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Modo: Corpus Pro

DESISTIMIENTO PARCIAL DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HUBIERA PUBLICADO EL PROYECTO DE FONDO EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2017. · Registro digital (IUS): 28434
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 107.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 7 DE AGOSTO DE 2018. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS Y RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la posible contradicción de tesis. Mediante escrito recibido el nueve de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, adscrita a la Primera Sala de este Alto Tribunal denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicha Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1282/2015; y el sostenido por la Segunda Sala, al fallar los recursos de reclamación 1581/2016 y 1722/2016.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 175/2017; instruyó a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y la Segunda Salas a efecto de que remitieran copias certificadas de las ejecutorias de sus índices, así como el proveído en el que se informara si el criterio sustentado en dichos asuntos se encuentra vigente; turnó el asunto a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y ordenó la integración electrónica del cuaderno auxiliar.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

TERCERO.—Criterios denunciados. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis y, en su caso, el criterio jurisprudencial que debe prevalecer, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de las dos Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

I. La Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1282/2015, que se encontraba listado para sesión, con el proyecto de fondo publicado, dio trámite al desistimiento del recurso presentado por el quejoso, por lo que hace a la inconstitucionalidad de leyes planteada, dejando en lista el expediente hasta que se cumplimentara el trámite.

Hecho lo anterior, el asunto se resolvió por unanimidad de votos, teniendo por desistido al quejoso del recurso, en la parte relacionada con el tema de constitucionalidad de leyes y reservando jurisdicción al Tribunal Colegiado del conocimiento. La parte conducente de la sentencia dice:

"QUINTO.—Desistimiento. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe tenerse por desistido parcialmente al quejoso recurrente (nombre), del recurso de revisión que hizo valer en contra de la sentencia dictada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en la audiencia constitucional celebrada el siete de enero de dos mil quince, terminada de engrosar el siete de abril de la referida anualidad, en el juicio de amparo **********; únicamente, por lo que hace a la impugnación de los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición, así como los artículos 8 y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, cuya constitucionalidad cuestionó el quejoso en su demanda de amparo.

"Lo anterior, dado que mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, el quejoso recurrente, por propio derecho, expresó su voluntad de desistirse del recurso de revisión intentado. El referido escrito, en la parte que interesa estipula lo siguiente:

"‘(nombre), en mi carácter de recurrente, personalidad que tengo debidamente reconocida en los autos del recurso de revisión citado al rubro, ante usted comparezco para exponer: por medio del presente escrito vengo (sic) desistirme del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución dictada por el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo **********.—Única y exclusivamente en lo concerniente al pronunciamiento realizado a la constitucionalidad de lo siguiente: La aprobación, refrendo, promulgación, publicación y ejecución de la Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre de 1975, por lo que hace a los artículos 29 y 30; así como a la aprobación, refrendo, promulgación, publicación y ejecución del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en México, Distrito Federal, el 4 de Mayo de 1978, y el protocolo al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 4 de mayo de 1978, de fecha 13 de noviembre de 1997, específicamente por lo que hace a los artículos 8 y 11.—Actos reclamados de las autoridades responsables: Secretará de Relaciones Exteriores.—Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.—Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal.—Cámara de Senadores del Poder Legislativo Federal.—Secretario de Gobernación.—Director del Diario Oficial de la Federación.—Lo cual originó que dicho recurso fuera remitido a ese Alto Tribunal. No así de los restantes pronunciamientos del Juzgado de Distrito en cita, realizados en torno a la legalidad del acuerdo por el cual se concedió la extradición internacional del suscrito **********, en torno a los cuales no es mi deseo desistir de la acción constitucional. ...’

"Así, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de este Alto Tribunal, emitió un acuerdo por medio del cual agrego a los autos el escrito de cuenta, a través de cual el quejoso recurrente se desiste parcialmente del recurso de revisión interpuesto, única y exclusivamente en lo concerniente al pronunciamiento realizado en torno a la constitucionalidad de lo siguiente: ‘La aprobación, refrendo, promulgación, publicación y ejecución de la Ley de Extradición Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre de 1975, por lo que hace a los artículos 29 y 30; así como la aprobación, refrendo, promulgación, publicación y ejecución del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado en México, Distrito Federal, el 4 de Mayo de 1978, y el protocolo al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, del 4 de mayo de 1978, de fecha 13 de noviembre de 1997, específicamente por lo que hace a los artículos 8 y 11 ...’; esto es, dicho desistimiento versa sobre la constitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición, así como los artículos 8 y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, cuyo estudio de constitucionalidad fue reservado por el Tribunal Colegiado del conocimiento a este Alto Tribunal; no así de los restantes pronunciamientos del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, realizados en torno a la legalidad del acuerdo por el cual se concedió la extradición internacional del quejoso recurrente, en torno de los cuales manifiesta que no es su deseo desistirse.

"Asimismo, en el mismo auto el Ministro presidente de este Alto Tribunal, requirió al quejoso para que al momento de la notificación del proveído y ante la presencia del actuario judicial, ratificara el desistimiento única y exclusivamente por lo ya precisado líneas arriba, y finalmente, ordenó la notificación al quejoso en el lugar de su reclusión, mediante despacho enviado vía MINTERSCJN al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que en auxilio de este Alto Tribunal realizará la diligencia; misma que tuvo verificativo el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y en la que en lo conducente, se asentó lo siguiente:

"‘Constancia de notificación personal a internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos «Occidente».’

"En el Salto, Jalisco, a veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, a las trece horas con treinta minutos, el suscrito licenciado Jorge Luis González Gámez, actuario judicial Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco, hago constar que, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por este tribunal, mediante proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictado en los autos del exhorto **********, y Comunicación Oficial Recibida **********; esto es, notificar personalmente a (nombre del quejoso), el contenido de dicho proveído, así como los diversos de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, emitido por el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido dentro del amparo en revisión **********, de su índice, y el diverso de nueve de mayo del año en cita, dictado por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del exhorto **********; entregar copia certificada de éstos; por lo que una vez constituido en las instalaciones del centro de reclusión señalado, y estando presente la persona que procuro, previamente identificada por el personal de la Dirección Jurídica de dicho Centro Federal, procedí a dar lectura íntegra de los acuerdos referidos, y enterado de sus contenidos sí, firma para constancia en unión del suscrito. Doy fe.

"El interno.

"(Nombre del quejoso)

"‘Ratifico el escrito del desistimiento parsial (sic)’

"Al actuario judicial.

"‘Lic. Jorge Luis González Gámez’.

"En tales condiciones, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Primera Sala, tuvo por ratificado el escrito de desistimiento parcial del quejoso recurrente y ordenó devolver los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para elaborar el proyecto respectivo.

"Atento a lo anterior, esta Primera Sala aprecia que el recurrente de forma clara y fehaciente manifiesta su voluntad de desistirse parcialmente del amparo en revisión, única y exclusivamente en lo concerniente al pronunciamiento realizado en torno a la constitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición, así como los artículos 8 y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América; no así de los restantes pronunciamientos del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, realizados en torno a la legalidad del acuerdo por el cual se concedió la extradición internacional del quejoso recurrente, en torno de los cuales manifiesta que no es su deseo desistirse.

"Por lo que, en este sentido y dado que la competencia de esta Primera Sala en este recurso, se constriñó a estudiar la constitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la Ley de Extradición; así como los artículos 8 y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, reclamados por la parte quejosa aquí recurrente y por lo que reservó jurisdicción a este Alto Tribunal, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se concluye, que ya no existe materia para el pronunciamiento respecto a la reserva de jurisdicción; pues de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal, el desistimiento ha sido considerado como la abdicación al ejercicio de una acción, el abandono de una instancia o de la reclamación de un derecho, precisamente en la segunda hipótesis se ubica el desistimiento de un recurso, al ser la expresión de la voluntad de quien ha abierto la segunda instancia en el sentido de estar conforme con la resolución que impugnó y, por ello, de renunciar a su derecho de recurrirla.

"Lo anterior, encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 67/99, de esta Primera Sala, que es del tenor literal siguiente:

"‘REVISIÓN. DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE.—Si en la tramitación del amparo en revisión, que se abre a petición de la parte que se considera agraviada por la sentencia, ésta desiste del recurso intentado en el toca, debe tenérsele por desistida y declarar firme la sentencia recurrida.’

"Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima procedente tener por desistido al quejoso (nombre), respecto de la impugnación de los preceptos 29 y 30 de la Ley de Extradición; así como los artículos 8 y 11 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América; por lo que, procede devolver los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que se avoque al estudio de los agravios en los que el quejoso se duele de la determinación tomada por el Juez de Distrito, respecto de la legalidad del acto impugnado.

"Finalmente, tomando en consideración que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito y el secretario de Relaciones Exteriores, por conducto de su delegado autorizado, director jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa secretaría, interpusieron sendos recursos de revisión en contra de la sentencia dictada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en la audiencia constitucional celebrada el siete de enero de dos mil quince, terminada de engrosar el siete de abril de la referida anualidad, en el juicio de amparo **********; esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede a devolver los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a efecto de que se avoque al estudio de los agravios de los referidos recurrentes.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

"PRIMERO.—En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene al quejoso (nombre) por desistido del recurso de revisión a que este toca número **********, se refiere.

"SEGUNDO.—Se reserva jurisdicción al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en términos del último considerando de esta ejecutoria."

II. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de reclamación 1581/2016 y 1722/2016, en sesiones de nueve y treinta de noviembre, ambas de dos mil dieciséis, por mayoría de cuatro votos, contra el voto de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, consideró que no se deben acordar de conformidad los escritos de desistimiento cuando el proyecto de resolución, se encuentre ya publicado en la página de este Alto Tribunal, el términos de lo dispuesto en el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

El criterio sustentado es el siguiente:

"... Resultan infundados e ineficaces los motivos de agravio acabados de sintetizar y, para establecer las razones de ello, resulta oportuno establecer, en principio, la naturaleza y operabilidad de la figura procesal del desistimiento y, posteriormente, se abordará lo relativo a su aplicabilidad al caso concreto.

"1. Operabilidad de la figura procesal del desistimiento. En términos generales, el desistimiento, se contrae al acto abdicatorio que lleva a cabo el justiciable en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, y que consiste en la renuncia de las acciones o instancias ejercidas.

"Es decir, es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no confirmar el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la realización de algún trámite de un procedimiento iniciado. En ese sentido, la figura procesal del desistimiento puede concebirse como una forma de autocomposición del proceso y, por ende, se traduce en un medio distinto a las sentencias o resoluciones por medio del cual se pone fin a la pretensión planteada. Así, es dable distinguir la operabilidad del desistimiento en dos vertientes: (I) en la acción; y, (II) en la instancia.

"El desistimiento en la acción extingue la relación jurídico-procesal, porque quien la haya intentado, deja sin efecto legal alguno su propósito inicial. Es decir, desistida la acción, el resultado produce la inexistencia del juicio y la situación legal, se retrotrae al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciarse la contienda jurisdiccional.

"En ese contexto, el desistimiento en la acción trae aparejada, al menos, las siguientes consecuencias jurídicas:

"(I) con relación al derecho a debate, queda inafectado, ya que el mismo subsiste como obligación natural; (II) no se actualiza la figura de la cosa juzgada, ya que no se da el pronunciamiento respectivo sobre las cuestiones debatidas; (III) no podría aducirse en un juicio posterior que el derecho, motivo de la acción, se encuentra sub judice, ya que al existir el desistimiento, se tiene por concluida la controversia; (IV) quedan sin efecto las medidas cautelares que en su caso se hubiesen promovido; y, (V) no puede existir retractación, ya que de admitirse el desistimiento, se da por concluido el juicio o procedimiento.

"Por su parte, el desistimiento en la instancia únicamente produce la renuncia de los actos procesales realizados, esto es, se renuncia al recurso intentado, pero subsiste la acción ejercida; de ahí que no se pone fin a la relación procesal entre las partes, y, por ende, en estos casos sí existe un pronunciamiento sobre la controversia que es planteada por las partes, en virtud de que el referido desistimiento sólo conlleva a que las cosas se retrotraigan al estado que tenían antes de acudirse a la instancia respectiva.

"Precisado lo anterior, debe señalarse que, por lo que se refiere a la operabilidad de la figura procesal del desistimiento de la acción en el juicio de amparo, este Alto Tribunal ha sostenido que la misma consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, ‘conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo’.

"En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir el quejoso del medio de control constitucional con la sola declaración de su voluntad y una vez que se haya ratificado esa petición.

"Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé como causa de sobreseimiento que ‘el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca’, lo que constituye ‘una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado’.

"Por su parte, en cuanto hace al desistimiento en la instancia en tal medio de control constitucional, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que sus efectos se traducen en la anulación de todos los actos procesales verificados en la instancia respectiva, así como sus consecuencias. Es decir, en esos casos queda firme la sentencia o resolución respectiva que se haya emitido en la sustanciación del juicio de amparo, y por ende, no ha lugar a emitir pronunciamiento alguno en tal instancia.

"Esa naturaleza procesal, conlleva a que si el quejoso se desiste tanto de la demanda de amparo, como de la instancia respectiva, deba atenderse de manera preferente aquélla, en tanto que el desistimiento en la demanda de amparo, deja sin materia el recurso o instancia intentada.

"Los efectos trascendentes que conlleva el desistimiento en el juicio de amparo, no sólo implica que deba ser ratificado –a fin de cerciorarse de que no se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad–, sino que, si el quejoso pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo o de la instancia después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, ya que de lo contrario, se atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho, consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes.

"Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, que se lee bajo el rubro: ‘DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL.’

"En esa tesitura, es dable colegir que el desistimiento es un acto procesal mediante el cual el justiciable renuncia a la acción o abandona la instancia, por lo que tal acto abdicatorio tiene como finalidad la autocomposición del proceso, poniendo fin, ya al juicio, o ya a la instancia, pero siempre buscando retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes del ejercicio de la pretensión respectiva.

"2. Operabilidad del desistimiento en el presente caso. Una vez precisada la naturaleza y operabilidad de la referida figura procesal, debe señalarse que, con independencia de las consideraciones específicas del proveído recurrido por las que se negó el desistimiento de la quejosa en los términos solicitados, esta Segunda Sala, se encuentra en aptitud de formular todas aquellas argumentaciones jurídico-racionales que estime necesarias para proveer lo conducente respecto a dicha petición.

"Es así, pues los autos de presidencia pronunciados durante la instrucción de los diferentes procedimientos seguidos ante los órganos jurisdiccionales de composición colegiada no causan estado y por eso pueden ser revocados, modificados, nulificados o incluso pueden ser objeto de reposición o regularización del procedimiento por aquellos; de ahí que no existe impedimento legal alguno para que esta Segunda Sala, plasme sus propias consideraciones respecto a la procedencia del desistimiento formulado por la quejosa.

"Ahora, la recurrente aduce en sus agravios que resulta ilegal el auto de presidencia recurrido ya que: (I) sus fundamentos no atribuyen facultad alguna para que se negara el desistimiento parcial formulado por la empresa quejosa; (II) la regulación procedimental del desistimiento no contempla que deba ser previo a la emisión del proyecto; y, (III) la determinación adoptada en la sesión privada que invoca el proveído combatido, no puede servir de fundamento para la restricción al ejercicio del desistimiento.

"A juicio de esta Segunda Sala, resultan ineficaces los motivos de disenso acabados de sintetizar y, para establecer las razones de ello, debe tenerse en cuenta que en la especie la empresa quejosa solicitó que se le tuviera por desistida ‘parcialmente de la demanda de amparo, únicamente por lo que hace al artículo 133 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los términos señalados en el cuarto concepto de violación’. En ese contexto, se advierte que la quejosa no pretende desistirse ni de la demanda de amparo, ni de la instancia de la revisión, sino de la impugnación de la constitucionalidad del artículo citado.

"En ese sentido, esta Segunda Sala considera que no resultan admisibles aquellos ‘desistimientos parciales’ en la acción, que tienen como propósito que se suprima y se deje de analizar algún motivo de impugnación expuesto en la demanda, como el que se pretende hacer valer en la especie; pues ello no sólo resulta contrario y ajeno a la propia naturaleza jurídica de la figura del desistimiento, sino que implicaría una modificación indebida de la litis planteada por las partes.

"Es así, pues como se ha expuesto en el presente considerando, la naturaleza del desistimiento en la demanda de amparo, se contrae a un acto abdicatorio de la acción, cuya consecuencia radica, precisamente, en dejar sin efecto legal alguno el ejercicio de la demanda de amparo, retrotrayendo las cosas al estado en que se encontraban antes de iniciarse la contienda constitucional.

"Por ello, es que el desistimiento en la acción debe aparejar una completa nulificación de todos los actos procesales verificados en el juicio de amparo; de ahí que se conciba como una medida autocompositiva en el medio de control constitucional, ya que ‘conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo’.

"En ese sentido, el desistimiento solicitado por la quejosa en la especie, se aparta toralmente de la naturaleza y operabilidad jurídica de esa figura procesal, pues lejos de implicar una renuncia a la demanda de amparo, se traduce en la voluntad del promovente de continuar con el juicio y que subsistan todos los actos procedimentales que se han realizado en dicho medio de control constitucional, con excepción de aquellas actuaciones y pronunciamientos de las partes y de los órganos de amparo, respecto a la impugnación de la constitucionalidad del artículo 133 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es decir, se constituye como un tipo de desistimiento ‘selectivo’.

"En otras palabras, lo que en realidad pretende la quejosa, es pretextar la figura del desistimiento en la acción para solicitar a este Alto Tribunal que el argumento de constitucionalidad planteado en la demanda quede excluido de la litis de amparo, lo cual no es jurídicamente admisible, pues es claro que una vez fijados los puntos cuestionados, cualquier modificación o alteración de la acción en el proceso constitucional únicamente puede tener lugar en los términos que señala la propia Ley de Amparo –como lo son, entre otros, los supuestos a que hace referencia el artículo 111 de la ley de la materia, los cuales permiten, precisamente, modificar o ampliar la demanda y, por ende, variar la litis inicialmente planteada–.

"En esa lógica, resulta inconcuso que el ‘desistimiento parcial’ de la acción, en los términos que pretende la quejosa, constituye un verdadero oxímoron jurídico, ya que la función procesal del desistimiento no es la de alterar la litis cuando así lo estime conveniente la quejosa, sino la de poner fin al medio de control constitucional, dejando sin efectos jurídicos la totalidad de lo actuado en el juicio de amparo.

"Máxime que la procedencia del ‘desistimiento’, para el efecto de que en el juicio de amparo se dejen de estudiar determinados motivos de disenso planteados en la demanda, implicaría que la quejosa pudiese variar incondicionadamente la litis de amparo en el momento que lo considere oportuno, lo cual se traduciría en una clara violación al principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes.

"En suma, en tanto que en la especie la pretensión de la quejosa no se traduce en una abdicación de la acción, sino en la supresión de la impugnación del tema de constitucionalidad –expuesto en el cuarto concepto de violación–, se colige que no se está en el supuesto de un verdadero desistimiento, y por ende, resulta apegado a derecho el auto presidencial recurrido.

"Sin perjuicio de lo anterior, esta Segunda Sala estima que tampoco era dable admitir la solicitud de desistimiento hecha valer por la empresa quejosa, pues como se expuso en el acuerdo recurrido, una vez listado el asunto y publicado el proyecto de resolución respectivo, no resulta procedente tal petición.

"En efecto, el artículo 73, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente:

"‘El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la convencionalidad de los tratados internacionales y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, con la misma anticipación que la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán a que se refiere el artículo 184 de esta ley [cuando menos tres días antes de la celebración de las audiencias, sin contar el de la publicación ni el de la sesión]’.

"Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se sometan a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto’.

"En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que ‘se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos’, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite respo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28434-4363334a/desistimiento-parcial-de-la-instancia-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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