COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE DECRETA COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL TRIBUNAL QUE CONOCE DE LA CAUSA PENAL, AUNQUE NO COINCIDA CON LA DEL LUGAR DE RECLUSIÓN DEL QUEJOSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE LUIS MEJÍA PEREA, ROBERTO HOYOS APONTE, RICARDO GARDUÑO PASTEN Y ARTURO RAFAEL SEGURA MADUEÑO. DISIDENTE: SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: RICARDO GARDUÑO PASTEN. SECRETARIO: JAIME FABIÁN MARTÍNEZ ORDAZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Circuito, especializados en materia penal.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por uno de los órganos contendientes.
TERCERO.—Posturas contendientes.
1. Resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el conflicto competencial 12/2019.
1.1 Antecedentes:
El cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, tuvo por recibida la demanda de amparo indirecto promovida contra el acto reclamado al Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, consistente en la determinación de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada en audiencia de emisión de fallo de la causa penal 916/2016, en la que se decretó contra el quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Proveído en el que registró la demanda con el número 288/2019-III; sin embargo, declaró carecer de competencia legal por razón del territorio, por lo que remitió el asunto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre.
Por razón de turno, la demanda se recibió en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en esta ciudad, donde en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, se registró con el número 297/2019, cuyo titular de igual forma se declaró legalmente incompetente por la misma razón, y remitió el asunto al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León.
En acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en León, recibió de nueva cuenta la demanda, registrándola con el número de orden 326/2019; empero, insistió en declarar su legal incompetencia, ordenando devolver los autos al Juzgado de Distrito remitente.
Finalmente, por acuerdo de veinticuatro de abril del año que transcurre, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, ante la insistencia de incompetencia del Juzgado Cuarto referido, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en turno, con la finalidad de resolver el conflicto competencial.
1.2 Resolución del conflicto competencial.
En sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito consideró que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato era el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, con base en lo siguiente:
I. En el considerando TERCERO, señaló que sí existía conflicto competencial, en virtud de que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, consideró que era competente el órgano que tenga jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados tienen ejecución; por lo cual, si el acto reclamado por el quejoso tiene ejecución en el lugar donde se encuentra detenido, en el caso, el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, entonces el juzgador en turno perteneciente a esa circunscripción, es quien debía conocer de ella, con fundamento en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.
Mientras que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, no compartió esa opinión, debido a que, a su parecer, su homólogo sólo atendió al lugar donde se encuentra recluido el quejoso, sin tomar en cuenta que el acto reclamado tiene ejecución tanto en el lugar donde se lleva a cabo el proceso como aquel en el que se encuentra interno el accionante de amparo; que los efectos de una medida cautelar se trasladan directamente al proceso, por lo que, en el caso particular sería competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez o tribunal de enjuiciamiento que conoce el proceso penal y no donde está recluido; ello de conformidad con el segundo párrafo del artículo 37 de la ley en la materia.
II. En el considerando CUARTO, determinó que el competente para conocer de la demanda de amparo era el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, bajo las siguientes consideraciones:
1) El artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de la demanda de amparo, la primera de ellas se refiere a cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar en que deba, trate, se esté o se haya ejecutado.
2) Que para saber qué juzgador es el competente, esto es, si el del lugar donde el quejoso se encuentra recluido, o bien, el de donde se encuentra la causa penal, es necesario primero definir cuál es el efecto de la medida cautelar reclamada.
3) Que el quejoso reclamó la resolución de quince de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la que se decretó prisión preventiva justificada y ordenó el internamiento del quejoso en un centro federal, y que de los antecedentes relatados en la demanda de amparo se desprendía que aquél se encontraba recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato.
4) Que en el caso particular era innegable que la ejecución material se ha venido suscitando simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes, siendo en donde deriva la causa penal (Guanajuato, Guanajuato), y en donde se encuentra recluido, esto es en Ocampo, Guanajuato (León, Guanajuato), por lo que para saber qué órgano jurisdiccional es competente deberá atenderse a la naturaleza de la medida cautelar y conocer sus efectos.
5) Que del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada es garantizar con suficiencia (1) la comparecencia del imputado al juicio; (2) el desarrollo de la investigación; y (3) la protección de la víctima, del testigo o de la comunidad.
6) Que además, la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada se materializa fundamentalmente en dos aspectos: el primero, asegurar la presencia del imputado a través de su detención y, el segundo, asegurar que las etapas del proceso se cumplan en sus términos.
7) Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), estableció que para fijar la competencia territorial de un órgano de amparo, en los casos en los que la ejecución del acto reclamado ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales distintos, pero uno de ellos repercute directa y principalmente en el proceso, se surten circunstancias excepcionales entre autoridades judiciales, esto es, entre la del proceso y la que conozca del amparo, convirtiendo a ésta en la jurisdicción rectora por sobre el lugar de reclusión del quejoso, lo anterior con la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que citó por igualdad de razón la jurisprudencia indicada de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO."(1)
8) Que acorde a lo establecido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los efectos de la determinación que en el particular se reclamó, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se trasladan directamente al proceso y ahí tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del Juez de la causa al que el procesado está sometido.
9) Que la maximización de dicho principio constitucional se verá reflejada al procurarse que la impugnación en sede constitucional de la regularidad de esa medida privativa de la libertad, se suscite en la misma demarcación territorial en la que se encuentran las constancias judiciales que sirvieron de base para su imposición, evitando con ello dilaciones innecesarias en la integración del expediente, rendición de informes y ofrecimiento de pruebas por virtud de la distancia entre el lugar donde se tramita el juicio de amparo y aquel en el que tiene su domicilio las autoridades responsables, o bien, previniendo la obstaculización del ejercicio del derecho a la defensa del quejoso ante un eventual traslado penitenciario, incluso evitando la emisión de sentencias de amparo contradictorias con respecto a determinaciones vinculadas a las que ahora se reclama, dada la factibilidad de que el quejoso llegue a ser reubicado a una demarcación territorial distinta.
10) Que el criterio mencionado era aplicable por analogía, porque si bien hace alusión a un auto de formal prisión, tanto éste como la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, tienen como naturaleza y principal finalidad proseguir el proceso penal hasta su culminación, siendo el lugar en donde esté el elemento rector para fijar la competencia territorial del órgano de amparo que deba conocer de dicho reclamo.
11) Por ello, estimó que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, era quien debía conocer de la demanda, al ser quien tiene jurisdicción en el lugar en donde se tramita el proceso penal en contra del impetrante, en tanto que se está en presencia de un acto que tiene ejecución material fundamentalmente en lo concerniente a la consecución del proceso penal al que éste se encuentra sujeto.
2. Resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en el conflicto competencial 16/2018.
2.1 Antecedentes.
En auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, tuvo por recibida la demanda de amparo indirecto promovida contra el acto reclamado al Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, consistente en la parte de la audiencia de cinco de mayo de dos mil dieciocho, en la que se ocupó del tópico de medidas cautelares y decretó prisión preventiva oficiosa contra los quejosos.
Proveído en el que registró la demanda con el número 438/2018, la admitió a trámite, y seguido el juicio por sus cauces legales, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitió resolución en la que determinó, con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que era legalmente incompetente para resolver del juicio de amparo promovido por los quejosos por razón del territorio, al considerar que reclaman la parte de la audiencia de vinculación a proceso, exclusivamente, en el tópico de medidas cautelares, en específico la prisión preventiva oficiosa decretada en su contra por el Juez de Control, ya que del informe justificado se desprendía que dicha medida tiene su ejecución en el lugar donde se encuentran detenidos, esto es, en el Centro Federal de Reinserción Social número 12 "CPS-Guanajuato", lugar donde ejercen su competencia territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en el Municipio de León, por lo que son éstos los legalmente competentes para resolver el asunto, ordenando remitir la demanda al Juez de Distrito en turno, con sede en esa demarcación territorial.
Por razón de turno, la demanda se recibió en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, donde en auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se registró con el número 755/2018, cuyo titular de igual forma se declaró legalmente incompetente por la misma razón, y ordenó devolver el asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato.
En acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, recibió de nueva cuenta la demanda; empero, insistió en su incompetencia, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito en turno, con la finalidad de resolver el conflicto competencial.
2.2 Resolución del conflicto competencial.
En sesión de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito resolvió que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, era el legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, lo cual se sustentó en lo siguiente:
I. En el considerando TERCERO, se señaló que existía conflicto competencial entre los juzgados de distrito contendientes, en razón de que consideraron carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por el defensor público del imputado en el que señaló como acto reclamado la prisión preventiva decretada en la audiencia pública de cinco de mayo de dos mil dieciocho, en el proceso penal 433/2018, dictado por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato.
II. En el considerando CUARTO concluyó que el competente para conocer de la demanda de amparo, lo era el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, ello con base en las siguientes consideraciones:
1. Que de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo se desprende que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para definir, qué Juez de Distrito debe conocer del medio de control constitucional; por ende, aunque la autoridad que dicta u ordena la resolución reclamada puede llegar a desempeñar un papel fundamental en la afectación de los derechos fundamentales del quejoso, el legislador le da preeminencia a la ejecución del acto.
2. Dicha circunstancia resulta lógica, desde la perspectiva que el peticionario así puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, ya que sí puede instar la acción constitucional ante el juzgador que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, ello le brinda mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al Juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida.
3. Que el acto reclamado lo constituye la parte de la audiencia pública del cinco de mayo de dos mil dieciocho, que exclusivamente se ocupa del tópico de medidas cautelares, y decreta prisión preventiva oficiosa a los quejosos, respecto de lo cual existe pronunciamiento orientador emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que respecto de la libertad de quien se encuentre privada de ella, actos como los que ahora se combaten en la demanda de derechos humanos, sí tienen una ejecución material.
Criterio del tenor siguiente:
Décima Época.
Registro: 2006160.
Instancia: Primera Sala.
Tipo de Tesis: Jurisprudencia.
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 5, Tomo I, abril de 2014.
Materia: Común.
Tesis: 1a./J. 14/2014 (10a.).
Página: 633.
"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el Juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un Juez de Distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido."
Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas.
4. Que del artículo 37 de la ley en la materia se podían advertir tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, siendo la que interesa la relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado.
5. Que si la persona se encuentra privada de la libertad en virtud de una medida cautelar dictada en su contra, es indudable que continuará privada de su libertad en el lugar destinado para su reclusión, por lo que conforme a la citada regla de competencia, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en que esté recluido.
6. Lo anterior permitía evidenciar, que si como ocurre en el caso, los actos reclamados se relacionan con quejosos privados de la libertad personal en cumplimiento a una medida cautelar, es decir, prisión preventiva oficiosa, entonces el Juez competente para conocer de la demanda de amparo es el que ejerce jurisdicción en el lugar donde aquéllos están recluidos; por lo que si ello actualmente es en el Centro Federal de Reinserción Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato, el competente para conocer de la demanda de amparo es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León; es decir, es viable sostener que éste debe conocer de la demanda de amparo promovida por la defensa de los quejosos, en razón de que tiene jurisdicción en el lugar en donde se ejecuta el acto reclamado, a partir de lo que orienta la Primera Sala aplicado al caso, tienen ejecución material.
7. Aunado a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en términos de dicho acuerdo, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, tiene competencia territorial, entre otros, en el Municipio de Ocampo, Guanajuato, donde se encuentra ubicado el señalado centro de reclusión.
8. Que no era aplicable el criterio jurisprudencial «1a./J. 118/2011 (9a.)» invocado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.", en razón de que dicha jurisprudencia trata el tema de la competencia para conocer de la demanda promovida contra el auto de formal prisión y no respecto de la aplicación de una medida cautelar, que en este caso lo es la prisión preventiva oficiosa, que es el tema a estudio en el indicado conflicto competencial.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
Sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, como se pasa a demostrar.
Es pertinente indicar que resulta necesario pronunciarse en torno a la existencia de la contradicción de tesis, pues sólo en tal supuesto es factible que este Pleno de Circuito emita una decisión en cuanto al fondo de la presente denuncia. Para ello, es indispensable tomar en consideración lo siguiente:
La intervención de este Pleno de Circuito se justifica por la necesidad de unificar criterios para así dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia; por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, es menester esa unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(2)
Con relación a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es necesario que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.(3)
Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, por tesis debe entenderse, para estos efectos, el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(4)
De esta manera, puede concluirse, que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados de circuito resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
En efecto, ambos Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los conflictos competenciales examinaron una cuestión jurídica, esencialmente igual, como es, la competencia por territorio, en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la demanda de amparo indirecto promovida contra un acto en el que se decretó contra los quejosos la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, ante esta situación similar adoptaron diferentes posturas como se muestra a continuación:
1. En el conflicto competencial 12/2019, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, estimó que de conformidad con lo establecido por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto, en el que se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y que ordenó el internamiento del quejoso en un centro federal (ya recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato), corresponde al Juez de Distrito del lugar de residencia donde se tramita el proceso, en virtud de que los efectos de la medida cautelar mencionada se trasladan directamente al proceso y ahí tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del Juez de la causa al que el procesado está sometido.
2. En el conflicto competencial 16/2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, consideró que el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo indirecto, en la que se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es el Juez de Distrito con residencia en el lugar en donde el quejoso se encuentre recluido, por ser el lugar en donde el acto reclamado tiene ejecución de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo.
Como puede observarse, el primer requisito para declarar la existencia de la contradicción de tesis se tiene por satisfecho.
Segundo requisito: punto de toque o contacto en torno a un mismo problema jurídico.
Se estima que este segundo requisito se encuentra cumplido, porque los ejercicios interpretativos de los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica.
Es así, porque en ambos casos los quejosos se encontraban recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", municipio de Ocampo, Guanajuato; quienes señalaron como acto reclamado la determinación de un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.
Esto es, sí existen pronunciamientos que encuentran un punto de contacto, pues para el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, la competencia para conocer de una demanda de amparo, en la que se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el quejoso sea recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", en Ocampo, Guanajuato, corresponde al Juez de Distrito del lugar de residencia donde se tramita el proceso; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de idéntica materia y circunscripción, consideró que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo era el del lugar donde el quejoso se encontraba recluido.
Conclusiones a las que arribaron precisamente de la aplicación e interpretación del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
De manera que sí existe un punto de contacto en el razonamiento desarrollado por los órganos jurisdiccionales cont
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29100-ed992cc3/competencia-para-conocer-de-la-demanda-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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