COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 326/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAIME SANTANA TURRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil (penal), corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, se encuentra legitimado, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda, se sustentó en un amparo directo penal de su índice.
TERCERO. Existencia de la contradicción de tesis.
I. Ejecutorias que participan de la contradicción. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, el **********, resolvió el amparo en revisión **********, cuyas consideraciones, en lo que interesa, son las siguientes:
"Reseña la anterior de la que se aprecia que, el acto reclamado por el referido quejoso (auto de formal prisión), por su naturaleza es de aquellos que requieren de ejecución material, en la medida en que se emite con la finalidad de afectar provisionalmente la libertad deambulatoria del gobernado contra el cual se dicta.
"Lo anterior es así, porque el auto de plazo constitucional como el que constituye el acto reclamado, tiene como efectos jurídicos el sujetar a proceso al inculpado, ahora procesado, quedando sometido a la potestad del Juez, asimismo, señala el procedimiento ordinario a seguir; precisa los hechos y el delito por el que se ha de seguir el proceso y justifica la detención cautelar del procesado (prisión preventiva).
"Consecuentemente, para determinar la competencia por razón de territorio, resulta aplicable la regla prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque ésta se refiere a actos que requieren ejecución material, lo que en la especie acontece con el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa.
"Cierto, para la resolución del presente asunto, debe atenderse a la hipótesis de competencia por territorio prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, a la jurisdicción del Magistrado del Tribunal Unitario donde se ejecuta el acto reclamado, para lo cual debe señalarse que el quejoso en su demanda de amparo indicó que actualmente se encuentra interno en el reclusorio preventivo norte del Distrito Federal, circunstancia que se corrobora con las constancias existentes en la referida causa penal, de las que se advierte que efectivamente el impetrante del amparo se encuentra recluido preventivamente en ese lugar, bajo los efectos del auto de formal prisión que le fue decretado el **********, en el toca de apelación **********, por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, al modificar el auto de plazo constitucional, emitido el **********, por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, autorizado para desempeñar funciones de Juez de Distrito, en el exhorto **********, relativo al diverso **********, deducido de la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, instruida en contra del actor constitucional, como probable responsable del delito de **********, previsto y sancionado por los artículos 2o., fracción V y 4o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el diverso de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, en agravio de **********, previsto y sancionado por el artículo 366, fracción I, inciso a) y II, incisos c) y d), del Código Penal Federal.
"Ahora bien, debe precisarse que del cuaderno de amparo indirecto ********** del índice del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se advierte que mediante proveído de **********, dicho órgano de control constitucional, admitió a trámite la demanda de garantías promovida por **********, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio la intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo el **********.
"El **********, en virtud de que el asunto se encontraba en las hipótesis de tiempo y características precisadas en el oficio ********** de ********** de esa anualidad, signado por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a que el Cuarto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, apoyaría a los Tribunales Unitarios de este circuito, se remitió dicho amparo indirecto a tal órgano jurisdiccional auxiliar, para que dictara la resolución respectiva, lo que ocurrió el ********** y se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.
"De lo que se evidencia que con ello se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, porque la resolución de amparo, debió ser emitida por un Tribunal Unitario en el Distrito Federal, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, por ser ese lugar donde se ejecuta el acto reclamado y, por ende, debe ordenarse la reposición del procedimiento en el amparo indirecto de donde emana la revisión que ahora se resuelve.
"Asimismo, es pertinente destacar que si bien el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que: ‘... De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante Juez de Distrito. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.’; y que por ello, deba entenderse que en tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos que no constituyen sentencia definitiva, debe conocer el Tribunal Unitario más próximo al lugar de residencia del órgano jurisdiccional similar responsable, o bien, cuando existan dos o más Tribunales Unitarios en el mismo lugar, debe hacerlo otro del mismo circuito al que emitió el acto reclamado; cierto es que en el caso, no se contradice con la regla de competencia prevista en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, relativa a que cuando la resolución impugnada requiere de ejecución material, debe ser el del lugar en que se ejecuta la misma, por el contrario, guardan íntima relación y se complementan, pues el primero da competencia a los Tribunales Unitarios para conocer de los juicios de amparo indirecto cuando el acto reclamado sea dictado por otro órgano jurisdiccional de igual categoría, mientras que el segundo se refiere al lugar de ejecución del mismo, como en el caso, en que se impugna la sentencia de segunda instancia dictada el **********, en el toca de apelación **********, por la que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, modificó el auto de plazo constitucional, emitido el **********, por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, autorizado para desempeñar funciones de Juez de Distrito, en el exhorto **********, relativo al diverso **********, deducido de la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, instruida en contra del actor constitucional, como probable responsable del delito de **********, cuyos efectos se producen en el Distrito Federal, por encontrarse el quejoso interno en el reclusorio preventivo norte de esa entidad federativa.
"Sin que para lo anterior, se soslaye la existencia de la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 147/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 174 del Tomo XXXIII, enero de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que por rubro dice: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’; porque ésta se refiere a cuando el quejoso se encuentra en prisión preventiva bajo los efectos del auto de formal prisión, en un reclusorio ubicado en el lugar que coincide con el de residencia del Juez de la causa, misma que en el caso no aplica, porque si bien el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se encuentra en el lugar de residencia del juzgado del proceso y del Tribunal Unitario que emitió el acto reclamado, el actor constitucional se encuentra detenido preventivamente en el reclusorio norte del Distrito Federal, por ende, es donde se ejecuta el auto de plazo constitucional impugnado; lugar donde tienen jurisdicción los Tribunales Unitarios del Primer Circuito, con sede en la última de las entidades federativas mencionadas, conforme al primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo." (fojas 173 a 184)
El anterior asunto dio origen a la tesis aislada II.1o.P.153 P, del tenor siguiente:
"Novena Época
"Núm. registro: 162917
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXIII, febrero de 2011
"Materia(s): Común
"Tesis: II.1o.P.153 P
"Página: 2267
"COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE ACTOS RECLAMADOS A UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. PARA SU DETERMINACIÓN ES NECESARIO PRECISAR SI EL ACTO RECLAMADO REQUIERE O NO DE EJECUCIÓN MATERIAL. El artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que serán competentes, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo indirecto, los Jueces de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación refiere que los Tribunales Unitarios de Circuito serán competentes para conocer en amparo indirecto de actos reclamados a otro Tribunal Unitario de Circuito, siendo competente el tribunal más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Ahora bien, de una interpretación sistemática de dichos preceptos se concluye que la regla establecida en el numeral citado en último término, sólo será aplicable cuando el acto reclamado a un Tribunal Unitario de Circuito no requiera de ejecución material; sin embargo, cuando dicho acto, por su naturaleza, si requiera de ésta, será competente el Tribunal Unitario de Circuito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado, con independencia del lugar en el cual radique la autoridad que dictó el acto impugnado. Se afirma lo anterior, porque para determinar la competencia, por razón de territorio, de los órganos que deban conocer de los juicios de amparo indirecto, primero, como regla general, es necesario razonar si conforme a su naturaleza el acto reclamado requiere o no de ejecución material, y luego establecer cuál, atendiendo a tal naturaleza, debe ser el competente. Por tal motivo, si se concluye de que aquél sí requiere de ejecución material, resulta inconcuso que debe estarse a la regla general contenida en el mencionado artículo 36, primer párrafo, sin que importe el lugar de residencia de la autoridad que hubiese emitido el acto reprochado en sede constitucional; empero, si dicho acto no requiere de ejecución material, es evidente que sólo hasta entonces podrá decirse que la competencia del Juez o Tribunal Unitario de amparo que conozca del juicio de garantías, dependerá del lugar en donde radique la autoridad que emitió el acto reclamado y aplicarse, en el caso de los Tribunales Unitarios de Circuito, de forma literal el invocado numeral 29, fracción I, de la ley orgánica. El criterio anterior no implica que se inobserve la jurisprudencia 1a./J. 147/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 174, de rubro: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’, pues ésta se refiere a los casos en los cuales el quejoso se encuentra en prisión preventiva bajo los efectos del auto de formal prisión, en un reclusorio cuya residencia coincide con el lugar en donde está ubicado el Juez de la causa y, por ende, es en dicho lugar donde se está ejecutando el acto reclamado, por ello, se considera que será un órgano que ejerza jurisdicción sobre éste el que deba conocer del juicio de amparo."
Posteriormente, el **********, dicho Tribunal Colegiado resolvió en idéntico sentido el conflicto competencial *********. (fojas 185 a 206)
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, al resolver el amparo en revisión **********, el **********, en la parte que interesa expuso:
"TERCERO. Resulta innecesaria la transcripción de la parte considerativa de la sentencia impugnada y de los agravios expresados por el recurrente, en tanto que este Tribunal Colegiado advierte en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, pues, a razón de los principales efectos (materiales) del acto reclamado y el lugar en donde se encuentra el quejoso en reclusión preventiva (Centro de Ejecución de Sanciones en Altamira, Tamaulipas), es incuestionable que, con base a las reglas de competencia que para conocer de un juicio de amparo establece el artículo 36 de la ley invocada, la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, de manera incorrecta estimó ser competente para resolver el juicio de garantías que constituye la materia de la revisión.
"Para evidenciar la conclusión predicha, en primer término, se estima necesario recapitular los principales argumentos relativos a los efectos del fallo que en una apelación confirma un auto de formal prisión y a la competencia para conocer de un juicio de amparo, en los términos que a continuación se exponen:
"En cuanto a los efectos de la resolución que en una apelación confirma un auto de formal prisión, debe apuntarse que la Primera Sala del Alto Tribunal, previo examen de los tópicos relativos al auto de formal prisión y sus efectos jurídicos, así como de la figura de la apelación como recurso ordinario en contra de un auto de formal prisión dictado en primera instancia y sus efectos jurídicos, al respecto determinó que:
"Los principales efectos de la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, sí tienen materialidad, pues, con dicha conducta jurisdiccional, el tribunal de alzada reconoce que no se actualiza ningún supuesto que permitiese revocar el auto y, en su caso, dictar la inmediata libertad del inculpado, lo que se traducía, entre otro supuesto, en que dicho inculpado permaneciese privado, en forma cautelar, de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva, a disposición del juzgador de primera instancia. Y en ese sentido, concluyó que la resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, constituye un acto con efectos materiales, al repercutir directamente en la libertad personal del inculpado, en tanto que dicha libertad se encontrará provisionalmente restringida no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también en razón a su confirmación en segunda instancia, al continuar privado cautelarmente de su libertad como consecuencia positiva de este último fallo.
"Razones que, antes sintetizadas, integraron en parte el motivo de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 147/2005, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, Novena Época, página ciento setenta y cuatro, con epígrafe siguiente: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (se transcribe).
"Ahora bien, el Pleno del Alto Tribunal también ha sostenido que las cuestiones de competencia, además de que se constituyen en presupuestos procesales y de orden público, están elevadas a rango constitucional y reglamentadas por la ley de la materia; es decir, en el caso particular, la competencia constitucional de los Juzgados de Distrito y, por identidad procesal sustancial, de los Tribunales Unitarios, está prevista por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada por el artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación al numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"El artículo 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, que a la letra dice: (se transcribe).
"Estatuye que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito y en su caso, dado el principio de identidad jurídica sustancial, ante el Tribunal Unitario, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacándose que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; de esta manera, siendo ésta la intención del legislador, de que esencialmente se fije la competencia de la autoridad de control constitucional, para conocer de un juicio de amparo, atendiendo al lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, es que no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier autoridad de control constitucional para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente.
"Orienta lo señalado, la tesis aislada sustentada por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Materia Común, Quinta Época, página treinta y ocho, que literalmente dice: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. Para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional, tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trata de ejecutarse, siendo esto lo que principalmente fija la competencia del Juez.’
"Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación al numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que literalmente dicen: (se transcriben).
"Reglamentan los supuestos básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito y, por identidad procesal sustancial, de los Tribunales Unitarios, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Supuestos que, para una mejor comprensión técnica, a partir de lo que al respecto han estimado el Pleno y la Primera Sala del Máximo Tribunal, pueden concretarse en las reglas que se puntualizan a continuación:
"i) Será competente el Juez de Distrito (o el Tribunal Unitario) del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;
"ii) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces (o Tribunales Unitarios) de esas jurisdicciones, a prevención; y,
"iii) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito (el Tribunal Unitario) en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.
"De donde se hace manifiesto, que la primera regla se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito o Tribunal Unitario, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una diversa autoridad.
"Mientras que la segunda previsión normativa, sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo.
"Y la última regla, consistente en que cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, será competente el Juez de Distrito o Tribunal Unitario en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, requiere la evidencia en autos de que la responsable emisora del acto que se reclama (que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez de Distrito o Tribunal Unitario, para que éstos sean los que naturalmente, en su caso, conozcan del juicio de garantías.
"Siendo que tales reglas, como lo ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueron establecidas por el legislador con el propósito de buscar facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiese disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender de una manera adecuada y permanente el desenvolvimiento del juicio que promueva.
"Corrobora lo anterior, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 48/2005, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Materia Penal, Novena Época, página cinco, que literalmente dice: ‘COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN.’ (se transcribe).
"Por otra parte, debe destacarse que en los autos del juicio de amparo indirecto que se revisa, en lo que interesa, se advierte lo siguiente:
"a) El quejoso de que se trata, en su escrito de demanda de amparo, entre otras cosas, señaló que estaba privado de su libertad en el ‘Centro Preventivo y de Readaptación Social de Altamira, Tamaulipas’, y solicitó la protección constitucional en contra de la resolución de **********, dictada en el toca de apelación **********, por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se modificó (sólo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos) el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, en auxilio de las labores del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la causa penal **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de **********; y,
"b) Durante la tramitación legal del juicio de amparo indirecto, en el que la autoridad jurisdiccional responsable aceptó haber sustanciado y resuelto, en el toca penal **********, la apelación interpuesta por **********, contra el ya descrito auto de formal prisión dictado en su contra como probable responsable de la comisión del delito de **********, fueron girados varios exhortos al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para que notificara personalmente al quejoso de que se trata las diversas resoluciones (acuerdos y sentencia) pronunciadas dentro del mismo; los cuales fueron legalmente diligenciados por el actuario judicial adscrito al tribunal exhortado, precisamente en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, dado que en dicho lugar el aludido quejoso se encuentra recluido provisionalmente con motivo del fallo de segunda instancia reclamado.
"Inclusive, de las constancias que integran el cuaderno del amparo en revisión que ahora se resuelve, se advierte que la presidencia de este Tribunal Colegiado ordenó girar diversos despachos al Juez de Distrito de turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, para que notificara personalmente al recurrente los acuerdos de trámite que al efecto fueron emitidos, dado que aquél se encontraba privado de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; los cuales también fueron legalmente diligenciados, en el referido centro de reclusión, por el actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico.
"Así pues, sobre las premisas legales y antecedentes relatados, es posible establecer que, en el caso particular, el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, consistente en la resolución de **********, dictada en el toca de apelación **********, por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en la que se modificó el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en la ciudad de Tampico, en auxilio de las labores del Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en la causa penal **********, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de **********, constituye un acto que importa una ejecución material; pues si tal resolución convalidó los principales efectos jurídicos del auto de formal prisión, entre otros, la justificación de la detención cautelar del procesado ahora recurrente -prisión preventiva-, no obstante la modificación que se hizo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos, es inconcuso que repercute en la libertad personal del quejoso, al continuar privado cautelarmente de su libertad, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también por la resolución que en segunda instancia, aunque modificó sólo para adicionar lo relativo a la suspensión de los derechos políticos, revalidó positivamente los efectos legales de aquél.
"De esta manera, si el quejoso de que se trata se encuentra en reclusión preventiva, con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra en primera instancia y convalidado en esencia en la reclamada resolución de segunda instancia, en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas; como se corrobora con los diversos exhortos que obran en los autos del juicio de amparo indirecto que se revisa, mediante los cuales se solicitó auxilio al Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la notificación al quejoso referido de diversos proveídos de trámite y de la sentencia emitida en el mismo, en ese centro de reclusión donde éste se encuentra recluido, incluso con los despachos que obran en el cuaderno del amparo en revisión, por los que se notificó en forma personal al quejoso los acuerdos de trámite dictados por la presidencia de este Tribunal Colegiado, precisamente en el centro de reclusión mencionado; entonces deviene incuestionable que la ejecución del fallo de segunda instancia reclamado, tiene verificativo en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, pues en dicho lugar está el centro carcelario en donde el quejoso está recluido de manera preventiva.
"Y esa tesitura, desde luego conforme a las y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23463-5ad1e92c/competencia-de-los-tribunales-unitarios-de-circuito-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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