JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 299/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. 14 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de octubre de dos mil catorce.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 299/2013, suscitada entre el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, cuyo tema es determinar si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los Jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia. El Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el oficio número 9672, de fecha nueve de mayo de dos mil trece, remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ejecutoria correspondiente al amparo directo número **********, resuelto por ese tribunal el diez de junio de dos mil trece. En dicha ejecutoria, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado en esa resolución y el emitido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo directo penal **********, relativo al amparo directo auxiliar número **********.
SEGUNDO.-Trámite de la denuncia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis bajo el número 299/2013, mediante un acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil trece. Asimismo, solicitó a la presidencia del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, copia certificada de la ejecutoria emitida en el amparo directo **********, además del envío de la información electrónica que contenga dicha sentencia, en términos de lo establecido mediante la circular 3/2011-P del Tribunal Pleno. Finalmente, solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que informaran si el criterio sustentado se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
TERCERO.-Integración del asunto. La Primera Sala de este Alto Tribunal, mediante un acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil trece, se avocó al conocimiento del presente asunto y ordenó que, una vez integrados los autos, se turnaran a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que elaborara el proyecto de resolución respectivo.
En sesión de veintitrés de octubre de dos mil trece, los Ministros integrantes de la Primera Sala, por mayoría de cuatro votos, determinaron desechar el proyecto de resolución presentado a la misma; por acuerdo posterior, de veinticuatro de octubre siguiente, el Ministro presidente de la Primera Sala ordenó el returno de los autos respectivos a su ponencia, como integrante de la mayoría, a fin de que se elabore el proyecto de resolución respectivo y con él se dé cuenta a la Sala.
Posteriormente, en sesión de quince de enero de dos mil catorce, a petición del Ministro presidente de la Primera Sala, se acordó que continuara en lista el presente asunto. Finalmente, en sesión de veintidós de enero de dos mil catorce, se acordó remitir al Tribunal Pleno el presente asunto; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
TERCERO.-Existencia de la contradicción. El presente asunto sí cumple los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, y que son los siguientes:(1)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Para demostrar la existencia, conviene, en primer lugar, tener presentes los criterios denunciados como contradictorios.
Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito (amparo directo 210/2013). El asunto resuelto por este tribunal derivó de una causa penal en la que se consideró que los quejosos eran penalmente responsables de diversos delitos, entre ellos, el de contrabando presunto, previsto y sancionado en el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Los quejosos consideraron, en sus conceptos de violación, que dicha norma resultaba inconstitucional, por ser violatoria del principio de presunción de inocencia, en tanto impone al inculpado la carga de demostrar la licitud de su conducta, cuando ello corresponde al Ministerio Público. Asimismo, consideraron que la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la norma mencionada, resultaba violatoria de la Constitución Federal, del Pacto de San José y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Una de las tesis de jurisprudencia que los quejosos consideraron inconvencional fue la identificada con el número 1a./J. 83/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
"CONTRABANDO PRESUNTO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS. SE PRESUME QUE FUERON INTRODUCIDOS AL TERRITORIO NACIONAL POR QUIEN LOS POSEA, LOS PORTE O SE OSTENTE COMO SU PROPIETARIO FUERA DE LA ZONA DE VIGILANCIA ADUANAL, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 102 Y 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).-La fracción II del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación prevé un tipo penal de los denominados complementarios, pues su actualización requiere la aplicación del tipo básico del cual depende, que en este caso lo constituye el delito de contrabando establecido en el diverso numeral 102 del referido código; de manera que para determinar los elementos típicos del delito de contrabando presunto es necesario estudiar conjuntamente ambos preceptos, de los cuales se desprende que se presume cometido el delito de contrabando cuando: a) se introduzcan al país vehículos de procedencia extranjera; b) dichos vehículos se encuentren fuera de la zona de veinte kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, y c) no cuente con el permiso de la autoridad correspondiente. Ahora bien, aun cuando la aludida fracción II del artículo 103 no establece como elemento del tipo la posesión del vehículo extranjero y prevé una situación posterior a su introducción (cuando ya están dentro del territorio nacional), se entiende que si éstos se encuentran fuera de la mencionada zona de vigilancia aduanal, la sola objetividad de su hallazgo ubica como responsable del ilícito a quien los posea, se ostente como propietario o sea su portador, sin contar con la documentación que acredite su legal introducción o estancia en el país, pues se presume que fueron introducidos por quien asuma la tenencia de tales vehículos, salvo prueba en contrario. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación establece que la conducta descrita presume la comisión del delito de contrabando, también lo es que dicha presunción no es absoluta, ya que dentro de la dinámica del procedimiento penal el sujeto activo está en posibilidad de demostrar que la introducción del vehículo extranjero no le es imputable o, en su caso, que lo internó cumpliendo con todos los requisitos que exige la Ley Aduanera, mediante la exhibición de la documentación respectiva."(2)
El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito calificó como inoperantes los planteamientos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad esgrimidos por los quejosos, bajo las siguientes consideraciones (se añade énfasis):
"A fin de resolver esos conceptos de violación, es necesario precisar que por disposición del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emanada del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
"De tal manera, la existencia de jurisprudencia obligatoria torna inoperantes las inconformidades que abordan aspectos dilucidados en ella, por ser insoslayable y de aplicación inexcusable; dado que, al existir jurisprudencia al respecto, con su aplicación se da respuesta integral al tema de fondo.
"...
"Las anteriores jurisprudencias son de observancia obligatoria, por disposición del artículo 192 de la Ley de Amparo, al surgir de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación en que el quejoso sostiene que el artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y la jurisprudencia 85/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atentan contra el principio de presunción de inocencia, al arrojar al inculpado la carga de demostrar la licitud de su conducta, esto es, probar su inocencia, cuando corresponde al agente del Ministerio Público demostrar la culpabilidad del acusado.
"...
"Incluso, al margen de la posibilidad de que los Jueces nacionales estén facultados para ejercer el control de convencionalidad, ello no les otorga potestad para decidir si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede o no una norma convencional.
"Esto, ya que implicaría determinar la superación, interrupción o modificación de un criterio obligatorio, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, cuyo único facultado para interrumpirla o modificarla es el órgano que la creó, por disposición del numeral 194 de esa codificación.
"Con ello se desatendería la disposición contenida en el artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto determina la obligatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, entre ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos de la ley secundaria, en el caso, la de Amparo.
"Por tanto, a lo más que un órgano de grado inferior estaría en posibilidad es declarar inconvencional un precepto secundario del orden jurídico nacional, no una jurisprudencia para él obligatoria."
Criterio del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (amparo directo 122/2013). Este asunto derivó de la causa penal **********, resuelta por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Durango y del toca de apelación **********, resuelto por el Magistrado del Tribunal Unitario de Vigésimo Quinto Circuito. En ambas resoluciones se determinó que el quejoso era penalmente responsable de la comisión del delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
En la demanda de amparo, el quejoso sostuvo, esencialmente, que la norma impugnada resultaba violatoria del principio de presunción de inocencia. Tales argumentos fueron calificados como fundados por el Tribunal Colegiado de Circuito, bajo los siguientes razonamientos:
En primer lugar, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región señaló que la sentencia reclamada se dictó el treinta y uno de enero de dos mil trece, es decir, con fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma constitucional del artículo 1o., mediante la cual se incorporaron dos modelos de interpretación constitucional, la interpretación conforme y el principio pro persona, así como la obligación de todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en tales instrumentos, entre ellos, la presunción de inocencia. Así, los Magistrados integrantes del tribunal procedieron al análisis de la presunción de inocencia en la Constitución Federal, en los siguientes términos (se añade énfasis):
"En esa medida, la figura de control difuso de la convencionalidad que subyace del artículo constitucional en atención, consiste en el deber de los Jueces nacionales, de realizar un examen de compatibilidad entre los actos, normas y jurisprudencia nacionales, frente a los instrumentos universales de protección de derechos universales e, incluso, en el caso del Estado Mexicano, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta ese corpus iuris interamericano.
"...
"En otras palabras, conforme al citado precepto constitucional, todos los Jueces nacionales deben examinar si el acto, norma e, incluso, la jurisprudencia, como fuente formal del derecho derivada de la confirmación, supletoriedad e interpretación de ella, sometido a su conocimiento, respeta cabalmente los derechos fundamentales reconocidos, tanto en la Constitución, como en los instrumentos internacionales universales y regionales obligatorios para el Estado Mexicano.
"...
"En ese contexto de consideraciones, es inconcuso que, en el particular, la jurisprudencia 83/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aplicó el Magistrado responsable como sustento en la sentencia reclamada, que confirmó la del Juez de Distrito, analizada bajo los principios actuales y vigentes de interpretación constitucional, previstos en los artículos 1o. y 133, resulta inconvencional.
"Ello es de considerarse así, pues conforme a los artículos 192 y 196, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado se encuentra obligado a verificar la aplicabilidad o inaplicabilidad al caso concreto, y precisar, conforme a los lineamientos referidos en líneas que anteceden, si el referido criterio se acoge al mismo; lo que presupone el examen de su adecuación al asunto que se resuelve; pues las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el resultado de la interpretación de normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo, tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales.
"...
"Luego, de conformidad con el principio de supremacía constitucional y de los tratados internacionales, previsto en los numerales 1o. y 133 de la Constitución Federal, no sólo debe situarse tal presunción de inocencia por encima de la diversa presunción iuris tantum que prevé la jurisprudencia 83/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que, además, debe considerarse que la sola presunción iuris tantum de que el inculpado introdujo el vehículo, es insuficiente para desvirtuar tal principio previsto a favor del sentenciado, hoy quejoso.
"De manera que el citado criterio jurisprudencial, en el que se interpretan normas de derecho interno (numerales 102, 103, fracción II y 104 del código fiscal federal), visto a la luz de la Constitución vigente, resulta inaplicable para el quejoso, ********** y, consecuentemente, se considera inconvencional, por contravenir los derechos fundamentales previstos en los artículos señalados.
"Lo cual, también resulta acorde con el principio pro persona, pues sólo a través de la inaplicación al caso concreto de la jurisprudencia en mención, se logra la protección más amplia en favor del revisionista, del derecho fundamental en cuestión."
Hasta aquí la reseña de los criterios denunciados como contradictorios.
Visto lo anterior, este Tribunal Pleno determina que el primer requisito de existencia de las contradicciones de tesis -relativo al ejercicio de arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo- se cumple en este caso, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llevaron a cabo sendos argumentos interpretativos, en los que ejercieron su arbitrio judicial sobre los mismos elementos normativos.
En efecto, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 210/2013, llevó a cabo una interpretación del artículo 103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación -que prevé el delito de contrabando presunto-, bajo el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, así como de la jurisprudencia 1a./J. 83/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizada bajo el espectro normativo de los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo abrogada.
Como resultado o producto de ese esfuerzo interpretativo, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que los conceptos de violación del quejoso resultaban inoperantes, porque el tema de constitucionalidad planteado estaba ya resuelto, precisamente, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2005, de la Primera Sala, y que la misma no podía someterse a un control de inconvencionalidad.
Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el amparo directo 122/2013, analizó la constitucionalidad del mismo artículo (103, fracción II, del Código Fiscal de la Federación), también bajo el principio de presunción de inocencia (artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional); asimismo, analizó la jurisprudencia 1a./J. 83/2005, junto con los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo abrogada.
Sin embargo, a diferencia del tribunal denunciante, el resultado de este último ejercicio interpretativo fue que los conceptos de violación resultaban fundados, ya que la norma impugnada resulta violatoria del principio de presunción de inocencia, y que la jurisprudencia 1a./J. 83/2005 de la Primera Sala, que reconoce la validez constitucional de la norma mencionada, podría inaplicarse por resultar inconvencional, en virtud del principio pro persona y el nuevo paradigma de interpretación constitucional. Además, el tribunal sostuvo que, bajo este nuevo paradigma, los Tribunales Colegiados de Circuito podrían inaplicar cualquier otra jurisprudencia que resultase inconvencional.
Por las razones anteriores, el primer requisito queda plenamente acreditado.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito también queda cumplido en el presente caso, ya que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, pero con un diferendo en cuanto al resultado de dicho ejercicio.
Como se ha visto, las conclusiones a las que arribaron los tribunales contendientes, con relación a la posibilidad de ejercer el control ex officio de la jurisprudencia, resultaron contradictorias, ya que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito determinó que no resultaba jurídicamente posible llevar a cabo dicho control, porque aun cuando los Jueces nacionales están facultados para ejercer el control de convencionalidad "... ello no les otorga potestad para decidir si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transgrede o no una norma convencional"; mientras que el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región consideró, categóricamente, que la jurisprudencia, al igual que las normas y los actos, puede ser objeto del control difuso de convencionalidad, ya que es deber de los Jueces nacionales "realizar un examen de compatibilidad entre los actos, normas y jurisprudencia nacionales, frente a los instrumentos universales de protección de derechos universales."
De este modo, queda acreditado el segundo requisito, dado que el diferendo en el resultado del ejercicio interpretativo es evidente.
Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. A partir de lo anterior, es posible concluir que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
La pregunta es la siguiente:
¿La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los Jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho humano contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte?
Satisfechos los tres requisitos mencionados, este Tribunal Pleno determina que la presente contradicción de tesis existe y debe ser resuelta, a fin de unificar el criterio.
CUARTO.-Cuestiones preliminares. Antes de fijar el criterio que debe prevalecer, este Tribunal Pleno considera indispensable hacer las siguientes precisiones:
Por un lado, no es óbice para la existencia de la contradicción de tesis, el hecho de que los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo abrogada, que fueron interpretados en las dos ejecutorias analizadas, no se encuentren vigentes, debido a que es factible que puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que requieran su aplicación y que, por lo tanto, deban resolverse con base en la tesis que se establezca en el presente asunto. Sirve de apoyo la tesis siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.-Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción."(3)
Además, aun cuando las normas interpretadas no están vigentes, el tema de la inaplicación o no de la jurisprudencia por medio del control ex officio de constitucionalidad y/o convencionalidad, es perfectamente trasladable a la nueva legislación de amparo, vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, puesto que el contenido esencial de los artículos 192 y 194 de la ley abrogada ha quedado reflejado en los preceptos 217 y 228 de la nueva ley, como se muestra a continuación:
Ver artículos
Finalmente, no pasa inadvertido que ninguno de los tribunales contendientes sustentaron su criterio mediante una tesis aislada o una jurisprudencia; sin embargo, ello no es óbice para que proceda la presente contradicción, de conformidad con la siguiente tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(4)
QUINTO.-Determinación del criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a lo que se expone enseguida:
A fin de estructurar la presente línea de argumentación, en primer lugar, se expondrá un panorama general sobre el estado actual de lo que se ha venido llamando el nuevo paradigma de la interpretación constitucional, que tiene como eje central la protección, defensa y garantía de los derechos humanos, a la luz de la interpretación que realizó el Pleno de este Alto Tribunal en el expediente varios 912/2010, así como en la contradicción de tesis 293/2011 (apartado I). Una vez hecho lo anterior, se analizará si es factible ejercer el control ex officio de constitucionalidad y/o convencionalidad, respecto de la jurisprudencia nacional (apartado II).
I. El nuevo modelo de control constitucional
De acuerdo a los diversos precedentes establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad debe realizarse entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y los tratados internacionales sobre derechos humanos; en esta tarea los Jueces deben tener en cuenta no solamente los tratados internacionales, sino la interpretación que de los mismos realicen los órganos internacionales competentes.(5)
Así, el control de inconvencionalidad ex officio, consiste en el deber de los Jueces nacionales de realizar un examen de compatibilidad entre los actos y normas nacionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta el corpus iuris interamericano, lo que implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional, que se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano que los interpreta.(6)
De conformidad con el contenido de los artículos 1o. y 133 constitucionales, y con la interpretación que el Tribunal Pleno hizo en el expediente varios 912/2010, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco, contra los Estados Unidos Mexicanos, estamos ante un nuevo diseño de nuestro sistema de control constitucional, en el que se ha ampliado el catálogo de los derechos humanos para conformar un nuevo universo formado por los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más los reconocidos por los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea Parte.
Así, el Tribunal Pleno estableció que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once- obliga a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, siempre que no exista restricción expresa en la Constitución, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos -dijo el Tribunal Pleno- deben interpretarse junto con lo establecido en el artículo 133 constitucional; así, se obtiene que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25944-43709435/jurisprudencia-de-la-suprema-corte-de-justicia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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