NULIDAD LISA Y LLANA POR VICIOS DE FORMA DECLARADA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN III, Y 52, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y SUS ALCANCES SON LOS DEL TIPO DE NULIDAD EXCEPCIONAL QUE SE PREVEÍA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
REVISIÓN FISCAL 170/2008. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE PUEBLA SUR Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son parcialmente fundados los agravios hechos valer, por las razones que a continuación se exponen.
Antes de realizar el estudio respectivo, para una mejor comprensión del asunto, conviene referir los siguientes antecedentes que se desprenden de los autos del juicio de nulidad de origen:
1. Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la persona jurídica denominada **********, por conducto de su representante legal, promovió juicio contencioso administrativo en el que demandó la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación SAT 9/2007, emitida por el Administrador Local Jurídico de Puebla Sur, por la que se confirmó la multa contenida en el oficio 326-SAT-A37-II-A-2-IN-027561, de treinta de agosto de dos mil seis, impuesta a la contribuyente por el Subadministrador de la Aduana de Veracruz, en un monto de $993.00 (novecientos noventa y tres pesos con cero centavos), por presentar documentos que amparan mercancías importadas con datos inexactos u omisiones, derivado del reconocimiento aduanero y de un procedimiento de fiscalización en mercancías de difícil identificación (demanda de nulidad visible en las fojas 1 a 83 del juicio de origen, mientras que las resoluciones impugnada y recurrida corren agregadas, respectivamente, en las fojas 86 a 95 y 118 a 125 de dichos autos).
2. Mediante auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil siete, la Magistrada instructora de la Tercera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda (foja 154 frente y vuelta); y seguido el trámite respectivo, la citada Sala dictó una primera sentencia definitiva en el juicio de nulidad el día doce de febrero de dos mil ocho, en la que por una parte resolvió que no se sobreseía en el juicio fiscal y, por otra, reconoció la validez de la resolución impugnada (fojas 434 a 464 vuelta).
3. Inconforme con lo anterior la parte actora promovió juicio de amparo directo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este tribunal colegiado, radicándose con el número de expediente DF-169/2008; mismo que fue resuelto mediante sentencia de fecha dos de julio de dos mil ocho, en la que se concedió el amparo solicitado en los siguientes términos:
"... En consecuencia, al resultar parcialmente fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que reitere lo expuesto en los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto del propio fallo, en donde respectivamente, desestimó el motivo de improcedencia invocado por las demandadas, y desestimó los conceptos de anulación relativos a la ilegal fundamentación de la competencia material y territorial de la resolución determinante primigenia, así como el referente a la conclusión extemporánea del procedimiento aduanero; hecho lo cual, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, estime fundados los conceptos de anulación marcados como sexto, inciso e), décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de la demanda de nulidad, además del segundo de su ampliación, en cuanto se adujo la ilegalidad de la notificación del escrito de hechos y omisiones, por no circunstanciarse en el acta de notificación la forma en que el funcionario actuante se cercioró de estar en el domicilio buscado, y con base en ello, siguiendo el orden establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceda al estudio de los restantes conceptos de anulación de la demanda y su ampliación, incluidos aquellos en los que se controvirtió la ilegalidad del referido escrito de hechos y omisiones que la actora adujo desconocer, además de las restantes actuaciones del procedimiento aduanero cuyo estudio omitió la Sala al considerar legal la notificación del propio escrito, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda." (fojas 670 vuelta y 671).
4. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de julio del presente año, el presidente de este órgano colegiado declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo directo DF-169/2008, al no haber sido recurrida (foja 683 frente y vuelta).
5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala Fiscal dictó una nueva sentencia en el juicio de nulidad el día siete de agosto de dos mil ocho, en la que por una parte, en reiteración del considerando tercero del fallo anterior, desestimó el motivo de improcedencia invocado por las autoridades demandadas y, por otro lado, previa reiteración de los considerandos cuarto, quinto, y sexto de la sentencia anterior, en los que respectivamente desestimó los conceptos de anulación relativos a la ilegal fundamentación de la competencia material y territorial de la resolución determinante primigenia, así como el referente a la conclusión extemporánea del procedimiento aduanero, estimó parcialmente fundados los conceptos de anulación marcados como sexto, inciso e), décimo primero, décimo segundo y décimo tercero de la demanda de nulidad, además del primero y segundo de su ampliación, en cuanto se adujo en ellos la ilegalidad de la notificación del escrito de hechos y omisiones, por no circunstanciarse en el acta de notificación la forma en que el funcionario actuante se cercioró de estar en el domicilio buscado, y en mérito de ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y recurrida, señalando en lo conducente lo que a continuación se transcribe:
"... De lo anterior, se desprende que la autoridad determinó a la parte actora el crédito fiscal recurrido en primera instancia señalando que se le dio a conocer a la parte actora el oficio de hechos y omisiones encontrados durante el desarrollo del reconocimiento aduanero que diera origen a la mencionada liquidación, lo cual no aconteció como se estableció en párrafos anteriores, ya que se demostró que la autoridad demandada fue omisa en notificarle a la actora el mencionado oficio de hechos y omisiones contenido en el oficio número 326-SAT-A37-II-A-2-005742 de fecha 22 de febrero de 2006 que diera origen al crédito fiscal impugnado. En tal orden de ideas esta juzgadora concluye que en el caso queda plenamente comprobado que con la emisión de la resolución contenida en el oficio número 326-SAT-A37-II-A-2-IN-027561 de fecha 30 de agosto de 2006, mediante el cual la Aduana de Veracruz determina a la hoy actora su situación en materia de comercio exterior, se violó en perjuicio de la hoy actora lo dispuesto en el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, actualizándose con ello la hipótesis de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que los hechos que motivaron la resolución impugnada se apreciaron en forma distinta, como lo es el que la autoridad haya determinado y notificado conforme a derecho el oficio de hechos y omisiones que diera origen a la multa controvertida, por lo que con fundamento en el artículo 52, fracción II, del mismo ordenamiento legal citado, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida en primera instancia y por consecuencia la impugnada en el presente juicio. Sirve de apoyo, la siguiente tesis I.7o.A.169 A en materia administrativa, Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV. Marzo de 2002. Página: 1387, que establece: ‘NULIDAD. LA DECRETADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN UNA RESOLUCIÓN APOYADA EN HECHOS CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA, DEBE SER LISA Y LLANA (Se transcribe y cita precedente).’. Asimismo, resulta aplicable en su parte conducente la jurisprudencia I.4o.A. J/21 en materia administrativa, Novena Época, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVII. Marzo de 2003. Página: 1534, que establece: ‘NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS (Se transcribe y cita precedentes).’... Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve: I. La parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia: II. Se declara la nulidad lisa y llana tanto de la resolución impugnada como de la recurrida en primera instancia. III. Mediante atento oficio que se gire al H. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remítasele copia certificada de la presente sentencia, como constancia del cumplimiento dado al amparo directo número 169/2008. IV. Notifíquese." (fojas 711 vuelta a 713 vuelta).
Dicha sentencia constituye la materia del presente recurso de revisión fiscal.
Precisado lo anterior, por razón de técnica jurídica, este Tribunal Colegiado procederá a continuación al examen conjunto de los dos conceptos de agravio hechos valer por las autoridades recurrentes.
En el marcado como ‘único’ (sic), que en realidad corresponde al primer agravio (fojas 5 a 8), las recurrentes sostienen en esencia que el fallo recurrido es ilegal, toda vez que la nulidad declarada por la Sala Fiscal debió ser para el efecto de que se emitiera una nueva actuación por parte de la autoridad exactora, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al haberse actualizado una violación de carácter formal al inicio del procedimiento de fiscalización en materia aduanera, pero no así una declaratoria de nulidad lisa y llana como sucedió en el caso; que ello es así, porque ante la ilegal notificación del acta de irregularidades de las mercancías de difícil identificación que fueron objeto del reconocimiento aduanero, se surte una violación a los requisitos formales del procedimiento referida expresamente en la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal en cita, lo que trae como consecuencia que se declare la nulidad para efectos de la resolución determinante primigenia.
Agregan las inconformes que, al considerar la ilegalidad de la notificación del acta de irregularidades u oficio de hechos y omisiones, la Sala soslayó que en la citada actuación se le concede al particular el plazo de diez días para que ofrezca las pruebas y alegatos que a su derecho convengan respecto de las irregularidades asentadas en el acta, por lo que al tratarse de un vicio en el procedimiento fiscalizador de origen, la Sala debió declarar la nulidad de la resolución determinante primigenia y de la recurrida a fin de que la autoridad reponga el procedimiento desde que aconteció el vicio de ilegalidad, esto es, para el efecto de que se le notifique legalmente al particular el propio escrito de hechos y omisiones, y que se continúen con las restantes actuaciones que al respecto establece el artículo 152 de la Ley Aduanera.
Asimismo, sostienen las autoridades que si bien existe diversidad de criterios en los que se establece que ante la ilegalidad de la notificación que precede a la entrega de una orden de visita domiciliaria, la nulidad decretada no puede ser para efectos, lo cierto es que, refieren las recurrentes, tales criterios se apoyaban en el entonces artículo 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, el cual establecía un tipo de nulidad excepcional tratándose del ejercicio de las facultades discrecionales de las autoridades; empero, sostienen las inconformes que esa excepción desapareció con la entrada en vigor de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que conlleva la inaplicabilidad de los criterios respectivos, debiendo aplicarse en cambio lo dispuesto expresamente por la fracción IV del artículo 52 de la citada ley, y declarar la nulidad para efectos de las actuaciones correspondientes.
Por su parte, en el segundo agravio (fojas 8 vuelta a 11), las autoridades inconformes refieren esencialmente que la sentencia recurrida es contraria a derecho, porque si bien la Sala Fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnada y recurrida, citando como fundamento de ello la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el presente caso la nulidad declarada por la Sala fue lisa y llana pero sin dejar a salvo las facultades de la autoridad para emitir un nuevo acto, lo que resulta ilegal porque la violación que se estimó actualizada constituye un vicio de forma que es susceptible de subsanarse.
Además, aducen las inconformes que inclusive, de estimarse que la nulidad que se declare por considerar ilegal la notificación del origen del procedimiento de fiscalización, no puede ser para efectos, en el caso a estudio la nulidad deriva de una violación de carácter formal, lo que conlleva a declarar una nulidad en la que ni se obligue ni se impida a la autoridad exactora a subsanar el vicio formal cometido, siempre que se encuentre dentro del plazo legal que para el ejercicio de sus facultades de comprobación establezca la ley, por lo que insisten en que la nulidad declarada debió ser para efectos conforme a lo dispuesto por los artículos 51, fracción II y 52, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Son parcialmente fundados los agravios antes resumidos.
Como cuestión previa al examen de los tipos de nulidad contenidos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con las consideraciones de la sentencia recurrida y con los argumentos hechos valer al respecto por las recurrentes, en el caso a estudio conviene señalar inicialmente que tratándose de los procedimientos de fiscalización en los que se levante un acta de muestreo con motivo del reconocimiento aduanero de mercancías de difícil identificación, como acontece en el presente asunto, dicho procedimiento no inicia con el levantamiento de la propia acta de muestreo, sino que ello acontece sólo cuando a partir del examen técnico de las muestras tomadas y con los dictámenes correspondientes, en su caso, se advierte la existencia de irregularidades respecto de la mercancía declarada al momento de la importación, y en consecuencia se emite el escrito de hechos u omisiones o acta de irregularidades a que se refiere el artículo 46 de la Ley Aduanera, siendo hasta ese momento cuando inicia el procedimiento aduanero, dado que la denominada acta de irregularidades antes referida, al tenor de lo dispuesto por el artículo 152, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, debe ser legalmente notificada al contribuyente, y el mismo contará con un plazo de diez días para desvirtuar los hechos u omisiones respectivos, aportando las pruebas y haciendo valer los alegatos que a su derecho convengan.
Al caso se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 102/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 213 del Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"ACTA DE IRREGULARIDADES. LA LEVANTADA CON MOTIVO DEL RECONOCIMIENTO ADUANERO O SEGUNDO RECONOCIMIENTO, TRATÁNDOSE DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN, DEBE LLEVARSE A CABO HASTA EN TANTO SE REALICE EL ANÁLISIS RESPECTIVO. De la interpretación de los artículos 43 a 46, 152 de la Ley Aduanera, vigentes hasta el dos de febrero de dos mil seis, así como 60 a 66 de su reglamento, se advierte que al realizarse el primer o segundo reconocimiento aduanero, las autoridades hacendarias están facultadas para tomar muestras de las mercancías presentadas, cuando éstas sean de difícil identificación, a fin de estar en posibilidad de determinar su composición cualitativa o cuantitativa, uso, proceso de obtención o características físicas; tal diligencia, denominada acta de muestreo (que es distinta al acta de irregularidades), atendiendo al principio de inmediatez, debe levantarse en ese momento, es decir, cuando es realizado el reconocimiento y se toman las muestras correspondientes. Mientras que el acta de irregularidades a que hace referencia el artículo 152 de la ley en comento, tendrá verificativo hasta que se hayan realizado los análisis correspondientes por la autoridad competente, sin que ello implique que el Estado pueda iniciar el procedimiento aduanero sin sujeción temporal alguna, ya que, en todo caso, deberá observar las reglas legales de caducidad de sus facultades de comprobación."
Precisado lo anterior, conviene señalar que como se advierte de los antecedentes narrados previamente, en la sentencia recurrida la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnada y determinante recurrida, ante la ilegalidad de la notificación del acta de irregularidades de las mercancías de difícil identificación que fueron objeto del reconocimiento aduanero, misma que como se ha visto significó el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en el presente caso, y que por tanto, la nulidad declarada por la Sala se sostuvo en un vicio de forma, al surtirse un caso análogo al que acontece con la ilegalidad de la notificación de una orden de visita domiciliaria, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencialmente que en esos supuestos se actualiza una violación formal, y que tiene una similitud relevante con el caso a estudio en la medida en que en ambos se trata del inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
La jurisprudencia a que se alude se identifica con el número 2a./J. 63/2002, y se encuentra publicada en la página 443, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, que a la letra señala:
"VISITA DOMICILIARIA. LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL DEL CITATORIO CONSISTENTE EN NO ESPECIFICAR QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, según lo dispuesto en la primera parte de la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal; sin embargo, cuando el citatorio no especifica el tipo de diligencia para la cual se cita al visitado o a su representante, es decir, para recibir la orden de visita domiciliaria, la nulidad de la resolución impugnada debe ser declarada con fundamento en la excepción a aquella regla, prevista en la segunda parte de la fracción III del artículo últimamente citado, es decir, para el efecto de que la autoridad deje insubsistente dicha resolución así como el procedimiento de fiscalización desde el momento en que se cometió la violación formal, esto es, desde la notificación de la orden de visita, sin que con ello se obligue, o se impida a la autoridad, a notificar nuevamente la orden de visita que no fue materia de la litis, o a emitir otra, según lo dispuesto por la ley, e iniciar nuevamente las facultades de comprobación. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo que establece el artículo 42, fracción III y último párrafo, del código invocado, la práctica de las visitas domiciliarias es una facultad discrecional de la autoridad, por lo que, en ese sentido, la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Federal queda protegida desde el momento en que se declara nula la resolución impugnada por vicios formales del acto, pero debido a que dicha nulidad se produjo al momento de la notificación de la orden de visita, acto que da inicio al ejercicio de las facultades de comprobación, el alcance de esa garantía no se extiende al grado de que el contribuyente no pueda ser objeto de la visita domiciliaria ordenada o de otra diferente, porque el ejercicio de las facultades fiscalizadoras, que son propias de la autoridad, derivan de la ley y no de lo señalado en una sentencia de nulidad."
En la jurisprudencia transcrita, se señala que la ilegalidad que se encuentre en el citatorio que precede a la entrega de una orden de visita domiciliaria (situación análoga al caso de que se estime ilegal la notificación del acta de irregularidades tratándose de un procedimiento aduanero respecto de mercancías de difícil identificación, como sucedió en la especie), constituye un vicio formal que conduce a una nulidad que no obliga a la autoridad a subsanar su acto, pero tampoco se lo impide, en términos de lo dispuesto por el artículo 239, fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación (precepto actualmente derogado).
De esta forma, ese tipo de nulidad excepcional, también llamado "discrecional" atendiendo a ese tipo de facultades de la autoridad demandada, expresamente se contemplaba diferenciada por el legislador en el artículo de referencia, de la nulidad "para efectos" y de la diversa llamada "lisa y llana".
Sin embargo, actualmente el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no hace esa distinción y prevé únicamente dos tipos de nulidades: "lisa y llana" y "para efectos", como se observa de la siguiente transcripción:
"Artículo 52. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación. IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurrido el plazo establecido en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 6o. de esta ley."
El precepto legal antes transcrito fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/2006-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del Más Alto Tribunal del País, cuya ejecutoria se encuentra publicada a partir de la página 743 del Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente establece:
"... La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. La ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta que se ha calificado en la práctica jurisdiccional como lisa y llana que puede deberse a vicios de fondo, de forma o de procedimiento o, incluso, por falta de competencia, según sea la causa por la que el acto impugnado carezca de todo valor jurídico y por ello queda nulificado; y la nulidad para efectos en la que la autoridad administrativa, en algunos casos se encuentra obligada a revocar la resolución y a emitir otra en la que subsane las irregularidades formales o procesales que provocaron su nulidad. La nulidad relativa ocurre normalmente en los casos en que la resolución impugnada se emitió al resolver un recurso administrativo. Si se violó el procedimiento la resolución debe anularse pero ello tendrá que ser para el efecto de que se subsane la irregularidad procesal y se emita una nueva. Igual ocurre cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo la ausencia de fundamentación y motivación provoca su nulidad, que carezca de todo valor jurídico, y la autoridad vinculada a emitir una decisión en el recurso administrativo deberá dictar una nueva resolución fundada y motivada, corrigiendo el defecto que tenía la resolución anterior y por el que se anuló. Por lo que toca a la nulidad lisa y llana o absoluta, existe una coincidencia con la nulidad para efectos, a saber: la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento. Sin embargo también existen diferencias, según sea la causa de anulación. Si se consideró que la resolución o el acto impugnado debía nulificarse por provenir de un procedimiento viciado, por adolecer de vicios formales, o por carecer de competencia, en principio, pues puede existir algún otro impedimento que no derive de la sentencia, existirá la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere la deficiencia que originó la nulidad, como sería corregir el procedimiento, fundar y motivar la nueva resolución, o que la autoridad competente emita otra. La diferencia con la nulidad para efectos es muy clara: en la nulidad absoluta o lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y la autoridad no está obligada a emitir una nueva resolución. Habrá ocasiones en que existan los impedimentos aludidos como que no exista autoridad competente, que no existan fundamentos y motivos que puedan sustentarla o que se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente, no obstante que hubieran existido fundamentos y motivos. Solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto, es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre el problema o problemas de fondo debatidos. Pretender que una nulidad absoluta o lisa y llana originadas en vicios de forma o de procedimiento o de falta de competencia, ya decidieron definitivamente el debate y no es posible que se dicte una nueva resolución, es inaceptable, puesto que en estos casos no se juzgó sobre el fondo y ello significa que no puede existir cosa juzgada al respecto. En congruencia con las anteriores ideas los artículos 239 del Código Fiscal de la Federación y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo determinan que las sentencias que d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22688-c65ec242/nulidad-lisa-y-llana-por-vicios-de-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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