COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO AL QUE LE ES TURNADA UNA DEMANDA DE AMPARO EN LA QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE ACTUAR CONFORME A LA REGLA DE EXCEPCIÓN A LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 38 Y NO PLANTEAR IMPEDIMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN IV, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: NICOLÁS NAZAR SEVILLA. SECRETARIA: CLAUDIA MARÍA MARTÍNEZ REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por un Juez de Distrito de este Decimoctavo Circuito; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto De legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes.
En sesión plenaria de trece de junio de dos mil diecinueve, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito resolvió el conflicto competencial 4/2019, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, sustentó lo que a continuación se transcribe:
"SEGUNDA. Análisis del asunto. Este órgano colegiado de control constitucional determina que no existe conflicto competencial. Para arribar a la anterior conclusión debe de especificarse la diferencia entre los distintos tópicos que determinan el conocimiento de un asunto por un tribunal de amparo, los cuales consisten en competencia, impedimento y turno.
"1.1 Conflictos competenciales
"Competencia objetiva
"El artículo 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"‘Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra.’
"Del contenido de este precepto, se desprende que corresponde al Poder Judicial de la Federación, dirimir las controversias por razón de competencia, que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otras, quedando comprendidas tanto las competencias positivas, en que sí existe propiamente controversia, como las negativas, en las que no la hay, independientemente de la forma en que se susciten, a saber:
"a) Porque, de oficio, uno de los tribunales contendientes se declare incompetente y decline la competencia; o,
"b) Porque lo haga a petición de parte interesada, a través de la declinatoria; pero en cualquiera de estos casos, el otro Juzgador se niega a aceptar la competencia y a conocer del asunto; lo cual implica que ambos juzgadores han establecido, en pleno ejercicio de su autonomía y potestad, que carecen de competencia legal para tal efecto.
"Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 184186
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XVII, junio de 2003
"‘Materia común
"‘Tesis 1a./J. 30/2003
"‘Página 46
"‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.—Para que exista un conflicto competencial es presupuesto indispensable que los órganos jurisdiccionales contendientes manifiesten de manera expresa, en ejercicio de su autonomía y de su potestad, que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.’
"...
"Además, para la existencia de un conflicto basta que dos órganos jurisdiccionales difieran sobre determinado asunto y la controversia será competencial, cuando la causa de discusión entre los órganos involucrados estribe en los factores que delimitan el ejercicio de la jurisdicción (cuantía, fuero, materia o territorio).
"Por ello, el conflicto puede ser de naturaleza constitucional o jurisdiccional, en el primer supuesto, la divergencia ocurre entre órganos de distinto fuero, mientras que en el segundo acontece entre juzgados o tribunales del mismo orden, quienes debaten sobre aspectos concernientes a la materia, la cuantía del asunto o el territorio en que debe juzgarse; asimismo, la discrepancia puede darse en sentido positivo o negativo, en el primero los órganos de jurisdicción estiman ser competentes para el conocimiento del caso, mientras que en el segundo supuesto, rehúsan admitir su competencia.
"Asimismo, por regla general, en el segundo caso es necesario que, en ejercicio de su autonomía y potestad, los juzgados contendientes manifiesten, de manera expresa, las circunstancias por las que no aceptan conocer de determinado asunto sometido a su jurisdicción.
"Tal exigencia obedece precisamente a la necesidad de que los juzgados contendientes expresen las razones por las cuales estiman carecer de competencia para el conocimiento del asunto, y de esta forma fijar la litis competencial.
"Precisado lo anterior, por regla general, para la existencia de un conflicto competencial negativo es menester que ambos órganos contendientes manifiesten expresamente que carecen de competencia legal para conocer de determinado asunto, en relación con la cuantía, territorio, fuero o materia.
"Ahora bien, precisado los presupuestos que deben darse para el surgimiento de un conflicto competencial, es necesario definir la sustancia que debe dirimirse en el mismo, la cual consiste en la determinación del órgano jurisdiccional a favor del que se surte la competencia objetiva establecida legalmente.
"En tales términos, debe definirse lo que comprende el concepto de competencia, el cual conforme al derecho procesal, surge como parte de la jurisdicción, pues Esta última implica la potestad conferida al Estado para aplicar las leyes, que lo rigen.(6)
"En cambio la competencia constituye la medida de esa potestad, la cual faculta a ciertos órganos de gobierno para conocer y resolver cierto tipo de asuntos, es decir, la competencia constituye la medida o división de la jurisdicción, por lo cual todo Juez competente tiene jurisdicción, mientras no todo Juez con jurisdicción cuenta con competencia.(7)
"En ese contexto, es que para la teoría general del proceso, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera, que el Juez por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente; por lo que se sigue que la competencia es un presupuesto de validez del juicio.(8)
"De esta forma, la competencia es dividida en dos vertientes, la competencia objetiva, que es la que se refiere al órgano jurisdiccional –dilucidada mediante conflictos competenciales– mientras que la subjetiva alude al titular o persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo, en relación con las partes –reservada mediante excusas y recusaciones vía impedimento–.(9)
"Para determinar la competencia objetiva de acuerdo con el derecho procesal se debe atender a los criterios de materia, territorio, grado y cuantía; en el caso del juicio de amparo, sólo los tres primeros, no así el último.
"En ese sentido, tratándose del amparo indirecto, la Ley de Amparo en sus artículos 36 y 38,(10) establece los órganos jurisdiccionales encargados de conocer de este tipo de litigio constitucional, y sustentan la competencia por grado, pues aseguran que un tribunal inferior no sostenga competencia ante un superior; en tanto el ordinal 37 de la misma normatividad(11) define la competencia por territorio dependiendo del tipo y lugar de ejecución del acto reclamado; y finalmente, en lo que se refiere a la materia es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la que determina la competencia de esa naturaleza.(12)
"Además en el juicio de amparo se encuentran regulados supuestos específicos de competencia, como es el caso de la competencia auxiliar, regida por los artículos 107, fracción XI, constitucional, así como los 35, 39 y 159 de la ley en la materia;(13) y la concurrente establecida en el ordinal 107, fracción XII, de nuestro documento fundante,(14) los cuales sólo se activan en aquellos casos en los que el quejoso opte por sustanciar el juicio de esa forma, siempre que se encuentre en los supuestos legalmente establecidos.
"Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el juicio constitucional tiene una naturaleza especial, en el que rige una regla específica, donde la Ley de Amparo, en el artículo 38 establece la competencia de los juzgadores de Distrito en aquellos casos en que se reclama un acto específicamente determinado de un Juez de Distrito, o bien cuando se señalan a todos los juzgadores de Distrito en una misma circunscripción territorial.
"Precisamente a partir de la interpretación de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 38 de la Ley de Amparo,(15) nuestro Máximo Tribunal ha señalado que los mismos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe de atender a los siguientes factores:
"1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a emitir, el acto reclamado.
"2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable.
"3. El territorio en el que éste ejerce su jurisdicción.
"4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable.
"En esa tesitura, puntualizó que cuando se señalen como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en Materia Penal de un ámbito territorial, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia; al respecto, como se advierte de la jurisprudencia siguiente:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 190008
"‘Instancia: Pleno
"‘Tipo de Tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XIII, abril de 2001
"‘Materia común
"‘Tesis P./J. 44/2001
"‘Página 75
"‘COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.—El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito.’
"...
"Debe precisarse que si bien en dicha jurisprudencia se interpretaron los artículos 42, primer párrafo y 36 de la Ley de Amparo abrogada, no obstante, son sustancialmente iguales a los artículos 37, primer párrafo y 38 de la normatividad vigente, como se advierte en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
"Por ello, puede decirse válidamente que dicho criterio continua vigente, conforme al transitorio sexto de la Ley de Amparo en vigor.(16)
"No obstante, debe precisarse que conforme a dicho criterio nuestro Máximo Tribunal determinó que dicha regla se actualiza en aquéllos (sic) casos en que se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito, –incluyendo cuando se señala a todos los de una misma materia–, de un cierto ámbito territorial, por lo cual, contrario sensu, la regla especifica (sic) de competencia no es aplicable en aquellos casos en que NO se señalan como responsables a todos los Jueces de Distrito.
"Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 25/2006-PS, determinó la manera en la que debían proceder los juzgadores de amparo en aquéllos casos en que se señalaran como responsables a todos sus homólogos de un mismo ámbito territorial, una vez que queda establecido cuál de los Jueces de Distrito emitió el acto reclamado, caso en el cual es competente al (sic) Juez de Distrito más inmediato, lo cual dejó establecido en el criterio siguiente:
"‘Época: Novena Época
"‘Registro: 173362
"‘Instancia: Primera Sala
"‘Tipo de Tesis: jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo XXV, febrero de 2007
"‘Materia penal
"‘Tesis 1a./J. 88/2006
"‘Página 75
"‘COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO.—Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.
"‘Contradicción de tesis 25/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas.
"‘Tesis de jurisprudencia 88/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis.
"‘Nota: Por ejecutoria del veinticuatro de agosto de dos mil once, la Primera Sala declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 19/2010 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva.’
"No obstante nuevamente, en dicho criterio definió que la regla especial establecida en el numeral en comento, sólo es aplicable en aquéllos (sic) casos en que se señalen a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, no así en el caso en que NO se señalen todos.
"1.2. Impedimento –competencia subjetiva–
"Dilucidado lo que debe entenderse por competencia en sentido objetivo, es necesario desentrañar la del tipo subjetivo, la cual ha sido reservada al caso de los impedimentos.
"En primer término, las causas de impedimento se encuentran contenidas en el artículo 51 de la Ley de Amparo(17) y surgen por una excusa –oficiosa–, o bien una recusación –a petición de parte–.
"Es así, que los impedimentos pueden conceptuarse como ‘un hecho o circunstancia personal que ocurre en un funcionario judicial y que son de tal naturaleza que pueden afectar su imparcialidad en perjuicio de las partes y que, por tanto, lo obligan a inhibirse del conocimiento y decisión de un juicio determinado’.(18)
"Además, parten de una cuestión subjetiva que corresponde plantear al juzgador, o bien a las partes, en aquellos casos en los que se considere que la imparcialidad del Juez se encuentra mermada.
"Ahora bien, para diferenciar una causa objetiva, de una subjetiva, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en la contradicción de tesis 73/2003-PS, de veintidós de octubre de dos mil tres, interpretó la causa de impedimento establecida en el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada (artículo 51, fracción IV, de la normatividad vigente), estableció lo siguiente:
"‘El precepto transcrito se refiere a las causas de impedimento para conocer de los juicios en que intervengan los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37, cuya finalidad es apartar del conocimiento de un asunto a un juzgador cuya imparcialidad se encuentra menoscabada; por tanto, la naturaleza del impedimento estriba en la parcialidad que en él presume la ley.
"‘Es pertinente señalar que el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; por otro lado, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado Juez, y, subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto y animadversión, e incluso un interés directo en el negocio, relaciones a las que se les denomina genéricamente impedimentos.
"‘...
"‘Así, se tiene que el referido numeral atiende a la persona o personas físicas concretas individuales, que encarnan al órgano y que dictaron las resoluciones reclamadas en el juicio de amparo, con la finalidad de que no tengan injerencia alguna en el juicio de garantías, ante la posibilidad de que mengüe la imparcialidad que constitucionalmente debe imperar.’
"De lo anterior se puede advertir que a diferencia de los impedimentos que están dirigidos al juzgador en lo personal para evitar mermar su imparcialidad, la competencia se refiere al órgano jurisdiccional como tal.
"‘Dicha distinción quedó precisada de forma más patente al resolver la contradicción de tesis 25/2006-PS, sobre conflictos competenciales, en la que determinó que en el caso en que señalaran como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial como responsables, se surtía a favor del más inmediato, conforme a la excepción establecida en el artículo 42, primer párrafo, de la normatividad en la materia abrogada –38 de la ley en vigor–.
"Además, precisó que en el caso no era aplicable la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ‘IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.’, con base en el siguiente argumento:
"‘En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que la presente contradicción de tesis, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita.’
"Aún más, al resolver en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil doce, la Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 19/2010, –en la que se intentó modificar el criterio que derivó de la contradicción precitada, y se declaró infundada dicha pretensión–, al analizar la ejecutoria antes señalada se expuso lo siguiente:
"‘Lo anterior, pone de manifiesto que no se inadvirtió que las causas de impedimento son ajenas a las cuestiones de competencia, pues no es a través de un criterio de competencia subjetiva que alude a los funcionarios, que se determina la competencia objetiva propia de los órganos jurisdiccionales, cuando se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, sino en atención a la regla de excepción que prevé el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que conduce a señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato.
"‘Esto, derivado de que con independencia de que los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial hayan emitido o no la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado, lo cierto es que tendrán el carácter de autoridad responsable, durante toda la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5o., fracción II, de la ley de la materia, pues durante todo el juicio detentarán la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, de ahí que no puedan decidir respecto del acto a ellas atribuido.’
"En tales términos es claro que los juzgadores de amparo de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentren, pueden plantear un impedimento si consideran que su imparcialidad personal esta mermada al encontrarse en algunos de los supuestos del artículo 51 de la mencionada normatividad, o bien, formular un conflicto competencial, al considerar que objetivamente, el juzgado federal que representa carece de competencia por territorio, materia, grado, o bien si se ubica en la regla especial establecida en el artículo 38 de la Ley de Amparo.
"Es así que dependiendo del tipo de procedimiento que insten, asumirán las reglas establecidas al respecto. Ahora bien, en el presente caso, al encontrarnos ante un conflicto competencial, no aplican las pautas propias de los impedimentos, como lo establece la jurisprudencia 1a./J. 59/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro ‘IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE.’, como pretende el Juez declinado.
"1.3. Cuestiones de turno
"Por su parte, para la sustanciación del juicio constitucional se encuentra inmerso un tercer tópico, establecido los artículos 45 y 46 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación, conforme a su artículo primero transitorio, el cual dispone en esencia lo siguiente:
"‘Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera:
"‘I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y
"‘II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. ’
"‘Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes:
"‘I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal;
"‘II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos;
"‘III. Los recursos de revisión, queja y reclamación relacionados con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía;
"‘IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas;
"‘V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria;
"‘VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo.
"‘VII. Los recursos de apelación, al Tribunal Unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores;
"‘VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó
"‘IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada;
"‘X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente:
"‘a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y
"‘b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera:
"‘1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y
"‘2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto;
"‘XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido del antecedente registrado;
"‘XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y
"‘XIII. Los demás que determine el Pleno.
"‘Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo.
"‘En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29591-e3d3cd66/competencia-el-juez-de-distrito-al-que-le · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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