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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, ORDENA INAPLICAR UN PRECEPTO, AL ACTUALIZARSE LOS REQUISITOS DE "IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA" PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2014. · Registro digital (IUS): 25388
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-12-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 634.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2014. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GASPAR PAULÍN CARMONA, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTES: CARLOS RONZON SEVILLA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y CARLOS AMADO YÁÑEZ. PONENTE: CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. SECRETARIO: MARIO ANTONIO MEDINA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 6, 14, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente, en razón de que fue formulada por el procurador general de la República, autoridad recurrente en las revisiones fiscales de las que derivaron los fallos con decisiones divergentes, cuyos temas medulares figuran en esta contradicción.

TERCERO. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, de manera cronológica, a través de las ejecutorias respectivas.

A. Posición 1

El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente RF. 525/2013, interpuesto por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un juicio de nulidad, promovido por un particular para combatir una resolución emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República. La resolución administrativa impugnada se emitió en el marco de un procedimiento administrativo de separación del cargo, donde se resolvió la separación de un miembro del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, al no aprobar el proceso de evaluación de control de confianza.

La Sala del conocimiento decretó la nulidad lisa y llana; para arribar a esa determinación, efectuó un control ex officio de la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esta norma prevé que, como parte del proceso de evaluación de control de confianza de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, se aplicará un examen poligráfico. La Sala concluyó que la disposición en cita transgrede los derechos humanos de reserva e intimidad del servidor público, al afectar la confidencialidad e integridad personal reconocidos en diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo tanto, consideró que la norma es inconvencional y la inaplicó en el particular, consecuentemente, decretó la nulidad lisa y llana y, por ende, la invalidez de la resolución donde se aplicó ese precepto para fundar la separación de un miembro del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República.

Para impugnar la anterior determinación, el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República interpuso recurso de revisión fiscal, con fundamento en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Sostuvo la autoridad recurrente, respecto de la procedencia del asunto, que el asunto revestía importancia, toda vez que la Segunda Sala Regional, al revolver la sentencia combatida, realizó el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad, en cuyo resultado ordenó inaplicar la fracción IV del artículo 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al considerar que la práctica del polígrafo transgredía los derechos humanos de reserva e intimidad del demandante afectando la confidencialidad e integridad personal, tutelados en los artículos 5, puntos 1 y 7.1 y 11 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comprendidos en forma extensiva a la Constitución Federal, por lo que se justifica el estudio de fondo; asimismo, señaló que el asunto resultaba trascendente por la inaplicación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, concretamente del numeral 49, fracción IV, lo cual originaría dejar a la autoridad en incertidumbre jurídica, al llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza y así cumplir con lo exigido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I. Señaló que el hecho de que la Sala haya realizado un estudio de convencionalidad ex officio del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, desaplicarlo, al considerar que contravenía lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede llevar a concluir que el asunto sea importante y trascendente en el sentido indicado en la jurisprudencia de rubro: "REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO."

II. Consideró que si la Sala del conocimiento realizó un estudio de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, que tuvo como consecuencia la inaplicación de una norma de carácter general, no puede decirse que se está ante un asunto excepcional en los términos indicados en la jurisprudencia invocada, pues cualquier órgano jurisdiccional puede y debe hacerlo, es decir, el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos puede presentarse en muchos casos y, por ende, no es un asunto excepcional.

III. Concluyó que tampoco puede considerarse trascendente el asunto, si se toma en cuenta que la nulidad se declaró sólo para el efecto de que se paguen al actor la indemnización constitucional y demás prestaciones a las que tenga derecho.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito desechó el recurso de revisión interpuesto por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en representación de las autoridades demandadas, al no haberse justificado de manera plena la importancia y trascendencia del asunto.

B. Posición 2

El criterio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente RF. 496/2013, interpuesto por el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un juicio de nulidad promovido por un particular para combatir una resolución emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República. En esa resolución, se ordenó la separación del cargo de una persona que se desempeñaba como agente de la Policía Federal Ministerial, al no haber aprobado la evaluación periódica de control de confianza.

Para arribar a esa determinación, la Sala del conocimiento efectúo un análisis ex officio de la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con base en el cual determinó que la aplicación de un examen poligráfico, como parte del proceso de evaluación de control de confianza, contraviene los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad personal, intimidad y dignidad humana, por lo tanto, determinó la inaplicación de ese precepto y, con motivo de ello, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Para impugnar la anterior determinación, el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República interpuso recurso de revisión fiscal, con fundamento en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En relación con lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia abordó el tema relativo a la procedencia de la revisión fiscal sustentando para ello las siguientes consideraciones:

Explicó que, en el particular, se surte el requisito de importancia, toda vez que en la sentencia recurrida no se resolvió de manera común u ordinaria, sino excepcional, dado que la Sala del conocimiento, en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, ordenó inaplicar el artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al considerar que prevé y permite la aplicación del polígrafo, prueba que viola los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad personal, intimidad y dignidad humana, regulados en los numerales 1o., 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De igual manera, señaló que el asunto es trascendente, en razón de que la inaplicación del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República implica dejar en incertidumbre jurídica a la autoridad, al realizar las evaluaciones de control de confianza, en tanto desconoce si cabe o no efectuar el examen del polígrafo a los miembros de la corporación policiaca, a fin de determinar si cumplen con los requisitos de permanencia que exige el servicio público que desempeñan.

Agregó la Sala que la resolución de separación del encargo, emitida contra el actor, era nula en forma lisa y llana, sobre la base de que la invalidez obedece a que no existe base normativa válida para sancionar la conducta y separar al actor del cargo policial que ocupa, pues ante la inaplicación de la norma no existe previsión legal que determine el incumplimiento de los requisitos de permanencia, lo cual, evidentemente, incide en el fondo del asunto.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito procedió al examen de los agravios formulados por la recurrente y declaró infundado el recurso de revisión fiscal intentado.

CUARTO. Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada, corresponde verificar su existencia.

Con esa finalidad, conviene precisar que de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso, cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencia respectivas.

Dicho criterio se encuentra contemplado en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página 7, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También se ha estimado que para el surgimiento de la contradicción de tesis es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad; de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción de tesis se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.

En ese orden de ideas, es dable afirmar que en el asunto que se resuelve, sí existe la contradicción de tesis entre los Tribunales Colegiados de Circuito que son parte en la controversia, pues a partir del análisis de un mismo tema jurídico arribaron a criterios opuestos.

En efecto, de la lectura de las posturas que propiciaron la presente contradicción de criterios, sintetizadas en el considerando que antecede, se obtiene que el tema de estudio que de manera sustancial trascendió al esquema de debate en cada uno de los asuntos examinados, constituyó la necesidad de definir si procede el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo cuando se interpone contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que se resolvió inaplicar una norma general por considerarla inconvencional en ejercicio de un control ex officio de convencionalidad y constitucionalidad.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el recurso de revisión fiscal, previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es improcedente, en virtud de que el asunto no reúne las características de importancia y trascendencia que son requisito para la procedencia conforme al artículo 63, fracción II, de la disposición normativa señalada, porque el hecho de que la Sala haya realizado un estudio de convencionalidad ex officio del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, desaplicara dicho precepto, al considerar que contravenía lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, no puede llevar a concluir que el asunto sea importante y trascendente; por tanto, no se está ante un asunto excepcional, pues cualquier órgano jurisdiccional puede y debe llevar a cabo el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, por lo que éste puede presentarse en muchos casos y, por ende, no es un asunto excepcional.

Por su parte, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que sí procede el recurso de revisión fiscal, en virtud de que se satisfacen las condiciones de importancia y trascendencia del asunto, porque la invalidez obedece a razones que inciden al fondo del asunto y en la sentencia recurrida no se resolvió de manera común u ordinaria, sino excepcional, dado que la Sala del conocimiento en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ordenó inaplicar el artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al considerar que prevé y permite la aplicación del polígrafo, prueba que viola los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad personal, intimidad y dignidad humana, tutelados en los numerales 1o., 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese orden de ideas, los argumentos de la Sala no pueden convenir en la mayoría o la totalidad de los asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia, pues la determinación de inaplicar una norma conlleva la alteración en la validez y eficacia del orden legal, que en el caso justifica la revisión por parte del Tribunal Colegiado, pues es necesario verificar si ha lugar a afectar la armonía del orden jurídico o si cabe interpretar el precepto conforme al Pacto Federal; asimismo, el asunto es trascendente, porque la desaplicación del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, implica en dejar en incertidumbre jurídica a la autoridad, al realizar las evaluaciones de control de confianza, en tanto desconoce si cabe o no efectuar el examen del polígrafo a los miembros de la corporación policiaca, a fin de determinar si cumplen con los requisitos de permanencia que exige el servicio público que desempeñan.

Por tanto, la divergencia de posturas adoptadas entre cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito pone en evidencia la existencia de la contradicción de tesis.

En ese orden de ideas, el punto en contradicción a dilucidar consiste en definir si procede el recurso de revisión fiscal conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se interpone contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que se resolvió inaplicar una norma general por considerarla inconvencional, en ejercicio de un control ex officio de convencionalidad y constitucionalidad.

QUINTO. Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis y la materia a la que se contrae, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo.

Para lo anterior, se estima pertinente puntualizar que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I del título primero y se reformaron los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, fracción X, 97, 102 B y 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas entraron en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, el once de junio de dos mil once.

La reforma en cita modificó el capítulo I del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que se denominó "De los derechos humanos y de sus garantías", así como el artículo 1o., para quedar redactados de la siguiente forma:

"De los derechos humanos y sus garantías

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

Del precepto constitucional transcrito destaca lo ordenado, en el sentido de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, y que la interpretación de la Constitución y sus leyes siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas.

También debe significarse el mandato del precepto constitucional citado, en el sentido de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De lo anterior se sigue que cuando el precepto constitucional mencionado establece que todas las autoridades deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, implica que se haga de manera universal, es decir, a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, la cual implica que el ejercicio de un derecho humano exige necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse; y todo esto habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de los mismos.

Así, por virtud de la reforma al artículo 1o. constitucional, se rediseña la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad, pues éste ya no es exclusivo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de los medios legalmente establecidos, sino que ahora todas las autoridades del país, están facultadas y obligadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

De lo expresado se extrae que todos los Jueces del país ya no deben ceñir su actuación jurisdiccional al control de constitucionalidad que se venía dando, puesto que ahora no sólo podrán realizar dicho control, sino que también deberán observar el control de convencionalidad, cuya sujeción por parte del Estado Mexicano derivó de la mencionada reforma al artículo 1o. constitucional.

Sobre el particular, importa significar que el control de constitucionalidad se encuentra encaminado a la tutela del principio de supremacía constitucional.

En cambio, el control de convencionalidad está enfocado a la observancia del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente, de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que se juzga en este caso es la conformidad o no con el convenio o tratado internacional, de una aplicación concreta de la norma general, debiendo adoptar una decisión judicial que proteja los derechos de la persona humana.

Por tanto, por virtud de la reforma constitucional, todos los órganos jurisdiccionales están obligados a aplicar aquella norma que mejor proteja o restrinja menos los derechos humanos, sin importar que se trate de una norma nacional o internacional, pues lo que debe favorecerse siempre es la protección a la persona.

Es así, que ninguna norma jerárquicamente inferior a las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte debe afectar el objeto y fin de protección a la persona, buscando, además, que con fundamento en el principio pro persona, prevalezca aquella norma que más proteja o menos restrinja los derechos.

Al respecto, se invoca la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, bajo el registro digital número 2006224, página 202, de rubro y texto siguientes:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano."

Sobre tales premisas, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están facultadas y obligadas en materia de derechos humanos a realizar el control de constitucional

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25388-d4840eb7/revision-fiscal-procede-contra-las-sentencias-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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