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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE UNA VISITA DOMICILIARIA, CUANDO POR VICIOS DE FORMA DE LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL, LA SALA FISCAL LA DECLARE INEXISTENTE Y, COMO EFECTO, INEXISTENTES TAMBIÉN LOS HECHOS SUSTENTO DEL CRÉDITO (INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a/J. 88/2011).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. · Registro digital (IUS): 25488
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-02-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1968.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO Y ARTURO HERNÁNDEZ TORRES. DISIDENTES: JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ Y JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ. SECRETARIA: CRISTINA GUZMÁN ORNELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados del referido circuito especializados en materia administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los preceptos legales invocados, ya que la formuló el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito; órgano jurisdiccional que resolvió uno de los asuntos de los que deriva la presente contienda.

TERCERO. Con el propósito de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal **********, en sesión de diez de julio de dos mil catorce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Procedencia. Con independencia de lo expuesto por la recurrente en su escrito de agravios, este Tribunal Colegiado procede oficiosamente al análisis de la procedencia del recurso, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 326 del Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. EL ESTUDIO OFICIOSO DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE AUNQUE LA AUTORIDAD RECURRENTE NO EXPRESE ARGUMENTOS PARA UBICAR EL RECURSO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALVO QUE SE TRATE DEL DE SU FRACCIÓN II.’. En el particular, se surte el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 63, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (por cuantía), en tanto que se impugna la sentencia definitiva dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio ********** , de veinticinco de abril de dos mil once, mediante la cual se determinó a **********, Asociación Civil, un crédito por la cantidad de ********** pesos con ********** centavos, por concepto de retenciones de impuesto al valor agregado, retenciones de impuesto sobre la renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, retenciones de impuesto sobre la renta por asimilados a salarios, retenciones de impuesto sobre la renta por la prestación de servicios profesionales, actualizaciones, recargos y multas. Por tanto, dicha cuantía excede de doscientos treinta y cinco mil quinientos quince pesos, necesaria para justificar la procedencia del recurso conforme a la fracción I del artículo en comento, la cual se obtiene de multiplicar tres mil quinientas veces sesenta y siete pesos con veintinueve centavos, moneda nacional, importe a que asciende el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al diecinueve de marzo de dos mil catorce, fecha en que se emitió la sentencia recurrida. Lo anterior encuentra sustento en las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia número 2a./J. 60/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 588 del Tomo XXXIII, mayo de 2011, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro refiere: ‘REVISIÓN FISCAL. EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE RESPECTO DE RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL, SE ACTUALICE ATENDIENDO A LA CUANTÍA O A LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO.’. Además, la nulidad que la Sala decretó fue por un vicio de fondo, pues al respecto señaló: ‘Por lo anterior, y en atención a que en el caso que nos ocupa no existen conceptos de impugnación que llevarían a una declaratoria de nulidad que causara un mayor beneficio a la promovente, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, así como de la resolución recurrida en términos del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que respecto a la determinación del crédito fiscal controvertido se actualiza la causal de anulación prevista en el artículo 51, fracciones III y IV, del ordenamiento legal en cita, debido a que los hechos en que se motivaron, como lo es el levantamiento de la última acta parcial, no se realizaron.’ (lo resaltado no es de origen). Por lo expuesto, no resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Tomo XXXIV, agosto de 2011, de la Novena Época del citado medio de difusión oficial, de rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).’ ... SÉPTIMO. Estudio. Los agravios identificados como 1 y 3 son fundados y, por tanto, suficientes para revocar la sentencia recurrida. Previamente a exponer las consideraciones que sustentan la anterior determinación se precisa tener en cuenta algunos antecedentes de la sentencia recurrida. Mediante oficio ********** , el director regional de Auditoría Fiscal ‘C’, de la Subsecretaría de Finanzas, de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, emitió orden de visita a cargo de **********, Asociación Civil, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecto como retenedor en materia de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta (fojas 49 y 50). Así, seguido el desarrollo de la visita, el seis de octubre de dos mil diez, se levantó la última acta parcial y el veinticinco de abril de dos mil once, se emitió el oficio **********, mediante el cual se determinó a **********, Asociación Civil, un crédito por la cantidad de ********** pesos con ********** centavos, por concepto de retenciones de impuesto al valor agregado, retenciones de impuesto sobre la renta por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, retenciones de impuesto sobre la renta por asimilados a salarios, retenciones de impuesto sobre la renta por la prestación de servicios profesionales, actualizaciones, recargos y multas (fojas 283 a 306 y 340 a 377). Inconforme con la anterior determinación, **********, Asociación Civil, interpuso recurso de revocación, el cual lo confirmó mediante oficio **********, de veintiséis de septiembre de dos mil once, emitido por la directora de Procesos y Resoluciones de la Subprocuraduría Fiscal de asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato (fojas 76 a 111). Las anteriores resoluciones fueron impugnadas en el juicio de nulidad **********, cuya sentencia aquí se revisa. Asimismo, se precisa que es procedente el análisis de los agravios, en virtud de que el presunto vicio detectado por la Sala no es de forma, toda vez que involucra una actuación previa a la resolución determinante que fue la base conforme a la cual los hechos fueron analizados en ésta. Ahora, tal como se adelantó, resulta fundado el agravio identificado en la presente resolución como 1. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/99, determinó que en las actas de visita, por regla general, no es necesario que el visitador precise las normas jurídicas que a su juicio resultan aplicables, ni que exponga las razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a las hipótesis que dichas normas prevén; así como tampoco es necesario que detalle el procedimiento que se efectuó para determinar, en su caso, el monto del crédito omitido, ya que éstas no trascienden a la esfera jurídica del contribuyente visitado. Ello, porque conforme a lo previsto por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, la garantía de motivación y fundamentación, se exige respecto de los actos de molestia, entendiéndose por tales, aquellos que restringen provisionalmente o cautelarmente un derecho, con el objeto de proteger o preservar a su vez otros derechos públicos o individuales; exigencia tal que, por mayoría de razón, se hace extensiva a los actos privativos, que son aquellos que tienen por objeto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho. Esto es, la garantía de fundamentación y motivación se exige respecto de aquellos actos de autoridad que trascienden a la esfera jurídica del gobernado, bien sea temporal o definitivamente. Así, acotó la Segunda Sala, aun cuando la visita domiciliaria que tiene por objeto comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, globalmente considerada es un acto de molestia; lo cierto es que, por regla general, los auditores no están obligados a fundar ni motivar su actuación durante el desarrollo de la misma, porque los actos desplegados por éstos constituyen actos de ejecución de la orden de visita respectiva, la que, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, sí debe estar fundada y motivada, por ser el documento que da origen al procedimiento de verificación. Esto es, de conformidad con lo estatuido en el artículo 16 de la Constitución General de la República, la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado elevado a la categoría de garantía individual, por lo que la introducción al mismo con el objeto de verificar que se han acatado las disposiciones fiscales, sólo puede ser autorizado por autoridad competente para ello, mediante un documento en el que se funde y motive la causa legal de dicho proceder. Dicho documento lo constituye la orden de visita domiciliaria, la que, entre otros requisitos, debe contener las causas o razones particulares por las cuales se estima procedente la visita de inspección y el sustento legal de dicha determinación y, el objeto de la visita, esto último con la finalidad de dar a conocer al contribuyente visitado el periodo sujeto a revisión y las contribuciones a revisar; y, en consecuencia, a constreñir a los auditores a revisar las contribuciones y periodos que fueron previamente determinados por la autoridad ordenadora. En ese orden, resulta incuestionable que los motivos y fundamentos de los actos desplegados por los auditores durante la práctica de una visita domiciliaria, se contienen en la orden respectiva y que su actuar se limita a cumplir con lo ordenado por la autoridad fiscalizadora; situación tal que evidentemente los releva de cumplir con dichas formalidades, salvo aquellos casos en que durante el desarrollo de la visita, emitan un acto en ejercicio de una facultad decisoria que le es conferida por la ley y que, por ende, constituye una potestad administrativa que puede causar una afectación al interés jurídico del interesado, tal como sucede cuando de actualizarse alguna de las hipótesis previstas por la fracción II del artículo 44 del código tributario, se asegura la contabilidad del contribuyente visitado o, en su caso, los bienes o mercancías que se encuentran en el domicilio del mismo, pues en estos supuestos deberán expresar la causa y el sustento legal de su proceder, ello con el objeto de no dejar al interesado en estado de indefensión. Así, afirmó la Segunda Sala, las actas de visita, dada su propia naturaleza, no producen una afectación ni temporal ni definitiva en la esfera jurídica del gobernado, ya que son de carácter transitorio o instrumental, p

es son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita domiciliaria y su único objeto, es el de aportar a la autoridad competente los elementos necesarios para que en su caso, emita la resolución mediante la cual determine la situación fiscal del visitado. En efecto, se dice que las actas de visita son actos de carácter transitorio o instrumental, ya que únicamente ilustran o demuestran las actividades desplegadas por los auxiliares de la autoridad fiscalizadora durante la práctica de una visita de inspección, así como las irregularidades que hayan detectado, pero no constituyen la actuación que da inicio o pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, ni determinan la situación jurídica del visitado. Esto es, aun cuando en las actas de visita los visitadores asientan los hechos u omisiones que a su juicio demuestran el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, y en ocasiones, contienen la mención de las consecuencias legales de dicho incumplimiento, lo cierto es que los auditores sólo actúan como auxiliares de las autoridades fiscales ordenadoras y las actas que éstos elaboran son analizadas y calificadas por la autoridad competente para emitir la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, la cual, al apreciar los hechos u omisiones asentados en las actas, puede hacerlo en el sentido en que lo hicieron los visitadores o en uno diverso, según se desprende del artículo 63 del Código Fiscal. Lo anterior fue robustecido por la Segunda Sala con la cita de las tesis CXXVIII/96 y la jurisprudencia 2a./J. 16/96, de rubros: ‘VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES NO DETERMINAN EN DEFINITIVA LA SITUACIÓN FISCAL DEL SUJETO VISITADO.’ y ‘VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’. Asimismo, precisó la Segunda Sala que, si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por la fracción IV de artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales de una visita domiciliaria que no sean desvirtuados por el visitado dentro del plazo que debe transcurrir entre la última acta parcial y el acta final se tendrán por consentidos; también lo es que tal consentimiento se entiende únicamente para efectos de dictar, en su caso, la resolución que determine el crédito fiscal a cargo del contribuyente visitado, pero de modo alguno puede estimarse que la presunción de certeza que se deriva del consentimiento tácito de los hechos u omisiones consignados en las actas respectivas, no pueda ser desvirtuada a través de los recursos ordinarios que prevé la ley fiscal. En apoyo a lo anterior, citó la tesis aislada P. CXXIX/96, de epígrafe: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA PRESUNCIÓN QUE DERIVA DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUEDE SER DESVIRTUADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EN EL JUICIO DE NULIDAD.’. En ese orden, dado que las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de una orden de visita y que las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, debe estimarse que en ellas no se requiere que el visitador precise las normas jurídicas que a su juicio resultan aplicables, ni que exponga las causas especiales o razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a los supuestos que dichas normas prevén, bastando que en ellas se precisen los datos de los libros, registros y demás documentación que integren la contabilidad del contribuyente visitado, así como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que éste tenga en su poder; o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el domicilio visitado y de la información proporcionada por terceros que hagan posible la identificación particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores durante el desarrollo de una visita domiciliaria, a efecto de que la autoridad resolutora esté en aptitud de resolver lo conducente, en síntesis, las actas de visita deben cumplir exclusivamente con una exhaustiva circunstanciación, tal como lo exigen las distintas fracciones del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, dada su naturaleza y su objeto, se impone concluir que las actas de visita domiciliaria, no requieren cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, ya que al ser únicamente el reflejo de los actos ejecutados durante el desarrollo de una visita domiciliaria y simples opiniones que, en su caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora y no trascienden a la esfera jurídica del gobernado. Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis siguiente: Época: Novena Época. Registro: 190722. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, materias constitucional y administrativa, tesis 2a. CLVI/2000, página 440: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.’ (se transcribe). En el caso concreto, la Sala manifestó que la última acta parcial se encontraba sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, entre los cuales se encuentra la debida fundamentación y motivación; lo anterior, por dos razones, la primera, ya que se debe notificar a los contribuyentes y, la segunda, causa una afectación en la esfera jurídica del contribuyente, porque lo vincula a desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo asentado, a efecto de que la autoridad no emita resolución que determine un crédito fiscal. Al respecto, citó por analogía la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: ‘REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’. Posteriormente, analizó la competencia de la autoridad que emitió la última acta parcial de seis de octubre de dos mil diez, de la que observó que la autoridad no había citado el artículo 46, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, el cual otorgaba las facultades a la Dirección Regional de Auditoría Fiscal ‘C’, para dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación. Por tanto, determinó que si en dicha acta no fue fundada debidamente la competencia de la autoridad emisora, entonces, no podría ser sustento de la resolución que determinó el crédito fiscal. Luego, si de conformidad con el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de una orden de visita y las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, por lo que no es un requisito que se funden y motiven y, en el caso, la Sala hizo depender la ilegalidad de la resolución determinante del crédito **********, del hecho de que ésta tenía como precedente una última acta parcial carente de fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió. Entonces, resulta claro que el actuar de la Sala es incorrecto, ya que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala, dichas actas no constituyen actos de molestia o de privación, pues sólo son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en su caso, servirán para la liquidación de la resolución liquidatoria y, por ende, no es exigible el requisito de fundamentación y motivación, pues no trascienden a la esfera jurídica del gobernado. Sin que sea óbice a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: ‘REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, que, por analogía, cita la Sala. Se explica. Los artículos 42, 44 a 46, 49 y 63 del Código Fiscal de la Federación, vigentes al momento del inicio de las facultades de comprobación, esto es, doce de noviembre de dos mil nueve, en lo que interesa disponen lo siguiente: ‘Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: ... III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías; ... V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código. Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. ...’-‘Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores pod

án proceder al aseguramiento de la contabilidad. En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. ... IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando.’. ‘Artículo 45. Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. ... Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores: ... En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado.’. ‘Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código. III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25488-7cf3fa10/revision-fiscal-dicho-recurso-procede-contra-las-sentencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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