COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN EXTINTO TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA DEBE APLICARSE LA REGLA DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 274/2023. SUSCITADA ENTRE EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 15 DE ENERO DE 2025. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTES: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR Y LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
ÍNDICE
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día quince de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 274/2023, suscitada entre el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver los conflictos competenciales 11/2023 y 7/2023, respectivamente.
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Denuncia de la Contradicción de Criterios. Mediante oficio ST/38/2023, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el citado Tribunal al resolver el conflicto competencial 11/2023 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el conflicto competencial 7/2023, del que derivaron las siguientes tesis: III.3o.P.5 K (11a.), “TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN. LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UNO DE SUS PARES DEL MISMO ÓRGANO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR REGLA GENERAL, DEBA SUSTANCIARSE Y RESOLVERSE DE MANERA UNITARIA”,(1) y III.3o.P.6 K (11a.), “COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN AUTORIDAD RESPONSABLE SUSTITUTA DE UN EXTINTO TRIBUNAL UNITARIO ÚNICO DENTRO DEL MISMO CIRCUITO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN MÁS PRÓXIMO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO”.(2)
2. SEGUNDO. Trámite de la denuncia. En proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la contradicción de criterios con el número 274/2023, admitió a trámite la denuncia relativa, y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para su estudio. Asimismo, al considerar la fecha de presentación de la denuncia respectiva y en virtud de que el problema jurídico materia del aparente punto de contradicción derivado de la denuncia se encuentra relacionado con las diversas contradicciones de criterios 71/2023, 106/2023, 129/20236 y 199/2023, estimó que la competencia para conocer de este asunto, al derivar de la materia (común), correspondía al Pleno de este Alto Tribunal.
3. Se solicitó a la Presidencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, remitiera por dicho medio la versión digitalizada del proveído en el que informara si el criterio sustentado en el asunto de su índice se encontraba vigente o en su caso, si se ha superado o abandonado, además de señalar las razones que sustentaran las consideraciones respectivas, remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria en la que sustente el nuevo criterio.(3) Finalmente, precisó que si la Ministra Ponente consideraba innecesaria la intervención del Pleno, previo dictamen o acuerdo que se emitiera, recibido el asunto en la Secretaría General de Acuerdos, se hiciera constar dicha determinación y se radicara en la Sala de adscripción de la Ministra en comento.
4. Vigencia de criterios. En atención a lo anterior, por proveído de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictado en los autos del conflicto competencial 7/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el criterio sustentado continúa vigente.
5. Integración de la contradicción de criterios. Por proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de criterios y ordenó su remisión a esta ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente.
6. TERCERO. Radicación en la Primera Sala. Previo dictamen de la Ministra ponente sobre la ausencia de elementos que ameriten la intervención del Tribunal Pleno en la resolución del asunto -de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés-, la Ministra Presidenta, por auto de veintiocho de noviembre posterior, ordenó su radicación en esta Primera Sala a la que actualmente se encuentra adscrita la Ministra ponente.
7. Avocamiento. En proveído de seis de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro, entonces Presidente de esta Primera Sala, determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó la remisión del expediente a la Ministra Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
8. CUARTO. Returno del asunto. La Primera Sala, en sesión de treinta de octubre de dos mil veinticuatro, por mayoría de tres votos, determinó desechar el proyecto de resolución presentado y returnarlo a otro u otra integrante de la Sala que haya conformado la mayoría.
9. Finalmente, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, entonces Presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal, mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, dispuso el returno a su ponencia, de acuerdo con el control de turno interno de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala, para la elaboración del nuevo proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante Instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de abril de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce siguiente, toda vez que los criterios contendientes se sustentaron por órganos jurisdiccionales pertenecientes a distintas regiones, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
11. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II,(5) en relación con el diverso 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro – Norte), órgano jurisdiccional que sustentó uno de los criterios denunciados.
12. TERCERO. Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y argumentaciones en que se basaron las resoluciones de los tribunales contendientes.
Ver antecedentes y argumentaciones de los tribunales contendientes
13. CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de criterios cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Así lo estableció en la jurisprudencia: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”.(7)
14. También debe observarse la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS”.(8)
15. Conforme a las jurisprudencias reproducidas, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
16. Entonces, existirá contradicción de criterios siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aún sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica -el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general-, y que a partir de ésta arriben a decisiones encontradas.
17. Sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
18. Así, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
19. En el caso, esta Primera Sala advierte que sí existe la divergencia de criterios entre los sostenidos por los tribunales contendientes en la medida que los conflictos competenciales se originaron por cuestiones similares. Es decir, en ambos casos, con motivo de juicios de amparo donde se reclamaron actos de los extintos Tribunales Unitarios de Circuito y que fueron turnados a un Tribunal Colegiado de Apelación creado por dicho motivo y que fue turnado a una ponencia para que fueran resueltos de manera unitaria.
20. No obstante, los tribunales colegiados contendientes arribaron a conclusiones contrarias pues, por un lado, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (Región Centro-Norte) determinó la inexistencia del conflicto competencial, al señalar que para que se considere legalmente planteado es necesario que la negativa de las autoridades se refiera exclusivamente a razones de grado, territorio o materia y no por cuestiones de turno reguladas por los Acuerdos Generales expedidos por el Consejo de la Judicatura Federal, pues el Máximo Tribunal ha establecido que la aplicación de los Acuerdos Generales no constituye un factor que determine su competencia.
21. En consecuencia, resolvió que si el Tribunal Colegiado de Apelación que previno en el conocimiento del asunto determinó carecer de competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, en atención a que uno de sus integrantes fue señalado como autoridad responsable y los argumentos de ambos Tribunales Colegiados de Apelación se circunscribían a las reglas establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 24/2022; luego, no existía un conflicto competencial, sino una interpretación y aplicación del referido instrumento normativo del cual los Tribunales Colegiados de Circuito se encuentran impedidos para revisar la regularidad.
22. Dicha postura tuvo sustento, además, en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ya se había pronunciado sobre la solución de estos tópicos en la “Propuesta de solución a consultas respecto de diversos temas relacionados con el funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación, derivados de la interpretación y aplicación del Acuerdo General 24/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal”, en donde estableció que los asuntos remitidos por los extintos Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Apelación, debían tramitarse y resolverse de manera unitaria repartiéndose entre las tres ponencias; asimismo, que los juicios de amparo indirectos deben tramitarse y resolverse de esa misma manera; que corresponde al propio Tribunal Colegiado de Apelación conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en contra de actos reclamados a los Tribunales Unitarios de Circuito que concluyeron sus funciones y le dieron origen, pero cuidando que no sean turnados a la persona titular que fungió como autoridad responsable, siendo improcedente el envío de estos asuntos a un Tribunal Colegiado de Apelación distinto.
23. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Región Centro-Sur), arribó a la conclusión de declarar existente el conflicto competencial suscitado entre Tribunales Colegiados de Apelación que consideran carecer de competencia funcional o de grado para conocer del amparo en el que se señala como autoridad responsable a alguno de los titulares de los extintos Tribunales Unitarios del Circuito, ello, pues ambos tribunales se rehusaron al conocimiento de dicho juicio de amparo. Por tanto, determinó que debía ser el Primer Tribunal Colegiado de Apelación de ese mismo Circuito (en cuyo órgano no integraba el Magistrado señalado como responsable), el que continuara conociendo de la demanda de amparo, al no justificarse que fuera el Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Colima, Colima, el que tuviera facultades para resolver un juicio de amparo indirecto cuando tiene la calidad de autoridad sustituta, por tener bajo su potestad constitucional el toca del que emanó el acto reclamado, resultando contrario al diseño normativo del juicio de amparo sostener que los magistrados integrantes de dicho Tribunal Colegiado de Apelación (con sede en Colima), unos puedan fungir como juzgadores de amparo y otros como autoridad responsable, de manera concomitante, en un mismo asunto, pues ello podría implicar, incluso, que se pudiera calificar la constitucionalidad de su actuar en la sentencia en caso de que se concediera el amparo y se requieran entre ellos como integrantes del mismo tribunal, su cumplimiento.
24. Concluyendo que el hecho de que los juicios de amparo indirecto que se hubieran promovido con anterioridad al inicio de sus funciones se deban tramitar de manera unitaria, no significaba que se le reconociera una competencia autónoma e independiente del tribunal de su adscripción al magistrado instructor, para conocer del juicio de amparo cuya génesis estaba en el expediente del propio tribunal.(9)
25. Pues bien, como se puede observar, el punto de toque que se actualiza en el presente asunto es precisamente determinar el Tribunal Colegiado de Apelación competente para conocer de un juicio de amparo promovido en contra de actos de los extintos Tribunales Unitarios de Circuito, si corresponde al propio órgano que inició funciones derivado de la extinción de los tribunales unitarios o a uno diverso, de la misma naturaleza, del que se haya turnado el expediente del que derive el acto reclamado.
26. QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Como se advierte, el punto de contradicción señalado en el considerando anterior, entraña el análisis de la transición de los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Apelación pues precisamente los conflictos competenciales donde se pronunciaron los órganos contendientes derivan de un juicio de amparo promovido en contra de actos de los extintos tribunales unitarios y que fueron turnados a aquellos tribunales de apelación creados en sustitución a éstos.
27. Por tanto, en primer término, se debe comenzar por desarrollar este cambio constitucional y legal que dio origen a los Tribunales Colegiados de Apelación.
28. Pues bien, por virtud de la reforma constitucional de marzo de dos mil veintiuno, se determinó la transformación de los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Apelación. El principal cambio, además de la denominación, respecto a estos órganos jurisdiccionales es que se les dio origen con una integración de tres Magistrados; lo anterior pues, según la exposición de motivos de la reforma constitucional, con ello se buscaba fortalecer el debate y el proceso deliberativo de los asuntos de su competencia. Anteriormente, este tipo de tribunales se conformaban por un solo integrante.
29. Aun cuando se realizó este cambio en la denominación e integración, se mantuvieron las competencias legales y constitucionales de este tipo de tribunales para conocer de los juicios de amparo indirecto en contra de actos emitidos por otros tribunales de la misma naturaleza, únicamente estableciendo que sería uno de los magistrados el que tramitaría y resolvería unitariamente el asunto.
30. Pues bien, para hacer efectiva esta reforma constitucional, se previó un régimen transitorio en el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, con ciertos lineamientos a cumplir en materia de administración jurisdiccional respecto a la transición de los Tribunales Unitarios de Circuito a Tribunales Colegiados de Apelación.
31. Merece la pena destacar los artículos Segundo, Tercero y Quinto, inciso a), que establecen lo siguiente:
“Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar la legislación secundaria derivada del mismo.
Tercero. A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria todas las menciones a los Tribunales Unitarios de Circuito y Plenos de Circuito previstas en las leyes, se entenderán hechas a los Tribunales Colegiados de Apelación y a los Plenos Regionales.
[...]
Quinto. En ejercicio de sus facultades regulatorias, el Consejo de la Judicatura Federal adoptará las medidas necesarias para convertir los Tribunales Unitarios de Circuito en Tribunales Colegiados de Apelación, y los Plenos de Circuito en Plenos Regionales, considerando los siguientes lineamientos:
a) En cada entidad federativa habrá, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación.
b) El establecimiento de los Plenos Regionales partirá de la agrupación de Circuitos según las cargas de trabajo y las estadísticas de asuntos planteados y resueltos.”
32. Como se advierte, se estableció la obligación del Congreso de la Unión de aprobar la legislación secundaria derivada del mismo; que toda referencia a los Tribunales Unitarios de Circuito se entenderían hechas a los Tribunales Colegiados de Apelación; y que el Consejo de la Judicatura Federal adoptaría las medidas necesarias para convertir aquellos en éstos nuevos tribunales, considerando que en cada entidad federativa hubiera, al menos, un Tribunal Colegiado de Apelación. 33. En consecuencia, el siete de junio de dos mil veintiuno, se emitió el Decreto por virtud del cual se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se reformó la Ley de Amparo en las que, en lo que interesa, se sustituyeron todas las referencias a los citados Tribunales Unitarios por Tribunales Colegiados de Apelación, en especial en los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(10)
34. En esta reforma legal también se estableció un régimen transitorio que apoyaría en la implementación de los Tribunales Colegiados de Apelación. Se destacan los siguientes:
“Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente:
I. Las disposiciones relativas a los Tribunales Colegiados de Apelación en sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, entrarán en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
II. Las disposiciones relativas a los plenos Regionales en sustitución de los plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal.
III. Entrarán en vigor en la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación realice la declaratoria a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de este Decreto:
a) El artículo segundo del presente Decreto;
b) Las disposiciones relativas a la Escuela Federal de Formación Judicial, y
c) Las nuevas categorías de la Carrera Judicial.
IV. Las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, entrarán en vigor a los 18 meses de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
V. La reforma al artículo 218 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor a los 6 meses de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
[...]
Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.”
35. Particularmente, se dijo que las disposiciones relativas a dichos tribunales en sustitución de los tribunales unitarios entrarían en vigor de manera gradual y escalonada en un plazo no mayor a dieciocho meses contados a partir de la entrada en vigor de la reforma legal, de conformidad con los acuerdos que el Consejo de la Judicatura Federal emitiese y, por su parte, también que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto continuarían tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
36. Entonces, hasta aquí se tiene que, con motivo de las reformas constitucional y legal, el legislador determinó la creación de los nuevos órganos colegiados, se dejaron a salvo sus competencias jurisdiccionales, previó en el articulado transitorio la forma en que, paulatinamente, entrarían en funciones los nuevos Tribunales Colegiados de Apelación, respetando los procedimientos iniciados con anterioridad y encargó, digamos, la tarea de regular esta transición administrativa al Consejo de la Judicatura Federal a través de los instrumentos normativos que expidiera.
37. Así, no sólo encontramos la justificación constitucional y fundamentación legal de la creación de estos nuevos órganos jurisdiccionales, sino también el antecedente legislativo que dio pauta a que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera el Acuerdo General 24/2022 que, para el caso, resulta relevante mencionar.
38. En efecto, en cumplimiento al régimen transitorio legal antes señalado, se emitió el “Acuerdo General 24/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la integración, organización y funcionamiento de los Tribunales Colegiados de Apelación”, en el que reguló distintas cuestiones. Para el caso, importa señalar las siguientes.
39. En primer término, que los asuntos que conocieran los Tribunales Colegiados de Apelación como órgano de segunda instancia se resolverían de manera colegiada, salvo los iniciados con anterioridad a la citada reforma y las de tramitación urgente; asimismo, estableció que los juicios de amparo se resolverían de forma unitaria por cada magistrado a quien se le turnaran y que aplica la misma regla de resolución para aquellas cuestiones relacionadas con el cumplimiento, ejecución y archivo de los juicios de amparo; así como las cuestiones incidentales o cualquier otra que se suscite durante su tramitación.(11)
40. También se determinó, en el artículo 45 del referido acuerdo, que ante el supuesto de que se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de actos de un Tribunal Colegiado de Apelación, se debe atender a la regla del artículo 36 de la Ley de Amparo:
“Artículo 45. Competencia para conocer de juicios de amparo indirecto. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando se promueva un juicio de amparo indirecto en contra de actos de un Tribunal Colegiado de Apelación:
I. Si se combaten actos de un Tribunal en algún circuito donde haya dos o más, conocerá del asunto otro de dicho circuito.
II. Si se combaten actos de un Tribunal en algún circuito donde éste sea el único, conocerá del asunto el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. Los Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal especificarán cuál es el Tribunal más próximo a la residencia del que haya emitido el acto reclamado tomando en cuenta la facilidad de las comunicaciones, con el objeto de dar certeza a las personas justiciables y a los propios órganos.”
41. Ahora, vale la pena resaltar que la implementación de este artículo, dentro del Título IV del referido acuerdo, se debió a que “considerando que la reforma solo se centró en la colegiación de la apelación o alzada, y con el objeto de garantizar la celeridad y la economía procesal en beneficio de una adecuada administración de justicia, se prevé que tanto la tramitación como la resolución de los juicios de amparo serán unipersonales. Además, se establecen las reglas básicas para la distribución interna de asuntos, la fijación de las fechas de audiencias y el personal que auxiliará a la Magistrada o Magistrado instructor, quien también emitirá las sentencias que correspondan. También previó, entre otras cosas, en el considerando Décimo Cuarto que, dada la reglamentación unipersonal del juicio de amparo indirecto prevista en la Ley de Amparo, así deberían seguirse tramitando y resolviendo los que conocieran los tribunales de nueva creación, apuntando que pensar de otra manera resultaría contradictorio con las propias disposiciones de la Ley de Amparo.”
42. Finalmente, en el artículo Segundo transitorio del referido acuerdo general, se estableció lo siguiente:
“SEGUNDO. Para cada Tribunal Colegiado de Apelación, este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal disponga en los respectivos acuerdos generales de inicio de funciones de dichos Tribunales.
Hasta en tanto entre en vigor para cada Tribunal Colegiado de Apelación el presente acuerdo, continuarán siendo aplicables las disposiciones que regulan la operación y funcionamiento de los Tribunales Unitarios de Circuito, incluyendo las relativas a su número, límites territoriales, jurisdicción territorial y especialización por materia.
Los acuerdos generales de inicio de funciones de los Tribunales Colegiados de Apelación deberán contener, entre otras disposiciones:
[...]
VII. El destino, tramitación y traslado de los procedimientos iniciados con anterioridad al inicio de funciones de cada Tribunal Colegiado de Apelación; los cuales continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Con motivo de la conclusión de funciones de cada Tribunal Unitario de Circuito, deberán preverse disposiciones que garanticen una equitativa distribución de los asuntos entre las tres Magistradas o Magistrados que integren el Tribunal Colegiado de Apelación...”.
43. Con la previsión anterior se determinó un sistema de distribución o turno de los asuntos que hayan estado radicados en los extintos Tribunales Unitarios de Circuito a los nuevos órganos colegiados, respetando su trámite y resolución de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento.
44. Esto es, el Consejo de la Judicatura Federal, consideró importante que, como parte de la regulación sobre la transición de estos nuevos tribunales, se aplicarían determinadas reglas de la Ley de Amparo respecto a la tramitación y resolución de los juicios de amparo de manera unipersonal; de los cuales conocerían los tribunales de nueva creación. Entre ellos, el artículo 36 de la referida ley reglamentaria.
45. Se enfatiza en lo anterior toda vez que, en aras de dar certeza administrativa para el funcionamiento de los nuevos Tribunales Colegiados de Apelación, es que el Consejo de la Judicatura Federal consideró importante emitir un pronunciamiento acerca de la interpretación a ciertas disposiciones del Acuerdo General 24/2022. Para el caso, importa resaltar aquellas destinadas a reglamentar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33128-34c97f7e/competencia-para-conocer-del-amparo-indirecto-promovido-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA. PARA DETERMINA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE LOS EXTINTOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO, CUANDO EL MAGISTRADO O MAGISTRADA SEÑALADO COMO AUT (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN A (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE UN EXTINTO TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA DEBE APLICARSE LA REGLA DEL ARTÍCULO 36 DE LA LE (1a./J. 13/2025 (11a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN AUTORIDAD RESPONSABLE SUSTITUTA DE UN (III.3o.P.6 K (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS DERIVADA DE CONFLICTOS COMPETENCIALES SUSCITADOS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN PARA CONOCER DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CU (PR.P.CS.6 K (11a.))
- CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS GENERALES (I.9o.P.69 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis