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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN DONDE SE UBICA EL JUEZ DE CONTROL QUE LA DECRETÓ.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 86/2023. · Registro digital (IUS): 32195
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-01
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo V, Pág.4669.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 86/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE DICIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR LARA GONZÁLEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

III. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional es competente, en virtud de que la controversia trata de una posible contradicción de criterios, originada entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte.

15. Lo anterior, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III de la Ley de Amparo, así como 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.

IV. LEGITIMACIÓN

16. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los órganos colegiados contendientes. Lo anterior, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución,(1) así como el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

17. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es necesario hacer una breve relatoría de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus respectivas posturas.

a) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 18/2023 determinó lo siguiente:

18. Los quejosos presentaron demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y su ejecución a otra autoridad.

19. De dicho juicio de garantías correspondió conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien radicó con el número ********** y sustanció el mismo, hasta que los impetrantes del amparo ampliaron su demanda de amparo respecto de un nuevo acto que reclamaron al Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, consistente en la imposición de medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada y su ejecución dictada en audiencia de quince de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal **********; así como su ejecución que atribuyeron al Director Interino de la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México.

20. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario encargado del despacho del referido Juzgado de amparo determinó que los nuevos actos reclamados en ampliación de demanda no tenían estrecha relación con los diversos reclamados en el juicio ********** de su índice, por lo que la registró como una nueva demanda de amparo y ordenó declinar la competencia, por razón de territorio, en favor del Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, ya que en dicha jurisdicción se encontraba la autoridad responsable ordenadora.

21. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien la registró con el número **********, y resolvió no aceptar la competencia legal declinada a en su favor, ya que afirmó que el acto reclamado, consistente en la prisión preventiva justificada se estaba ejecutando en la jurisdicción del Juez declinante, es decir, en la Prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, por lo que, conforme a las reglas de competencia por territorio, el órgano jurisdiccional competente para conocer de dicho amparo, es aquel donde se estaba ejecutando el acto reclamado, y no así, donde residía la autoridad responsable ordenadora, por lo cual ordenó devolver los autos al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien insistió en que el mismo no era legalmente competente y lo elevó a conflicto competencial.

22. De dicho conflicto competencial conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien estableció que el competente para conocer de la demanda de amparo promovida era el Juez de Amparo en cuya jurisdicción reside el juzgador que conoce del proceso en primera instancia, ya que es en el proceso donde se materializan sus principales efectos, pues precisamente tal medida cautelar restringe de manera directa la libertad de los quejosos y asegura su presencia en el proceso.

23. Lo anterior en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 96/2005-PS, de la cual derivó la tesis de rubro "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN."

24. Ya que la ejecución material de la medida cautelar de prisión preventiva justificada ocurre de manera simultánea en dos ámbitos territoriales diferentes (donde se instruye la causa penal y el diverso donde los quejosos están recluidos); sin embargo, atendiendo a la naturaleza de dicha medida cautelar, sus efectos se trasladan primera y directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, en otras palabras, es ante la potestad del Juez de la causa al que los imputados están sometidos.

25. Ya que en este caso el lugar de reclusión del quejoso no constituye la jurisdicción rectora del Juez que ha de conocer del amparo, ya que como lo dispone el criterio jurisprudencial transcrito, cuando concurren ambas circunstancias, habrá de ser competente el Juez que ejerza jurisdicción donde se tramite el proceso; lo anterior para conservar la unidad del proceso y evitar una multiplicidad de resoluciones que podrían ser contradictorias, con lo que se garantiza la seguridad jurídica de las causas penales, pues de separar la competencia del amparo existe la posibilidad de que se arriben a conclusiones contradictorias cuyos efectos impactarían directamente en el proceso dada la naturaleza de dicha medida cautelar (asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso).

26. Siendo aplicable por identidad jurídica la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO."

b) Ahora, de la sentencia emitida en el conflicto competencial 19/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se advierte que:

27. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintitrés en el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto contra el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y otra autoridad, a quienes atribuyeron la imposición de medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa en audiencia de ocho de julio de dos mil veintitrés, y su ejecución.

28. En acuerdo de uno de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, registró la demanda como **********, e inicialmente determinó carecer de competencia ya que el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en la misma materia y distrito contaba con conocimiento previo del asunto, por lo que ordenó remitirlo a dicho órgano jurisdiccional, quien no aceptó la competencia declinada.

29. Sin embargo, el aludido Juzgado Cuarto de Distrito insistió en declinar la competencia y ordenó remitir los autos a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos para que resolviera lo correspondiente; la cual determinó que era precisamente ese juzgado el competente para seguir conociendo de dicho asunto.

30. Posteriormente, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, consideró que no era competente para conocer de este amparo en razón de territorio, declinando en favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, ya que los efectos del acto reclamado se trasladarían directamente al proceso penal que se sigue en el Estado de México, porque la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa genera consecuencias legales donde tiene jurisdicción el Juez de Distrito, mismo lugar donde ejerce jurisdicción el juez de la causa penal.

31. El treinta y uno de agosto pasado, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a quien correspondió conocer del juicio, no aceptó la competencia declinada, por lo que ordenó devolver el asunto a la juez declinante, ya que en el caso se actualizaba el supuesto del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en concreto, porque el acto reclamado tendría ejecución material en más de un Distrito judicial, ya que si bien sus efectos podrían tener repercusión en el procedimiento penal instruido contra los quejosos, éste se encuentra recluido en la prisión Militar adscrita a la Primera Región Militar Coronel de Infantería Juan Antonio Aranda Flores, localizada en Campo Militar número 1-A General de División Álvaro Obregón, colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, lo que implica que en ese lugar tendrá ejecución dicha medida de prisión preventiva, por lo que debía conocer del asunto el juez ante quien se presentó la demanda, por tanto, la devolvió al declinante.

32. En ese sentido, dicho Tribunal Colegiado contendiente determinó que el juzgador competente era el que se encontraba en esta ciudad, ya que se actualiza la regla competencial indicada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será juez competente el que tenga jurisdicción donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

33. Lo anterior, aunque la autoridad emisora del acto radica en otra jurisdicción y que el mismo emerge como consecuencia del auto de formal prisión, pues el parámetro que debe prevalecer en el caso, por tanto tomarse en cuenta para decidir la competencia del juez de Distrito que conocerá del asunto, es la de aquél donde ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado materialmente el acto reclamado.

34. Así, tal órgano colegiado subrayó que no inadvertía la existencia de la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.", ya que no resultaba aplicable, pues en ésta se analiza el supuesto del auto de formal prisión y en el caso se refiere a una medida cautelar consistente en la prisión preventiva.

35. Por tanto, concluyó que correspondía conocer del asunto al juez con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentra recluido, es decir, el que previno, en términos del citado artículo 37, primer párrafo, de la referida Ley reglamentaria.

36. Argumentos que apoyó en lo sustancial, con la Jurisprudencia número 1a./J. 14/2014, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, registro electrónico 2006160, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO."

37. Así como la diversa número I.9o.P.198 P, registro electrónico 2017104, de rubro: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN MILITAR EN ACTIVO CONTRA ACTOS QUE TRAEN APAREJADA UNA EJECUCIÓN MATERIAL QUE TENDRÁ LUGAR EN SU PERSONA. SI NO SE ADVIERTE QUE DICHOS ACTOS PUEDAN TENER EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO O QUE HAYAN COMENZADO A EJECUTARSE EN UNO DE ELLOS Y SIGAN EJECUTÁNDOSE EN OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN DENTRO DEL TERRITORIO DONDE SE ENCUENTRE LA INSTALACIÓN O ZONA MILITAR EN QUE SE ENCUENTRE DESTACAMENTADO EL QUEJOSO."

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

38. Corresponde ahora verificar si la contradicción denunciada resulta procedente, ya que la seguridad jurídica obliga a lograr uniformidad en la solución de iguales problemas jurídicos sometidos a tribunales diversos del Poder Judicial de la Federación, esto es, que bajo el mismo criterio valedero se resuelvan los asuntos de idéntica o similar naturaleza y contenido.

39. Para verificar la existencia de la presente contradicción de criterios, este Pleno Regional se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 36/2007-PL,(3) al considerarse que la existencia de la contradicción debe estar condicionada a que se sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; lo que determina que la contradicción se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas iguales.

40. Así, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad legal a los gobernados, pues para ello fue creada la figura de la contradicción de criterios en la Constitución y su regulación en la Ley de Amparo.

41. Bajo tales premisas, entre los ejercicios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito sí se ha dado un punto de toque a manera de diferente interpretación que gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.

42. Entonces, para que exista una contradicción de criterios, debe verificarse:

A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuera.

B. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

C. Lo anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

43. En ese orden de ideas, existe la contradicción de criterios que se denunció, porque del análisis de los procesos interpretativos involucrados, se advierte que los órganos judiciales contendientes, examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejaron en los argumentos que soportaron sus respectivas decisiones.

44. En efecto, en los criterios denunciados se abordó un mismo problema jurídico, relativo a determinar qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida contra la determinación de un Juez de Control que decretó la medida cautelar de prisión preventiva, cuando el impetrante del amparo se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella donde se instruyó la causa penal.

45. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consideró que el Juez de Distrito que debe conocer de la demanda de amparo que presentó un quejoso contra la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste se encuentra en una jurisdicción diversa a donde se ubica la autoridad responsable ordenadora que emitió dicho acto, es precisamente el juzgador que ejerza jurisdicción en el territorio donde se ubique dicha autoridad, pues los efectos jurídicos de este acto se ven reflejados donde se lleva el proceso contra el quejoso.

46. Por otro lado, el diverso Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que en el mismo supuesto fáctico, la competencia legal para conocer de la demanda de amparo, se surte en favor del Juez de Distrito que se encuentra en la misma jurisdicción donde el impetrante de garantías se halla recluido, ya que conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de la demanda de amparo, el juzgador que se encuentre donde el acto se está realizando.

47. Posturas divergentes que llevan a este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a determinar que el diferendo que existe se centra en resolver el siguiente cuestionamiento:

48. ¿Qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida contra la determinación de un Juez de Control que decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o justificada, cuando el impetrante del amparo se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella donde se instruyó la causa penal?

49. No se soslaya que el Cuarto Tribunal Colegiado se pronunció en relación a la prisión preventiva justificada; y el Primer Tribunal Colegiado lo hizo respecto de la prisión preventiva oficiosa, sin embargo, ello no es impedimento para sostener la inexistencia de la antinomia en sus criterios, porque sus consideraciones eran aplicables de manera general, para la medida cautelar de prisión preventiva, con independencia de si ésta debía justificarse o bien se debía decretar de manera inmediata, ya que en ambos casos, su finalidad es la de mantener privado de la libertad al imputado durante la tramitación del proceso penal en su contra, para asegurar su presencia en el mismo; y por tanto, la diferencia de que dicha medida fuera decretada de manera oficiosa o bien la misma se debía justificar, no es sustancial en este asunto.

50. De igual forma, no resulta óbice para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los argumentos sustentados por los tribunales contendientes, no constituyan propiamente una tesis jurisprudencial; porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen ese requisito.

51. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común P./J. 27/2001, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, página setenta y siete, con registro digital 189998 de rubro y texto: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

52. Tampoco es obstáculo para determinar la existencia de la contradicción de criterios, el hecho de que los razonamientos de los Tribunales Colegiados contendientes, pudieran ser erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de esta vía, es el terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, evitando así que se siga resolviendo de forma diferente o incorrecta; con lo que se salvaguarda la garantía de seguridad jurídica y se preserva la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional, al fijar el verdadero sentido y alcance del supuesto jurídico por el que se originó la oposición de criterios.

53. Situación que salva la diferencia entre los razonamientos legales que emplearon los Tribunales Colegiados contendientes para sustentar sus correspondientes criterios; esto es, no podría determinarse la inexistencia de contradicción de criterios por esa sola circunstancia, cuando es precisamente el fundamento que emplearon lo que los llevó a resolver en el sentido que lo hicieron.

54. Consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia en materia común P./J. 3/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165306, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de dos mil diez, página seis, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."

55. En este sentido, sí existe un punto de toque entre los criterios adoptados por los tribunales contendientes, mismo que amerita ser resuelto en esta instancia, a fin de determinar qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida contra la determinación de un Juez de Control que decretó la medida cautelar de prisión preventiva, cuando el impetrante del amparo se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella donde se instruyó la causa penal.

VII. ESTUDIO DE FONDO

56. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en atención a las siguientes consideraciones.

57. Como ya quedó establecido, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios consiste en determinar qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida contra la determinación de un Juez de Control que decretó la medida cautelar de prisión preventiva, cuando el impetrante del amparo se encuentra recluido en una jurisdicción distinta de aquella donde se instruyó la causa penal, es decir, si es aquel que se encuentra en el lugar donde el impetrante está recluido, o bien el que se ubica en la misma circunscripción territorial del juez de primera instancia que lleva el proceso penal e impuso la medida cautelar que constituye la materia del juicio de amparo.

58. A fin de dar respuesta al cuestionamiento precisado, resulta pertinente fijar los temas que serán abordados en la presente resolución:

I. Proceso Penal Acusatorio y Medidas Cautelares.

II. Competencia en la Ley de Amparo (interpretación del artículo 37)

III. Criterio para fijar la competencia en este asunto.

I. Proceso Penal Acusatorio y Medidas Cautelares.

59. Primeramente se debe establecer que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 408/2015, estableció que la esencia del proceso penal acusatorio está definida por los principios que se insertaron en el texto constitucional, principalmente en los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución.

60. Es decir, sobre los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, los cuales constituyen la esencia del sistema penal acusatorio, pues con ellos se busca la celeridad procesal, la igualdad probatoria entre las partes, la continuidad del proceso y algo muy importante: que el juez y las partes estén presentes en el desarrollo del proceso. En otras palabras, mediante estos principios se busca un sistema de justicia penal más protector de los derechos de las personas.

61. Ahora bien, al resolver la Contradicción de tesis 47/2016, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la referida Primera Sala estableció que el procedimiento penal acusatorio y oral se divide en etapas, y la identificada como de investigación tiene dos fases, la investigación inicial e investigación complementaria, siendo en esta última donde tiene verificativo la audiencia inicial, que entre otros aspectos comprende:

1) La de formulación de la imputación;

2) La solicitud ministerial de vinculación a proceso; y,

3) La decisión que resuelve la situación jurídica del imputado.

62. Así, el auto de vinculación se sitúa procesalmente en la llamada audiencia inicial y consiste en la determinación mediante la cual el juzgador establece si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; en él se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente; por regla general, una vez emitido el mismo, resulta el momento procesal oportuno para que el agente ministerial o la víctima soliciten la imposición de alguna medida cautelar a fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, así como la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Lo anterior conforme lo establecido en los artículos 309 a 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

63. Las medidas cautelares son acciones preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada (quien se encuentra en medio de algún proceso penal o bien una investigación) no evada a la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas así como a las pruebas, tal como lo señala la Fiscalía General de la República,(4) en el artículo "¿qué son las medidas cautelares?."

64. Es decir, las medidas cautelares son aquellas precauciones que toma una autoridad dentro de un procedimiento judicial para asegurar personas o bienes, con la intención de que no se alteren y evitar posibles daños, con la finalidad de garantizar la reparación del daño, asegurar la presencia del imputado en el juicio, mantener seguras a las víctimas, ofendidos y testigos así como evitar la obstaculización del juicio.

65. Dichas medidas se encuentran establecidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece:

"Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

"A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

"I. La presentación periódica ant

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32195-124d43a2/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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