VALOR AGREGADO. LOS MUNICIPIOS PUEDEN EFECTUAR SU ACREDITAMIENTO ÚNICAMENTE SI SON CAUSANTES DE DICHA CONTRIBUCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2002, 2003 Y 2004).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, el Magistrado José Manuel de Alba de Alba, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimidad señalado, puesto que se trata de uno de los tribunales contendientes.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 5/2007, interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional de Cosautlán, Veracruz, en la parte que interesa para efectos del presente asunto, señaló lo siguiente:
En primer lugar, debe dejarse establecido que, en México, los impuestos federales deben atender al principio fiscal adoptado por el sistema tributario determinado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, un sistema que está basado en la obligatoria contribución que -de forma proporcional y equitativa- debe otorgarse a la hacienda pública federal para que sea utilizada en los gastos públicos.
Por esa razón, el impuesto que sea creado deberá contar con los elementos esenciales para su existencia constitucional: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago.
En relación con el sujeto del gravamen a estudio, debe mencionarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un criterio aislado que, aun cuando no es obligatorio, puede ser tomado en consideración por este Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que la obligación tributaria establecida en el artículo 31, fracción IV, no es exclusiva de las personas físicas cuya nacionalidad sea mexicana, sino que deben entenderse comprendidas también las personas morales, luego, si tanto la Federación, como las entidades federativas y los Municipios son personas morales, debe concebirse que éstas, de igual manera, están obligadas al entero del impuesto que causen, salvo que exista excepción expresa.
En segundo lugar, debe precisarse que -en términos del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación- por impuesto debe entenderse: las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos.
En ese mismo orden de ideas, respecto al impuesto al valor agregado, debe expresarse lo siguiente:
a. Están obligadas a su entero, las personas físicas o morales que dentro del territorio nacional actualicen las hipótesis a las que se refiere el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es decir: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, arrendamientos o importaciones de bienes o servicios.
b. Los Municipios, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo 1o. y -en su caso- determinar, liquidar y trasladar el impuesto al valor agregado conforme a la forma preceptuada para ello en el ordenamiento legal, además, que la Federación, los Estados, Municipios, organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tienen la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen diversos a los que generen el pago de derechos o aprovechamientos; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 3o. de la misma normatividad.
c. El acreditamiento del impuesto consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la tasa que corresponda según sea el caso, su procedimiento será el que especifica el artículo 4o. de esa normatividad.
De ahí que válidamente puede afirmarse que el Municipio debe enterar el impuesto al valor agregado por cualquiera de las actividades que la ley de la materia señala como gravadas.
Por su parte, atendiendo a lo señalado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS.", se puede aseverar lo siguiente:
a. Que dicho impuesto se genera por el valor que se añade al realizar los actos o actividades gravadas por ese tributo.
Por valor agregado debe entenderse la cualidad que un productor o prestador de servicios añade a los insumos de su actividad, antes de colocar en el mercado el nuevo o mejorado producto o servicio.
De ahí que la aportación fiscal sea el valor que fue agregado en los procesos de producción y distribución de bienes o servicios.
b. En nuestro país, el sistema tributario grava algunos bienes y servicios, en donde para determinar su monto los causantes aplican la tasa del valor total de los actos o actividades que llevan a cabo y le restan la diversa cantidad que corresponde al impuesto acreditable, para obtener el monto total que están obligados a enterar al fisco.
Es decir, el acreditamiento del impuesto permite la disminución de la cantidad total efectivamente pagada del monto total causado. Porque el legislador previó que el acreditamiento admitiera al contribuyente que cause el impuesto de referencia -por la actividad que realice- disminuir aquel que por el mismo concepto haya pagado en la adquisición de lo que para el desarrollo de su actividad necesite allegarse por ser estrictamente indispensable.
Ante tales consideraciones, se puede deducir que el acreditamiento del impuesto al valor agregado podrá realizarse si:
a) El sujeto del impuesto que lo cause tenga compras necesarias para el desarrollo de su actividad, en las que haya pagado efectivamente el mismo impuesto, para poder acreditarlo del diverso que él cause.
b) El contribuyente que pretenda acreditar el impuesto al valor agregado debe realizar actividades de índole comercial, en las que adicione el valor del bien o servicio, que se encuentren gravadas, aun cuando fuere con la tasa del cero por ciento, pues de estar exentos -es decir, no causar el tributo- estarían imposibilitados para poder acreditar.
c) Además, de la lectura que se haga a las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado puede deducirse que sólo repercute el entero del tributo en el consumidor final, ya que los intermediarios sólo lo trasladan. Aseveración que quiere decir también, que el sujeto que causa el impuesto es quien realice las actividades a las que se refiere el artículo 1o., pero el entero de la contribución la realiza la persona que adquiera el bien o servicio (sujeto diverso), que de revestir la característica de ser consumidor final, estaría imposibilitado para acreditar la contribución de mérito.
En el caso concreto, la solicitud de devolución la realiza el Municipio de Cosautlán, Veracruz, cuya actividad radica en el desempeño de una función pública a través de los servicios públicos y la obra pública, en definitiva, aun cuando es una persona moral no tiene una actividad comercial por la que pueda actualizar las hipótesis de causación, lo que quiere decir, que tratándose de entes públicos, para los efectos del acreditamiento del impuesto referido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, serán consumidores finales, porque su actividad no es de aquellas que causen ese impuesto.
Lo antes considerado da respuesta a los temas centrales vertidos por el Ayuntamiento quejoso a lo largo de sus conceptos de violación, tendentes a demostrar que sí tiene derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, sin importar la función que desempeña como un ente público; que llevan a concluir a este órgano colegiado que no sea causante de la aludida contribución, pues no se identifica con ninguna de las que indica el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a saber, que enajene bienes, preste servicios independientes, otorgue el uso o goce temporal de bienes o, importe bienes o servicios; por lo que, si en su caso, pagara por alguna compra el impuesto al valor agregado, ello formará parte de su gasto, de ahí que no es dable que obtenga un IVA acreditable y que por ello pueda solicitar una devolución, máxime que no rinde declaración.
Sin que trascienda a la anterior conclusión lo dispuesto por los artículos 35, fracción II y 72, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como el artículo 17 del Código Hacendario Municipal para el propio Estado, que disponen:
"Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
"...
"II. Recaudar y administrar en forma directa y libre los recursos que integren la hacienda municipal."
"Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una tesorería cuyo titular será nombrado conforme a lo dispuesto por esta ley, quien tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
"I. Recaudar, administrar, concentrar, custodiar, vigilar y situar los fondos municipales, así como los conceptos que deba percibir el Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia de ingresos."
"Artículo 17. Los ingresos del Municipio son las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios o cualquier otra forma que incremente la hacienda municipal y que se destine al gasto público."
Ya que los mismos se refieren a las atribuciones con que cuentan el Ayuntamiento y la tesorería, así como los ingresos de los mismos, pero nada establecen en relación con la facultad de solicitar la devolución del impuesto al valor agregado, por lo que al caso tales disposiciones se estiman inaplicables para la pretensión del Municipio quejoso.
Tal criterio se ve reforzado por el que sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 2042/2005, en sesión de cuatro de julio de dos mil seis, en donde abordó el análisis de los temas centrales que se plantean en los conceptos de violación, siendo quejoso en dicho precedente el Ayuntamiento del Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, que reclamó la expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cinco, en virtud del cual se reformaron los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre otros.
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1528/2006, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil seis, interpuesto por la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Querétaro, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto legislativo "que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado", de veintiséis de abril de dos mil cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del mismo año, específicamente por lo que hace al artículo 3o., segundo párrafo y al artículo 5o., fracciones I y V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que impiden a dicha quejosa acreditar la totalidad del monto equivalente del impuesto al valor agregado que les traslada sus proveedores. Tuvo en cuenta, además de otro asunto emitido en similares términos, las consideraciones del amparo en revisión del Tribunal Pleno antes referido para converger, en síntesis, en este sentido.
Que las consideraciones vertidas en el aludido amparo en revisión por el Tribunal Pleno eran plenamente aplicables al caso, porque la parte quejosa es un organismo descentralizado del Estado de Querétaro, por lo que no existían la inequidad y desproporcionalidad alegadas, ya que esos organismos no encuentran paralelismo con las condiciones de operación de otros contribuyentes a quienes se les traslada el impuesto al valor agregado por la adquisición de bienes y servicios que indistintamente utilizan para llevar a cabo actividades gravadas y no gravadas o con tasa del 0% por no tener estos últimos encomendado un servicio público ni reciben derechos o aprovechamientos, materia de exención para aquéllos.
Que también debía considerarse otra de las conclusiones del Pleno, relativa al carácter que tienen las personas morales oficiales de "consumidores finales", por lo que hace al impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la adquisición de bienes o servicios para efecto de la prestación de los servicios públicos encomendados; para lo cual hizo referencia a la exposición de motivos que se concretó en el decreto de reforma del artículo 3o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación de primero de diciembre de dos mil cuatro y vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco.
De ello derivó que la voluntad del legislador, por lo que hace a las personas morales oficiales, entre ellas los Municipios y los organismos descentralizados, es que resulta improcedente el acreditamiento del impuesto al valor agregado que les hayan trasladado en erogaciones por bienes o servicios que destinan a funciones o actividades que no forman parte del objeto de ese tributo, considerando que, por regla general, los entes públicos son consumidores finales de los bienes y servicios, de aquí que deben soportar la incidencia económica del impuesto al valor agregado trasladado, además de que las actividades que normalmente desarrollan corresponden a sus funciones de derecho público y, por tanto, están fuera del objeto del impuesto.
Estimó que el legislador destacó un caso de excepción, en que sí procede el acreditamiento por el impuesto que les haya sido trasladado en erogaciones o que hayan pagado en importaciones, de bienes o servicios que se identifiquen exclusivamente con las actividades por las que se debe pagar el impuesto o por las que se aplique la tasa del 0%; que es cuando algunos entes públicos desarrollan ciertas actividades que caen dentro del objeto del impuesto al valor agregado por tratarse de enajenación de bienes o prestación de servicios en las que cobran un precio, debiendo consecuentemente pagar el impuesto.
Que ello se explicaba, porque esta clase de sujetos pasivos no forman parte de la cadena productiva del bien o servicio, debido a que los servicios que prestan no son parte de dicha cadena porque los recursos que obtienen devienen precisamente de sus funciones públicas, por las cuales no se busca lucro alguno, por lo que los organismos descentralizados se convierten en consumidor final de los bienes o servicios que adquiere con el fin de realizar sus funciones de derecho público.
Que también debía tenerse en cuenta que una de las repercusiones más importantes que tiene la determinación de actos gravados y exentos, es la posibilidad del acreditamiento que tienen los contribuyentes cuando se trata de actos gravados, que no tienen los contribuyentes que se encuentran exentos; por lo que la quejosa al realizar servicios o actos que se encuentran vinculados con sus funciones de derecho público, está exenta del impuesto al valor agregado, sin tener derecho al acreditamiento del tributo.
Para concluir en que el sistema no permite que el impuesto pagado en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios y al llegar éstos al consumidor final no llevan disimulada u oculta en el precio, carga fiscal alguna; razón por la que este último es el que, por constituir el impuesto al valor agregado un tributo indirecto de traslado obligatorio, recibe el impacto económico al no ser parte ya de la cadena productiva.
Que en ese supuesto se ubica la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, en la prestación de los servicios que tiene encomendados, ya que no puede acreditar los impuestos que paga por la adquisición de bienes o servicios para efecto de sus funciones públicas, puesto que se encuentra en la parte final de la cadena, de tal manera que, por una parte, está obligada a recibir la incidencia del traslado, y por otra, impedida a acreditarlo; y
Que "... Queda así de manifiesto que la Comisión Estatal de Aguas constituye una persona moral que como organismo descentralizado, está dedicado a la prestación de servicios públicos relacionados con el agua, mediante recursos estatales presupuestados por el Gobierno del Estado con tal finalidad, de manera que las erogaciones que hace para adquirir bienes o servicios en los que se le traslade el impuesto al valor agregado, representan operaciones destinadas a la satisfacción de los servicios públicos para los que fue creada; circunstancia que explica de manera suficiente porqué no está en aptitud de acreditar proporcionalmente el tributo que se le incida cuando no es identificable con actividades gravadas, pues como ya sostuvo el Tribunal Pleno, sería tanto como combinar recursos públicos presupuestados (cuya erogación no es objeto del impuesto), con los que se destinaron a un fin específico gravado por la ley, lo que es inaceptable, en tanto los primeros constituyen el financiamiento que reciben para la operación de los servicios públicos y que, por ningún motivo pueden considerarse gravables por así consignarlo la propia ley. ..."
Debe hacerse la acotación de que aun cuando en los precedentes del más Alto Tribunal del país que se indican, se analizó la legislación del impuesto al valor agregado vigente en dos mil cinco, en la cual se reformó el artículo 3o., párrafo segundo, se estima que tal reforma fortalece aún más la conclusión a la que arriba este órgano jurisdiccional, ya que si no imperaban esas excepciones que ahora se incluyeron en la disposición en cita, nos lleva a considerar que antes de ello, en ningún caso los Municipios podían acreditar el impuesto al valor agregado que les hubiese sido trasladado.
En efecto, el mecanismo de acreditamiento del impuesto cuya devolución solicita el Ayuntamiento quejoso, en la forma, periodo y supuesto legal por el cual se hace, no opera tratándose de personas morales oficiales, como lo es aquél, pues si bien puede estimarse que, ahora, bajo el supuesto del reformado artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán acreditar el impuesto "sólo" en las hipótesis ahí contempladas, que lo es cuando "... les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%. ..." es dable establecer que dada la naturaleza de las contribuciones o de los impuestos y los procedimientos para la devolución de dinero pagado por esos conceptos, debe hacerse cuando el legislador así lo prevea, pues es éste el que establece los mecanismos particulares y concretos que regulan el trámite de la devolución, lo cual debe estar previsto en un acto formal y materialmente legislativo.
En ese orden de ideas, este órgano colegiado, llega a la convicción de que contra lo que sostiene el Ayuntamiento quejoso al pretender demostrar que sí tiene derecho a la devolución del impuesto al valor agregado, es apegada a derecho la sentencia reclamada en donde la Sala responsable en esencia estimó que al Municipio actor no le asiste el derecho a la devolución de las cantidades solicitadas en relación con ese tributo, ya que, en efecto, no es contribuyente de ese impuesto, dada las funciones que desempeña en relación con su competencia, la cual está dedicada a la prestación de servicios públicos que ejerce con recursos estatales presupuestados por la Legislatura Local.
Idénticas consideraciones sostuvo dicho órgano colegiado al resolver los amparos directos, 6/2007, 10/2007, 66/2007, 83/2007, 105/2007, 562/2006, 820/2006, 40/2007 y 114/2007.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 430/2005, promovido por el Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, consideró, en relación con la presente contradicción, esencialmente, lo siguiente:
De la atenta lectura de la sentencia reclamada, se pone de manifiesto que la Sala responsable reiteró el criterio de la autoridad demandada, básicamente en cuanto a que no resulta aplicable a la quejosa lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que se trata de una persona moral con fines no lucrativos, que al no ser contribuyente del impuesto sobre la renta, no cuenta con conceptos deducibles que pudieran ser acreditables respecto del impuesto al valor agregado, y determinó la legalidad de la resolución administrativa a través de la cual se negó la devolución del saldo a favor de tal impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos.
De los artículos 1o., 3o., 4o. y 6o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el año dos mil dos, se advierte que los contribuyentes del impuesto al valor agregado se sujetan a las reglas siguientes:
- El impuesto al valor agregado, al ser tributo de naturaleza indirecta, permite que la carga tributaria recaída en el contribuyente se traslade al consumidor final, es decir, cobrará el monto equivalente al impuesto establecido en la propia ley a las personas que se ubiquen en los supuestos de causación del tributo;
- El contribuyente debe enterar, ante la autoridad recaudadora, la diferencia que resulte de restar al impuesto a su cargo (el que cobró a los consumidores finales), el impuesto que le hubieren trasladado (el que le cobraron);
- En caso de que el contribuyente sea un Municipio, aun cuando no sea sujeto de otros impuestos federales o esté exento de éstos, tratándose del impuesto al valor agregado deberá aceptar y pagar la traslación que le hagan del impuesto, así como el trasladarlo, respecto de las actividades que realice, a excepción de los actos que den lugar al pago de derechos;
- El impuesto acreditable es el monto equivalente al impuesto al valor agregado que le trasladan al contribuyente respecto de las enajenaciones de bienes, prestación de servicios, erogaciones, importaciones, adquisiciones, gastos e inversiones que realice y que, además, cumplan con los requisitos de deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta;
- El acreditamiento consiste en restar a la cantidad que el contribuyente trasladó por impuesto al consumidor final, el impuesto acreditable;
- El derecho al acreditamiento que gozan los contribuyentes de este impuesto, es personal e intransferible;
- En el supuesto de que al momento de calcular el impuesto del ejercicio a declarar, el impuesto acreditable fuera mayor al impuesto a cargo, el contribuyente tendrá un saldo a favor, el cual, puede acreditar en declaraciones posteriores o solicitar su devolución.
Ante ello, se arriba a la conclusión de que es factible que los contribuyentes del impuesto al valor agregado, aun tratándose de personas jurídicas de derecho público, acrediten el impuesto que les haya sido trasladado, con la única condición de que los gastos o actos por los que tengan derecho a acreditar el impuesto, sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
Lo anterior es así, pues no se advierte en forma alguna que el legislador haya establecido una distinción entre las clases de contribuyentes (persona física o moral), al momento de definir la mecánica del acreditamiento, pues no establece expresamente restricción alguna a las entidades de la administración pública para acreditar el impuesto que se les traslada con motivo de sus actividades, ni condiciona tal beneficio a que el contribuyente del impuesto al valor agregado deba serlo también para el impuesto sobre la renta.
Ahora bien, el hecho de que el acreditamiento del impuesto pagado se condicione a que los gastos o actos sean deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, no se traduce, necesariamente, en que los contribuyentes deban ser sujetos de ambos impuestos para que puedan acreditar el referente al valor agregado.
En ese orden de ideas, debe decirse que la condición dispuesta en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es una ficción tributaria que el legislador estableció en atención a que únicamente las deducciones autorizadas en el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el propio ejercicio, al ser un beneficio para el cálculo del impuesto sobre la renta, se reflejen de igual manera en el impuesto al valor agregado al considerarse como base del impuesto acreditable.
En efecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que el impuesto a cargo del ejercicio será el que resulte de aplicar la tasa correspondiente a la diferencia de restar las deducciones autorizadas a los ingresos acumulables. Por tanto, el legislador determinó que sólo los gastos y erogaciones que tuvieran una relación directa e indispensable para la realización de los fines de los sujetos del impuesto, podrían ser deducibles.
Asimismo, el legislador trasladó tal razonamiento al cálculo del impuesto al valor agregado, al establecer que para obtener el impuesto acreditable de un ejercicio fiscal, únicamente se podrá tomar en consideración el impuesto al valor agregado pagado por los conceptos que son deducibles para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, pues de no preceptuar tal relación entre los mencionados impuestos, existiría la posibilidad de que gastos o erogaciones que no se pueden deducir en el cálculo del impuesto sobre la renta, se acrediten al momento de calcular el impuesto al valor agregado. En otras palabras, la voluntad del legislador al condicionar el acreditamiento del impuesto al valor agregado a los requisitos de deducción exigidos por el impuesto sobre la renta, se traduce en una medida de control y congruencia entre los sistemas impositivos estudiados.
En esas condiciones, no existe razón jurídica alguna que sustente que para acreditar el impuesto al valor agregado, el contribuyente de tal impuesto deberá serlo también, necesariamente, del impuesto sobre la renta, pues se reitera, la condición establecida por el legislador se refiere a que los gastos o actos que se pretendan acreditar, cumplan con los requisitos de deducibilidad contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En el caso, la Sala responsable determinó que al no ser la quejosa contribuyente del impuesto sobre la renta, no se ubica en ninguno de los supuestos de deducción previstos en el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, por tanto, no tiene derecho a acreditar ninguna cantidad por concepto de tal impuesto, resultando improcedente la solicitud de devolución que formuló ante la autoridad demandada.
Es oportuno señalar que con motivo de las reformas tributarias para el ejercicio de dos mil cinco, el legislador modificó el contenido del párrafo segundo del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual se aprobó en los siguientes términos:
"Artículo 3o. La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta ley.
(Reformado, D.O.F. 1 de diciembre de 2004)
"La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto establecido en esta ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 4o. de esta ley.
(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2002)
"La Federación y sus orga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20399-ec9c4c11/valor-agregado-los-municipios-pueden-efectuar-su-acreditamiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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