Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN EL ESCRITO DE AGRAVIOS PRESENTADO POR LA RECURRENTE, RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES QUE LE OTORGAN EL CARÁCTER DE UNIDAD ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21322
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 1594.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 107/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIO: ALFREDO ARAGÓN JIMÉNEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de tratarse de una contradicción de criterios en materia fiscal, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran o las partes que intervinieron en los juicios en los cuales dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este sentido, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien tiene facultad para ello y, por tanto, debe concluirse que se cumple el requisito de legitimación señalado de conformidad con los preceptos antes indicados.

TERCERO. Con la finalidad de establecer si existe la contradicción denunciada se procede al análisis de los criterios sustentados por los tribunales contendientes.

La revisión fiscal **********, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito tiene como antecedentes los que a continuación se detallan.

Por escrito presentado el dos de enero del dos mil cuatro, ante la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, **********, por conducto de su representante legal promovió juicio contencioso administrativo en contra del acto emitido por la Tesorería del Estado de Michoacán de Ocampo, con número de oficio ********** fechado el veinticuatro de octubre de dos mil tres mediante el cual se le requirió del pago total de la suma de **********, cantidad garantizada con diversas pólizas de fianza.

Por razón de competencia territorial, el asunto fue remitido a la Sala Regional del Centro III del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa con residencia en Celaya, Guanajuato, y previos los trámites legales, dictó sentencia en el sentido de reconocer la validez del acto impugnado.

Inconforme con dicha resolución, la parte actora en el juicio contencioso referido, promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, y una vez agotados los trámites legales, resolvió conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que "... la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, dicte una nueva en la que reiterando las consideraciones que desestimaron el primero de los conceptos de anulación, proceda a realizar un nuevo examen de los restantes formulados por la actora en el juicio y, con plenitud de jurisdicción pero de manera fundada y motivada, dicte la resolución que en derecho corresponda."

En acatamiento a dicha ejecutoria la Sala responsable dictó nueva sentencia el día once de julio de dos mil siete, misma que concluyó reconociendo la validez del acto impugnado.

En contra de dicha resolución, la parte actora promovió juicio de amparo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado que conoció del primero, y previos los trámites legales, dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo para el efecto de que "... la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita una nueva en la que al examinar resuelva los referidos tercero y cuarto conceptos de impugnación, prescindiendo de la consideración de que lo en ellos expuesto son excepciones personalísimas, y con plenitud de jurisdicción dicte el fallo que en derecho corresponda."

En cumplimiento de tal ejecutoria la autoridad responsable pronunció nueva sentencia el día trece de diciembre de dos mil siete, misma que concluyó declarando la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

Inconforme con la anterior resolución, el director de Asuntos Jurídicos de la Tesorería General del Estado, por sí y en cuanto representante de dicha tesorería, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer al anteriormente citado Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, quien admitió el recurso de revisión, resolvió declararlo infundado y procedió a denunciar la presente posible contradicción de criterios.

En cuanto a las consideraciones sustentadas por el Tribunal Colegiado denunciante, cabe destacar lo siguiente.

La parte actora en el juicio contencioso administrativo de origen, manifestó en su escrito de alegatos, entre otras cosas, que: "la revisionista no invocó, los dispositivos legales que acrediten la legitimación del director de Asuntos Jurídicos de la Tesorería General para la interposición del recurso de revisión, de donde resulta inconcuso que el medio de defensa debe desecharse por falta de legitimación, sin que proceda la suplencia de la queja en el presente asunto, ya que la revisión fiscal se rige por el principio de estricto derecho."

El Tribunal Colegiado procedió al análisis de la legitimación de la autoridad que interpuso el recurso de revisión hecho valer, por considerarlo un presupuesto procesal de estudio previo al fondo del asunto y porque la actora lo planteó como una causal de improcedencia en el referido escrito de alegatos, concluyendo que lo afirmado en cuanto a la falta de legitimación de la recurrente resultaba infundado.

Las consideraciones de dicho Tribunal Colegiado en torno al tema señalado fueron esencialmente las siguientes:

• Con el propósito de alcanzar el equilibrio o equidad en los medios de defensa con que cuentan los afectados por las resoluciones dictadas en los juicios de nulidad (actor y demandado) seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éstos deben hacerse valer sólo por quienes resulten afectados directamente por dichas resoluciones y por conducto de quienes legalmente deban representarlos; de tal suerte que si la revisión fiscal fue creada para equilibrar la defensa de las autoridades con la de los particulares, que cuentan con el juicio de amparo para defender sus garantías, las reglas deben ser, en lo posible, similares para ambos, por lo que sólo podrá interponer el recurso la autoridad emisora del acto impugnado en el juicio de nulidad por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, por ser a ésta a quien afectan directamente las resoluciones que tienden a nulificar sus actos y quien actúa en defensa de los intereses del Estado.

• El hecho de que la autoridad recurrente sea omisa en invocar de manera específica y concreta el o los dispositivos que acrediten su legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, como titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la Tesorería General del Estado de Michoacán, ello no significa que el medio de defensa deba desecharse por falta de legitimación.

• En primer lugar, porque quien interpone el recurso de revisión es el director de Asuntos Jurídicos en su carácter de unidad encargada de la defensa jurídica y de la Tesorería General del Estado de Michoacán, ésta como parte demandada en el juicio de nulidad subyacente y emisora de la resolución impugnada.

• Por ende, al ser demandada en sede jurisdiccional, es inconcuso que goza de legitimación para interponer dicho medio de impugnación, en términos de la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA, CUANDO HAYAN SIDO DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD."

• En segundo término, porque si la legitimación de la autoridad recurrente emana de la propia ley, en el caso, de lo que disponen los artículos 6o., fracción XII, inciso A), número 8 y 208, fracción II, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el trece de mayo de dos mil tres, en relación con el párrafo primero del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que lo interpuso el director de Asuntos Jurídicos de la Tesorería General del Estado, por sí y en cuanto representante de dicha tesorería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 200 y 248 del Código Fiscal de la Federación, ello significa que no tiene obligación de fundar en ley su legitimación para interponer el recurso de revisión, porque el legislador ordinario consideró que opera el principio de presunción de legalidad, al constar en el ocurso de interposición respectivo y en el de expresión de agravios, el nombre, cargo, firma y sello del funcionario que lo hace valer. Aplicando al respecto la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL. SI LA REPRESENTACIÓN DE UNA DE LAS PARTES DIMANA DE ALGUNA DISPOSICIÓN LEGAL, NO ES NECESARIO EXHIBIR EL NOMBRAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE OSTENTÓ DICHA REPRESENTACIÓN, NI ES IMPUGNABLE LA LEGITIMIDAD DE AQUÉL.", así como la tesis jurisprudencial sustentada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, de rubro: "TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA. A FIN DE FUNDAR SUS FACULTADES SANCIONADORAS, ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN EXPRESA DE PRECEPTO LEGAL ALGUNO QUE ACREDITE QUE CONSTITUYE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CITADA ENTIDAD PARAESTATAL."

• De lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República se desprende la competencia de las autoridades para conocer de determinadas conductas en particular, caso que corresponde a la competencia del Poder Judicial de la Federación, mas no la forma en que una autoridad fue elegida o integrada, circunstancia que le compete estudiar a la autoridad individual o colegiada que otorgó el nombramiento o, en todo caso, el régimen establecido para ello, porque el precitado artículo constitucional no se refiere a la legitimación de un funcionario, ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa.

• De lo anterior se sigue que si bien conforme a la norma fundamental en cita se requiere que la autoridad administrativa funde su determinación -entre lo cual queda comprendido el aspecto competencial- a fin de afectar con su acto la esfera jurídica del gobernado, lo cierto es que tal fundamentación opera cuando actúa como tal en sede administrativa, pero no en el caso en que lo haga como "parte procesal" en sede jurisdiccional, como sucede en el caso concreto.

• Además, porque la personalidad del director de Asuntos Jurídicos de la Tesorería General del Estado de Michoacán aparece previamente reconocida en los autos integrantes del juicio de nulidad subyacente, con motivo de la interposición de un recurso de reclamación hecho valer en contra del auto que tuvo por admitida la demanda de veinticuatro de junio de dos mil cuatro, mismo que se resolvió declarándolo infundado por interlocutoria de dos de mayo de dos mil cinco.

Similares consideraciones sostuvo dicho tribunal al resolver la revisión fiscal **********, al precisar sustancialmente que si el recurrente administrador local jurídico de Morelia, no invoca de manera específica y concreta el o los dispositivos que acrediten su legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, ello no significa que el medio de defensa deba desecharse por falta de legitimación.

Por su parte, el referido Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal **********, no realizó mayor razonamiento en torno a la legitimación con que contaba la parte recurrente para la interposición del recurso de revisión fiscal, que el que a continuación se transcribe.

El recurso de revisión fue hecho valer por parte legítima, en los términos de los artículos 63, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 13, fracciones III y XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que lo interpuso el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en representación de los titulares de esa secretaría, del Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura y del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control ya mencionado.

Por lo que hace al fondo del asunto, los razonamientos del Tribunal Colegiado tuvieron como finalidad demostrar que, tratándose del ejercicio de facultades sancionadoras, es innecesario que el Órgano Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, expresamente invoque algún precepto legal por el que se acredite que constituye una unidad administrativa de la mencionada paraestatal, pues sus atribuciones derivan de los artículos 4o. y 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en relación con el precepto 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Similares consideraciones sustentó el referido Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver las revisiones fiscales **********, **********, ********** y **********, resoluciones que dieron origen a la tesis de jurisprudencia XI.2o. J/33, del Tomo XXVII, febrero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y cuyo rubro es: "TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y AVICULTURA. A FIN DE FUNDAR SUS FACULTADES SANCIONADORAS, ES INNECESARIA LA INVOCACIÓN EXPRESA DE PRECEPTO LEGAL ALGUNO QUE ACREDITE QUE CONSTITUYE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CITADA ENTIDAD PARAESTATAL."

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal número **********, determinó fundamentalmente que si el promovente de la revisión fiscal, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, invocó el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta dos mil cinco para acreditar su representación, y no así las disposiciones aplicables en la materia que efectivamente demuestren que es el encargado oficialmente de la defensa jurídica del instituto de mérito, en términos del artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se concluye que no acreditó plenamente su representación, por lo cual carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, atento a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del uno de enero de dos mil seis.

Las consideraciones que llevaron a dicho Tribunal Colegiado a tal determinación fueron las siguientes:

• En términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del uno de enero de dos mil seis, se establece que las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las dictadas en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las dictadas conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, siempre que se trate de una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Un tema previo al estudio de los requisitos de procedibilidad, consiste en analizar si el promovente tiene legitimación para interponer dicho medio de defensa, dado que la misma consiste en que la acción sea ejercida por quien legalmente tenga la aptitud para ello, pues el análisis de si se surte la hipótesis jurídica prevista en la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, implica tácitamente un reconocimiento a la legitimidad de quien interpuso tal medio de impugnación, cuestión que es de estudio preferente.

• Los artículos 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente a partir del uno de enero de dos mil seis, y 248 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta dos mil cinco, establecen expresamente que el recurso de revisión fiscal debe interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, quien en el caso concreto lo es el titular de la Unidad Jurídica respectiva a la delegación demandada, por disposición expresa de los artículos 49, fracción II y 56 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Por su parte, el mencionado Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de reclamación **********, declaró fundado el tercero de los agravios expuestos por el promovente de la reclamación y en consecuencia determinó revocar el auto admisorio y desechar la respectiva revisión fiscal, al argumentar que resultaba indispensable que el promovente de dicha revisión en su escrito invocase las disposiciones legales aplicables para demostrar efectivamente que era el encargado oficialmente de la defensa jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tanto, al no acreditar el promovente su representación, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal.

Las consideraciones que llevaron al Tribunal Colegiado a dicha resolución fueron las siguientes:

• Del contenido del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se observa que la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y, en su caso, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Entidades Paraestatales o tratándose de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.

• Por su parte, del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo derivan los supuestos de procedencia del recurso de revisión fiscal, asimismo, el referido numeral dispone que dicho medio de defensa debe interponerse por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador ordinario tuvo la intención de que las autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos federales, tuvieran una adecuada defensa en los recursos de revisión fiscal, motivo por el cual, dispuso que ese medio de impugnación debe interponerlo la unidad administrativa encargada de su defensa, con lo cual se logra satisfacer la formalidad y exhaustividad requeridas por los asuntos.

• El titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos y Representante Legal de la Delegación Sur del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social no acudió al órgano jurisdiccional en ejercicio de facultades propias, sino de las conferidas a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del referido instituto, para lo cual, resultaba indispensable que éste en su escrito invocase las disposiciones legales aplicables para demostrar efectivamente que es el encargado oficialmente de la defensa jurídica del instituto de mérito, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual se concluye que no se acreditó la representación y, por tanto, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal.

• No basta que el promovente en su escrito de revisión también haya señalado que acudía ante el Tribunal Colegiado en su carácter de delegado del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la última parte del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, calidad que no es suficiente para interponer el recurso de mérito pues, en el caso, debe estarse a lo dispuesto por el citado artículo pero en su tercer párrafo, y el diverso numeral 63, primer párrafo, ambos de la citada ley, es decir, que únicamente podrá interponer el recurso de revisión fiscal la unidad administrativa encargada de la defensa de las autoridades demandadas, por ser a ésta a quien afectan directamente las resoluciones que tienden a nulificar los actos de aquéllas y quien actúa en defensa de los intereses del Estado.

El anterior criterio dio lugar a la tesis aislada emitida por dicho Tribunal Colegiado, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. LA OMISIÓN DE CITAR EN EL ESCRITO DE AGRAVIOS RESPECTIVO LOS PRECEPTOS LEGALES QUE ACREDITEN LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SE OSTENTA COMO ENCARGADO OFICIAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA IMPLICA SU FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO. De conformidad con los artículos 5o. y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo la representación de las autoridades demandadas en el juicio contencioso corresponde únicamente a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y, en su caso, conforme lo establezca la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas se estará a las disposiciones locales; además, acorde con esa representación se les confiere la facultad de interponer el recurso de revisión fiscal contra las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que decreten o nieguen el sobreseimiento, las dictadas conforme a los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de la propia ley adjetiva, las emitidas en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que pronuncien. En ese orden de ideas, si quien comparece como encargado oficial de la defensa jurídica de la autoridad demandada omite citar en el escrito de agravios respectivo los preceptos legales que demuestren que efectivamente tiene la representación con la que se ostenta, carece de legitimación para interponer el mencionado recurso, en virtud de que no acude al tribunal revisor en ejercicio de facultades propias, sino de aquellas legalmente establecidas en favor de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada, la que, incluso, cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para una defensa adecuada, con el propósito de satisfacer la formalidad y exhaustividad requeridas." (No. Registro: 170,190. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, febrero de 2008, tesis I.7o.A.549 A, página 2380).

CUARTO. Una vez precisado lo anterior, debe estudiarse si existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos constitucional y legal transcritos regulan la figura jurídica de la contradicción de tesis como una vía para la integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la seguridad jurídica a través de la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios a prevalecer en caso de oposición, discrepancia o divergencia en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho.

Lo anterior supone necesariamente que los criterios entre los cuales deba decidirse cuál deberá prevalecer, sean efectivamente divergentes, discrepantes u opuestos, para lo cual deben reunirse determinados requisitos, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)

De acuerdo con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:

I. Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

II. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y

III. Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

De acuerdo a lo anterior, es necesario el análisis comparativo de los criterios contendientes para determinar si en el presente asunto existe la contradicción de tesis planteada.

A. Tanto el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito al resolver los recursos de revisión fiscal ********** y **********, como el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación **********, analizaron la legitimación de los promoventes en los recursos de revisión fiscal, y mientras el primero de los tribunales citados sustentó que si en la revisión fiscal la recurrente no invoca de manera específica y concreta el o los dispositivos para acreditar su legitimación como titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica respectiva, ello no significa que el medio de defensa deba desecharse por falta de legitimación; por su parte, el segundo de los órganos jurisdiccionales citados resolvió que si el promovente de la revisión fiscal no invocó las disposiciones aplicables en la materia que efectivamente demuestren que es el encargado oficialmente de la defensa jurídica del instituto de mérito, no acreditó plenamente su representación, por lo cual carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal.

B. Asimismo, de lo previsto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21322-430550c9/revision-fiscal-la-falta-de-fundamentacion-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.