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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS CONCESORIAS EN AMPARO DIRECTO. NO RESULTA UNA EXIGENCIA QUE SE INSERTE EN SU PARTE CONSIDERATIVA Y EN EL RESOLUTIVO RELATIVO, UN APARTADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS PLAZOS, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 195/2023. · Registro digital (IUS): 32521
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-06-14
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Junio de 2024, Tomo II, Pág.1836.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 195/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (región Centro–Sur) denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por dicho órgano jurisdiccional (por mayoría de votos –contra su voto–) y el que sostuvieron, dijo, otros tribunales colegiados –algunos pertenecientes a la misma región y otros que forman parte de una región distinta–, al resolver diversos amparos directos. La magistrada denunciante señaló que los tribunales colegiados sostuvieron posturas contradictorias en cuanto a si en las sentencias concesorias de amparo se debe insertar, en su parte considerativa, un apartado en el cual se fijen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, así como reflejar dicha circunstancia en un punto resolutivo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 195/2023, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (región Centro-Sur); Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (región Centro-Norte); Primer y Cuarto Tribunales Colegiados, en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (región Centro-Norte); Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito (región Centro-Norte); y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito (región Centro-Norte).

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si tratándose de amparos directos en los que se conceda la protección federal, se debe insertar, en su parte considerativa, un apartado en el cual se fijen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, así como reflejarlo en un punto resolutivo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido vía electrónica el veintidós de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por dicho órgano jurisdiccional –región Centro-Sur– (al resolver los juicios de amparo D.A. 507/2022, D.A. 543/2022, D.A. 213/2022 y D.A. 631/2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito –región Centro-Sur– (al fallar el D.A. 363/2021 y D.A. 501/2021) y el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito –región Centro-Norte– (D.A. 632/2021 y D.A. 568/2021, respectivamente), en contra –dijo– de los criterios sustentados por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito –región Centro-Norte– (D.A. 1146/2021 y D.A. 974/2021, en su orden), el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito –región Centro-Norte– (al resolver el D.A. 201/2022) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito –región Centro-Norte– (al fallar el D.A. 137/2022).

2. Admisión y turno de la denuncia. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de criterios con el número 195/2023 y admitió a trámite la denuncia relativa; asimismo, dado que consideró que el tema de la contradicción de criterios se refiere a la materia común, estimó competente al Pleno de este Alto Tribunal, por lo que turnó los autos al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para su resolución.

3. Asimismo, solicitó por conducto del MINTERSCJN a la presidencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran por dicho medio la versión digitalizada del original o de la copia certificada, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas respectivas, de las ejecutorias relativas a los conflictos competenciales resueltos por cada uno de dichos órganos jurisdiccionales y de las que derivan los criterios contendientes en esta causa, así como del proveído en el que informaran si el criterio sustentado en el asunto de su índice, se encontraba vigente.

4. Informe de vigencia y exclusión de estudio. Tanto el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (Región Centro-Norte), como el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (Región Centro-Sur), informaron que el criterio sustentado por dichos órganos colegiados al resolver, respectivamente, los amparos directos D.A. 632/2021,(1) D.A. 363/2021 y D.A. 501/2021,(2) ya no se encuentra vigente.

5. Al respecto, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito (Región Centro-Norte) informó que su criterio fue abandonado en razón de que: "... la nueva integración de este tribunal colegiado consideró innecesario plasmar en la parte considerativa y en un resolutivo de los proyectos las medidas y requerimientos para asegurar el cumplimiento del amparo, ya que dicho requerimiento se formula directamente en los oficios en que se comunica el dictado de la resolución y se previene a la autoridad para su debido cumplimiento y, en esa medida, se considera un aspecto de ‘estilo’ que no incide en el correcto cumplimiento de las ejecutorias de amparo"; remitiendo al efecto la versión digitalizada con firma electrónica del criterio sustentado en el amparo directo 562/2022, resuelto en sesión de treinta de junio de dos mil veintitrés, del que se advierte que, efectivamente, ya no se insertó en la ejecutoria algún apartado ni resolutivo específicos en los que se incluyeran los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo.

6. Asimismo, la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (Región Centro-Sur) informó que el criterio sustentado al resolver los amparos directos 363/2021 y 501/2021, tampoco se encuentra vigente, en razón de que: "... a partir de la sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Pleno de este Tribunal consideró prescindir del considerando relativo a: ‘Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria’, en las ejecutorias que emita este Tribunal.—Lo anterior atendiendo a que las medidas relativas al cumplimiento de las ejecutorias de amparo corresponden a la etapa de ejecución del juicio de amparo, y es ahí donde debe formularse el requerimiento completo a las autoridades responsables vinculadas a cumplir las referidas sentencias ...". Y, para evidenciar lo anterior, el citado Tribunal remitió los archivos firmados de manera electrónica de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo 489/2021 y 577/2022, de las cuales se advierte que se dejó de asentar el considerando y el punto resolutivo concernientes a las medidas de cumplimiento del amparo.

7. En estas condiciones, dado que los criterios emitidos por los referidos Tribunales Colegiados efectivamente fueron superados, lo que se puede constatar de las ejecutorias que éstos enviaron adjuntas a sus informes de vigencia; no se tomarán en cuenta para el estudio de la presente contradicción de criterios.(3)

8. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. XLVII/2008, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO, ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA PLASMADO EN UNA EJECUTORIA."(4)

9. En cambio, por otro lado, se advierte que los demás tribunales contendientes informaron que los criterios sustentados al resolver los amparos directos de su índice siguen vigentes.

10. Integración de la contradicción. Una vez que los tribunales contendientes informaron sobre la vigencia de sus criterios, por proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de criterios, ordenando su remisión a la entonces ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

11. Envío a la Primera Sala. Mediante dictamen presentado el siete de noviembre de dos mil veintitrés, el entonces Ministro ponente solicitó enviar el presente asunto a la Primera Sala al considerar que resultaba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno. En consecuencia, por auto de esa misma fecha, la Ministra Presidenta ordenó su envío a esta Primera Sala.

12. Avocamiento y returno. En auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto; asimismo, tomó conocimiento que en sesión privada del Tribunal Pleno que tuvo verificativo el dieciséis del mes y año en cita, se aprobó la readscripción de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, en consecuencia, le fue returnado el presente asunto para la elaboración del correspondiente proyecto de sentencia.

I. Competencia

13. A fin de estar en aptitud de determinar la competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de la presente contradicción de criterios, resulta necesario exponer, en primer término, que la denuncia de la posible contradicción de criterios versa respecto de diversas resoluciones de juicios de amparo directo en los que se concedió el amparo solicitado.

14. Al respecto, del escrito de denuncia se advierte que se señaló –en esencia–, que diversos tribunales colegiados –aquí contendientes– en los casos en que se concede la protección constitucional en un juicio de amparo, fueron coincidentes en insertar en la parte considerativa de la sentencia de amparo un apartado en el cual fijaron los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, cuya circunstancia fue reflejada –en algunos casos– en un punto resolutivo. Criterio que para efectos metodológicos lo denominaremos "criterio A", el cual fue sustentado por los órganos que a continuación se indican:

Ver criterio "A"

15. A su vez, en la denuncia también se indicó que otros tribunales colegiados contendientes, no obstante haber determinado conceder el amparo solicitado para los efectos señalados en las ejecutorias respectivas, no insertaron en la parte considerativa de su sentencia un apartado en el cual hubieran fijado los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, por lo que tampoco se agregó algún punto resolutivo en particular. Dicho criterio lo denominaremos "criterio B" y fue sustentado por los siguientes tribunales:

Ver criterio "B"

16. Ahora bien, precisado lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(6) de la Constitución Federal; 226, fracción II,(7) de la Ley de Amparo, 21, fracción VII,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción V, y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023,(9) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés,(10) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (perteneciente a la región Centro-Sur) y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (pertenecientes a la Región Centro-Norte),(11) tal como se esquematiza en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

17. Ello, pues como se puede apreciar, se trata de una denuncia de contradicción de criterios en materia común, suscitada entre tribunales colegiados pertenecientes a distintas regiones, respecto de la cual no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

18. Sin que sea óbice la posible existencia de una contradicción de criterios entre diversos tribunales pertenecientes a una misma región (Centro-Norte), a saber, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito (porque éstos sí incluyeron en su parte considerativa un apartado en el cual fijaron los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar para asegurar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo), con respecto al criterio sustentado por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (los cuales, no obstante que concedieron el amparo, en las ejecutorias respectivas no adicionaron alguna consideración en la que establecieran los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debía acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo, ni tampoco lo reflejaron en algún punto resolutivo).

19. No obstante, dado el sentido que regirá la presente resolución, esta Sala estima innecesario remitir el asunto al Pleno Regional correspondiente, ya que será éste el que defina el criterio que debe prevalecer con motivo de la contradicción subsistente entre tribunales colegiados pertenecientes a distintas regiones –insertos en el recuadro que antecede– respecto de los cuales, como ya se dijo, se surte la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(12)

II. Legitimación

20. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(13) 38, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(14) y, 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(15) en atención a que se formuló por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, cuyo órgano emitió diversos criterios de los aquí contendientes.

III. Criterios denunciados

21. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación, se presenta una síntesis de los antecedentes procesales y argumentos en que se apoyaron las decisiones de los tribunales colegiados de circuito contendientes en la presente contradicción de criterios.

22. III.1. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito (región Centro-Sur), el emitir los amparos directos 213/2022, 507/2022, 543/2022 y 631/2022 (de cuyo órgano Colegiado la Magistrada denunciante es integrante). Cabe señalar que toda vez que los referidos juicios de amparo comparten identidad en todos los aspectos relevantes para efectos de esta ejecutoria,(16) sólo se dará cuenta con los antecedentes relativos al amparo directo D.A. 213/2022.

D.A. 213/2022

23. Juicio laboral. Una persona física promovió demanda laboral ante la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que reclamó el pago de las siguientes prestaciones:

A) El otorgamiento de pensión de cesantía de conformidad con los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley del Seguro Social.

B) El otorgamiento de las prestaciones económicas y en especie derivadas de la pensión reclamada, así como el pago de asignaciones familiares para sus beneficiarios.

24. Trámite y laudo. La demanda laboral se admitió a trámite y seguido el juicio en sus etapas, la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado de Puebla, dictó laudo en el cual determinó que la actora no acreditó su acción y que el Instituto Mexicanos del Seguro Social justificó sus excepciones y defensas, absolviendo, en consecuencia, a dicho Instituto de las prestaciones reclamadas.

25. Juicio de amparo directo y sentencia. En desacuerdo con dicho laudo, la persona quejosa promovió juicio de amparo directo del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el que lo admitió a trámite y registró con el número 213/2022. Y seguido el juicio en sus etapas, dictó sentencia en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en la cual, en lo que interesa, resolvió lo siguiente:

– En el séptimo considerando emprendió al análisis de los conceptos de violación, destacando que la Junta responsable omitió vigilar el correcto desahogo de la prueba de inspección, pues aun cuando la actuaria asentó que tuvo a la vista el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), lo cierto es que solamente indicó con un "Sí, conforme a lo que aparecía en tal sistema", pero sin precisar si de la consulta realizada a la pantalla del sistema, tuvo a la vista los datos relativos a las fechas de alta y baja de la asegurada (trabajadora) respecto del período materia de la referida inspección (del uno de enero de mil novecientos setenta y dos al uno de diciembre de dos mil once), su número de seguridad social y el número de semanas cotizadas y reconocidas que la referida trabajadora cuenta ante el mencionado instituto.

– Con base en lo anterior señaló que al haberse desahogado incorrectamente la prueba de inspección ocasionó una violación procesal que dejó sin defensas a la parte quejosa y que trascendió al resultado del laudo, por tanto, lo procedente era conceder el amparo solicitado.

– Así, en el considerando octavo, se procedió fijar los efectos de la concesión del amparo, a fin de que la Junta responsable realizara lo siguiente:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

2. Reponga el procedimiento para que ordene y vigile el correcto desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, debiendo precisar de forma pormenorizada los datos que advierta de la consulta al Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO), en específico, las fechas de alta y baja de la asegurada (trabajadora) respecto del período materia de la referida inspección, su número de seguridad social y el número de semanas cotizadas y reconocidas que la referida trabajadora cuenta ante el mencionado instituto.

– Por otro lado, en el considerando noveno, titulado "medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria", con base en lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258, en relación con los diversos 238 y 239, todos de la Ley de Amparo, se precisó lo siguiente: • Se requirió a la Junta responsable para que cumpliera con la ejecutoria dentro del plazo de veinte días, para lo cual se precisó que si bien el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, establece que el requerimiento debe ser por el plazo de tres días, también era cierto que el último párrafo de dicho precepto legal faculta al órgano judicial de amparo para ampliar el mismo, tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable para que se pudiera dar cumplimiento al fallo protector.

• Apercibiendo a sus integrantes que, de no hacerlo así sin causa justificada, una vez fenecido el plazo otorgado, se les impondría a cada uno multa que podría ser equivalente de cien a mil unidades de medida y actualización.

• Lo anterior, en el entendido de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debía imponer al titular, es decir, a la persona física que ejerce el cargo del órgano responsable.

• Asimismo, se precisó que en caso de incumplimiento se remitiría el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de ejecución que podría culminar con la separación de los cargos y su consignación y que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo, la junta responsable se encontrara integrada por personas distintas a las que en ese momento la integraban, serían sus sustitutos quienes debieran cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entendería dirigido a ellos.

• También se ordenó informar a los integrantes de la Junta responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejaran el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria.

– Finalmente, se fijaron dos puntos resolutivos. En el primero se reflejó la concesión del amparo a la parte quejosa y, en el segundo, se requirió sin demora a la Junta responsable para que cumpliera con la ejecutoria de amparo.(17)

26. III.2. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (región Centro-Norte) –D.A. 1146/2021–.

27. Juicio laboral. Una persona física demandó por despido injustificado a dos personas morales, reclamándoles, entre otras prestaciones, la reinstalación en su empleo –como pintora–.

28. Trámite y laudo. La demanda se admitió a trámite por la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, y seguido el juicio en sus etapas procesales, dictó laudo en el que resolvió que la actora no probó sus acciones y la demandada sí acreditó sus excepciones y defensas, en consecuencia, absolvió a esta última de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

29. Juicio de amparo directo y sentencia. En desacuerdo con dicha sentencia, la persona actora promovió juicio de amparo directo, al cual una de las empresas demandadas en el juicio laboral se adhirió. De dichos amparos, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el que lo admitió a trámite y registró con el número 1146/2021. Y seguido el juicio en sus etapas, en sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia concediendo el amparo solicitado, en la cual, en lo que interesa, se resolvió lo siguiente:

– En el octavo considerando se estimó que resultaban ilegales las consideraciones del laudo en cuanto al alcance que se le dio al resultado de la prueba de inspección ofrecida de la intención de la parte demandada para desvirtuar el valor de la confesión ficta generada respecto de una persona física, así como las que se expusieron al valorar la prueba de inspección de treinta de mayo de dos mil dieciocho, pues el documento exhibido en las mismas, a lo mucho, justifica la existencia de un contrato de prestación de servicios, más no uno de suministro de personal; de ahí que resultaba fundado el concepto de violación de la parte quejosa, suplido en su deficiencia.

– Ya en el considerando noveno se fijaron los efectos de la concesión del amparo, a fin de que la Junta responsable realizara lo siguiente:

1. Deje insubsistente el laudo.

2. Emita uno nuevo, en el que:

2.1 Prescinda de las razones que expuso para desestimar la confesional ficta, así como la prueba de inspección, ambas ofrecidas de la intención de la parte actora.

2.2. Partiendo del hecho de que en la prueba de inspección ofrecida por el demandado se exhibió un contrato de prestación de servicios y no uno de suministro de personal, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda.

– En el considerando décimo se procedió al estudio del amparo adhesivo, calificando como inoperantes e infundados los conceptos de violación hechos valer.

– Y, por último, se fijaron dos puntos resolutivos, uno para reflejar la concesión del amparo a la parte quejosa y en el otro –segundo–, se negó la protección constitucional a la quejosa adhesiva.

30. III.3. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito (región Centro-Norte) –D.A. 974/2021–.

31. Juicio laboral. Una persona física promovió demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que reclamó el otorgamiento y pago de pensión por cesantía en edad avanzada o en caso contrario, de invalidez definitiva; el otorgamiento de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria; así como el pago de aguinaldo y prestaciones en dinero.

32. Trámite y laudo. La demanda laboral se admitió por la Junta Especial Número 19 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y seguido el juicio en sus trámites, dictó laudo en el cual determinó que la parte actora probó en parte sus acciones y que la demandada no justificó sus excepciones y defensas, por tanto, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social para que le otorgara y le pagara a la parte actora una pensión por cesantía al actor; el otorgamiento y pago de aguinaldo; la atención médica, clínica, farmacéutica, hospitalaria; así como al 15 % (quince por ciento) de asignación familiar a la esposa del actor; y, finalmente, absolvió al Instituto demandado del otorgamiento y pago de la pensión por invalidez reclamada.

33. Juicio de amparo directo y sentencia. En desacuerdo con dicha sentencia, el Instituto demandado promovió juicio de amparo directo, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, el que lo admitió a trámite y registró con el número 974/2021. Seguido el juicio en sus etapas, en sesión de seis de julio de dos mil veintidós, el tribunal resolvió el asunto, de cuya resolución destaca lo siguiente:

– En el considerando octavo se determinó que la junta responsable incurrió en una infracción de índole procesal que dejó sin defensas al quejoso y trascendió en su perjuicio al sentido del laudo reclamado, en virtud de que se condenó al Instituto demandado al otorgamiento de la pensión de cesantía, como consecuencia de estimar actualizada la presunción de certeza respecto de los hechos que pretendía probar la parte actora, sin desahogar debidamente la prueba de inspección número IV que al efecto propuso, en tanto que, debió señalar nueva hora y fecha para que se desahogara en el lugar proporcionado por el Instituto al objetarla, por lo que al no hacerlo así, transgredió el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales; calificándose de fundado el motivo de disenso.

– Consecuentemente, se determinó conceder la protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta responsable, realizara lo siguiente:

a) Deje insubsistente el laudo reclamado y el desahogo de la inspección número IV ofrecida por el actor;

b) Reponga el procedimiento y emita un proveído en el que, atento a las consideraciones expuestas, ordene que la referida inspección número IV se verifique en el expediente de afiliación del asegurado, en el domicilio que al efecto indicó el apoderado del demandado al objetarla.

– Finalmente, se fijó un único punto resolutivo en el cual se reflejó la concesión del amparo solicitado por el Instituto quejoso.

IV. Existencia de la contradicción

34. Ahora bien, una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción denunciada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.

35. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existe contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios, si al resolver los asuntos implicados en la denuncia los contendientes examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso, cuando parten de aspectos fácticos distintos frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

36. Corrobora esa afirmación la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(18)

37. Conforme al criterio jurisprudencial en cita, para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia:

A. Hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Hayan llegado a conclusiones encontradas respecto a la res

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32521-1da914aa/sentencias-concesorias-en-amparo-directo-no-resulta-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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