DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2006-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO (ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL) DEL SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
En efecto los dos últimos acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:
Acuerdo 4/2002:
"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."
Acuerdo 6/2003:
"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes: ...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la clara intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.
Lo anterior se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que señalan:
Acuerdo 4/2002:
"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;
"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido;
Acuerdo 6/2003:
"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."
Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene facultades para presentarla, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Efectivamente, el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos, de las denuncias de contradicción de tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia o por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas.
Por su parte, tanto el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal como el 197-A de la Ley de Amparo disponen que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales Colegiados o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis contradictorias hubieran sido sustentadas.
En ese sentido, como en el caso, la denuncia de contradicción de tesis (que por los motivos antes señalados fue radicada en esta Segunda Sala) se formuló por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que tal denuncia proviene de quien está legitimado para presentarla.
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen a la letra:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
Ley de Amparo:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los preceptos transcritos, ha estimado que para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a las anteriores precisiones debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita. Para tal efecto, conviene transcribir las consideraciones que informan las respectivas ejecutorias.
Así, en la ejecutoria correspondiente al amparo directo 553/95, promovido por Rutilo Borges Andrade, el Segundo Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Civil) del Sexto Circuito, sostuvo:
"QUINTO. No obstante haber transcrito los conceptos de violación aducidos, así como haber narrado los antecedentes del caso, los mismos no serán objeto de estudio por parte de este Tribunal Colegiado de acuerdo con las consideraciones siguientes:
"Rutilo Borges Andrade, parte quejosa en el presente juicio de amparo 553/95, por su propio derecho, exhibió escrito de fecha quince de enero de mil novecientos noventa y seis desistiendo a su entero perjuicio del aludido juicio constitucional que promovió en contra del acto reclamado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad.
"El dieciséis de enero de mil novecientos noventa y seis, este cuerpo colegiado acordó la promoción en comento y requirió al quejoso ratificara su escrito de desistimiento; en esa misma fecha, Rutilo Borges Andrade se presentó a cumplir con lo ordenado por el auto de mérito, comparecencia que se encuentra a foja treinta y ocho del citado expediente 553/95, la que en su parte conducente se transcribe: ‘... acto continuo la referida persona manifiesta que su presencia es con el fin de dar cumplimiento al auto dictado con esta fecha, por lo que en este momento desiste a su entero perjuicio del juicio de amparo directo 553/95 interpuesto por el mismo, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, solicitándose dé por terminado el juicio de amparo de mérito. Con lo que se concluye esta diligencia, levantándose la presente acta que después de haberle sido leída estampa su firma en señal de conformidad’.
"De acuerdo con lo anterior, procede el sobreseimiento del juicio de garantías de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo toda vez que el propio quejoso presentó escrito de desistimiento al respecto y, además, ratificó el mismo ante esta potestad federal.
"En las relacionadas condiciones, lo que en la especie procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías por desistimiento expreso del quejoso."
Resolución con base en la cual emitió la tesis VI.2o. 19 K, que se hizo pública en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, página 488, con el rubro y texto siguientes:
"SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito estableció la tesis de jurisprudencia VIII.4o. J/9, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página 1834, del siguiente tenor:
"DESISTIMIENTO. SI REQUERIDO EL QUEJOSO PARA QUE LO RATIFIQUE NADA MANIFIESTA, SE ENTIENDE COMO REITERADO TÁCITAMENTE Y GENERA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La prevención al quejoso para que ratifique el desistimiento tiene como fin que el tribunal se cerciore de la real voluntad de desistirse de la acción constitucional, y ese extremo se colma ante la desatención al requerimiento respectivo, es decir, si se le enteró legalmente de la existencia del desistimiento formulado a su nombre y nada dijo sobre el particular, o sea, no se retractó de él y menos lo desconoció, ya por escrito, ya por comparecencia, debe estimarse reiterado tácitamente, en tanto, se insiste, nada le impedía manifestar lo contrario y, en ese tenor, al no existir base para pronunciar sentencia de fondo, pues el desistimiento elimina el principio de instancia de parte agraviada, genera la causal de sobreseimiento que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo."
La citada jurisprudencia se integró con las ejecutorias correspondientes a los juicios de amparo directo 275/2004, promovido por Catarino Hernández Peña; 388/2004, promovido por Ovidio González Castañeda y otros; 396/2004, promovido por Víctor Manuel Fernández Cárdenas y otros; 1225/2004, promovido por Jeremías López Orta; y 1460/2004, promovido por Altos Hornos de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otra; aprobados los tres primeros, el dos de septiembre y once de noviembre de dos mil cuatro, el cuarto, el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, y el último el cinco de enero de dos mil seis.
De esas ejecutorias, la correspondiente al amparo directo 396/2004, dice en lo que importa:
"CUARTO. La transcripción del laudo reclamado y de los conceptos de violación expresados es innecesaria, por las siguientes consideraciones:
"Los quejosos solicitaron la protección constitucional contra actos de la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, consistente en el laudo pronunciado el veintidós de enero de dos mil cuatro, en el expediente laboral 784/02.
"Sin embargo, mediante escrito presentado el primero de octubre de dos mil cuatro, ante la oficial de correspondencia de este órgano colegiado los quejosos manifestaron que se desistían del amparo promovido, por así convenir a sus intereses.
"La presidencia de este tribunal federal, mediante auto pronunciado el cuatro de octubre anterior, ordenó que se requiriera a los quejosos para que ratificaran el escrito mencionado, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, apercibidos de que en caso de no hacerlo, se les tendría por desistidos.
"El término de cinco días concedido a los quejosos feneció el dieciocho anterior, porque la notificación del proveído precisado en el párrafo anterior, surtió sus efectos el ocho retropróximo; por tanto, inició el once y concluyó el dieciocho de octubre de dos mil cuatro, sin contar el doce, dieciséis y diecisiete del mes indicado, por ser feriado, sábado y domingo, considerados inhábiles, conforme con el artículo 23 de la Ley de Amparo.
"En ese contexto, dado que los quejosos nada manifestaron en relación con la vista que se les dio, es decir, no expresaron su oposición al escrito respectivo, ni mediante su comparecencia, ni por medio de un escrito diverso, el desistimiento en trato surte plenos efectos; por tanto, la presidencia de este tribunal obró correctamente, en cuanto hizo efectivo el apercibimiento formulado a los impetrantes de amparo.
"Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio de garantías, por desistimiento expreso de la demanda de amparo.
"Es aplicable la tesis aún sin publicar, sustentada por este Tribunal Colegiado, en la ejecutoria pronunciada en sesión de Pleno, celebrada el dos de septiembre de dos mil cuatro, en el juicio de amparo directo 275/2004, promovido por Catarino Hernández Peña, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad consistente en el acuerdo de trámite dictado por la autoridad responsable el quince de octubre de dos mil tres, en el juicio laboral número 589/03-II, que dice:
"‘DESISTIMIENTO. SI REQUERIDO EL QUEJOSO PARA QUE LO RATIFIQUE NADA MANIFIESTA, SURTE SUS EFECTOS.’." (se transcribe).
Sin que se estime necesario transcribir las correspondientes a los amparos directos 275/2004, 388/2004, 1225/2004 y 1460/2004, por contener en esencia, consideraciones similares a las anteriores, que reflejan el criterio del citado tribunal, en cuanto a que procede sobreseer en el juicio de amparo aun cuando el quejoso, siendo requerido para ello, no ratifique el escrito correspondiente.
CUARTO. A continuación deberá determinarse la existencia o no, de la contradicción de criterios denunciada.
Pues bien, a partir del criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado (actualmente en Materia Civil) del Sexto Circuito en el amparo directo 553/95, así como el del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la tesis de jurisprudencia VIII.4o. J/9, establecida al resolver los juicios de amparo directo 275/2004, 388/2004, 396/2004, 1225/2004 y 1460/2004, se obtiene:
• Que en ellos los quejosos desistieron expresamente del juicio de amparo mediante escrito que presentaron.
• Una vez recibido el escrito de mérito, los órganos jurisdiccionales requirieron a los promoventes para que ratificaran dicha promoción.
• En cuanto a la trascendencia de la ratificación del desistimiento, los dos tribunales sostuvieron criterios discrepantes.
Lo anterior porque mientras el hoy Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostuvo que si en un juicio de amparo, el quejoso presenta escrito de desistimiento y no lo ratifica a pesar de haber sido requerido para ello por el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado, se considerará como no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento de amparo; pues para que el desistimiento del agraviado proceda y por tal circunstancia se sobresea en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente dicha solicitud y, además, la ratifique ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado.
Por su parte, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito consideró que ante la desatención del quejoso a ratificar su escrito de desistimiento, éste debe estimarse reiterado tácitamente y genera la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.
En consecuencia, debe concluirse que sí existe la contradicción de criterios denunciada y que ésta consiste en determinar, si en caso de que el quejoso desatienda el requerimiento formulado para ratificar su escrito de desistimiento de un juicio de garantías, éste se tiene por reiterado tácitamente y constituye la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; o bien, de no comparecer a realizar dicha ratificación se debe tener por no formulado el desistimiento y continuarse con el procedimiento del juicio.
No impide resolver la contradicción de tesis planteada, la opinión vertida por el agente del Ministerio Público, quien solicita se declare improcedente porque el tema controvertido fue resuelto en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 36/97, de rubro: "SILENCIO QUE SE GUARDA EN RELACIÓN CON HECHOS QUE PERJUDICAN. PARA IDENTIFICARSE COMO UN ACTO JURÍDICO PROCESAL OMISIVO, SE REQUIERE QUE ASÍ LO DISPONGA LA LEY.", establecida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, establecida por esta Segunda Sala, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA."
Al respecto cabe decir que esos criterios jurisprudenciales no hacen improcedente la contradicción de tesis que se analiza.
En lo que atañe al primero, contenido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 36/97, se advierte que si bien la Primera Sala sostuvo el criterio de que para considerar al silencio guardado en relación con los hechos que perjudican, como un acto jurídico procesal omisivo, la ley debe asignar una interpretación a la omisión, fijándole las consecuencias al interesado; esa postura la aplicó tratándose de juicios ejecutivos mercantiles y no en relación con el amparo.
Mientras que en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, esta Segunda Sala sólo determinó el momento procesal en que el quejoso puede desistir del juicio de amparo, mas no hizo pronunciamiento alguno respecto de la circunstancia que motivó la presente contradicción de tesis porque en todos los juicios que la integraron, los quejosos se presentaron a ratificar esa promoción; caso contrario al que ahora se plantea y que, por ende, se procede a resolver.
QUINTO. Es pertinente precisar que no participa en la presente contradicción de tesis, la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado (hoy en Materia Civil) del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 19/96, promovido por Manuel Flores de la Cruz, que dice en lo conducente:
"... Este Tribunal Colegiado, en términos de los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, procede a suplir la deficiencia de los agravios por advertir que la sentencia recurrida resulta ilegal.
"Para así estimarlo, conviene destacar en primer lugar que de los autos del juicio de garantías se advierte que por acuerdo de diez de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el Juez de Distrito a quo admitió la demanda de garantías promovida por Manuel Flores de la Cruz; fijándose las nueve horas con cinco minutos del treinta de noviembre del mismo año para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que dicho quejoso, mediante escrito presentado el catorce de noviembre siguiente manifestó:
"‘Que por medio de este escrito, vengo a desistirme del presente juicio de garantías desistiéndome tanto del principal como del incidente de suspensión, y así también solicito se me expida copia certificada tanto del principal como del incidente de suspensión y así también se ordene se me devuelvan los documentos que en original acompañé a mi demanda de garantías previa copia certificada que de los mismos quedó en autos’; que a dicho escrito recayó proveído de quince de noviembre posterior, cuyo primer párrafo, textualmente dice: ‘Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de Manuel Flores de la Cruz. Visto su contenido, con fundamento en lo dispuesto en la parte relativa de los artículos 14 y 30, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 275, visible a foja 473 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, bajo el rubro: «SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO.», requiérase al citado quejoso para que en el término de tres días siguientes al en que sea notificado del presente auto, comparezca debidamente ante este tribunal a fin de ratificar dicho desistimiento, apercibido que de no hacerlo se tendrá por ratificado el mismo’, ordenándose que dicho acuerdo se notificará personalmente; por otra parte, que a fin de cumplir con lo anterior, el actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Puebla, a las dieciocho horas del diecisiete de noviembre del año próximo pasado se constituyó en el domicilio señalado por el quejoso, sito en Diez Poniente número setecientos trece, interior dieciséis, de esta ciudad de Puebla y al no encontrar al amparista le dejó citatorio con la señora López, quien no firmó por su recibo, para que lo esperara a las ocho horas del día hábil siguiente y que el veintiuno de noviembre posterior, el diligenciario de mérito, sin que conste a qué hora se volvió a constituir en el domicilio del hoy recurrente asentó: ‘Y por no haberme esperado lo notifico por lista’, constando que el acuerdo de que se trata le fue notificado al solicitante de amparo, a las nueve horas del propio veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por medio de lista. Igualmente, que el procurador de Justicia y el coordinador de la Policía Judicial, ambos del Estado de Puebla, el agente del Ministerio Público y comandante de la Policía Judicial, ambos de Tepeaca, Puebla, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Cuarto Distrito con residencia en esta capital y la actuaria adscrita al mismo, rindieron sus respectivos informes justificados; en tanto que el tercero perjudicado, Efraín Honorato Cerezo, mediante escrito presentado el treinta de noviembre del citado año, formuló sus alegatos y el ahora recurrente, a su vez, presentó en la misma fecha un escrito por medio del cual ofreció diversas probanzas para que fueran tomadas en cuenta en la audiencia constitucional fijada para ese día. Finalmente, que en la sentencia de amparo, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que estimó que al no haber cumplido el quejoso con el requerimiento que le fue hecho por auto de quince de noviembre anterior, debía hacerse efectivo el apercibimiento con que fue conminado en el mismo, y le tuvo por ratificado su desistimiento.
"Precisado lo anterior es de indicarse que resulta ilegal la sentencia que se revisa; esto es así, en virtud de que el Juez de Distrito partió de una base ilegal para sobreseer porque acordó incorrectamente el escrito de desistimiento presentado por el quejoso habida cuenta que en el proveído de quince de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, requirió al ahora recurrente para que ratificara dicho escrito, apercibiéndole que de no hacerlo tendría el mismo por ratificado.
"En efecto, el precitado apercibimiento se estima incorrecto, dado que el Juez de Distrito debió haber prevenido al quejoso en el sentido de que, en caso de no ratificar su escrito de desistimiento, se tendría por no formulado el mismo y se continuaría con el procedimiento de amparo, pues únicamente de esta manera el Juez Federal de mérito tendría la certeza de que efectivamente quien se desistía era el quejoso, pues éste tendría que identificarse plenamente en el acto de la ratificación, además, debe destacarse que el juicio de amparo que nos ocupa es de naturaleza agraria y atento a lo establecido en el artículo 227 de la Ley de Amparo se debe suplir la deficiencia no sólo de la queja, sino también la de exposiciones, comparecencias y alegatos, es decir, en tal materia se tiende a tutelar en forma amplia la pretensión de los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la propia ley; de suerte que sólo con la ratificación ante la autoridad judicial federal existiría seguridad de que realmente era la voluntad del solicitante de amparo el desistirse de la acción constitucional y de que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado, o de que se hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad; máxime que el propio quejoso, momentos antes de celebrarse la audiencia constitucional presentó un escrito en el que ofreció diversas pruebas documentales, evidenciándose así su interés en la prosecución del juicio de garantías.
"En co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19785-3d589554/desistimiento-en-el-amparo-debe-ser-ratificado-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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