PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN EL EJIDATARIO NO HA ADQUIRIDO EL DOMINIO PLENO Y A LOS TRIBUNALES COMUNES SI LA ADQUISICIÓN YA ERA PLENA, SIN QUE PARA RESOLVERLO PUEDA ATENDERSE A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, órgano que sostiene la tesis denunciada como contradictoria de la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
En correspondencia con este punto cabe señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
En ese enlace de razonamientos, para determinar si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita, conviene destacar los antecedentes y consideraciones que informan las resoluciones de los tribunales contendientes.
I. De la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión 728/2005, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se advierte:
1. Que Antonia Montelongo Martínez demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Veinticuatro, la nulidad de una cesión de derechos agrarios que ella efectuó el dieciséis de diciembre de dos mil tres a favor de Manuel Rodríguez Montelongo, respecto de diversas parcelas ubicadas en el ejido La Vega, Municipio de Saltillo, Coahuila, entre ellas, la número la parcela 74 Z-Z P4/5; además del reconocimiento de derechos agrarios, por considerarse legítima sucesora del ejidatario Candelario Rodríguez López y, como consecuencia, la entrega material de las tierras controvertidas.
Posteriormente, la demanda se amplió en contra de Rubén Ramírez Torres (representante legal de Industrializadora de Fibras Naturales de Coahuila, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada) a quien el primer demandado le había cedido la parcela en disputa, el dieciocho de diciembre de dos mil tres.
2. Una vez que se emplazó a los demandados, el veintiséis de abril de dos mil cinco se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que Industrializadora de Fibras Naturales de Coahuila, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, planteó la incompetencia del órgano jurisdiccional, en razón de la materia.
Al pronunciarse sobre dicha excepción, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario sostuvo su competencia, bajo el argumento de que la cesión de las parcelas, cuya nulidad se demandó, se llevó a cabo el dieciséis de diciembre de dos mil tres, fecha anterior a la expedición de los títulos parcelarios del veinticinco de junio de dos mil cuatro, cuando dejó de pertenecer al régimen agrario y pasó al particular.
3. En contra de esa determinación, Industrializadora de Fibras Naturales de Coahuila, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada presentó demanda de amparo de la que conoció el Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, quien dictó sentencia el veintiséis de julio de dos mil cinco, negando la protección constitucional solicitada.
4. No estando conforme con esa sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión, que fue radicado con el número 728/2005 en el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, órgano que en ejecutoria del veintitrés de febrero de dos mil siete confirmó la sentencia recurrida, aduciendo:
"Los demás conceptos de violación son infundados.
"A fin de estar en posibilidad de determinar si el Tribunal Agrario responsable es o no competente para conocer de la acción de nulidad ejercitada por la actora conviene transcribir el contenido de los artículos en que la parte demandada sostuvo la incompetencia de aquel Tribunal Unitario.
"El artículo 23 dispone: (se transcribe).
"El artículo 81 de la Ley Agraria establece: (se transcribe).
"Por su parte el numeral 82 de esa legislación dispone: (se transcribe).
"En tanto que el artículo 56 a que alude el segundo de los numerales transcritos dice: (se transcribe).
"De conformidad con los numerales transcritos, las asambleas ejidales están facultadas para llevar a cabo el parcelamiento de las tierras que lo conforman, con el correlativo derecho de los titulares de éstas de asumir el dominio pleno sobre sus parcelas, en cuyo caso, previa solicitud de los interesados ante el Registro Agrario Nacional, deberán ser dadas de baja de dicho registro, expidiéndose a cambio el respectivo título de propiedad, mismo que deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad, provocando aquella cancelación que las tierras respecto de las cuales los ejidatarios soliciten su cancelación en el Registro Agrario Nacional, dejen de pertenecer al régimen ejidal y sujetas, por ende, a las disposiciones del derecho común.
"Ahora bien, el cambio de régimen jurídico al cual deberán estar sujetas las tierras en los términos precisados, para dilucidar cualquier controversia que se suscite en torno a las mismas, debe entenderse que opera a partir de que el ejidatario interesado decida asumir el control pleno de sus tierras, y solicite se le expida el título de propiedad respectivo, por ser ese momento cuando las mismas dejan de pertenecer al régimen ejidal, por tratarse de una facultad potestativa en términos del referido numeral 82, al establecer expresamente que ‘... los ejidatarios interesados podrán, en el momento que lo estimen pertinente asumir el dominio pleno sobre sus parcelas ...’ es decir, no basta que la asamblea general de ejidatarios decida que los integrantes del ejido puedan adoptar el dominio pleno de sus parcelas, sino que se requiere que el ejidatario así lo solicite.
"En el caso concreto, como lo reconoce el apoderado de la empresa quejosa y así se asentó en el título de propiedad que obra en la foja doscientos treinta, el acta de asamblea respectiva se llevó a cabo el siete de octubre de mil novecientos noventa y seis, dicho título se expidió hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro a favor de Rubén Ramírez Torres, lo que permite inferir que el titular original de las tierras, Candelario Rodríguez López, no hizo uso de la facultad que le confería el artículo 82 de la Ley Agraria, por lo que si la cesión de derechos cuya nulidad demandó la tercero perjudicada Antonia Montelongo Martínez, designada como primera sucesora por dicho ejidatario, se celebró el dieciséis de septiembre de dos mil tres, entonces la parcela materia de la cesión no había salido del régimen ejidal, pues para esa fecha no se encontraba titulado a favor de persona determinada, prevaleciendo aún el certificado parcelario número 000000019192 de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, expedido a favor de Candelario Rodríguez López (foja 93), habiéndose desincorporado del régimen ejidal hasta el veinticinco de junio de dos mil cuatro, fecha en la cual Rubén Ramírez Torres recabó el título de propiedad respectivo, lo que motivó la cancelación del anotado certificado parcelario (foja 230), por lo tanto, resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y no la legislación común, como sin fundamento lo alega el peticionario del amparo, por ello, resulta irrelevante que la empresa quejosa hubiere adquirido la parcela en mención mediante escritura pública el ocho de diciembre de dos mil cuatro, ya que tal operación no fue materia de la acción de nulidad ejercitada por la actora en el juicio de origen, ya que la misma lo constituye la cesión de derechos que hizo a su hijo, que fue un acto que precedió a la enajenación del mismo por parte de la persona que lo adquirió del cedente.
"Por los razonamientos expuestos se estiman inaplicables las tesis que en apoyo de su argumentación invoca el impetrante del amparo.
"En estas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los agravios del recurrente, procede confirmar la resolución constitucional materia de la revisión."
II. Por otro lado, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el amparo en revisión 140/2005-II, se observa:
1. Que en escrito presentado el trece de julio de dos mil cuatro, Jesús Horacio Rodríguez Caballero, Rubén Cárdenas Mendiola y Ramiro de Jesús Hernández Valencia demandaron de la sucesión testamentaria a bienes de Othón Chávez Aguilar, así como a Reynaldo Espinoza García, el cumplimiento del contrato de enajenación de derechos parcelarios que afirmaron haber celebrado con el de cujus, respecto de la parcela 3Z-1P1/2, ubicada en el ejido La Sandía, Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2. De esa demanda conoció el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinte con residencia en Monterrey, Nuevo León, cuyo titular ordenó emplazar a los demandados, quienes al contestar, interpusieron la excepción de incompetencia de ese órgano.
La excepción de mérito se desestimó en la audiencia del veintiuno de octubre de dos mil cuatro, considerando el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario que se demandaba el cumplimiento de un contrato celebrado el quince de octubre de mil novecientos noventa y cinco y el certificado parcelario se expidió hasta el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; por lo que ese órgano era competente para resolver el asunto.
3. En contra de esa determinación, Monserrat Alejandra Vargas Díaz y Armando García Gámez, en representación de Reynaldo Espinoza García, presentaron demanda de amparo de la que conoció el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien consideró que al estar titulado el solar urbano (sic), debía conocer de la controversia un tribunal del orden común, pues no se reclamaban cuestiones relacionadas con la desincorporación ejidal, sino el cumplimiento de un contrato de cesión de derechos parcelarios; por lo que concedió el amparo para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario se declarara incompetente y remitiera los autos al órgano judicial del orden común.
4. Inconformes con esa resolución, Jesús Horacio Rodríguez Caballero, Rubén Cárdenas Mendiola y Ramiro de Jesús Hernández Valencia, en su carácter de terceros perjudicados, interpusieron recurso de revisión que se radicó bajo el número 140/2005-II en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano que en ejecutoria del cuatro de noviembre de dos mil cinco confirmó la sentencia recurrida, al considerar que los agravios de los inconformes eran fundados pero inoperantes.
Fundados en cuanto a que el Juez de Distrito confundió la clasificación de las tierras, pues éstas no eran solares urbanos, sino tierras parceladas, por lo que no se encuadran en la fracción I del artículo 44 de la Ley Agraria, sino en la fracción III del mismo numeral.
Empero, resultaban inoperantes porque, tal como afirmó el a quo, el Tribunal Unitario Agrario era incompetente para conocer del juicio natural, por las siguientes razones:
"... si bien es verdad que los conflictos suscitados en relación con tierras ejidales, naturaleza de la que participa la parcela, son competencia de los tribunales agrarios; también es cierto que en el caso, no obstante que el objeto del contrato base de la acción entablada en el juicio agrario natural haya sido, al momento de su celebración, una parcela ejidal, por las razones que a continuación se expondrán, no se surte la competencia para conocer de ese juicio a favor de la autoridad responsable, como lo pretende la parte recurrente.
"Así es, los artículos 27, fracciones VII a XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 y 82 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen:
"‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"‘Artículo 27.’ (se transcribe).
"‘Ley Agraria
"‘Artículo 163.’ (se transcribe).
"‘Artículo 82.’ (se transcribe).
"‘Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
"‘Artículo 18.’(se transcribe).
"Las fracciones transcritas del artículo 27 de la Ley Fundamental prevén los principios básicos del régimen de propiedad agrario en nuestro país.
"Dentro de estos lineamientos se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal y se protege su tierra en su doble vertiente de asentamiento humano y para actividades productivas. Las fracciones reproducidas disponen que todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, y los conflictos derivados de la tenencia de la tierra se reservan para las autoridades federales. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.
"A su vez, de la lectura de los diversos numerales 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se advierte que los juicios agrarios tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que surjan con motivo de la aplicación de la Ley Agraria, entre otras, las que en esa materia se susciten entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, o entre éstos y los órganos del núcleo de población, juicios de los que corresponde conocer, por razón de territorio, a los Tribunales Unitarios, con relación a las tierras ubicadas dentro de su jurisdicción.
"Por ende, se puede concluir que la función jurisdiccional que tutela el artículo 27 constitucional, en su fracción XIX, se extiende a toda la cuestión agraria, con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, ejidatarios y comuneros, quienes pueden acudir en defensa y protección de sus derechos ante los tribunales agrarios creados con ese objetivo, resultando así que todo conflicto de naturaleza agraria precisa ser tutelado por tribunales especializados en esa materia, a fin de garantizar y respetar los derechos que por cualquier acto se vean vulnerados.
"Así, tratándose de las tierras parceladas, las cuales, como se ha visto, quedan comprendidas dentro de las tierras ejidales, se encuentran reguladas en la legislación agraria, de ahí que, participan de tal naturaleza.
"Empero, una vez que los ejidatarios han adoptado el dominio pleno sobre sus parcelas y se haya realizado la cancelación correspondiente en el Registro Agrario Nacional, conforme a lo expresamente preceptuado en el artículo 82 de la legislación agraria antes reproducido, las tierras dejarán de ser ejidales y, por tanto, quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, de ahí que cualquier conflicto que se genere en relación con las mismas debe ser resuelto precisamente por los tribunales del orden común.
"Esto es, partiendo de la premisa de que la Ley Agraria regula la asignación de las tierras parceladas a favor de los ejidatarios, quienes pueden asumir el dominio pleno sobre las mismas, una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 81 de la propia ley, siendo hasta el momento de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional y la expedición de título de propiedad respectivo, cuando adquieren el pleno dominio de ellas; es claro que mientras tanto, le son aplicables las disposiciones agrarias referidas.
"En esas condiciones, una vez asignada una parcela a un ejidatario o a un particular mediante la expedición del respectivo título, ya no pueden considerarse que participan de la naturaleza agraria, y para llegar a esta conclusión basta la lectura del artículo 82 de la vigente Ley Agraria, que, reitérese, establece que a partir de la cancelación de la inscripción correspondiente de las tierras parceladas en el Registro Agrario Nacional, dichas tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común.
"Entonces, es válido afirmar que mientras las tierras parceladas no se encuentren tituladas a favor de un ejidatario u otra persona, los conflictos que se susciten respecto de las mismas son de naturaleza agraria y, por tanto, corresponde el conocimiento de ellos a los tribunales agrarios, en virtud de que al no existir título de propiedad de la parcela materia del conflicto, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no ha salido del régimen ejidal y no se surte la hipótesis prevista en el artículo 82 de la Ley Agraria.
"Por el contrario, una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de una parcela, ésta queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias y, en consecuencia, los conflictos que se generen en torno a tales tierras no pueden ser resueltos por los tribunales agrarios, sino que debe acudirse a las autoridades judiciales del fuero común.
"De todo lo antes expuesto, se arriba a la conclusión de que cuando las tierras parceladas, que por su naturaleza están comprendidas dentro de las tierras ejidales, han pasado al pleno dominio de un ejidatario o particular, lo que se materializa mediante la expedición a su favor del título de propiedad respectivo, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y, como contrapartida, la cancelación de la inscripción de aquéllas efectuada en el Registro Agrario Nacional; las controversias que se susciten en relación con los contratos que hayan tenido por objeto los predios en cuestión, celebrados cuando los mismos aún estaban sujetos al régimen ejidal, por disposición expresa del artículo 82 de la Ley Agraria tendrán que tramitarse necesariamente ante los tribunales comunes, lo que no implica que no se pueda analizar la validez de esos contratos a la luz de las disposiciones contenidas en la legislación agraria, que es la que rigió su celebración, máxime que de resolverse tales controversias conforme a las normas del derecho civil, que no regularon la relación verificada con motivo de los contratos en mención, se aplicarían éstas de manera retroactiva, en franca contravención a la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal.
"Ahora bien, como se dejó establecido, en el particular, el trece de julio de dos mil cuatro se demandó en el juicio agrario de origen, el cumplimiento de un contrato de enajenación de derechos parcelarios, celebrado el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco respecto de la parcela detallada en el escrito de demanda, parcela en relación con la cual se justificó la expedición del título de propiedad a favor de Othón Chávez Aguilar, en fecha veintitrés de abril de dos mil cuatro, momento en que también se llevó a cabo la cancelación de la inscripción del respectivo certificado parcelario.
"En esa virtud, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 82 de la legislación agraria, a partir de la cancelación precitada, el terreno en conflicto dejó de ser ejidal y, por tanto, quedó sujeto a las disposiciones del derecho común, de lo que se sigue que la controversia planteada por los demandantes el trece de julio de dos mil cuatro, como acertadamente lo sostuvo el juzgador, es competencia de los tribunales del orden común, y no así de las autoridades agrarias, ya que al expedirse el título de propiedad correspondiente y realizarse la cancelación en cuestión, lo cual, insístese, se verificó el veintitrés de abril de dos mil cuatro, es decir, antes de la presentación de la demanda agraria, el predio de que se trata quedó segregado del régimen ejidal, por lo que la misma debió plantearse ante el tribunal del fuero común, en términos de lo previsto en el precitado numeral.
"Lo anterior, con independencia de lo expresado de la parte recurrente, en el sentido de que la competencia en especie se surte al momento de la celebración del contrato base de la acción dirimida, es decir, cuando la tierra era considerada dentro del régimen agrario, de ahí que si posteriormente se tramitó su titulación, ello no tiene por qué variar la competencia que corresponde a los tribunales agrarios; pues, además de que tales argumentos son dogmáticos, por no expresarse a través de ellos los motivos en que se apoya el aserto sustentado por los inconformes, ni los preceptos legales que, en su caso, sirvan de fundamento al mismo; lo cierto es que, según se dejó establecido, en el caso la determinación de la competencia para conocer del conflicto planteado en el juicio natural deriva de la exacta aplicación que se hace del artículo 82 de la legislación agraria, el cual, como se precisó, dispone que a partir de la cancelación de la inscripción del certificado parcelario en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común, con lo que se destruye el argumento de la parte revisionista en torno a que la competencia en la especie se surte al momento de la celebración del contrato base de la acción, no obstante que posteriormente se haya tramitado la titulación de la tierra en conflicto.
"Asimismo, son jurídicamente ineficaces las manifestaciones vertidas por los recurrentes, con el propósito de evidenciar la violación que dicen se verificó en su perjuicio por parte del juzgador del artículo 69 de la Ley Agraria, porque aunque dicho numeral dispone que los actos subsecuentes a la expedición del título de propiedad sobre los solares urbanos serán regulados por el derecho común, en el caso se demandan actos jurídicos acaecidos con anterioridad a la expedición del título de propiedad, lo cual afirman conduce a sostener que los conflictos suscitados con motivo de ellos son competencia de los tribunales agrarios.
"Se afirma lo que antecede porque en el particular, al ser la tierra en conflicto una parcela y no así un solar urbano, el dispositivo legal en mención, que prevé: ‘La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente’, es decir, que regula cuestiones relacionadas con los solares urbanos según se dejó establecido, no cobra aplicación y, consecuentemente, los argumentos expresados por los recurrentes, que se apoyan en dicho numeral, devienen jurídicamente ineficaces.
"Por las mismas razones, es inatendible la tesis que en apoyo a tales manifestaciones invoca la parte revisionista, del rubro: ‘TRIBUNAL AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE ACTOS ANTERIORES A LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE UN SOLAR URBANO, SI NO SE CUESTIONA LA LEGALIDAD DE ALGÚN ACTO SUBSECUENTE A SU OTORGAMIENTO.’, pues también se refiere a la competencia para conocer de los conflictos relacionados con solares urbanos y en ella se hace una interpretación del artículo 69 de la Ley Agraria; asimismo, por lo que hace a las diversas tesis y jurisprudencias citadas por los inconformes, al no motivar su aplicación en el caso concreto, devienen inatendibles.
"Consecuentemente, por las razones expresadas, cabe sostener que, como lo indicó el Juez de Distrito, el tribunal agrario responsable no es competente para conocer del juicio natural, sino que debe conocer de él un tribunal del orden común, sin que ello implique que el mismo, al resolver la controversia planteada, no pueda aplicar la legislación agraria, de haber sido ésta la que rigió la celebración del contrato base de la acción, pues como se dejó establecido, de juzgar el conflicto en comento conforme a las normas de derecho civil, en el evento de que no hayan regulado tal relación contractual se verificaría su aplicación de manera retroactiva.
"Luego lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa, en la que se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional."
CUARTO. Precisados los antecedentes y consideraciones que sustentaron los órganos colegiados, se procede a determinar la existencia o no, de la contradicción de tesis denunciada.
Pues bien, a partir de los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados se advierte que sus resoluciones tienen como origen juicios agrarios, en los que se cuestionaron actos jurídicos celebrados antes de que los ejidatarios obtuviesen el dominio pleno sobre sus parcelas.
De igual manera se observa que en esos juicios, los demandados opusieron la excepción de incompetencia por materia, bajo el argumento de que, al haberse expedido los correspondientes certificados que acreditaban el dominio pleno sobre las parcelas antes de la presentación de la demanda, quien debía conocer del juicio era un tribunal del orden común.
Asimismo, se aprecia que la excepción de incompetencia fue desestimada por los Magistrados de los Tribunales Unitarios Agrarios ante quienes se plantearon las demandas, argumentando que los actos jurídicos que originaron las controversias (cesión y enajenación de derechos parcelarios, respectivamente) se llevaron a cabo en fechas anteriores a la expedición de los títulos de propiedad, cuando las parcelas todavía pertenecían al régimen agrario.
No obstante, ante planteamientos similares, los Tribunales Colegiados sostuvieron posiciones contrarias, pues si bien ambos órganos coincidieron en que para resolver sobre la nulidad de la cesión de derechos agrarios y el cumplimiento de un contrato de enajenación de derechos parcelarios que se demandaron, resultaban aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y no la legislación común, difirieron sobre el órgano que debía resolver la controversia.
Sobre este último tema, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito determinó que el órgano competente para conocer del juicio, era el Tribunal Unitario Agrario, toda vez que la cesión de derechos cuya nulidad se demandó, fue celebrada cuando la parcela todavía no salía del régimen ejidal, pues a esa fecha, su titular no había ejercido la facultad que le confería el artículo 82 de la Ley Agraria, de solicitar la expedición del título correspondiente.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito señaló que a pesar de que al momento de celebrar el contrato base de la acción, la tierra era considerada dentro del régimen agrario, la controversia no era competencia de las autoridades agrarias, ya que al expedirse el título de propiedad correspondiente y realizarse la cancelación de los certificados de derechos agrarios, el predio quedó segregado del régimen ejidal; por tanto, la demanda debió plantearse ante el tribunal del fuero común, en términos de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Agraria, sin perjuicio de que ese órgano aplicase las disposiciones de dicha ley.
No incide para determinar la integración de la contradicción de tesis denunciada, el hecho de que las acciones que se ejercitaron en los juicios agrarios hayan sido diversas: en uno, la nulidad de la cesión de derechos parcelarios, y en otro, el cumplimiento de un contrato de enajenación de esos derechos; pues además ambos se refieren a la transmisión de dominio o propiedad de una cos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20212-b3a746d1/parcela-ejidal-la-competencia-para-conocer-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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