CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE DECRETARSE SI EN EL JUICIO YA SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 102/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General del Tribunal Pleno 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, pues se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues la formula Nabor Toledo Bárcenas, quejoso en el juicio de amparo 526/2006 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, órgano que sostiene una de las tesis denunciadas como contradictorias.
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las resoluciones que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente señalar que de acuerdo a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, establecida por el Tribunal Pleno, de rubro y datos de localización siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76).
CUARTO. Efectuadas las anteriores precisiones, esta Segunda Sala estima que, en torno a la caducidad prevista en el artículo 190 de la Ley Agraria, no existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios emitidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo directo 636/96; el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en el amparo directo 337/96; el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el amparo directo 726/97; el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el amparo directo 547/96; el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el amparo 1046/98; el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en los amparos directos 915/98 y 916/98; y el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en el amparo directo 391/2002; con el que sustentaron, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en el amparo directo 526/2006; el Segundo del Décimo Octavo Circuito, en el amparo directo 38/2001, y la postura que asumió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 392/98, toda vez que los distintos criterios que siguieron aquéllos provinieron del examen de elementos diversos, pues la caducidad sobre la que decidieron dichos órganos fue decretada por la responsable en la secuela del procedimiento agrario y antes de que se emitiera el acuerdo por el que se cita a las partes a oír la sentencia respectiva, como se advierte de los antecedentes y consideraciones de esos juicios, que se reseñan a continuación:
I. Amparo directo 636/96-I. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito:
1. En escrito de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco, el comisariado ejidal del Núcleo de Población denominado "Zacatecas", Municipio de Mexicali, en el Estado de Baja California, ejerció acción agraria de nulidad de actas y de restitución de bienes en contra del presidente de la República, de diversas autoridades agrarias y de particulares, concretamente, "Compañía Frigorífica del Noroeste, Sociedad Anónima."
2. La demanda se radicó en el Tribunal Unitario Agrario con residencia en Mexicali. Una vez efectuado su emplazamiento, las demandadas interpusieron la excepción de incompetencia, que se declaró fundada en cuanto a los hechos de la ampliación de demanda; en consecuencia, se ordenó remitir los autos al Juzgado Civil con residencia en la misma ciudad y sólo se continuó con el procedimiento relativo a los hechos de la demanda principal.
3. En escrito del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, Frigorífica del Noroeste, Sociedad Anónima, solicitó la caducidad de la acción (sic) con fundamento en el artículo 190 de la Ley Agraria, debido a la inactividad procesal por más de cuatro meses; petición que no se acordó de conformidad por el Magistrado del conocimiento. Sin embargo, en escrito del dos de julio del mismo año, la demandada insistió en su petición, que fue aceptada en acuerdo del tres de julio de mil novecientos noventa y seis.
4. En contra del acuerdo que decretó la caducidad, el actor promovió juicio de amparo directo, radicado con el número 636/96 en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el cual, en ejecutoria del cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis declaró fundado pero inoperante el concepto de violación invocado.
Además, señaló que conforme al artículo 378 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, la caducidad tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, y que en ningún juicio futuro sobre la misma controversia podría invocarse lo actuado en el procedimiento caduco.
Por lo que concluyó que la resolución reclamada no era violatoria de las garantías de seguridad jurídica y de expedita administración de justicia, pues aun cuando sólo dijo que se decretaba la caducidad del juicio, debía entenderse que se refirió al derecho adjetivo y no a la acción o derecho sustantivo.
II. Amparo directo administrativo 337/96. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
1. Narciso Villamil Rendón demandó de Hesiquio Navarrete Villamil ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Octavo Circuito, la declaración de que tenía mejor derecho para poseer el inmueble denominado "Tetela" y otras prestaciones derivadas de ésta.
2. Emplazado el demandado y celebrada la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, se admitieron diversas pruebas, entre ellas, el informe del coordinador general de la Reforma Agraria de Morelos, sobre los trabajos del censo de comuneros realizado en mil novecientos noventa y uno; asimismo, para verificar si el actor se encontraba registrado con ese carácter, se giró el oficio 1018/95.
3. Desahogadas las demás pruebas ofrecidas, el actor solicitó se pusiera el expediente a la vista de las partes para la formulación de alegatos, lo que se negó en auto del siete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, donde se dijo que esto se realizaría una vez que el coordinador agrario del Estado diera respuesta al oficio 1018/95.
4. El veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, el titular del Tribunal Unitario Agrario decretó la caducidad del procedimiento, debido a que no se había actuado desde el once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco cuando se notificó el anterior acuerdo; además, el juicio no se encontraba en estado de resolución.
5. En contra de ese proveído, Narciso Villamil Rendón promovió amparo directo, radicado con el número 337/96 en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, donde se tuvo como infundado el concepto de violación, porque el actor dio cumplimiento a sus obligaciones en las fases procesales; sin embargo, no presentó ante la autoridad responsable promoción alguna para insistir en la prosecución del juicio, y con ello permitió que se planteara también el otro supuesto legal, consistente en la falta de actividad procesal durante el término de ley.
En consecuencia, al no advertir motivo para suplir la deficiencia de los conceptos de violación, negó el amparo solicitado por el quejoso.
III. Amparo 726/97. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
1. El comisariado ejidal del ejido denominado "Cuauhtémoc", en Chihuahua, Estado del mismo nombre, demandó el amparo en contra del acuerdo dictado el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y siete, donde el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco señaló, que en cumplimiento a lo ordenado en el diverso amparo 146/96, se había fijado el veintiséis de septiembre de dos mil seis para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual se suspendió para que se presentara al perito en materia topográfica; y como desde esa fecha habían transcurrido más de cuatro meses, sin promoción de las partes ni actividad procesal, con fundamento en el artículo 190 de la Ley Agraria, declaró la caducidad del juicio.
2. En su demanda de amparo, el quejoso alegó que para declarar la caducidad no debieron computarse los días inhábiles; y que esa declaración no podía realizarse de oficio, sino a petición de parte.
Los anteriores argumentos se declararon inatendibles e infundados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito; inatendibles, porque la referencia a los días hábiles sólo opera en plazos y términos fijados por días y no por periodos como el previsto en el artículo 190 de la Ley Agraria; e infundados porque la caducidad de mérito sí puede ser decretada de oficio por los tribunales agrarios, conforme a lo establecido en el numeral 375 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de igual manera en forma supletoria, al disponer éste en lo conducente, que en cualquier caso que hubiera caducado el proceso se hará la declaración de oficio por el tribunal o a petición de cualquiera de las partes.
Por último, señaló que era procedente la declaración de caducidad en los términos en que se hizo en la resolución reclamada, aun cuando ello fuera en contra de los intereses de un núcleo ejidal, como el quejoso.
IV. Amparo directo número 547/96. Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito.
1. El ejido "Noria y Jacales", Municipio de Lerdo, Estado de Durango, por conducto de su comisariado ejidal, solicitó el amparo en contra del acuerdo dictado el veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, a través del cual, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Siete declaró la caducidad en el juicio agrario 196/93-D, debido a la inactividad procesal y falta de promoción de las partes durante un lapso mayor a cuatro meses, toda vez que la última actuación se realizó el dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cinco.
El quejoso sostuvo que la declaración de caducidad era violatoria de garantías, porque si en el mencionado acuerdo se ordenó notificar al perito el nombramiento hecho en su favor, era la responsable quien debió impulsar el procedimiento a través de la notificación, la cual jamás realizó.
Argumentos que el órgano colegiado estimó infundados, al considerar demostrado plenamente el supuesto en que se apoyó la responsable para declarar la caducidad del juicio, en razón de que el poblado quejoso no formuló ninguna promoción durante el lapso de cuatro meses a fin de activar el procedimiento.
Por lo que, ante lo infundado de los conceptos de violación y por advertirse además la legalidad del acto reclamado, negó el amparo que solicitó el impetrante.
V. Amparo directo 1046/98. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
1. En dicho asunto, Gregorio Arzate Noverón demandó diversas prestaciones de Víctor Arzate Noverón y Guadalupe Aguilar García, entre ellas, la entrega y restitución de la posesión material de la parcela controvertida.
2. Una vez admitido el escrito inicial, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria; se emplazó a la parte demandada y durante el procedimiento se procedió al desahogo de diversas pruebas, hasta llegar al de una prueba pericial, que requirió un perito tercero en discordia.
3. El seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, el demandado solicitó, con fundamento en el artículo 190 de la Ley Agraria, que se declarara la caducidad porque el actor había dejado de promover por más de cuatro meses; petición que fue rechazada, pero que se volvió a formular el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, lo cual fue acordado de conformidad el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
4. El mencionado proveído se reclamó por Gregorio Arzate Noverón mediante el amparo directo 1046/98, seguido en el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el cual otorgó el amparo al estimar que no se actualizaba la figura de la caducidad prevista en el artículo 190 de la Ley Agraria, pues si bien el accionante en el juicio natural dejó de promover por más de cuatro meses, el Tribunal Unitario Agrario ordenó requerir nuevamente al perito tercero para que rindiera el dictamen pericial en topografía por auto de diecinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, y de esta última actuación, a la fecha en que fue decretada la caducidad (siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho) no transcurrió el plazo de cuatro meses que establece el artículo 190 de la ley de la materia.
En consecuencia, otorgó el amparo para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la resolución combatida y dictara otra, considerando lo expuesto en esa ejecutoria.
VI. Amparo directo 915/98. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
1. Heraclio Rodríguez Loya demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, la nulidad del acta de la asamblea general levantada con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y/o reconocimiento de derechos del poblado de "Labor de Terrazas", Municipio de Chihuahua, Estado del mismo nombre, levantada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y ocho.
2. En acuerdo del dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho el Magistrado de ese órgano, con fundamento en el artículo 373, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, decretó la caducidad del proceso por haber quedado sin materia, toda vez que según acreditaron los integrantes del comisariado ejidal, los acuerdos de la asamblea impugnada se dejaron sin efecto en la diversa asamblea celebrada el primero de agosto de ese año.
3. Inconforme con esa declaración de caducidad, Heraclio Rodríguez Loya solicitó el amparo, que se radicó bajo el número 915/98 en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, órgano que tuvo como fundados los conceptos de violación, al considerar que al artículo 190 de la Ley Agraria no podían ser aplicadas supletoriamente las fracciones I, II y III del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalando que sostener lo contrario, equivaldría a permitir que, so pretexto de la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, se introdujeran hipótesis ajenas a las contenidas en la propia Ley Agraria, rebasando con ello la voluntad del legislador; por lo que no existía la necesidad de aplicar analógicamente el contenido de la fracción I del artículo 373 de tal ordenamiento en asuntos como el que se analizaba.
VII. Amparo directo administrativo 916/98. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.
1. Este asunto es similar al anterior, en él, Ramón Rodríguez Loya demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, la nulidad del acta de la asamblea General levantada con motivo de la delimitación, destino y asignación de tierras ejidales y/o reconocimiento de derechos del poblado "Labor de Terrazas", Municipio de Chihuahua, Estado del mismo nombre; y que le fueran reconocidos los derechos de la parcela que dijo poseer.
2. El dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el Magistrado de ese Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en la fracción I del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles decretó la caducidad del juicio al considerar que había quedado sin materia, porque el comisariado ejidal demandado acreditó plenamente haber dejado sin efectos los acuerdos tomados en la asamblea impugnada.
3. Contra esa determinación, Ramón Rodríguez Loya solicitó el amparo, radicado con el número 916/98, también en el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que reiterando las consideraciones señaladas en el asunto anterior, estimó fundados los conceptos de violación, por lo que concedió la protección constitucional.
VIII. Amparo directo 391/2002. Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.
1. Remedios Crespo Sánchez demandó de Fulgencio de la Cruz Valencia ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Dos, la rescisión de un contrato de compra venta, el pago de daños y perjuicios, así como la restitución de una parcela de la que manifestó tener derechos sucesorios.
2. En la fecha señalada para la audiencia, las partes solicitaron su diferimiento para efectuar pláticas conciliatorias, petición que fue acordada favorablemente, pero al no haberse logrado dicha conciliación, la audiencia se llevó a cabo el veintiséis de marzo del año dos mil uno, en la que, entre otras, se admitió la prueba pericial contable propuesta por la actora.
Durante el procedimiento se desahogaron pruebas confesionales, declaración de parte y testimoniales, no así la pericial, lo que motivó la realización de diversas diligencias para tal efecto.
3. En escrito presentado el quince de abril de dos mil dos, el demandado solicitó la caducidad del juicio, aduciendo que la parte actora dejó de promover por un plazo mayor de seis meses. Petición que se acordó favorablemente por el Tribunal Unitario Agrario en acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dos.
4. Contra dicho proveído, Remedios Crespo Sánchez promovió juicio de amparo que se radicó bajo el número 391/2002, en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, aduciendo que no había existido inactividad procesal, pues antes del auto por el que la autoridad responsable decretó la caducidad, el juicio se encontraba en la fase probatoria y dentro de las pruebas ofrecidas se encontraban las periciales en materia de contabilidad y topografía, cuyo desahogo impulsó el procedimiento.
5. Al resolver sobre la demanda de garantías, el Tribunal Colegiado tuvo como fundados los conceptos de violación, señalando que la responsable efectuó diversas actuaciones que interrumpieron el plazo de los cuatro meses previsto por el artículo 190 de la Ley Agraria. En tal virtud, al estimar que la actuación de oficio de la responsable interrumpió la caducidad, concedió el amparo para el efecto de que dejara insubsistente el auto reclamado y se dictara otro en el que declarase improcedente la caducidad.
Como puede observarse, en las resoluciones anteriormente reseñadas se decretó la caducidad del juicio agrario cuando en el procedimiento no había concluido la carga procesal de las partes, pues en algunos asuntos apenas se había efectuado la contestación de la demanda; otros se encontraban en la etapa probatoria y algunos más en la de alegatos; lo que hace patente que en ninguno de ellos se actualiza el supuesto mencionado por el denunciante, de que se hubiera dictado el acuerdo por el que se citó a las partes para oír la sentencia respectiva, por lo que no puede configurarse la contradicción de tesis entre lo resuelto por dichos Tribunales Colegiados, con los que resolvieron en esta última circunstancia.
QUINTO. En cuanto al resto de las ejecutorias, para determinar si entre ellas existe la contradicción de criterios, conviene también reseñar los antecedentes y consideraciones que las sustentaron:
I-A. Amparo directo 392/98. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
1. El comisariado ejidal del poblado de El Salto de San Antón en Cuernavaca, Morelos, fue parte demandada en el juicio del que conoció el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, y a su vez, actor reconvencional.
2. Seguido el juicio en todas sus etapas, el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el tribunal ordenó dictar sentencia, lo cual sucedió el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho; en la referida sentencia, se consideró improcedente analizar los puntos controvertidos, por haber operado la caducidad de la instancia, ante la falta de promoción de las partes por un plazo mayor a los cuatro meses que establece el artículo 190 de la Ley Agraria.
3. No estando de acuerdo con esa determinación, el referido comisariado ejidal promovió el juicio de amparo directo 392/98, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que negó el amparo, por estimar que la responsable obró con apego a derecho al decretar la caducidad de la instancia en el juicio agrario, ya que desde la última promoción de las partes (efectuada por el comisariado quejoso) transcurrieron cinco meses con veinticuatro días, lo que actualizaba el supuesto a que se refiere el artículo 190 de la Ley Agraria, haciendo la siguiente aclaración:
"... No es obstáculo a lo anterior, que la autoridad responsable hubiera dictado acuerdo de citación para sentencia, porque el invocado artículo 190 no admite otra interpretación sino la literal, pues si la primera instancia agraria abarca el periodo de la admisión de la demanda hasta el momento de pronunciarse la sentencia que pone fin al juicio, es inconcuso que la citación para sentencia no es apta para impedir que comience a correr el término de la caducidad por falta de promoción de las partes pues sostener lo contrario sería tanto como aceptar que la primera instancia termina con la citación para oír sentencia definitiva, además de que la intervención de las partes en el juicio que estén pendientes de sentencia, no termina sino hasta que la misma se pronuncia, pues su interés está vivo y, mientras el Estado no cumpla con su deber de impartir coactivamente justicia, están legitimados para exigir el dictado del fallo, con mayor razón si el artículo 188 de la Ley Agraria establece que las sentencias deberán dictarse dentro del término de veinte días; por tanto, la citación para sentencia no releva a las partes de la obligación de seguir promoviendo hasta en tanto no se dicte el fallo correspondiente, pues ésta es la única manera de demostrar que su interés continúa; y de ahí que se concluya que la falta de interés para exigir el dictado del fallo sólo es imputable al comisariado quejoso y no a la autoridad responsable".
En mérito de lo anterior, negó el amparo que solicitó el quejoso.
II-A. Amparo directo 609/97. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
1. Jorge Torres Velázquez demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Octavo Circuito, diversas prestaciones del comisariado de bienes ejidales de San Francisco Chamilpa, en Cuernavaca, Estado de Morelos.
2. La demanda se admitió en acuerdo del primero de julio de mil novecientos noventa y seis; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia correspondiente y se ordenó emplazar a los demandados, quienes dieron contestación.
3. Una vez desahogadas las pruebas que se admitieron a las partes, el diez de octubre de mil novecientos noventa y siete se dictó sentencia definitiva, en la que se decretó la caducidad de la instancia en los siguientes términos:
"SEGUNDO. Este juzgador considera improcedente analizar los puntos controvertidos en este juicio, toda vez que ha operado la caducidad de la instancia. En efecto, del estudio de las constancias que integran el juicio agrario 88/96, se advierte que operó la caducidad de la instancia por falta de promoción del actor durante un plazo de cuatro meses, dado que la última promoción presentada por Jorge Torres Velázquez es su escrito de alegatos exhibido en la oficialía de partes el ocho de enero de mil novecientos noventa y siete, sin que posteriormente hubiere presentado alguna promoción. Aunado a que también operó la caducidad por inactividad procesal, toda vez que no se realizó actividad procesal alguna a partir (sic) veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete, hasta la fecha de la presente resolución."
4. Contra la sentencia de mérito, Jorge Torres Velásquez promovió el juicio de amparo 609/97, radicado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, donde se tuvieron como infundados los conceptos de violación, debido a que:
"... no es sólo la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses lo que produce la caducidad, sino también la simple inactividad procesal, por tanto, aunque en el caso se pretendiera sostener que no podía operar la primera hipótesis ya que sólo restaba la obligación a cargo del tribunal de dictar sentencia, sin duda se produjo la inactividad procesal a que se refiere el primer supuesto regulado por el precepto de referencia, la cual pudo evitarse mediante la emisión del fallo correspondiente o a través de algún impulso procesal de parte legítima. De igual forma, debe señalarse que la ley de la materia no hace distingos respecto de etapas procesales en las que puede producirse la caducidad, en tratándose de cualquiera de sus dos hipótesis, por tanto, no es válido pretender hacer distingos como lo hace el peticionario de garantías, para el supuesto de que un asunto se encuentre en estado de dictar resolución ..."
Consecuentemente, al estimar que había operado la caducidad, el órgano colegiado tuvo como infundados los conceptos de violación que la impugnaban.
III-A. Amparo directo 38/2001. Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.
1. Ascensión González Santos demandó ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, de Flaviano Beltrán González, la rescisión de convenio celebrado respecto de una fracción de terreno en el ejido de Huajintlán, Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, así como diversas prestaciones.
2. El veintiocho de septiembre de dos mil, el titular de ese órgano dictó resolución en la que desestimó la excepción de caducidad interpuesta por el demandado y tuvo por acreditada la acción ejercitada por el actor, por lo que condenó a aquél al cumplimiento de las prestaciones exigidas.
3. Contra dicha resolución, Flaviano Beltrán González presentó demanda de amparo, de la que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 38/2001.
En dicha demanda, el quejoso alegó que la sentencia era violatoria de garantías, porque el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario debió haber declarado la caducidad de la instancia prevista en el artículo 190 de la Ley Agraria; argumento que desestimó el órgano colegiado en los términos siguientes:
"... De la intelección armónica del precepto legal transcrito, se desprende que la caducidad únicamente es susceptible de operar durante el procedimiento, antes de la citación para sentencia, entendida ésta como el acto procesal de orden público por medio del cual, el órgano jurisdiccional, hace saber a las partes, que llegó a su fin la intervención de ellas en la etapa de conocimiento del juicio, y sólo habrá que esperar a que el juzgador resuelva el problema jurídico planteado ante su potestad.
"En el caso, según se desprende de los antecedentes antes mencionados, si bien es cierto que entre el acuerdo de fecha siete de febrero del año dos mil, por el que se ordenó el dictado de la sentencia en el juicio natural y el diverso de fecha once de julio del año dos mil, en el que el tribunal responsable para mejor proveer, ordenó requerir al delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Morelos, para el efecto de que remitiera el historial del certificado de derechos agrarios número 2821189, a nombre de Ascensión González Santos, así como del certificado parcelario 15894, ambos del núcleo de población ejidal de Huajintlán, del Municipio de Amacuzac, de esta entidad federativa, transcurrió un lapso de tiempo mayor de cuatro meses, también lo es que, el primero de los acuerdos mencionados, constituye la citación a las partes para oír sentencia acorde a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley Agraria, que establece: ... (lo transcribe) lo cual permite concluir que con dicho acuerdo, concluyó la intervención de las partes en el procedimiento, encontrándose pendiente únicamente el dictado de la sentencia correspondiente, es decir, que sólo había que esperar a que el juzgador resolviera el problema jurídico planteado ante su potestad; razón por la cual resulta dable estimar que con posterioridad a dicha actuación ya no es susceptible de operar la caducidad de la instancia, pues de estimar lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la parte actora en el juicio natural, pues como ya se dijo, su participación termina con la citación para sentencia."
Por ello sostuvo que si el juicio agrario se encontraba en estado de resolución, no podía operar la caducidad de la instancia, pues la intervención de la actora ya había concluido y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20332-5a7c13c9/caducidad-en-materia-agraria-no-puede-decretarse-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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