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DOMICILIO FISCAL. EL SIMPLE AVISO DE SU CAMBIO POR EL CONTRIBUYENTE NO ES SUFICIENTE PARA TENER COMO NUEVO EL AHÍ SEÑALADO. DOMICILIO FISCAL. EL AVISO DE SU CAMBIO POR EL CONTRIBUYENTE NO ES SUFICIENTE PARA TENER COMO NUEVO EL AHÍ SEÑALADO, SI LA AUTORIDAD FISCAL DEMUESTRA QUE REALIZÓ DILIGENCIAS O APORTA ELEMENTOS QUE EVIDENCIEN LA FALSEDAD DE AQUEL.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 208/2003. · Registro digital (IUS): 19955
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1451.

REVISIÓN FISCAL 208/2003. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE PUEBLA SUR.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Los agravios hechos valer por la autoridad recurrente devienen, inoperante el primero y fundado y suficiente para revocar la sentencia sujeta a revisión el segundo, en términos de las siguientes consideraciones.

En efecto, es inoperante el primer agravio hecho valer por la recurrente en el que en síntesis manifiesta que la Sala Fiscal transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 239, fracción I, en relación con el diverso 212, ambos del Código Fiscal de la Federación, toda vez que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada sin tomar en consideración que no corrió traslado de la ampliación de la demanda del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8; razón por la que en su concepto, aduce, la deja en estado de indefensión al no estar en aptitud de refutar los conceptos de impugnación vertidos y demostrar la legalidad de la resolución cuya anulación se controvierte.

Lo inoperante del argumento deviene de que con fecha veintiséis de junio de dos mil tres la administradora local jurídica de Puebla Sur, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicitó regularización del procedimiento promoviendo al mismo tiempo incidente de nulidad de notificaciones, el que en la parte que nos interesa, señaló:

"... Se regularice el procedimiento, en términos del artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, toda vez que si bien con fecha 6 de mayo de 2003, lo cierto es que únicamente del mismo se desprende que se admitió la ampliación de demanda instaurada por Ladrillera San Lorenzo, S.A. de C.V., respecto del juicio de nulidad 3874/02-12-02-8, mas no así del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8, como se sostiene en el acuerdo de fecha 11 de junio de 2003 ... Por tal situación, mediante oficio 5731, esta representación fiscal dio contestación a la ampliación de demanda, respecto del juicio de nulidad 3874/02-12-02-8, pues nunca tuvo conocimiento de la ampliación de demanda del juicio de nulidad como del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8, por lo que al no conocer esta autoridad de la existencia de la ampliación de demanda de juicio de nulidad 3850/02-12-02-8; no tuvo oportunidad de promover el medio de defensa oportuno. En consecuencia, se solicita se regularice el procedimiento dejando sin efectos el acuerdo de fecha 11 de junio de 2003 y se ordene al actuario notificar la ampliación de demanda respecto del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8. No obstante lo anterior en forma cautelar se promueve el siguiente: incidente de nulidad de notificaciones. Mediante acuerdo de fecha 11 de junio de 2003, esta administración tuvo conocimiento de la existencia de una ampliación de demanda respecto del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8, misma que no ha sido notificada a esta autoridad.". (fojas 263 y 264 del juicio fiscal 3850/02-12-02-8 y su acumulado 3874/02-12-02-8).

Así pues, el uno de septiembre de dos mil tres, la Sala del conocimiento resolvió el incidente de nulidad de notificaciones hecho valer por las autoridades ahora recurrentes, en el que confirmó la legalidad de la notificación efectuada el seis de mayo de dos mil tres, a través de la que se notificó el auto de veintinueve de dos mil tres, proveído por el que se tuvo por ampliada la demanda de nulidad en los juicios 3850/02-12-02-8 y su acumulado 3874/02-12-02-8.

La Sala Fiscal expuso medularmente lo siguiente:

"... En la tesitura apuntada, resulta que la autoridad tuvo conocimiento del hecho de la presentación de la ampliación de demanda respecto del juicio de nulidad 3850/02-12-02-8, a partir del 18 de junio del 2003, por el que el plazo de cinco días a que se refiere el precepto antes transcrito comprendió los días: 19, 20, 23, 24 y 25 de junio del 2003, en virtud de que los días 21 y 22 del mes y año en cita fueron sábado y domingo, respectivamente, en consecuencia, si el oficio a través del cual se interpuso el incidente que atiende se presentó hasta el 26 de junio del 2003, según se aprecia del sello impreso en el mismo, resulta evidente que el mismo fue presentado después de que se venció el plazo para su oportuna interposición y, por ende, no procede entrar a su contenido.". (foja 288 del juicio fiscal 3850/02-12-02-8 y su acumulado 3874/02-12-02-8).

Ahora bien, dicha resolución le fue notificada a la autoridad recurrente el día veintiséis de septiembre de dos mil tres, según constan los sellos de recepción de las constancias de notificación, las cuales obran agregadas a fojas 300 y 301 del expediente de origen; constancias, además, de las que se advierte la recepción de la sentencia definitiva en seis fojas y de la sentencia interlocutoria en tres fojas.

En ese orden de ideas, se advierte la inoperancia del agravio en análisis, en virtud de que la autoridad recurrente no controvierte la resolución que dio contestación al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto; es decir, no impugna de ilegales los argumentos sostenidos en la resolución de uno de septiembre de dos mil tres, por la que fue resuelto el incidente señalado desvirtuándolo por la extemporaneidad de su presentación.

En el caso, como se advirtió de las transcripciones anteriores, los agravios formulados por la recurrente son una reproducción, casi en términos literales, de las consideraciones vertidas en el incidente de nulidad de notificaciones expuesto, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por la Sala Fiscal, mediante la resolución de uno de septiembre de dos mil tres, resolución que no fue controvertida como una violación dentro del procedimiento contencioso.

Por lo que, si la autoridad no expuso argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la resolución al incidente de nulidad de notificaciones de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni controvirtió la resolución que la contiene, en esa medida debe decirse que el agravio que se hace valer es inoperante porque debió atacar las razones que condujeron a la Sala a desestimar el incidente de nulidad de notificaciones y ya no la notificación misma.

Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trece del Semanario Judicial de la Federación, Volumen cuarenta, Primera Parte, de la Séptima Época, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Si la recurrente, en los agravios, no aborda todas las consideraciones hechas por el juzgador, sino sólo alguna de ellas, aquéllos son inoperantes para conceder el amparo."

Asimismo, resulta aplicable por mayoría de razón la tesis de jurisprudencia 1a./J. 6/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y tres, Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto, son los siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Son inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido."

Así como la jurisprudencia número 1a./J. 81/2002 de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página sesenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de dos mil dos, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."

En diverso sentido, resulta sustancialmente fundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente, en el sentido de que la Sala Fiscal transgrede en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 239, fracción I, en relación con el diverso 212, ambos del Código Fiscal de la Federación, y con el artículo segundo, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que declara la nulidad lisa y llana de los embargos ejecutados el día ocho de noviembre de dos mil dos para hacer efectivo los créditos Z-00469692, Z-00469691 y Q-271007, por considerar que es hasta el diez de marzo de dos mil tres cuando se le dio a conocer el oficio 98519, por el que la Administración Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal resolvió que se deja sin efectos el aviso de cambio de domicilio, señalando que los requerimientos de pago ejecutados, antes señalados, fueron emitidos por autoridad incompetente.

Las anteriores consideraciones permiten determinar que el agravio en estudio contiene los elementos mínimos que permiten a este órgano colegiado proceder a su estudio, ya que en esencia aduce que la quejosa no cambió de domicilio, razón por la cual es competente la Administración Local de Recaudación de Puebla Sur.

Atendiendo a la tesis de jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal sobre la causa de pedir es sustancialmente fundado el segundo agravio expuesto por la autoridad inconforme y suficiente para revocar la sentencia recurrida.

En efecto, en principio al resolver el Tribunal Colegiado un recurso de revisión fiscal, debe atender a la teoría procesal de la causa de pedir; siendo aplicable la tesis VI.3o.A.63 A de este tribunal, publicada en la página mil doscientos ochenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Novena Época, correspondiente al mes de marzo de dos mil dos, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. ALCANCE DE LA TEORÍA DE LA CAUSA DE PEDIR. El análisis de los motivos de inconformidad implica la comprensión de los planteamientos y la finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos ni rigorismos, o sea, sin la exigencia de un silogismo formal. Por tanto, aun en agravios vertidos por la autoridad en una materia de estricto derecho, sí es dable aplicar la citada teoría, sin que ello se traduzca en suplencia de queja deficiente, pues lo único que toca al juzgador es poner de manifiesto la verdadera intención de quien recurre, a través de los argumentos expuestos y, por lo demás, sería desequilibrar la igualdad de las partes si en asuntos de estricto derecho, como lo son tanto el amparo directo fiscal como la revisión fiscal, a uno de los impetrantes (el quejoso) sí se le tratara con tal teoría y al otro (autoridad recurrente) no, sin llegar al extremo, se repite, de suplencia de queja deficiente."

No obstante lo anterior, dicha teoría no debe ser entendida de forma irrestricta que conlleve a perfeccionar los agravios formulados por los recurrentes, sino en sus precisos términos ya definidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 69/2000, visible en la página cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Novena Época, correspondiente al mes de agosto de dos mil, que es del tenor literal siguiente:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."

Con la finalidad de apreciar en sus correctos términos la teoría en estudio, conviene invocar la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000, del Tomo XII, agosto de 2000, emitida por el mismo Tribunal Pleno, publicada en la página treinta y ocho del Semanario en cita, la cual establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.’, en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo."

Las anteriores jurisprudencias se invocan en el presente caso por analogía, ya que si bien se refieren al juicio de garantías, es de advertirse que las razones en ellas expuestas son aplicables en general a cualquier proceso en el cual el legislador no haya determinado expresamente requisitos particulares para la expresión de agravios.

Así, se advierte que la teoría de "la causa de pedir" debe ser entendida como el abandono de formalismos rígidos y solemnes, verbigracia, exigir silogismos jurídicos; sin embargo, en todo caso se debe evidenciar la lesión o agravio que el recurrente estime le causa la resolución objeto del recurso y los motivos que originaron ese agravio, debiendo además controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última, por lo que de manera alguna dicha teoría implica que los recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento.

Ahora bien, el presente asunto será examinado bajo las anteriores premisas. Para ello, en primer término conviene definir qué se entiende por domicilio fiscal y transcribir las normas aplicables al caso, pues de ello depende la solución a la litis planteada.

Domicilio fiscal, es el que la hacienda pública utiliza para sus relaciones con el obligado tributario, es decir, es el lugar de su residencia habitual, en el que precisamente se encuentre centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios.

Los artículos que se refieren al domicilio fiscal y al cambio de domicilio fiscal, son los artículos 10 y 27 del Código Fiscal de la Federación, y 14 y 20 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, preceptos que son del tenor literal siguiente:

Código Fiscal de la Federación

"Artículo 10. Se considera domicilio fiscal:

"I. Tratándose de personas físicas:

"a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios.

"b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior y presten servicios personales independientes, el local que utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades.

"c) En los demás casos, el lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades.

"II. En el caso de personas morales:

"a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio.

"b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.

"Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en el lugar que conforme a este artículo se considere domicilio fiscal de los contribuyentes, en aquellos casos en que éstos hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto. Lo establecido en este párrafo no es aplicable a las notificaciones que deban hacerse en el domicilio a que se refiere la fracción IV del artículo 18."

"Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el reglamento de este código ..."

Reglamento del Código Fiscal de la Federación

"Artículo 14. Las personas físicas o morales obligadas a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en los términos del artículo 27 del código, deberán presentar su solicitud de inscripción, en la cual, tratándose de sociedades mercantiles, señalarán el nombre de la persona a quien se haya conferido la administración única, dirección general o gerencia general, cualquiera que sea el nombre del cargo con que se le designe. Asimismo, las personas físicas o morales presentarán, en su caso, los avisos siguientes:

"I. Cambio de denominación o razón social.

"II. Cambio de domicilio fiscal.

"III. Aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanudación de actividades.

"IV. Liquidación o apertura de sucesión.

"V. Cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes.

"Asimismo, presentarán aviso de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para el desempeño de servicios personales independientes, en los términos del artículo 24 de este reglamento."

"Artículo 20. Se considera que hay cambio de domicilio fiscal en los términos de la fracción II del artículo 14 de este reglamento, cuando el contribuyente o retenedor lo establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado o cuando deba considerarse un nuevo domicilio en los términos del código.

"El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá darse dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho que corresponda.

"Cuando el nuevo domicilio fiscal del contribuyente o retenedor, esté en la misma circunscripción territorial de la autoridad ante la que ha venido presentando declaraciones periódicas, este aviso lo presentará ante ella.

"Cuando el nuevo domicilio fiscal del contribuyente o retenedor quede dentro de la circunscripción territorial de autoridad distinta de aquella ante la que venía presentando declaraciones periódicas, este aviso se presentará ante la autoridad recaudadora que corresponda a su nuevo domicilio.

"Cuando en las formas de declaración se prevea el señalamiento de cambio de domicilio fiscal y así se manifieste, se considerará presentado el aviso a que se refiere este artículo al presentarse dicha declaración ante la autoridad recaudadora correspondiente.

"En caso de cambio de nomenclatura o numeración oficial, la autoridad fiscal actualizará los datos correspondientes, sin que en este caso el contribuyente deba presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal.

"Las personas físicas a excepción de aquellas que perciban ingresos por actividades empresariales o por prestar servicios personales independientes, quedarán relevadas de presentar el aviso a que se refiere este artículo, manifestando su cambio de domicilio fiscal en la primera declaración anual del impuesto sobre la renta que presente o deba presentar con posterioridad a dicho cambio."

De las transcripciones anteriores y muy en especial del artículo 10 del código tributario, se advierte que el legislador ordinario define y clasifica el domicilio fiscal de los contribuyentes, dependiendo si se trata de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, pero destacando en todos los casos como criterio prevaleciente de asignación, a aquel lugar donde se encuentra el principal asiento de los negocios o aquel lugar en el que se encuentre la administración principal del negocio.

Así, se considera domicilio fiscal, en el caso de las personas físicas, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, o bien, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades; asimismo, para las personas morales residentes en el país o en el extranjero, se entenderá como el local en que se encuentre la administración principal del negocio, y en el caso de ser varios los locales, será aquel en el que tenga su administración principal.

Lo anterior permite interpretar que para el legislador el domicilio fiscal de los causantes será aquel en que se encuentre real y materialmente la administración principal del negocio y no cualquier domicilio convencional; inclusive, a pesar del señalamiento en contrario por el contribuyente, al facultar a las autoridades hacendarias a practicar las diligencias en el lugar que conforme a lo establecido en el artículo 10 del código tributario se considere como domicilio fiscal, es decir, donde se encuentre el principal asiento o local de su administración.

Tal premisa cobra importancia porque para el legislador es primordial no coartar el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y en especial la realización de diligencias propias de su ámbito de competencia, como lo son visitas domiciliarias, visitas de gabinete, órdenes de embargo o cualquiera otras diligencias íntimamente ligadas con sus facultades, sobresaliendo que tales diligencias no pueden estar supeditadas al simple dicho de los contribuyentes, manifestado a través de su inscripción o aviso de cambio de domicilio, es decir, tienen que asegurarse de que los hechos narrados sean verídicos.

Así, los artículos 27 del Código Fiscal de la Federación y 14, fracción II, de su reglamento, establecen la posibilidad de que los contribuyentes puedan declarar su domicilio fiscal, o bien, efectuar cambios del mismo, a través del aviso respectivo, pero conservando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en todo tiempo la facultad contenida en el artículo 10, último párrafo del Código Fiscal de la Federación.

En conclusión, para el legislador el domicilio fiscal será aquel en donde se encuentra el principal asiento de la administración del negocio, tratándose de personas morales.

Ahora bien, en el presente caso, la empresa actora Ladrillera San Lorenzo, Sociedad Anónima de Capital Variable, originalmente manifestó tener su domicilio fiscal en carretera a Moyotzingo, kilómetro 2 E 2, San Baltazar Temaxcalac, San Martín Texmelucan, Puebla, código postal 74129, y más tarde presentó aviso de cambio de domicilio mediante el formato R1 depositado el dieciocho de diciembre de dos mil uno y con registro de entrada número 195253 por el que hizo del conocimiento al administrador local de recaudación del centro del Distrito Federal su cambio de domicilio fiscal a la Ciudad de México.

Esa autoridad fiscal el dieciocho de octubre de dos mil dos, mediante oficio 322-SAT-09-II-IV-B-98519, resolvió respecto del aviso de cambio de domicilio, en el que medularmente expuso:

"... Mediante el aviso presentado a través de su formato R-1, depositado con fecha 18/12/01 y con registro de entrada número 195253, por el que comunica a esta dependencia su cambio de domicilio fiscal ubicándolo ahora en Zacatecas No. 35, int 104, col. Roma, deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700, y señalándolo al efecto como el nuevo lugar donde desarrollaría su actividad preponderante ... Una vez que se recibió su aviso en comento, se procedió a elaborar orden de verificación a fin de comprobar lo manifestado en el mismo, emitiéndose al efecto la folio No. 70005209199271, de fecha 18/09/02, misma que se llevó a cabo el día 1o. del mes de octubre del año 2002, obteniéndose como resultado lo siguiente: ‘Informó un empleado de la empresa Transportes San Lorenzo el cual no se identificó, que la empresa buscada se encuentra en San Martín Texmelucan, proporcionó el No. de teléfono 0124842690 y el encargado es el Lic. Alberto Aguirre y este domicilio sólo es para oír y recibir documentación.’-Con base en lo anterior, se procede a dejar sin efectos el aviso de cambio de domicilio fiscal intentado, toda vez que después de practicarse la verificación ordenada, misma que ya quedó precisada con antelación, los hechos no corresponden en modo alguno a lo manifestado de su parte, por lo que en consecuencia, continuará bajo la circunscripción territorial de la Administración Local de Recaudación del (sic) Puebla Sur, autoridad que es competente en el lugar donde se ubica su domicilio fiscal de origen, antes de la presentación del aviso de cambio ...". (fojas 59 y 60 del juicio fiscal 3850/02-12-02-8 y su acumulado 3874/02-12-02-8).

De lo anterior se advierte que una vez efectuada la solicitud del contribuyente, la autoridad fiscal en uso de sus facultades de comprobación y a efecto de cerciorarse de que efectivamente el cambio de domicilio comunicado fuera real, ordenó la verificación del mismo en términos del artículo 10, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

En la diligencia de mérito se advirtió que el nuevo domicilio fiscal manifestado por la contribuyente no corresponde al principal asiento de su administración, sino que el mismo como lo informó la persona con la que se llevó a cabo la diligencia es únicamente para oír y recibir notificaciones.

En esa tesitura, el simple aviso de cambio de domicilio de la contribuyente no puede ser suficiente para tener como su nuevo domicilio el ahí señalado, sino que como se aprecia de la diligencia antes referida, al no ser real su traslado, ya que la persona con la que se entendió la diligencia sostuvo que era sólo para oír y recibir notificaciones, incumple con los requisitos para ser considerado domicilio fiscal, actualizándose en este caso, por tanto, lo previsto en el último párrafo del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación.

Esto es, que ante tal circunstancia la autoridad fiscal válidamente practicó la diligencia impugnada en el juicio fiscal en el lugar que conforme al propio artículo se considera el domicilio fiscal de los contribuyentes, porque el designado por este último es distinto al que le corresponde de acuerdo al propio precepto.

Lo anterior no significa que el domicilio no pueda ser trasladado, sino que para que surta efectos de validez debe ser de manera real, pues la autoridad hacendaria conservaría en todo tiempo la facultad de verificar su certeza a través de la práctica de diligencias y constatar que el nuevo domicilio corresponde al lugar en que se encuentre la principal administración del negocio; de manera que el simple aviso de cambio de domicilio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19955-f094d2e5/domicilio-fiscal-el-simple-aviso-de-su-cambio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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