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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RADICA LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CUANDO UNA VEZ RENDIDOS LOS INFORMES JUSTIFICADOS DESAPARECE LA POSIBILIDAD DE EJECUCIÓN EN MÁS DE UN DISTRITO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. · Registro digital (IUS): 27742
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-04-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, Pág. 1041.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS HUGO LUNA RAMOS, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, SILVIA CARRASCO CORONA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA E IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. DISIDENTES: OLGA ESTREVER ESCAMILLA Y LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. PONENTE: LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO. SECRETARIO: JULIO CÉSAR ANTONIO ROSALES.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de tres de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 5/2017;

RESULTANDO:

1. Denuncia. El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete se recibió el oficio por el que el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en la materia y sede indicadas, al resolver los conflictos competenciales 3/2016 y 3/2017, respectivamente.(1)

2. Trámite. El veinticuatro siguiente, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió a trámite el presente asunto, lo registró como contradicción de tesis 5/2017, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si el criterio sustentado en los asuntos materia de la denuncia de contradicción, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

3. Posturas de los tribunales contendientes. El siete de junio y cinco de julio de dos mil diecisiete se agregaron los oficios mediante los cuales los Magistrados presidentes de los órganos jurisdiccionales contendientes informaron que sus respectivos criterios están vigentes; además, remitieron copia certificada de las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales señalados.

4. Turno. Finalmente, el cinco de julio posterior, se turnó el asunto a la Magistrada Lilia Mónica López Benítez, a fin de que formulara el proyecto de resolución; y,

En sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete, derivado de la votación unánime de los integrantes del Pleno, el presidente del Pleno en Materia Penal de este Primer Circuito ordenó returnar el asunto al Magistrado Humberto Manuel Román Franco para la formulación del engrose.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 9, 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dado que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.

II. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue presentada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

III. Criterios contendientes

• Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 3/2016:

"... II. Origen del conflicto competencial. Las razones que lo motivaron, esencialmente, consisten en lo siguiente:

"Juez declinante. Consideró carecer de competencia legal para resolver el asunto, porque el domicilio en donde habrá de ejecutarse la orden de aprehensión reclamada -según datos que obtuvo de un acta circunstanciada de cateo- se ubica en la calle ********** esquina con **********, en la colonia ********** (sic) en el Municipio de **********, Nuevo León. Por tanto, la competencia para conocer del juicio se surte en favor de los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por ser ahí donde se ubica el domicilio del quejoso.

"Juez declinado. No aceptó la competencia planteada, por considerar que la práctica de una diligencia -cateo- en determinado domicilio, no implica que ahí se llevará a cabo la ejecución del mandato de captura. Máxime que una autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad -director general de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas, encargado de la Policía Federal Ministerial, residente en esta Ciudad de México- aceptó la existencia del acto reclamado; por tanto, el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada puede verificarse en cualquier Estado de la República. Así, en términos del artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda lo será aquel ante quien se presentó.

"III. Decisión. Es al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a quien, por cuestión territorial, corresponde conocer del juicio de amparo, por ejercer jurisdicción en el lugar donde surte efectos la ejecución material del acto reclamado.

"En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el Juez incompetente.

"Luego, primeramente debe atenderse a lo que la Carta Magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia.

"Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal,(2) la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse.

"En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo,(3) el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de ‘ejecución material’, entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado.

"De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.

"Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, la tercera, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.

"Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material.

"En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos.

"De ahí que (conforme a la primera regla) será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"En el caso que nos ocupa se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque la aprehensión se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo.

"En este contexto, el conflicto competencial en análisis se centra en la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse.

"Ahora, conforme a la propia naturaleza de la orden de aprehensión y su ejecución material -en cuanto acto reclamado- respaldada en el artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inicia en el momento en que el gobernado es detenido -donde se encuentre-. Pero no se agota ahí, pues en realidad, la privación de la libertad deambulatoria se prolonga por el tiempo procesalmente necesario y se materializará trasladándolo, por regla general, a un centro de prisión preventiva para quedar, en esas condiciones de privación, a disposición del Juez que ordenó su aprehensión.

"Y ese centro de prisión preventiva, salvo indicación explícita al respecto, ordinariamente deberá ser aquel que se encuentre donde radica el Juez que la ordenó, atento al derecho fundamental del inculpado de enfrentar el proceso interno en el mismo lugar del Juez que lo procesa, según lo ha establecido este Tribunal Colegiado en la siguiente tesis:

"‘PRISIÓN PREVENTIVA. SALVO EN EL CASO DE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA, DEBE CUMPLIRSE EN EL LUGAR DEL JUICIO.’ (se transcribe)

"Lo hasta aquí expuesto pone de relieve que, por regla general, salvo excepción expresa en el propio mandato de captura, la orden de aprehensión tendrá ejecución material en el lugar donde radica el Juez que la ordenó -pues ante él será presentado el indiciado una vez que haya sido privado de la libertad-.

"Y si bien es cierto que también puede tener ejecución material en cualquier ámbito espacial, por ejemplo, en el que los agentes aprehensores simplemente localicen físicamente a su destinatario, es preciso que se tengan elementos suficientes que demuestren que se está en esa hipótesis; lo que no ocurre en este asunto.

"Pues bien, de los autos disponibles en el sumario deriva que el quejoso ciertamente señaló domicilio en esta ciudad capital para oír y recibir notificaciones. No obstante, como bien convergen en cuanto a ese tema las posturas de los Jueces contendientes, ese dato es insuficiente para determinar la competencia del Juez a quien corresponde conocer del asunto, ya que admitir esa afirmación como criterio para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional implicaría dejar al arbitrio del justiciable la elección del Juez de Distrito que habrá de conocer de su demanda, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo cual es jurídicamente inadmisible, porque la ley fija los parámetros a considerar para determinar si se surte o no la competencia en favor de un juzgador.

"Por otro lado, de los antecedentes de la demanda -concretamente del capítulo intitulado como ‘hechos’- también se advierte que el accionante de amparo fue genérico, al relatar que las autoridades señaladas como ejecutoras ‘pretendían privarlo de su libertad mediante una orden de aprehensión, ya que unos sujetos que sin identificarse se ostentaron como elementos de la policía, desean aprehenderlo’; sin embargo, no mencionó el lugar donde ello podría ocurrir.

"Ahora, de los datos recabados durante la secuela procedimental, se obtuvo que mediante resolución de uno de enero de este año, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, emitió el mandato de captura reclamado.(4)

"Asimismo, apareció demostrado que una de las autoridades señaladas como ejecutoras, director general de Servicios Especiales de Seguridad y de Protección a Personas, encargado del despacho de la Policía Federal Ministerial, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, pues mencionó que ‘conforme a las atribuciones conferidas al titular de la Policía Federal Ministerial, agentes de esa institución recibieron para su ejecución la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa, por el C. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Nuevo León, dentro de la causa penal 156/2014’.(5)

"Contextualizado lo anterior, este órgano colegiado estima que el acto reclamado habrá de tener ejecución dentro del ámbito territorial en el que el juzgado declinado ejerce jurisdicción, aunque no por las razones plasmadas por el declinante en su planteamiento de incompetencia, ya que no obstante a que una autoridad señalada como ejecutora, cuya residencia oficial se encuentra en esta ciudad, aceptó el acto reclamado; lo cierto es que no hay indicios de que la orden de aprehensión combatida se ejecutará, o haya tratado de ejecutarse, en este circuito judicial.

"Para concluir lo anterior, no se desconoce que sí es factible la colaboración entre autoridades ministeriales de distintas entidades federativas para la ejecución de una orden de aprehensión, como bien lo argumenta el juzgador declinado. Sin embargo, distinto a lo que él considera, no por ello opera la segunda regla competencial -a prevención- prevista por el mencionado artículo 37 del catálogo normativo en consulta, pues la naturaleza del acto reclamado justifica que su ejecución no puede realizarse en dos o más distritos. Según ha quedado establecido, originariamente es instantánea, aunque con ciertas particularidades, sus efectos se prolongan en el tiempo (por cuanto hace a la prisión preventiva).

"Así, en el supuesto que se analiza, la autoridad ministerial ejecutora con sede en la Ciudad de México, nada dijo en torno a que el mandato de captura referido fuera a ejecutarse, concreta y específicamente, en el territorio donde ejerce jurisdicción el Juez declinante -esta ciudad-. Es decir, no hay datos que permitan inferir que el destinatario de esa orden privativa de la libertad ya se encontraba localizado, por ejemplo y, sobre bases sólidas, establecer con certeza que trató de ejecutarse en este territorio.

"Por el contrario, de dicho comunicado únicamente se obtiene que expresó que, en términos de los artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(6) agentes policiacos de esa institución recibieron, para su ejecución, el citado mandamiento de aprehensión.

"De esa manera, la afirmación genérica expuesta por la responsable, no encuentra soporte adicional con los datos disponibles en el expediente, que eventualmente permitieran afirmar que hay evidencia bastante, al menos para inferir, que efectivamente el acto reclamado va a ejecutarse, o se pretendió hacer, en esta ciudad.

"Tanto más que, como ya se dijo, el quejoso fue omiso en mencionar, bajo protesta de decir verdad, el lugar al que se habían presentado los agentes captores con el fin de ejecutar una orden de aprehensión en su contra. En suma, no se tiene certeza en cuanto a su ubicación personal, para a partir de ese dato, establecer que hubiera sido en esta ciudad donde aconteció dicho evento y entonces sí, justificar que la ejecución material de la orden de aprehensión podría verificarse en esta ciudad capital.

"Aunado a lo anterior, como también ya se precisó, si bien es cierto que señaló domicilio procesal en la Ciudad de México, ese dato no es relevante para los efectos de la fijación de la competencia del Juez de amparo.

"Frente a ese escenario, hasta el momento en que se generó el presente conflicto de competencia, la única probabilidad que se tiene es que, al cumplimentarse el mandato de captura, se ejecute en el lugar donde reside el Juez que la ordenó, puesto que no existen elementos suficientes para considerar que ese acto tratara de ejecutarse en un lugar diverso -en esta ciudad, por ejemplo-, o incluso, que como parte de los efectos del cumplimiento de esa orden de aprehensión, que se hubiera designado para su reclusión preventiva, un centro carcelario localizado en esta demarcación territorial; al menos, de la lectura integral tanto de esa determinación, como del oficio girado para su cumplimiento, no se advierte disposición en sentido diverso.

"Resta decir que no es óbice para arribar a esa conclusión, el contenido del criterio aislado con apoyo en el cual el juzgador declinado sustentó su postura frente a la cuestión competencial que le fue planteada;(7) en primer lugar, porque en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo,(8) dicha interpretación no es de observancia obligatoria para este órgano colegiado; y, en segundo término, porque el sentido de lo aquí decidido se ha perfilado no sólo a la ejecución del acto reclamado, en estricto sentido, sino también a los alcances fácticos que dicha ejecución traería consigo, como lo es la necesaria reclusión preventiva en el lugar donde radica el Juez emisor de la orden de aprehensión que, a su vez, será donde se tramitará el correspondiente proceso penal, lo cual, a priori, redunda en un mayor beneficio a los intereses del demandante de amparo.

"En mérito de lo anterior, y con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo procedente es que el Juez declinado, Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, se avoque al conocimiento y resolución del juicio de garantías 136/2015, del índice de la autoridad declinante. ..."

• Del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 3/2017:

"... QUINTO.-Por tratarse de una cuestión de estudio preferente, procede examinar si, en la especie, existe o no un conflicto competencial y, en caso afirmativo, precisar entre qué órganos jurisdiccionales se suscitó y la clase de conflicto que habrá de dirimirse, para estar en aptitud jurídica de declarar a qué órgano de control constitucional corresponde el conocimiento del juicio de amparo indirecto relativo.

"Bajo esa premisa, debe decirse que el conflicto puede ser de naturaleza constitucional o jurisdiccional.

"En el primer supuesto, la divergencia ocurre, fundamentalmente, por y entre órganos de distinto fuero; mientras que, en el segundo, acontece entre autoridades judiciales que, del mismo orden, debaten sobre aspectos concernientes a la materia, la cuantía o el territorio en el que se debe conocer del asunto.

"Así, para la existencia de un conflicto o controversia de índole competencial basta que la causa de discusión entre los juzgadores estribe en los factores que delimitan el ejercicio de la jurisdicción (cuantía, fuero, materia o territorio).

"Discrepancia que, en su concreción, también puede materializarse en sentido positivo o negativo.

"- En sentido positivo, cuando los órganos jurisdiccionales contendientes estiman ser competentes para el conocimiento del asunto.

"- En sentido negativo, cuando se rehúsan a la admisión de la competencia.

"En este último supuesto, por regla general, es menester que en ejercicio de su autonomía y potestad, los tribunales contendientes manifiesten, de manera expresa, las circunstancias por las que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.

"Esto, acorde con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 30/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuarenta y seis, Tomo XVII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos epígrafe y contenido son del tenor siguiente:

"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe)

"Exigencia que obedece a la necesidad de que los tribunales contendientes, en ejercicio de su autonomía y potestad, expresen las razones por las que estiman carecer de competencia, por fuero, materia, cuantía o territorio, ya que en la medida de ello permitirá la fijación de la litis competencial.

"En la especie, el Juez de Distrito ante el que inicialmente se presentó la demanda de amparo, a saber, el titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad de México, declaró carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer de un juicio de amparo indirecto.

"Juicio de amparo indirecto que se promovió contra el fundamental acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión y su ejecución.

"Declaratoria de incompetencia que, por razón de territorio, la sustentó en las razones siguientes:

"• Que la ejecución de la orden de aprehensión se llevará a cabo fuera de la residencia del órgano de control constitucional, pues aunque inicialmente se había señalado una autoridad que, como ejecutora, tiene su residencia en su jurisdicción, a saber, la Ciudad de México; durante la tramitación del juicio de amparo, al rendir su informe justificado, negó intervención alguna en la ejecución del mandato de captura reclamado.

"Citó para ello, la tesis de jurisprudencia de epígrafe: ‘COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE.’

"En tanto que el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, no aceptó la competencia declinada, pues la declaratoria de incompetencia por razón de territorio la sustentó en las razones siguientes:

"• Que con base en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 124 de la Ley de Amparo, en relación con los principios de continuidad, unidad y concentración que rigen toda audiencia constitucional, la sentencia es parte de ese acto fundamental; por tanto, le correspondía al Juez de Distrito declinante resolver del juicio de amparo indirecto instaurado, acorde con el criterio del Magistrado **********, entonces secretario ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio **********, ‘... al dar contestación a la consulta realizada por este Juzgado Segundo de Distrito, dentro del juicio de amparo 857/2016-3 ...’

"Posturas de las que claramente se desprende que, en la especie, sí se actualiza el conflicto competencial, en atención a que los Jueces de Distrito contendientes expusieron, en su autonomía y potestad, los argumentos por los que consideraron que carecían de competencia para conocer de la demanda de amparo.

"SEXTO.-Establecida la existencia de un conflicto competencial, su naturaleza y entre qué órganos de control constitucional se suscitó, es menester asentar lo siguiente:

"El artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución General de la República establece:

"‘Artículo 107. (se transcribe):

"‘...

"‘VII. (se transcribe);

"‘...

"‘XII. ...’

"En tanto que el numeral 37 de la vigente Ley de Amparo establece:

"‘Artículo 37.’ (se transcribe)

"Disposiciones constitucional y legal de las que se desprenden dos reglas básicas para determinar la competencia, por razón de territorio, en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto.

"Reglas que, en un orden distinto al establecido en el segundo precepto que se interpreta, se hacen partir de la naturaleza de los actos reclamados, a saber:

"1. Actos que no requieren de ejecución material

"2. Actos que sí requieren de ejecución material

"En cuanto a los actos que no requieren de ejecución material, el párrafo tercero del invocado numeral 37 de la vigente Ley de Amparo establece como regla que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

"Pero en cuanto a los actos que sí requieren de ejecución material, es el lugar o ámbito espacial de ejecución la pauta de referencia para establecer la regla de competencia por razón de territorio.

"Así, independientemente del sitio en que radique la autoridad que hubiere ordenado o emitido el acto, cabe indicar que en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, el conocimiento de la demanda corresponderá al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado:

"‘... deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.’

"En tanto que en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la abrogada ley de la materia, se incorporó una novísima hipótesis en torno al lugar de ejecución.

"Incorporación legislativa que, a la letra, dice:

"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.’

"Novísima porción normativa (‘... puede tener ejecución ...’) que, al igual que la hipótesis del párrafo primero del numeral 37 de la Ley de Amparo, en ambas se desprende que el lugar o ámbito espacial de ejecución sigue siendo la pauta de determinación en la competencia por razón de territorio.

"Sin embargo, en el segundo párrafo del invocado numeral 37 se contempla una particularidad, en el caso, una pluralidad de lugares o ámbitos espaciales de ejecución.

"Así, la diferencia entre las hipótesis previstas en los párrafos primero y segundo del citado numeral 37 de la Ley de Amparo estriba en que, mientras el párrafo primero presupone que la ejecución se materializa o corresponde a un solo lugar o a una sola jurisdicción; el párrafo segundo contempla la posibilidad de que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, por su naturaleza de tracto sucesivo, tiene realización en dos o más lugares o distritos.

"De esta manera, la posibilidad de que el acto pudiera ejecutarse en más de un lugar, o bien, hubiere comenzado a ejecutarse en un distrito o siga ejecutándose en otro, es una circunstancia cuya concreta individualización está condicionada a múltiples factores, verbigracia, a la propia actividad o movilidad del quejoso, o bien, al tracto sucesivo de la ejecución del acto, pero que en cualquiera de esos casos se genera una pluralidad de lugares o ámbitos espaciales de ejecución.

"Pluralidad de lugares de ejecución que, como posibilidad o realidad, el legislador contempló y, así, creó en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo en vigor, una regla de competencia territorial que, comprendiendo esos dos o más lugares de ejecución, se define a favor del Juez de Distrito ante el que materialmente se presente la demanda de amparo.

"Regla ésta que es aplicable en el caso.

"Esto, porque del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo y Cuarto, todos de lo Penal del Fuero Común, con residencia en Pachuca, Hidalgo.

"Sin embargo, como autoridades ejecutoras de ese mandamiento judicial de captura señaló al director general de la Policía Investigadora, así como al secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Hidalgo, pero también señaló como autoridad ejecutora al jefe general de la Policía de Investigación, no de aquella entidad federativa, sino de esta Ciudad de México.

"Así, sin soslayar que el domicilio que plasmó en su escrito de demanda también se remite a esta Ciudad de México; cierto es que desde un inicio el quejoso planteó la posibilidad de que el acto reclamado podía tener ejecución en más de un lugar o ámbito espacial, en la medida en que señaló como autoridades ejecutoras tanto del Estado de Hidalgo, como una de la Ciudad de México.

"Lo que se enfatiza, porque al margen del sitio o del lugar en que a la postre pudiera ejecutarse la orden de aprehensión -cuya concreta individualización obedecería, entre otros factores, a la propia actividad o movilidad del quejoso- cierto es que por el especial señalamiento de la multiplicidad de autoridades ejecutoras y, además, con residencias asignadas en dos diversos sitios distintos, es claro que desde la demanda de amparo se hizo el planteamiento de que la orden de aprehensión reclamada, en su cumplimentación, podía tener ejecución en una pluralidad de lugares o ámbitos espaciales de ejecución.

"Pluralidad de lugares que, en el contexto planteado, actualiza la hipótesis contenida en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, la competencia se define, no con un criterio de prevención, sino a favor del Juez de Distrito ‘... ante el que se presente la demanda’.

"Cierto es que en la audiencia constitucional la titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad de México estableció que si la autoridad señalada como responsable ejecutora, con residencia en esta ciudad capital, había negado la ejecución del acto reclamado; de ello infirió como consecuencia que la competencia se surtía en el Juez de Distrito que ejercía jurisdicción en el Estado de Hidalgo; entidad federativa en la que reside la autoridad judicial que, en su informe, aceptó haber librado la orden de aprehensión.

"Sin embargo, es de insistirse, q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27742-0bf23ab3/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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