EJIDATARIOS. PARA ACREDITAR ESE CARÁCTER CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES, ÉSTA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS DEL 24 AL 28 Y 31 DE LA LEY AGRARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, emitido el veintiuno de junio de dos mil uno por el Tribunal Pleno, pues se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de la Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formulan los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, órgano que sostiene la tesis denunciada como contradictoria de la sustentada por el Segundo Tribunal en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO. Previo al estudio de las cuestiones planteadas en las resoluciones denunciadas como contradictorias, es oportuno reseñar los antecedentes y consideraciones que las sustentan.
De la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión 233/2006, del que conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, se advierte:
1. Que mediante escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil cinco, Pedro Hernández Hernández promovió ante la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete, diligencias de jurisdicción voluntaria mediante las cuales solicitó que, en vía de sucesión, se le reconocieran los derechos agrarios del occiso Juan Hernández Medrano.
Para acreditar su acción el promovente ofreció, entre otras pruebas, las siguientes:
a) Copia certificada del acta de asamblea de fecha veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis.
b) Certificados parcelarios números 19976 y 19973, así como el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 12506, todos del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro expedidos a favor de Juan Hernández Mendoza y Juan Hernández Medrano, de conformidad con el acta de asamblea de nueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
2. El asunto se registró con el número 247/2005. Posteriormente, el veinte de febrero de dos mil seis, la Magistrada emitió resolución en la que declaró improcedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria debido a que, según las constancias de autos, los certificados parcelarios números 19973 y 19976, así como el certificado de uso común número 12506, expedidos tanto a Juan Hernández Medrano, como a Juan Hernández Mendoza, se emitieron conforme a la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales del nueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, la cual fue declarada nula por ese Tribunal Unitario en el expediente 201/1994; por lo que si dichos certificados eran nulos, no beneficiaban al promovente Pedro Hernández Hernández para comprobar la existencia material de los derechos agrarios que pedía suceder.
Y en cuanto al acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras Ejidales de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, presentada por el promovente, constaba en autos que no estaba inscrita en el Registro Agrario Nacional y, por ende, dicha dependencia no pudo expedir documento alguno que acreditara los derechos agrarios a favor del de cujus, Juan Hernández Medrano.
Por lo anterior concluyó la Magistrada, que si el extinto Juan Hernández Medrano, de quien Pedro Hernández Hernández solicitaba el reconocimiento de los derechos agrarios vía sucesión, no tenía el reconocimiento como ejidatario del núcleo poblacional, ni asignación de parcelas o porcentaje de derechos sobre tierras de uso común, ello impedía emitir pronunciamiento favorable a la solicitud de este último, al ser inexistente la materia para resolver; por lo que dejaba a salvo los derechos del promovente para hacerlos valer en la vía y forma que correspondiera.
3. En contra de esa determinación, Pedro Hernández Hernández promovió juicio de amparo directo, respecto del cual el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito se declaró incompetente, enviándolo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango.
El mencionado juzgador negó el amparo en sentencia del veintidós de mayo de dos mil seis.
4. La sentencia de mérito fue impugnada por Pedro Hernández Hernández mediante el recurso de revisión 233/2006, del que conoció el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que en ejecutoria del veintitrés de agosto de dos mil seis revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al quejoso en los términos siguientes:
"QUINTO. Los agravios son fundados, si bien su deficiencia se suplirá con apoyo en los artículos 76 Bis, fracción III y 227, los dos de la Ley de Amparo, al estar en presencia de un juicio de garantías atinente a la materia agraria, donde el quejoso es aspirante a obtener la calidad de ejidatario.
"Los artículos 23, fracciones II y X, 31, 56, 152, fracción VIII, de la Ley Agraria; y 25, fracción II, inciso o), del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional señalan: (los transcribe).
"Como autoridad máxima del núcleo de población, es facultad exclusiva de la asamblea general de ejidatarios decidir, entre otros puntos, lo relativo a la aceptación y separación de sus integrantes; así como en cuanto a la delimitación, asignación y destino de las tierras ejidales.
"De conformidad con los artículos anteriormente transcritos, las actas levantadas con motivo de los acuerdos tomados sobre los puntos señalados en el párrafo anterior deberán ser inscritas en el Registro Agrario Nacional.
"A los registradores compete calificar los actos y documentos inscribibles en esa dependencia, así como expedir las constancias y copias certificadas respectivas; así lo dispone el artículo 38, fracciones I, III y V, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el cual dice: (se transcribe).
"Así, satisfechas las exigencias legales, las actas de aceptación y separación de ejidatarios, así como las de delimitación, asignación y destino de las tierras ejidales, deben inscribirse en el Registro Agrario Nacional; para lo cual, previamente y de acuerdo a las normas aplicables, el registrador debe realizar la calificación respectiva.
"Al efectuar la calificación, el registrador no tiene facultades para analizar o determinar la validez de los acuerdos tomados por la asamblea, sino solamente verificar si los documentos reúnen o no los requisitos legales para llevar a cabo su inscripción.
"Lo anterior se desprende de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 57, 58, 59, 62 y 65 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, los cuales señalan: (se transcriben).
"En ese orden, los artículos 148, 150 y 151 de la Ley Agraria disponen: (se transcriben).
"De conformidad con las anteriores normas legales, el Registro Agrario Nacional tiene como objeto dar publicidad a los actos jurídicos en él inscribibles.
"Por tanto, las inscripciones en esa institución sólo tienen efectos declarativos, no constitutivos de derechos, pues éstos provienen del acto jurídico inscrito, no de la inscripción en sí considerada.
"En esa virtud, el documento continente del acto jurídico es por excelencia el medio probatorio idóneo para acreditar los derechos y obligaciones en él consignados; en tanto las certificaciones, constancias y copias certificadas expedidas por el Registro Agrario Nacional, se emiten con base en los documentos inscritos en tal dependencia, esto es, en los cuales consta el acto jurídico respectivo.
"Al respecto es de invocar la tesis de la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y cinco, tomo (sic) 121-126, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto dicen:
"‘AGRARIO. REGISTRO AGRARIO NACIONAL. SUS INSCRIPCIONES NO CONSTITUYEN PRUEBA ÚNICA PARA ACREDITAR EL DERECHO SOBRE DETERMINADOS BIENES.’ (se transcribe).
"En consideración a lo expuesto, si bien las certificaciones, constancias y copias certificadas expedidas con base en las inscripciones habidas en el Registro Agrario Nacional, prueban plenamente en juicio y son aptas para acreditar la existencia del acto, derecho u obligación inscritos; la falta de tal acto administrativo no origina la inexistencia de la obligación o derecho respectivo y, por ende, tampoco la imposibilidad de probarlas de otra forma; pues este extremo es factible lograrlo mediante el documento continente del acto jurídico correspondiente pues, como se vio, la inscripción es meramente informativa, no constitutiva de derechos.
"De tal suerte, la falta de tal inscripción sólo tiene como consecuencia que el acto respectivo surta efectos únicamente entre los otorgantes, sin la posibilidad de producir perjuicio a terceros, quienes sí pueden aprovecharlos a favor de sus intereses, según lo establece el artículo 150 de la Ley Agraria.
"Al tema tratado es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 137/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y dos, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya lectura señala:
"‘REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LA DESIGNACIÓN DE SUCESORES DE DERECHOS AGRARIOS NO SE AFECTA POR LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN AQUÉL (LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA, VIGENTE HASTA EL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS).’ (se transcribe).
"Entonces, la falta de inscripción del acta levantada con motivo de la asamblea general, en la cual se hubieren aceptado ejidatarios, delimitado, asignado y destinado tierras ejidales entre los integrantes del núcleo de población, no origina que aquéllos no tengan la calidad de ejidatarios, ni que no sean titulares de las parcelas asignadas o del aprovechamiento del porcentaje sobre las tierras de uso común.
"Lo anterior es así, en consideración a que es la asamblea general quien tiene la facultad de realizar tales reconocimientos, en tanto el Registro Agrario Nacional sólo es un ente creado para dar publicidad a las decisiones tomadas por aquélla.
"De tal manera, el acta levantada con motivo de la asamblea general, en la cual se hubiere aceptado a una persona como integrante del núcleo de población ejidal, es apta para acreditar la calidad de ejidatario, pues en tal documento consta la voluntad del ente facultado para crear ese derecho en favor de determinada persona, sin necesidad de su inscripción y la expedición de las certificaciones respectivas.
"Cierto, el artículo 16 de la Ley Agraria dispone que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia relativa del Tribunal Agrario.
"Sin embargo, esa norma legal ni alguna otra limita única y exclusivamente probar tal extremo con dichos documentos, pues nada señala sobre el particular.
"Considerar lo contrario y estimar insuficiente el acta de asamblea de aceptación de ejidatarios, implicaría desconocer la validez de un documento constante de la voluntad soberana de los integrantes del núcleo de población, reunidos en asamblea general, quienes tienen la facultad exclusiva de resolver lo concerniente a la aceptación de ejidatarios, con el consiguiente desconocimiento de un derecho legalmente constituido, otorgado por el ente facultado para ello.
"Igualmente, un criterio contrario al sustentado en este fallo, implica el riesgo de aceptar que las inscripciones hechas en el Registro Agrario Nacional, en sí mismas consideradas son constitutivas de derechos, no el acto jurídico del cual emanan.
"Incluso, se pasaría por alto y haría nugatorio el derecho de los interesados en allegar cualquier tipo de probanza para acreditar sus afirmaciones, prerrogativa consagrada en el artículo 186 de la Ley Agraria, de la siguiente lectura:
"‘Artículo 186.’ (se transcribe)
"Por los motivos señalados, este tribunal revisor no comparte la tesis XVII.2o.P.A.25 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: ‘ACTA DE ASAMBLEA. RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA CALIDAD DE EJIDATARIO.’, publicada en la página mil cuatrocientos cuatro, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual el señor Juez Segundo de Distrito en el Estado apoyó su determinación.
"En el caso, entre las constancias integrantes del cuaderno de amparo, está copia certificada del acta de asamblea general de ejidatarios del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, del núcleo de Población Otilio Montaño, perteneciente al Municipio de San Juan del Río, Durango.
"En el séptimo punto de esa acta se asentó:
"‘Séptimo punto. Acto seguido, de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracciones II, VII, VIII, X, y artículo 56 de la Ley Agraria, el presidente dio lectura a los sujetos de derechos reconocidos y aprobación de los mismos, siendo éstos los siguientes:
No. Nombre No. Nombre
"‘1. ... 38 Juan Hernández Medrano
"‘... enseguida la asamblea procedió a la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y al reconocimiento de los sujetos de derecho identificados.
"‘... en cuanto al área parcelada la asamblea acordó distribuirla entre 67 ejidatarios, cuatro posesionarios y la parcela escolar de la siguiente manera.
"‘No. parc. Nombre Vert. Superficie
Has.
"‘1. ...
"‘3 Juan Hernández Medrano 8 3-73-70.345
"‘...
"‘39. Juan Hernández Medrano 3 0-1658.136
"‘La asignación fue aprobada por la asamblea por 35 votos a favor y cero en contra.
"‘En cuanto a las tierras de uso común la asamblea acordó asignar en proporciones iguales entre 67 ejidatarios más la parcela escolar, que se relacionan en el presente listado, correspondiendo a cada uno 1.47% de aprovechamiento sobre las tierras de uso común, sin considerar con derecho a las tierras de uso común a Guadalupe Calderón Hernández, quien fue reconocido como (ilegible) únicamente con derecho a su parcela No. 51.
"‘No. Nombre No. Nombre
"‘1.
"‘38 Juan Hernández Medrano
"‘...
"‘... el presidente de la asamblea sometió a consideración de la misma la limitación de las tierras al interior del ejido, la asignación de parcelas, la cual se realizó de conformidad con lo contenido en los planos internos de tierras de uso común; los planos presentados, así como la lista de sujetos de derecho identificados, se aprueba en este acto por 70 % de votos.’
"Como se advierte de la anterior transcripción, en la asamblea del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y seis, entre otros acuerdos, los integrantes del núcleo de población decidieron lo relativo a la aprobación ‘de los sujetos de derechos reconocidos’, así como la asignación de parcelas y derechos sobre tierras de uso común, lo cual se aprobó por el setenta por ciento del voto de los asistentes.
"Entre ‘los sujetos de derechos reconocidos’ está Juan Hernández Medrano, a quien se le otorgaron dos parcelas y el uno punto cuarenta y siete por ciento de derechos de aprovechamiento sobre tierras de uso común.
"En esa virtud, es claro que en la citada asamblea general de ejidatarios a esa persona se le aceptó y reconoció como integrante del núcleo de población ejidal.
"Consecuentemente, esa acta es apta y suficiente para acreditar la calidad de ejidatario del extinto Juan Hernández Medrano, sin que sea necesaria su inscripción en el Registro Agrario Nacional y, con base en ella, se hubieren expedido los certificados correspondientes.
"Lo anterior es así pues, como se vio con anterioridad, el acta de asamblea es la constitutiva de la calidad de ejidatario del fallecido Juan Hernández Medrano, no las certificaciones expedidas por el Registro Agrario Nacional, las cuales, por cierto, deberían tener como sustento esa acta de asamblea.
"En las condiciones señaladas, el acto reclamado infringe en perjuicio de Pedro Hernández Hernández las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal; por tanto, se impone revocar la sentencia revisada y conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, a efecto de que la autoridad responsable parta de la base de que está comprobada la calidad de ejidatario del fallecido Juan Hernández Medrano y, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a derecho la problemática sometida a su consideración; para de esa manera restituir al quejoso en el pleno goce de las garantías individuales violadas, como el artículo 80 de la Ley de Amparo ordena."
Por su parte, de la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo administrativo número 186/2005, se observa:
1. Que en escrito presentado ante el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, Lidia Girón González demandó del ejido Huizopa, Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, la nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales, celebrada el veinticuatro de junio de dos mil cuatro; y que se le reconociera la calidad de ejidataria, en base a la diversa acta de asamblea celebrada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, a fin de que se le permitiera el acceso a las asambleas.
2. En sentencia del quince de febrero de dos mil cuatro, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco declaró improcedente la acción de nulidad intentada, por considerar que la actora carecía de legitimación en la causa.
Esa determinación la sustentó en el hecho de que en el acta del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres no se reconocieron a la actora los derechos ejidales que argumentó, sino únicamente una expectativa del derecho a ser reconocida como ejidataria, pero éste no se materializó, debido a que el reconocimiento estaba sujeto a que se realizaran los trámites ante el Registro Agrario Nacional o el Tribunal Unitario Agrario; pero al intentar inscribirla, el mencionado registro calificó el acta de irregular; y según las testimoniales aportadas, el ejido pidió que no valiera, ya que la secretaría la devolvió por tener cuatro nombres de más.
3. En contra de dicha sentencia, Lidia Girón González promovió juicio de amparo directo, que se radicó bajo el número 186/2005 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, órgano que en ejecutoria del doce de agosto de dos mil cinco negó la protección de la Justicia Federal, con base en los siguientes razonamientos:
"SEXTO. Los conceptos de violación formulados por la quejosa resultan infundados.
"...
"En efecto, no le asiste razón a la quejosa en tanto aduce que la sentencia reclamada transgrede el artículo 189 de la Ley Agraria, puesto que contrario a su dicho no es verdad que la misma resulte incongruente, ello en atención a que de la demanda del juicio agrario se advierte que la actora demandó la nulidad del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales del ejido de Huizopa, Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, celebrada el veinticuatro de julio de dos mil cuatro, en relación a la asignación de los porcentajes sobre los derechos a las tierras de uso común, así como de la lista de ejidatarios legalmente reconocidos y confirmados, donde la actora fue excluida; que se le reconociera la calidad de ejidataria con base en el acta de asamblea del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres y, en consecuencia, se le asignara el porcentaje correspondiente de las tierras de uso común y se le permitiera el acceso a las asambleas del ejido y demás reuniones, conforme lo establece la ley; en relación con las prestaciones reclamadas, la autoridad responsable determinó que las mismas resultaban improcedentes, exponiendo los motivos y circunstancias por las cuales resolvió en tal sentido, citando además los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, de ahí que la sentencia reclamada no resulta incongruente, ni carente de fundamentación y motivación.
"Resulta también infundado que la autoridad responsable no haya tomado en consideración que en la segunda lista, de las que derivaron del acta de asamblea celebrada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, como encabezado se señaló: ‘Lista de ejidatarios de nuevo ingreso al ejido Huizopa, Mpio. de Madera Edo. de Chihuahua, aprobados por asamblea y que están solicitando los certificados de derechos agrarios’ toda vez que si bien tal circunstancia no se hace constar expresamente en la sentencia reclamada, la verdad es que de la lectura de la misma se advierte que la autoridad responsable sí se percató de tal cuestión, puesto que determinó que el reconocimiento de ejidataria se encontraba sujeto a que se realizaran los trámites ante el Registro Agrario Nacional o ante el tribunal agrario, lo que sin duda determinó, atendiendo, entre otras cosas, al encabezado de la lista donde se encuentra el nombre de la ahora quejosa, pues en el mismo se señaló que se estaban solicitando los certificados de los derechos agrarios.
"En otro aspecto, contrario a lo alegado por la quejosa, debe señalarse que fue correcto que la autoridad responsable determinara que la actora en el juicio agrario no había acreditado tener el carácter de ejidataria con el cual dijo contar, puesto que si bien es cierto (sic) del acta de asamblea del cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres se advierte que la peticionaria del amparo se encuentra en una lista donde se mencionan a diversos ejidatarios, también es verdad que la adquisición de la titularidad de los derechos agrarios era una expectativa para la quejosa, puesto que como lo consideró la responsable, dicho reconocimiento no culminó, toda vez que en la citada acta se precisó que los ejidatarios estaban solicitando los certificados de derechos agrarios, por lo cual debieron llevarse a cabo las gestiones necesarias para lograr tal propósito, sin que en autos obre constancia de ello, pues los integrantes del comisariado ejidal manifestaron, que cuando trataron de inscribir el acta referida, dicha inscripción se les negó porque la misma carecía de los requisitos legales para tal efecto, lo que ante la ausencia de datos que demuestren lo contrario lleva a concluir, que el acta no fue registrada y, en consecuencia, no se realizaron los trámites correspondientes para que la quejosa lograra obtener el documento necesario para demostrar que tiene el carácter de ejidataria del ejido de Huizopa, Municipio de Madera, Estado de Chihuahua.
"Cabe señalar, que resulta infundado que por encontrarse la quejosa en la lista en la que se hace mención a diversos ejidatarios, sea suficiente para tenerle como tal, puesto que no es verdad que la solicitud de los certificados de los derechos agrarios sea una cuestión meramente administrativa, toda vez que si bien conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria, es competencia exclusiva de la asamblea la aceptación de ejidatarios, no debe soslayarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la citada legislación, la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente, con el certificado parcelario o de derechos comunes, o con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario; lo que pone de manifiesto que para demostrar el carácter de ejidataria, resulta insuficiente el acta de asamblea en la cual se señaló que la quejosa había sido admitida como tal, máxime que de la citada acta se advierte que respecto al tercer punto del orden del día se determinó lo siguiente: ‘Por lo que se pasó así al tercer punto. Para tratar lo relacionado sobre los derechos agrarios de acuerdo al artículo 23, fracción II, de la Ley Agraria en vigor, en este punto se trataron los diecisiete derechos que se habían reconocido anteriormente en asambleas y habían sido reconocidos los derechos de estos ejidatarios por haber trabajado por más de cinco años consecutivos dentro del ejido. Así como también se trató en el mismo punto se trataron (sic) los derechos 52 de diversos ejidatarios que se habían cedido sus derechos a hijos de ejidatarios y por sucesión los cuales fueron aceptados por asamblea, y pidieron a las autoridades ejidales para que se gestione ante el Registro Agrario Nacional, y ante el Tribunal Agrario de la Cd. de Chihuahua, los certificados agrarios de los ejidatarios que en los enlistados que se anexaron a la presente acta y que conformaron el total de ejidatarios reconocidos como tales.’
"De ahí, que de lo antes transcrito pueda concluirse, como lo hizo el Tribunal Unitario Agrario responsable, que del contenido del acta de asamblea se advierte la posibilidad de regularizar la calidad de ejidatarios de los nombrados en la lista que derivó de la citada acta, entre los cuales se encuentra la ahora quejosa, mas no la calidad de ejidataria que afirma tener.
"Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la tesis número XX.10 A, visible en la página 511 del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Noventa Época, que establece: ‘EJIDATARIO. FORMAS DE ACREDITAR LA CALIDAD DE.’ (se transcribe).
"Bajo ese entorno, se estima correcta la valoración que la responsable hizo respecto de la prueba testimonial desahogada por la actora, aquí quejosa, a cargo de Salvador Gaytán Aguirre y de Rubén Torres Rascón, porque si bien ambos testigos manifestaron tener conocimiento de que Lidia Girón González fue reconocida como ejidataria, mediante asamblea del ejido Huizopa Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, que es respetada con calidad de ejidataria, asiste a las asambleas, trabaja terrenos del ejido y tiene algunas cabezas de ganado en dichos terrenos, tales manifestaciones no benefician a la quejosa en atención a que, como lo estimó la responsable, ese medio de convicción no encuentra sustento en otras pruebas, toda vez que, como ya se precisó, el acta de asamblea de cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres resulta insuficiente para tener por demostrada la calidad de ejidataria que afirma tener la quejosa, pues ni aun adminiculando dicha documental con la testimonial de referencia se logra demostrar el extremo pretendido por la peticionaria del amparo, puesto que como ya se señaló la calidad de ejidataria debe demostrarse en términos del artículo 16 de la Ley Agraria.
"Por último, es de destacar que no agravia a la quejosa la valoración que la autoridad responsable hizo, respecto de la prueba confesional desahogada a cargo de los integrantes del comisariado ejidal del ejido Huizopa, Municipio de Madera, Estado de Chihuahua, ello en atención a que, como lo consideró el magistrado responsable, dicho medio probatorio no beneficia a la quejosa, toda vez que en ningún momento reconocieron que ésta tenga la calidad de ejidataria, por lo que en el caso, resulta irrelevante que, atendiendo al dicho de los absolventes, en el sentido de que la accionante tiene en posesión tierras de uso común porque su madre es ejidataria y por eso tiene acceso a dichas tierras, y que fue aceptada como ejidataria pero que posteriormente cedió su derecho a su hijo, la autoridad responsable estimara que la actora no cuenta con derechos legalmente reconocidos y los que pretende son irregulares, toda vez que por lo ya expuesto, se estima correcto que el Magistrado responsable determinara que en el caso no se demostró que la quejosa tenga la calidad de ejidataria.
"Por las consideraciones expuestas, la resolución reclamada no resulta violatoria de garantías, por lo que lo procedente es negar a la peticionaria del amparo la protección de la Justicia Federal solicitada; sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción III, de la Ley de Amparo."
CUARTO. A continuación deberá determinarse la existencia o no, de la contradicción de criterios denunciada.
Para tal efecto, es de considerarse que en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001 establecida por el Tribunal Pleno, de rubro y datos de localización siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
En el caso, se actualizan los supuestos antes señalados para la existencia de la contradicción de tesis de que se trata.
Lo anteri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20386-ebe230be/ejidatarios-para-acreditar-ese-caracter-con-el-acta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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