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PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/2014. · Registro digital (IUS): 25445
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Pág. 143.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JUAN N. SILVA MEZA. AUSENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de agosto de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio sin número presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el once de abril de dos mil catorce, los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el que sostuvo ese órgano colegiado, al resolver los amparos directos 828/2013 y 1020/2013 y el que sustentó el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 452/2013, en relación con la obligación de publicar los proyectos de sentencia que prevé el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor.

SEGUNDO. Trámite del asunto. En acuerdo de quince de abril de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó se registrara el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 134/2014 y requirió a la presidencia del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito a efecto de que remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 452/2013 de su índice, e informara si su criterio se encontraba vigente. Asimismo ordenó se turnara el asunto al señor Ministro Alberto Pérez Dayán.

Desahogado el requerimiento de mérito, por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil catorce, el presidente de este Alto Tribunal determinó que el presente asunto se encontraba debidamente integrado y ordenó remitirlo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del mismo circuito con diversa especialidad, sobre un tema de materia común.

SEGUNDO. Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo este tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

TERCERO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.

I. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

En los conceptos de violación formulados en la demanda relativa al juicio de amparo directo 828/2013, la parte quejosa impugnó la constitucionalidad del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre el particular al considerar que el diverso argumento enderezado a demostrar que la carga de la prueba relativa a los incrementos de la cuota pensionaria de la quejosa le correspondía a la autoridad demandada en el juicio de nulidad, era fundado y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, habida cuenta de que ello le reportaba un mayor beneficio del que podía obtener con el análisis del aludido planteamiento de constitucionalidad.

En tal contexto, el Tribunal Colegiado precisó:

"Cabe aclarar que el proyecto de esta ejecutoria se puso a disposición de las partes en términos del segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso reclamó la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que actualizó el supuesto normativo previsto en el numeral de la ley de la materia citado, aun cuando el estudio de ese tema se hubiera obviado, por considerar que existía un diverso motivo de disenso en el que se cuestionaba la legalidad de la sentencia reclamada, que le reportaba mayores beneficios al quejoso.

"A efecto de corroborar lo anterior, debe tenerse presente que el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, deben hacer públicos los proyectos de sentencia, con igual anticipación que la publicación de las listas de los asuntos a que se refiere el artículo 184 de la ley de la materia.

"En efecto, el artículo 73 de la Ley de Amparo establece: (se transcribe)

"Ahora, el numeral transcrito al disponer: ‘cuando se trate de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales’, utiliza la conjunción disyuntiva ‘o’ misma que denota exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más cosas, lo cual general ambigüedad, ya que, por una parte, es determinante al establecer que se refiere a las resoluciones que versen sobre la constitucionalidad de una norma general; sin embargo, no es clara en cuanto a la convencionalidad de los tratados internacionales, por tanto, debe atenderse a la teleología de la norma a fin de determinar los casos en los que se actualiza dicha hipótesis normativa.

"En ese sentido, de acuerdo al proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en la discusión de la Cámara de Senadores del once y trece de octubre de dos mil once, se advierte que el espíritu del legislador en establecer el artículo 73 de la Ley de Amparo fue dar publicidad a los proyectos de sentencia con la misma anticipación en que se listan los asuntos para ser vistos en sesión; sin embargo, esa publicitación debe ser acotada a casos específicos y no al universo de sentencias que se emitan por los órganos de control constitucional, como se aprecia de su transcripción: (se transcribe)

"El estudio del proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pone de relieve que el espíritu del legislador para aprobar el segundo párrafo del artículo 73 de la legislación aludida, fue dar transparencia a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo, pero no a cualquier tipo de sentencia, sino de aquellas que revistan gran trascendencia como lo son las pronunciadas en los asuntos en los que se analiza la constitucionalidad y la convencionalidad de los tratados internacionales respecto de una norma general, en la inteligencia que la sola propuesta del quejoso en la demanda de amparo es suficiente para cumplir con dicho requisito, atento a la máxima del derecho, donde la ley no distingue, no hay porqué distinguir y, por ende, los proyectos de sentencia deben hacerse públicos con igual anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán en términos del artículo 184 de la Ley de Amparo."

Similares consideraciones sostuvo el Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 1020/2013, al advertir que si bien la parte quejosa sostiene que la pensión es un derecho humano reconocido en la Constitución y en diversos tratados internacionales, lo cierto es que no propuso el análisis de una norma general a la luz de lo previsto en un instrumento internacional en específico, lo que a su consideración era menester para publicar el proyecto de resolución respectivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Amparo en vigor.

Las consideraciones relativas, en la parte que interesa, son del siguiente tenor:

"Cabe aclarar que el proyecto de la presente sentencia no fue puesto a disposición de las partes en términos del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que si bien la quejosa afirmó en sus conceptos de violación que la pensión es un derecho humano protegido por la Constitución y diversos tratados, lo cierto es que no propuso el examen de una norma general a la luz de algún tratado internacional específico, lo cual era necesario para publicitar el proyecto aludido.

"Lo anterior es así, ya que el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se trate de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deben hacerse públicos los proyectos de sentencia que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán a que se refiere el artículo 184 de esta ley, como se advierte de su transcripción: (se transcribe)

"Ahora bien, en virtud de que el numeral transcrito dispone que los proyectos de sentencia deben hacerse públicos cuando se trate de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, sin establecer mayores lineamientos, debe atenderse al espíritu de la norma a fin de determinar los casos en los que se actualiza dicha hipótesis normativa.

"En ese sentido, de acuerdo al proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en la discusión de la Cámara de Senadores del once y trece de octubre de dos mil once, se advierte que el espíritu del legislador en establecer el artículo 73 de la Ley de Amparo fue dar publicidad a los proyectos de sentencia con la misma anticipación en que se listan los asuntos para ser vistos en sesión; sin embargo, esa publicitación debe ser acotada a casos específicos y no al universo de sentencias que se emitan por los órganos de control constitucional, como se aprecia de su transcripción: (se transcribe)

"El estudio del proceso legislativo de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pone de relieve que el espíritu del legislador para aprobar el artículo 73, segundo párrafo, de la legislación aludida, fue dar transparencia a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de amparo, pero no a cualquier tipo de sentencia, sino de aquellas que revistan gran trascendencia como lo son las pronunciadas en los asuntos en los que se ve la constitucionalidad y la convencionalidad de los tratados internacionales de una norma general, en la inteligencia que la sólo propuesta del quejoso en la demanda de amparo es suficiente para cumplir con dicho requisito y, por ende, los proyectos de sentencia deben hacerse públicos con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán en términos del artículo 184 de la Ley de Amparo.

"Sin embargo, en el caso no se propuso en la demanda de amparo el análisis de una norma general o de un acto de autoridad concreto confrontado con un tratado internacional, sino que la quejosa se limitó señalar que la pensión es un derecho humano protegido por la Constitución y diversos tratados, por lo que debía serle aplicada la ley en lo más favorable posible.

"En consecuencia, no se actualizaban los requisitos previstos en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el proyecto de la presente sentencia fuera puesto a disposición de las partes con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán en términos del artículo 184 de la Ley de Amparo."

II. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

En los conceptos de violación formulados en la demanda relativa al juicio de amparo directo 452/2013, la parte quejosa impugnó la constitucionalidad del decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y seis. El Tribunal Colegiado declaró inatendibles los argumentos relativos por estimar que la quejosa no precisó los numerales transitorios que tilda de inconstitucionales ni en qué sentido el decreto impugnado es retroactivo.

En tal virtud, y ante la negativa del amparo solicitado, el Tribunal Colegiado precisó:

"No se pasa por alto lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: (se transcribe)

"Por su parte el artículo 184 de ese ordenamiento, dispone: (se transcribe)

"De la interpretación literal del artículo 73 de la Ley de Amparo, en específico de su segundo párrafo, se advierte que existe la obligación de hacer públicos los proyectos de sentencia que se van a someter a la aprobación de los integrantes de órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo directo, cuando:

"a) Se trate de sentencias sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general (contenido).

"b) El juicio de amparo se haya promovido por una colectividad o que la sentencia repercuta en ella (sujeto).

"En relación con el inciso a), significa la existencia de un calificativo por parte del órgano de amparo, consistente en si la norma secundaria impugnada es constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional.

"Es decir, no basta que la promovente del amparo directo o amparo adhesivo en su caso, invoque conceptos de violación por los que tilde de inconstitucional o inconvencional una norma, sino que es menester que el órgano de amparo se pronuncie en cuanto al fondo en los términos a que se refiere el párrafo anterior y, de ser así, deberá publicarse en los estrados del tribunal el proyecto que apruebe el Magistrado ponente, una vez que también se publique la lista de los asuntos a resolver en la próxima sesión por parte del Pleno.

"Lo anterior, tiene su razón de ser, si se toma en cuenta que las declaratorias de constitucionalidad, inconstitucionalidad, convencionalidad o inconvencionalidad de normas generales, reviste, no sólo un interés entre las partes contendientes (a quienes repercute directamente) sino de interés general, cuyo aspecto se ve reflejado en el proceso legislativo que dio origen a dicha ley.

"En efecto, el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, fue adicionado al proyecto original por parte de la Cámara de Senadores, en la discusión de origen celebrada en sesiones de once y trece de octubre de dos mil once, en donde se expresó, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe)

"De acuerdo con los motivos que expuso el legislador en dichas discusiones, se advierte la intención de que sólo los proyectos de sentencias que contengan una declaratoria de constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, previo a que se sometan a la revisión y aprobación del Pleno del órgano jurisdiccional, deban ser publicadas en los estrados respectivos, salvaguardando los datos personales, para el conocimiento de las partes y del público en general, o cuando se trate de juicios de amparo de interés colectivo.

"Las consideraciones anteriores guardan congruencia, por analogía, con los criterios de interpretación que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de ocho de abril de dos mil trece, en relación con la nueva Ley de Amparo, y que se dieron a conocer a los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, mediante circular número 1/2013-P, de nueve del citado mes y año, suscrito por el secretario general de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional; el acuerdo respectivo, en lo que interesa, establece lo siguiente: (se transcribe)

"De acuerdo con dichos criterios, los proyectos de amparos indirectos en revisión deben ser previamente publicados, cuando se aborde un aspecto de constitucionalidad o convencionalidad de una norma general o cuando se trate de amparos colectivos.

"Si bien dicho criterio no hace referencia a los amparos directos dictados en primera instancia por parte de los Tribunales Colegiados, dado que únicamente se refieren a las atribuciones propias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sólo son orientadoras para los demás órganos jurisdiccionales, lo cierto es que también menciona que los proyectos sólo se publicarán cuando se proponga un tema de constitucionalidad o convencionalidad de normas generales, lo que no acontece cuando precisamente en el proyecto no existe pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en ese sentido."

Las consideraciones que anteceden dieron origen a la tesis I.11o. C10 K (10a.), que es del siguiente tenor:

"PROYECTOS DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN. SÓLO PROCEDE SU PUBLICACIÓN POR ESTRADOS, PREVIO A SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, CUANDO CONTENGAN UNA DECLARATORIA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, LO QUE NO SE ACTUALIZA CUANDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS SE DECLAREN INATENDIBLES O INOPERANTES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la interpretación literal de la norma en mención, se advierte que existe la obligación de hacer públicos los proyectos de sentencia que se van a someter a la aprobación de los integrantes del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo directo o en revisión y, en su caso, cuando: a) Se trate de sentencias sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general (contenido); b) El juicio de amparo se haya promovido por una colectividad o que la sentencia repercuta en ella (sujeto). En relación con el primer supuesto, significa la existencia de un calificativo por parte del órgano de amparo, consistente en si la norma secundaria impugnada es constitucional, inconstitucional, convencional o inconvencional, por lo que no es suficiente que el promovente del juicio principal o adhesivo, invoque conceptos de violación o agravios que tilden de inconstitucional o inconvencional una disposición de observancia general, o que pretenda desvirtuar las consideraciones que sostuvo el Juez de Distrito al resolver un juicio de amparo indirecto, sino que es menester que en el proyecto exista un pronunciamiento en cuanto al fondo en los términos precisados y, de ser así, deberá publicarse en los estrados del tribunal una vez que también se publique la lista de los asuntos a resolver en la sesión próxima, cuyas consideraciones guardan congruencia, en lo conducente, con los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de ocho de abril de dos mil trece, en la que se determinó publicar los proyectos de sentencia en donde se proponga un tema de constitucionalidad o convencionalidad. Lo anterior tiene su razón de ser, si se toma en cuenta que las declaratorias de constitucionalidad o convencionalidad revisten un interés general, con independencia de que la resolución repercuta directamente a las partes, cuyo aspecto se ve reflejado en el proceso legislativo que dio origen al precepto legal en cita; por tanto, si en el proyecto se propone declarar inatendibles o inoperantes los conceptos de violación o agravios que impida un pronunciamiento de fondo, no procederá su previa publicación y, en caso de que el Tribunal en Pleno no aprobara el proyecto y se acuerde la elaboración de otro para su posterior examen en diversa sesión, en el que exista un pronunciamiento de fondo, entonces procederá su publicación en los términos apuntados."(1)

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente, cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que, si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Apoyan tal consideración, las siguientes tesis sustentadas por el Tribunal Pleno:

• P./J. 72/2010, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

• P. XLVII/2009, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)

En ese contexto, se arriba a la conclusión de que en el presente caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que, al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, sólo deben publicarse los proyectos de resolución que contienen un pronunciamiento de fondo sobre el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de normas generales formulado en los conceptos de violación, o en su caso, en los agravios.

Sin embargo, ambos órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que basta que en la demanda de amparo se proponga la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma general para que el proyecto de resolución respectivo deba publicarse en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, aun cuando se omita el análisis de los argumentos relativos. En cambio, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que tal publicación se debe realizar únicamente cuando en el proyecto de resolución se analiza el tema de constitucionalidad o de convencionalidad propuesto en los conceptos de violación o en los agravios.

En esa tesitura, el punto de contradicción que debe dilucidar este Tribunal Pleno, consiste en determinar si basta que en la demanda de amparo se impugne la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, para que en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo se deba publicar el proyecto de resolución respectivo, aun cuando los argumentos relativos resulten inoperantes o inatendibles, o bien, si para ello es necesario que se emita un pronunciamiento de fondo sobre el particular.

QUINTO. Consideraciones y fundamentos. Para estar en aptitud de establecer el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es menester tener en cuenta que el artículo 73 de la Ley de Amparo en vigor, establece lo siguiente:

"Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

"El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán a que se refiere el artículo 184 de esta ley.

"Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del título cuarto de esta ley.

"En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia."

Como se puede advertir, el segundo párrafo del numeral transcrito impone al Pleno y a las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Tribunales Colegiados de Circuito, la obligación de publicar, con la misma anticipación de la lista correspondiente, los proyectos de resolución que decidan "sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales".

La literalidad de la norma permite establecer, en principio, que el deber de publicar los proyectos de resolución, con la misma anticipación de la lista correspondiente, está acotado a aquellos en los que se analiza un tema de constitucionalidad o convencionalidad, de ahí que si los conceptos de violación o los agravios relativos resultan inatendibles, inoperantes o ineficaces, no es obligatorio publicar el proyecto de resolución.

La anterior consideración es acorde con la intención del legislador al prever la obligación de publicitar los proyectos de resolución de los asuntos trascendentes que se someten a la consideración del Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Es así, ya que del análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que en el dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores (Cámara de Origen) a la respectiva iniciativa de ley, se adicionó un segundo párrafo al artículo 73 para establecer que el: "El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán", sin expresar las razones de tal adición.

Sin embargo, al discutirse el dictamen en comento en la propia Cámara de Senadores, se precisó que la adición propuesta tiene como fin darle transparencia a las resoluciones de los tribunales federales "que versen sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales", destacando que la publicidad no debe darse respecto de "cualquier tipo de asunto", sino sólo por cuanto se refiere a "los asuntos de gran trascendencia como son éstos en donde se ve la constitucionalidad y la convencionalidad de los tratados internacionales", dado que la decisión relativa es de interés general.

Cabe apuntar que en la discusión en comento también se tomó en consideración la dificultad financiera y operativa que actualmente representaría publicar los proyectos de resolución de todos los asuntos, así como el derecho de las partes a la protección de sus datos personales, no obstante, se estimó conveniente incluir los proyectos de resolución relativos a los amparos colectivos, en tanto involucran a un número significativo de interesados.

Luego, resulta claro que la intención del legislador no es la de publicar todos los proyectos de resolución, sino únicamente los relativos a los asuntos trascendentes, como son los que contienen una decisión sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, por ser un tema de interés general.

En ese contexto, es importante señalar que esta Suprema Corte de Justicia ha determinado que los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, constituyen el parámetro de regularidad constitucional, con las restricciones que la propia Constitución establece y, por tanto, se consideran de importancia y trascendencia los asuntos en los que se decide sobre la constitucionalidad de una norma general, o bien, se realice la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos.

Al respecto, resultan ilustrativas las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 22/2014 (10a.) sustentadas por este Tribunal Pleno que, respectivamente, a la letra se leen:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONS

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25445-c9892b93/proyectos-de-resolucion-de-la-suprema-corte-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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