PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA TESTIMONIAL DE UNA AUTORIDAD O FUNCIONARIO PÚBLICO QUE NO SEA PARTE EN AQUÉL, PERO QUE CONOZCA DEL ASUNTO POR VIRTUD DE SUS FUNCIONES, NO ES EQUIPARABLE A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCIÓN DE POSICIONES, PROSCRITA POR EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
En efecto, los dos últimos acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:
Acuerdo 4/2002:
"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."
Acuerdo 6/2003:
"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"...
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto; ..."
Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la clara intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.
Lo anterior se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que señalan:
Acuerdo 4/2002:
"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;
"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;
"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido;"
Acuerdo 6/2003:
"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."
Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que fue presentada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los cuales se suscitó la probable contradicción de criterios.
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Para tal efecto cabe destacar que, atendiendo al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que para existir materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se determinó en la jurisprudencia P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Una vez precisado lo anterior, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos que menciona la jurisprudencia previamente transcrita.
Con ese propósito, cabe destacar que de la ejecutoria pronunciada el once de enero de dos mil siete por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el recurso de queja 64/2006 interpuesto por Hylsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, se advierte lo siguiente:
• La impetrante promovió juicio de amparo indirecto contra actos del tesorero del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla.
• Entre otras pruebas, la quejosa ofreció la testimonial a cargo de la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, presentando para tal efecto el siguiente cuestionario:
"Interrogatorio que deberá responder la C. Ma. Guadalupe J. Barrios, al tenor del cual se debe desahogar la prueba testimonial ofrecida por la quejosa.
"Con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, vengo a ofrecer la prueba testimonial a cargo de la C. Ma. Guadalupe J. Barrios, secretaria del H. Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, con domicilio conocido ubicado en la tesorería de dicho H. Ayuntamiento, al tenor del interrogatorio siguiente:
"1. Que diga el testigo a qué se dedica.
"2. Que diga el testigo en dónde trabaja.
"3. Que diga el testigo cuáles son sus funciones en el lugar donde labora.
"4. Que manifieste el testigo si dentro de sus funciones se encuentra la recepción de documentos.
"5. Que manifieste el testigo si el día once de agosto de dos mil seis, recibió un escrito signado por Enrique Vega Martínez.
"6. Que diga el testigo si el escrito que recibió el día once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez, contenía algún anexo.
"7. Que diga el testigo, cuántos anexos contenía el escrito que recibió el once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez.
"8. Que manifieste el testigo de qué constaban los anexos del escrito que recibió el día once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez.
"9. Que diga el testigo si el escrito que recibió el día once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez, contenía como anexos la póliza de fianza con número de folio HS-008569, expedida por HSBC Fianzas, S. A. Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de tres millones ciento once mil setecientos noventa y siete pesos 90/100 M.N.; y el instrumento notarial número 1,047, volumen IV, libro 7, foja 83, de fecha veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, otorgado ante la fe del licenciado Homero Antonio Cantú Cohoa, notario público número setenta y uno, con ejercicio en el Municipio de San Nicolás de los Garza, en el Estado de Nuevo León.
"10. Que diga el testigo, teniendo a la vista el escrito de fecha once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez, si la escritura y la firma estampadas al calce de la primera hoja de dicho escrito, le pertenecen.
"11. Que manifieste el testigo si mediante la leyenda y la firma insertas al calce de la primera hoja del escrito de once de agosto de dos mil seis, signado por Enrique Vega Martínez, hizo constar la recepción de dicho documento, así como sus anexos."
• Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito desechó esa prueba, por estimar que se equiparaba a la de posiciones, inadmisible en el juicio de garantías.
• Contra ese proveído, la agraviada interpuso recurso de queja, argumentando que la prueba testimonial ofrecida tenía como finalidad demostrar que en el Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, se recibió el escrito de fecha once de agosto de dos mil seis, así como la fianza que la autoridad negó haber recibido; por tanto, la prueba debió admitirse porque fue ofrecida para desvirtuar los afirmaciones de la responsable.
Además, sostuvo la impetrante, es incorrecta la apreciación del Juez de Distrito, porque el formulario se refiere a una testimonial, en tanto que la absolución de posiciones sólo puede recaer en una de las partes, no en quienes no los sean, además de que el a quo no indica en forma alguna cuáles son los elementos que tomó en cuenta para considerar que la testimonial se equipara con absolución de posiciones.
De igual forma, señaló la quejosa, que en términos del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos, como ocurría con la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, pues con su testimonial se llegaría a conocer la certeza del hecho afirmado sobre la recepción del escrito de once de agosto de dos mil seis y la fianza respectiva, motivo por el cual dicha prueba debió ser admitida.
Al resolver ese recurso de queja, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estimó fundado pero inoperante el agravio de la inconforme, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Los argumentos del único agravio deben desestimarse por las siguientes razones.
"...
"Ahora bien, al dictar el auto materia de esta queja, el a quo desechó la testimonial en comentario, con base en la siguiente fundamentación y motivación:
"‘... y, por lo que a la testimonial marcada con el inciso g), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Amparo, se desecha en razón de que dicha prueba se equipara a la de posiciones, misma que no es admisible en el juicio de garantías.’ (foja 52 vuelta).
"En esa medida, asiste razón a la inconforme cuando argumenta que el Juez de Distrito no le indica cuáles son los elementos que tomó en cuenta para considerar que la testimonial a cargo de María Guadalupe J. Barrios se equipara a la absolución de posiciones, con lo que la deja en estado de indefensión, toda vez que no le es posible rebatir dicha estimación, por lo que le resulta incomprensible que se admitan las otras testimoniales a cargo de Ricardo Gutiérrez Pier y Miguel Albarrán Rojas, y que sólo se deseche la correspondiente a María Guadalupe J. Barrios.
"Sin embargo, ello resulta inoperante para resolver el asunto de manera favorable a sus pretensiones, pues en el caso es correcto el desechamiento cuestionado, como se verá a continuación.
"El artículo 150 de la ley de la materia, dispone:
"‘Artículo 150. ...’ (se transcribe).
"Al respecto, la doctrina reconoce diversas clases de confesión.
"Así, por ejemplo, la confesión judicial es la que se realiza dentro del proceso jurisdiccional, apegada a las formalidades legales. Extrajudicial, la que se lleva a cabo fuera del proceso judicial o ante órgano jurisdiccional incompetente.
"Expresa, es la que se manifiesta en forma oral, al contestar (absolver) las posiciones (preguntas), formuladas (articuladas) por la contraparte ante el órgano competente. Tácita, es aquella que se produce por la falta de comparecencia del confesante; o por la omisión de respuestas del absolvente; o que conteste con evasivas o dijere ignorar los hechos propios; o por la falta de respuestas categóricas (afirmativas o negativas).
"Sobre el tema, la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, entre otros, el siguiente criterio publicado en la página 294 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"‘AMPARO, CONFESIÓN EN EL. ...’ (se transcribe).
"Como puede advertirse, la prueba de confesión sí puede admitirse en el juicio de amparo (por ejemplo, la confesión que se desprenda del informe justificado o de la propia demanda de garantías) pues lo que en realidad está prohibido es la absolución de posiciones o confesión expresa, también denominada por la doctrina confesión judicial provocada.
"En otras palabras, el legislador no prohibió la prueba confesional, de cualquier tipo, en términos absolutos, sino una especie de este elemento de convicción: la confesión expresa que se manifiesta en forma oral, al absolver las posiciones articuladas por la contraparte ante el órgano jurisdiccional competente.
"Entre las razones que el legislador tuvo para decretar dicha prohibición, diversos tratadistas coinciden en señalar que el motivo primordial, no único, para que la ley no permita la confesional en materia de amparo (entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada) consiste en la observancia del principio de economía, ya que el desahogo de la referida probanza demoraría considerablemente la tramitación del juicio, con grave desacato a lo previsto en el artículo 17 constitucional. Además, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no se podría practicar ya que, en primer lugar, un hecho sobre el cual versara la confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante; y en segundo término, atendiendo a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y negocios de que conozca conforme a su competencia, dentro de la polifacética vida del Estado contemporáneo.
"En consecuencia, con base en las consideraciones legales y doctrinarias que se han expuesto, aplicadas a las características de este asunto en concreto, se arriba a la conclusión de que las preguntas del interrogatorio a cargo de María Guadalupe J. Barrios, quien, dice la propia quejosa, se desempeña como secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, se refieren a las actividades que habría desarrollado con motivo de su cargo, por lo que es evidente que se equipara a una confesión judicial expresa o provocada, prohibida en el artículo 150 de la Ley de Amparo.
"Es importante señalar que una de las notas que distingue a la confesional de la testimonial, es el carácter que tengan en el juicio las personas a cargo de las cuales deban ser desahogadas, pues la doctrina distingue las declaraciones procesales según el sujeto que las haga; en esa medida, las denomina ‘confesiones’ cuando provienen de una de las partes del proceso, y ‘testimoniales’ cuando son de otras personas. Por ende, en la prueba testimonial el sujeto declara sobre hechos que no le son propios, pero le constan, por haberlos presenciado u oído, mientras que en la confesional el sujeto refiere hechos que le son propios, es decir, que por sí mismo efectuó o dejó de hacer; a lo anterior se agrega otra característica que diferencia una prueba de la otra, consistente en que el testigo expresa hechos que no le son perjudiciales, mientras que en la confesional, quien la desahoga, declara contra sí mismo.
"Por estas razones se concluye que la prueba ofrecida como testimonial por la ahora recurrente, se equipara a una confesión judicial expresa o provocada, pues a pesar de que la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, no es parte dentro del presente juicio de garantías, lo cierto es que la oferente pretende que declare sobre hechos que habría realizado, no como particular, sino con motivo de las labores que desempeña en el Ayuntamiento, que en los términos narrados por la impetrante habrían sido las correspondientes a un oficial de partes, lo cual hace improcedente la admisión de la probanza de mérito, como legalmente estimó el Juez de Distrito.
"Son aplicables al caso, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3111 del Tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, y por compartirse, la tesis aislada número VIII.3o.14 K del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1780 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente se leen:
"‘AMPARO, PRUEBA DE POSICIONES EN EL. ...’ (se transcribe).
"‘PRUEBAS EN EL AMPARO. ES INADMISIBLE LA DECLARACIÓN DE UNA DE LAS PARTES A TRAVÉS DE POSICIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE SE FORMULE, PUES EQUIVALE A UNA CONFESIONAL NO PERMITIDA POR LA LEY DE LA MATERIA. ...’ (se transcribe).
"En este punto, cabe recapitular en que la nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece, pues si versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le consten por haberlos presenciado u oído, se tratará de una testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones.
"Empero, la probanza ofrecida por la ahora recurrente bajo la denominación de testimonial a cargo de la secretaria del Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, quien no tiene el carácter de parte en el juicio de garantías, virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo.
"Ello se considera así, pues al respecto se estima que dicho precepto legal no se debe interpretar de manera letrística, sino atendiendo a las razones que tuvo el legislador para prohibir la confesión expresa o confesión judicial provocada en materia de amparo, consistente, como se ha señalado en líneas anteriores, en la observancia del principio de economía, toda vez que el desahogo de la confesional a través de posiciones demoraría en forma considerable la tramitación del juicio, con desacato a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que preponderantemente no es posible soslayar que cuando se propone a una autoridad como absolvente, con independencia de que sea parte o no dentro del juicio de garantías, la prueba de posiciones no se podría realizar debido, primero, a que un hecho sobre el cual versara la confesión, al margen también de que la oferente la haya denominado testimonial, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado, de ahí que no de manera necesaria sea exclusivamente propio del absolvente; y en segundo lugar, porque resultaría extremadamente difícil o en ocasiones prácticamente imposible que cualquier autoridad (en el caso la secretaria del Ayuntamiento que actuó como oficial de partes) recordara de manera precisa todas y cada una de las circunstancias en que se haya realizado el acto reclamado, ante los múltiples asuntos de los que cotidianamente conozca conforme a sus atribuciones.
"En este orden de ideas, el ofrecimiento de la declaración de aquella autoridad no puede admitirse como prueba testimonial, independientemente de sus fines y en probable beneficio de quien la propone, en la medida en que dicha probanza se equipara a una confesional por absolución de posiciones, dado que la autoridad (que si bien no es parte en el juicio y por ello la equiparación) no declararía como testigo de hechos que haya presenciado u oído, sino sobre aquellos cuya realización le atribuye la quejosa, ni depondría sobre hechos que no le fueran perjudiciales, pues lo cierto es que la oferente pretende que declare contra sí misma, no obstante que éstas son características propias de una confesional por posiciones, no así de una testimonial.
"Además, valga insistir en que, independientemente de la pretensión de la impetrante, en el sentido de imputarle a la secretaria del Ayuntamiento la realización de hechos que, dice, le serían propios, ya que le atribuye la recepción de determinado escrito y anexos que consistirían en una póliza de fianza y un instrumento notarial, en este caso en concreto no debe pasar inadvertida la dificultad de que un oficial de partes recordara con exactitud las fechas en las que hubiera recibido escritos, anexos y en general toda clase de documentos que le presentaran con motivo del desempeño de sus funciones, aunado a lo que afectaría a la marcha normal de una dependencia u órgano de gobierno, la circunstancia de que ese mismo oficial de partes acudiera a declarar sobre la documentación recepcionada en todos los juicios en los que fuera requerido con tal finalidad, sin que sea obstáculo para considerar legal el desechamiento de la probanza en comento, el hecho de que el artículo 150 de la Ley de Amparo textualmente disponga que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueran contrarias a la moral o al derecho, pues como ya se ha señalado esta norma jurídica no debe interpretarse letrísticamente sino de manera extensiva a una prueba equiparada a una confesional por absolución de posiciones.
"En apoyo de lo anterior se citan, por identidad de razón, los siguientes criterios de diversos Tribunales Colegiados que este órgano jurisdiccional comparte, en los que se ha interpretado el numeral 150 de la ley de la materia, a fin de negar la admisión de pruebas tales como la de reconocimiento de parte, el careo solicitado por el quejoso con las diversas partes en el juicio, y la denominada testimonial a cargo del quejoso.
"Las tesis mencionadas se encuentran identificadas con los números III.5o.C.24 K, III.2o.A.11 K y I.3o.C.2 K, emitidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, publicadas, la primera en la página 1372 del Tomo XXIV, octubre de 2006, la segunda en la página 371 del Tomo IV, diciembre de 1996 y la tercera en la página 516 del Tomo II, septiembre de 1995, todas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen:
"‘CONFESIÓN DE POSICIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL RECONOCIMIENTO DE PARTE ES INADMISIBLE. ...’ (se transcribe).
"‘CAREOS. NO SON ADMISIBLES COMO PRUEBA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ...’ (se transcribe).
"‘AMPARO, PRUEBAS EN EL. ES INADMISIBLE LA TESTIMONIAL A CARGO DEL QUEJOSO. ...’ (se transcribe).
"Finalmente, se debe añadir que contrariamente a lo aseverado por la recurrente, la prueba cuyo desechamiento se impugna, no es la idónea para acreditar la recepción de un escrito al que se haya adjuntado una póliza de fianza, en el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla, Puebla, habida cuenta que esa idoneidad recae, por regla general, en el acuse de recibo correspondiente, no así en la declaración del oficial de partes a quien se atribuya haber recibido los documentos, con independencia de que la peticionaria de amparo también pretenda demostrar ese hecho con otros medios de prueba, como las deposiciones de los particulares Ricardo Gutiérrez Pier y Miguel Albarrán Rojas, de ahí que el a quo no contravenga lo dispuesto en los artículos 150 y 151 de la ley de la materia, al margen de precisar que los numerales 76 y 77 de este ordenamiento, al igual que el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, invocados por la inconforme, regulan el pronunciamiento de la sentencia que en primera instancia llegue a emitir el Juez de Distrito, no un acuerdo dictado durante la tramitación del juicio de garantías, como el recurrido mediante la presente queja."
Con base en esa ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la tesis VI.1o.A.34 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de dos mil siete, página 1666, del siguiente tenor:
"CONFESIÓN JUDICIAL EXPRESA EN EL JUICIO DE AMPARO. LA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES A CARGO DE UNA AUTORIDAD QUE NO TENGA EL CARÁCTER DE PARTE SE EQUIPARA A LA PRUEBA PROHIBIDA EN EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE LA MATERIA. La nota distintiva entre la testimonial y la confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece, pues si versa sobre la declaración de un tercero, en relación con hechos que le consten por haberlos presenciado u oído, se tratará de una testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una confesional por posiciones. Sin embargo, la probanza ofrecida bajo la denominación de testimonial a cargo de una autoridad que no tenga la calidad de parte dentro del juicio de garantías, virtualmente se traduce en una confesional por absolución de posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo, pues al respecto se estima que dicho precepto legal no se debe interpretar de manera letrística, sino atendiendo a las razones que tuvo el legislador para prohibir la confesión expresa o confesión judicial provocada en materia de amparo, consistente en la observancia del principio de economía, toda vez que el desahogo de la confesional a través de posiciones demoraría en forma considerable la tramitación del juicio, con desacato a lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que preponderantemente no es posible soslayar que cuando se propone a una autoridad como absolvente, con independencia de que sea parte o no dentro del juicio de garantías, la prueba de posiciones no se podría realizar debido, primero, a que un hecho sobre el cual versara la confesión, al margen también de que la oferente la haya denominado testimonial, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado, de ahí que no de manera necesaria sea exclusivamente propio del absolvente; y en segundo lugar, porque resultaría extremadamente difícil o en ocasiones prácticamente imposible que cualquier autoridad recordara de manera precisa todas y cada una de las circunstancias en que se haya realizado el acto reclamado, ante los múltiples asuntos de los que cotidianamente conozca conforme a sus atribuciones."
Por su parte, de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el diecisiete de agosto de dos mil siete el recurso de queja administrativo 54/2007, se observa:
•
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20863-2b83a83d/pruebas-en-el-juicio-de-garantias-la-testimonial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PARCELA EJIDAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU ENAJENACIÓN CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, SI AL MOMENTO DE LA ENAJENACIÓN EL EJID (CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2007-SS)
- DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2006-PL)
- DESPIDO INJUSTIFICADO. CORRESPONDE AL PATRÓN LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE DESPUÉS DE DESAPARECER LA CAUSA DE SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR HABER S (CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2007-SS)
- EJIDATARIOS. PARA ACREDITAR ESE CARÁCTER CON EL ACTA DE ASAMBLEA DE DELIMITACIÓN, DESTINO Y ASIGNACIÓN DE TIERRAS EJIDALES, ÉSTA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LOS (CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2007-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCION Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. (s/clave)
- EXPEDIENTE LABORAL. COMPETE A LAS PARTES VELAR POR SU INTEGRIDAD. (I.5o.T. J/27)
- EXPEDIENTE LABORAL. COMPETE A LAS PARTES VELAR POR SU INTEGRIDAD. (1501)
- EXPEDIENTE LABORAL. COMPETE A LAS PARTES VELAR POR SU INTEGRIDAD. (716)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis