visita."
En suma, al haber resultado sustancialmente fundado el agravio en estudio, se impone revocar la sentencia recurrida, con el propósito de que la Sala Regional declare infundado el noveno concepto expuesto en la demanda de nulidad y reitere lo que decidió en los considerandos quinto a décimo; además, a fin de no dejar en estado de indefensión al contribuyente, debe hacerse la acotación de que la Sala habrá de entrar al análisis de los restantes conceptos de impugnación introducidos en la ampliación de la demanda y que cuestionan la legalidad del requerimiento de pago, en particular aquellos que se identifican como primero, segundo, tercero y cuarto, este último sólo en lo que ve al inciso c), al haber sido materia de pronunciamiento los diversos incisos a) y b) en la revisión fiscal radicada como 153/2002, del índice de este cuerpo colegiado.
Por lo expuesto, se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil dos por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad 2747/01-12-02-2 promovido por Bodegas Terry, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos puntualizados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados María del Pilar Núñez González, Jaime Raúl Oropeza García (presidente) y Manuel Rojas Fonseca (ponente).
Nota: La tesis de rubro: "FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número VI.3o.A. J/26, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1221.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17783-00363007/formatos-preimpresos-su-uso-en-tratandose-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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