REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD POR VICIOS FORMALES DE LA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVA AL GRADO DE RIESGO DE LAS EMPRESAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 167/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados en asuntos que corresponden a la materia fiscal, que a su vez integra la materia administrativa, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicho numeral expresamente establece que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis contradictorias hubieren sido sustentadas, se encuentran facultados para denunciar, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción.
En el presente asunto, el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios de que se trata, debiéndose concluir que se reunió el requisito de legitimación señalado, puesto que se trata del Magistrado presidente integrante de uno de los tribunales contendientes.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 49/2007, interpuesta por el titular de la jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. El presente recurso de revisión es procedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 248, fracción V, del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco) toda vez que el asunto versó, en materia de aportaciones de seguridad social, sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo de trabajo. La fracción V del precepto legal en cita dice que las resoluciones de las Salas Regionales podrán ser impugnadas en revisión por la autoridad, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo, como sigue: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.’. Ahora bien, a efecto de determinar cuándo un asunto versa sobre el grado de riesgo, para los efectos de la precedencia de la revisión fiscal, debe tenerse presente lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/94, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/95, consultable en la página 237 del Tomo II, agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que precisa: ‘REVISIÓN FISCAL. NO SE PRESUME LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO CUANDO LA SALA FISCAL SÓLO ESTUDIA LA FALTA DE NOTIFICACIÓN, POR EL SEGURO SOCIAL, DEL AUMENTO DEL GRADO DE RIESGO.’ (se transcribe). En la parte conducente de la ejecutoria que dio origen a tal criterio jurisprudencial, se dijo: ‘... Para que pueda decirse que un asunto versa sobre la determinación o modificación del grado de riesgo, es menester que las cuestiones legales examinadas en la sentencia del Tribunal Fiscal consistan, precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó o modificó el grado de riesgo de una empresa, ya sea que esa resolución se haya anulado por vicios materiales o por vicios formales de la propia resolución. Pero si la resolución del instituto que modificó el grado de riesgo de una empresa no es examinada en su contenido formal ni material, sino que la sentencia del Tribunal Fiscal que declara la nulidad se limitó a analizar la notificación o falta de notificación de aquella resolución administrativa, y declara la nulidad con el único efecto de que el instituto tenga que proceder a notificar correctamente su determinación, previamente al cobro de la misma, sin analizar si esa resolución administrativa que determinó o modificó el grado de riesgo adolece en sí misma de algún vicio formal o material, no puede decirse que el asunto haya versado sobre esa determinación o modificación ...’ (lo resaltado es propio). De la transcripción anterior se advierte que ese Alto Tribunal determinó que para que pueda decirse que un asunto versa sobre la determinación o modificación del grado de riesgo, es menester que las cuestiones legales examinadas en la sentencia del Tribunal Fiscal consistan, precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó o modificó el grado de riesgo de una empresa, ya sea que esa resolución se haya anulado por vicios materiales o por vicios formales de la propia resolución. También se estableció que si la resolución del instituto que modificó el grado de riesgo de una empresa no es examinada en su contenido formal ni material, sino que la sentencia del Tribunal Fiscal que declara la nulidad se limitó a analizar la notificación o falta de notificación de aquella resolución administrativa, y declara la nulidad con el único efecto de que el instituto tenga que proceder a notificar correctamente su determinación, previamente al cobro de la misma, sin analizar si esa resolución administrativa que determinó o modificó el grado de riesgo adolece en sí misma de algún vicio formal o material, no puede decirse que el asunto haya versado sobre esa determinación o modificación. De tales consideraciones se infiere que para que pueda decirse que un asunto versa sobre el grado de riesgo, para los efectos de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, no es indispensable que en la sentencia recurrida, la Sala Fiscal se haya pronunciado sobre la determinación o modificación de dicho grado de riesgo, pues en todo caso, es suficiente, para los efectos de la procedencia de la revisión fiscal, que las cuestiones legales examinadas en la sentencia del Tribunal Fiscal consistan, precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó o modificó el grado de riesgo de una empresa, ya sea que esa resolución se haya anulado por vicios materiales o por vicios formales de la propia resolución. Es decir, no es menester que en la sentencia recurrida, la Sala Fiscal se haya pronunciado sobre la determinación o modificación del grado de riesgo, sino, en todo caso, que esa resolución administrativa se haya anulado por adolecer, en sí misma, de algún vicio formal o material. En la especie, la Sala Fiscal declaró la insuficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora y, por consiguiente, la nulidad de la resolución administrativa impugnada, consistente en la cédula de liquidación por concepto de multa que contiene el crédito fiscal 048501578 y cédula de liquidación de cuotas con número de crédito 043501578, ambas emitidas por el titular de la Subdelegación Juárez del Instituto Mexicano del Seguro Social, versando la segunda, sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgo de trabajo, al consignarse en el propio documento, una prima de riesgo de trabajo emitida por 2.22333 y una pagada por 2.00213 (folio 465). En esas condiciones, la procedencia del presente recurso obedece a que el asunto versó sobre el grado de riesgo, toda vez que las cuestiones legales examinadas en la sentencia del Tribunal Fiscal consistieron, precisamente, en la resolución del Instituto Mexicano del Seguro Social emitida sobre el grado de riesgo de una empresa, cuya nulidad se declaró por vicios formales de la propia resolución (insuficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad emisora)."
Por su parte, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ahora Primero en Materia Penal de dicho circuito, al resolver la revisión fiscal 37/90, interpuesta por Porcelanite, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la parte que interesa para efectos de la presente contradicción, señaló lo siguiente:
"CUARTO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es necesario examinar, en primer término, la procedencia del recurso, esto es, determinar si en el caso se reúnen las exigencias establecidas en tal precepto, de acuerdo a lo manifestado por el instituto inconforme. La recurrente aduce que en el caso se presume la importancia y trascendencia, conforme al párrafo tercero del artículo 248 del Código Fiscal. Tal argumento es infundado. Ciertamente el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, establece que en materia de seguridad social se presume que tienen importancia y trascendencia, para efectos del recurso de revisión fiscal, los asuntos que versen sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integran la base de cotización y del grado de riesgo de las empresas para los efectos del Seguro de Riesgo del Trabajo y en la especie, se demandó la nulidad del dictamen de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, que modificó a la empresa actora el grado de riesgos del trabajo para cotizar el seguro de riesgos de trabajo. Sin embargo, debe considerarse que esa presunción sólo opera, cuando en la sentencia combatida se dilucida el fondo de dicha cuestión, causándose de ese modo, un agravio definitivo a la autoridad recurrente. En tal virtud, si en la resolución impugnada se decretó la nulidad del acto combatido, al considerarse la existencia de vicios formales, falta de fundamentación y motivación y, en consecuencia, no se estudió el fondo del negocio, esto es, no se agotó el examen de la legalidad o ilegalidad de la determinación del grado de riesgo de la empresa actora, la presunción legal establecida en el citado párrafo tercero del artículo 248 en cita no opera; por tanto el presente recurso es improcedente."
CUARTO. En primer lugar, debe examinarse si existe o no la contradicción de criterios denunciada.
Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que ambas versaron sobre el mismo problema jurídico, a saber, si en términos de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es procedente el recurso de revisión fiscal, interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad por vicios formales de la resolución sobre el grado de riesgo de una empresa, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los órganos colegiados contendientes resolvieron en sentido contrario, pero mientras uno sostuvo la procedencia de dicho medio impugnativo, el otro la negó.
Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que son del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia." (Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, tesis 1a./J. 5/2000, página 49).
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
QUINTO. Demostrado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
Previamente al estudio que se haga sobre la materia de la presente contradicción, resulta necesario destacar que el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en virtud de que el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo derogó el título VI del Código Fiscal de la Federación, que comprendía los artículos 197 al 263, a partir de la entrada en vigor de aquel ordenamiento, cuestión que ocurrió el primero de enero de dos mil seis, en términos del primer transitorio de dicha legislación; asimismo, el numeral cuarto de la preceptiva temporal del ordenamiento citado, señala que los juicios en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda, al tenor de lo siguiente:
"Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero del 2006.
"Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley se derogan el título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"...
"Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda."
No obstante lo anterior, el contenido normativo de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, fue reproducido casi de manera íntegra en el correlativo artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal como se puede advertir de la siguiente comparación:
Ver comparación
En tal virtud, con la finalidad de establecer el criterio que debe imperar en relación con la interpretación del contenido normativo analizado por los tribunales contendientes, y que habrá de tener también aplicación en relación con el nuevo precepto de la ley procesal mencionada, resulta necesario resolver la presente contradicción de tesis.
Apoya lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial emitida por esta Segunda Sala, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica." (No. Registro: 191,093. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, tesis 2a./J. 87/2000, página 70).
Precisado lo anterior, resulta conveniente para efecto de dilucidar el criterio que debe regir conforme a la presente resolución, destacar que, a nivel constitucional, hasta antes del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponía lo siguiente:
"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
(Reformada, D.O.F. 18 de enero de 1934)
"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado.
"II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo.
"III. De aquellas en que la Federación fuese parte.
"IV. De las que se susciten entre dos o más Estados, o en un Estado y la Federación, así como de los que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación o un Estado.
"V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro.
"VI. De los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular."
Fue precisamente mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, cuando se reformó la primera fracción del precepto antes referido, para quedar redactada en los siguientes términos:
"Artículo 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
(Reformada, D.O.F. 30 de diciembre de 1946)
"I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los Jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado.
"En los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por ley federal, siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos. ..."
Como se advierte, la reforma en comento tuvo por objeto establecer, a favor de la Federación, la procedencia de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de resoluciones dictadas por los tribunales administrativos dotados de plena autonomía.
Esta circunstancia se advierte de la iniciativa presentada por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho, que dio origen a la reforma constitucional en comento, de la cual se transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente:
"En el mes de septiembre de 1937, el Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Congreso una iniciativa de reforma a la fracción I del artículo 104 constitucional con la mira de capacitar al legislador ordinario para organizar, a través del recurso de súplica, la defensa de la Federación en los juicios que a ella interesan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que los tribunales federales inferiores o los de la jurisdicción administrativa hubiesen dictado sentencias adversas a dichos intereses.
"En la exposición que procedió entonces a la iniciativa presidencial, así como en el folleto, dando a conocer los antecedentes históricos y los fundamentos doctrinales de la iniciativa, publicado en el propio año de 1937 por el entonces Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, se encuentran desarrolladas con amplitud las razones que apoyan la reforma. El Ejecutivo de mi cargo cree bastante transcribir algunos de los párrafos de aquella iniciativa:
"Estima conveniente el Ejecutivo demostrar que en el caso de la iniciativa que hoy somete a la consideración del Congreso, no se altera sino antes por el contrario se vuelve, como queda dicho, al sistema fundamental que en cuanto a intervención y facultades de la Suprema Corte de Justicia idearon los tres Constituyentes a quienes se deben las Cartas Políticas más importantes que se han regido en México: la de 1824, la de 1857 y la de 1917.
"En esas tres ocasiones se pensó que era indispensable conceder a la Suprema Corte de Justicia, competencia para decidir en definitiva las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de los textos constitucionales y de las leyes que en prosecución de esos textos dictara el Congreso General.
"El pensamiento tiene, por lo demás, una raíz bien clara en las instituciones norteamericanas que, como es sabido, informaron en el punto a las Constituciones de México, a lo menos en sus rasgos básicos. En efecto, la Constitución del país del norte dispone que el Poder Judicial conocerá de todos los casos que en derecho y en equidad deriven de la Constitución y leyes federales, así como de los tratados; y que la Suprema Corte conocerá, en esos casos, en apelación, tanto respecto a los hechos como al derecho, con las restricciones y según las disposiciones reglamentarias que el Congreso establezca.
"Al comentar este precepto, la doctrina norteamericana ha dicho que con él se persigue la uniformidad de decisiones alrededor de los principios fundamentales para la vida y la organización de las instituciones de la República, pues que de no existir la posibilidad de una intervención última de la Suprema Corte, los diversos tribunales consagrarían las reglas más variadas, las soluciones más disímbolas, lo que haría imposible una resolución adecuada de los problemas de mayor importancia. Cierto que la historia de la Suprema Corte americana muestra una progresiva restricción a la posibilidad de elevar al conocimiento de ese tribunal las contiendas judiciales; pero el criterio que siempre ha animado al Congreso al establecer limitaciones, ha sido el de conservar íntegra la jurisdicción de la Corte Suprema para los negocios en que están comprometidos los intereses públicos. Si algunos asuntos se han visto excluidos de la posibilidad de su conocimiento, han sido los concernientes a intereses privados, y no porque se hayan estimado como menos respetables, sino porque se ha creído que en las Cortes inferiores cuentan ya con garantía suficiente; de manera que esos intereses privados sólo pueden llegar a la Suprema Corte cuando su defensa consiste en negar la validez de las leyes del Congreso, o más genéricamente en pedir la anulación de medidas que en concepto de la administración pública reclama el interés general.
"Definida por la Suprema Corte la validez de esas leyes o la subsistencia de aquellas medidas, el alto cuerpo deja de ocuparse de la cuestión, abandonando por entero a los tribunales locales o inferiores la decisión que deba recaer en los ulteriores litigios.
"En la Constitución de 1824 el sistema americano fue recogido, aunque no con la estructura que fue definiéndose en el curso de todo el siglo anterior y en lo corrido del presente, sí al menos con lo que de ese sistema se halla en los textos mismos de la Carta americana. Así, se dispuso en los artículos 137 fracción V inciso 6o., parte final y 138 que la Suprema Corte de Justicia estaría facultada para conocer de las infracciones de la Constitución y leyes generales en el modo y grado como lo determinará la ley. Fijado de esa manera el punto de apoyo para la intervención de la Corte Suprema, las formas procesales acogidas no fueron, como es lógico y explicable, las anglosajonas sino las que habían sido heredadas del viejo derecho español. Esto explica que en las leyes sobre organización de los tribunales federales dictadas en la primera mitad del siglo XIX, haya sido el recurso de súplica el establecido para la intervención de la Suprema Corte; pero siempre cuidándose de que la súplica estuviera abierta, entre otros casos, para los negocios que interesaran a la Federación.
"La Constitución de 1857, en sus artículos 97 fracción I y 100, conservó el principio de que la Suprema Corte conocería de las controversias que se suscitaran sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, bien en apelación, o en última instancia -esto es, en súplica- de acuerdo con lo que dispusiera la ley reguladora de las atribuciones de los tribunales federales. Sólo que la ley proyectada en 57 no se expidió sino en 1897, cuando nuevas ideas y nuevos hechos impedían ya ver con claridad el problema de la necesidad de conservar a la Suprema Corte de Justicia una intervención específica, relacionada con el mantenimiento de los principios constitucionales y de la legislación federal, y que persiguiera como propósito precisamente ese. Había tomado cuerpo en el lapso transcurrido la generosa institución del amparo, que si por parte logró fincar definitivamente la idea de que era fundamental otorgar ante el Poder Judicial de la Federación una garantía para cualquiera ultraje a los derechos públicos individuales o que derivara del quebrantamiento de la estructura del sistema federal, por la otra había creado un obstáculo para una regulación unitaria de los procedimientos de los tribunales federales. El amparo pronto se formó una doctrina propia, pronto se desvinculó de los procedimientos generales de tramitación ante los Jueces de la Federación, de manera que desde aquella época se produjo un fenómeno que, en rigor, subsiste todavía; la jurisdicción del Poder Judicial Federal se concibió bipartita; por un lado el amparo, con sus particulares exigencias y sus procedimientos especiales, y por la otra todos los demás negocios cuyo conocimiento correspondía a los Tribunales de la Unión. Fueron voces aisladas aquellas, que en las postrimerías del siglo pasado se elevaron para sostener que el juicio de garantías era sólo el procedimiento para llevar a la decisión de los Magistrados federales determinados asuntos, que una vez atraídos, debían seguir el cauce natural que toma cualquier juicio.
"Esto explica que en tanto la preocupación por el amparo, haya motivado en el curso de la segunda mitad de la centuria anterior la expedición de cuatro diversas leyes, apenas en la última ocasión -en el código 97- se hubiese pensado en el problema de la intervención de la Suprema Corte en asuntos judiciales del orden federal d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20681-ad8b8b05/revision-fiscal-es-improcedente-dicho-recurso-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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