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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 338/2018. · Registro digital (IUS): 29075
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PE
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 877.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 338/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN MANIFESTÓ QUE ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.

II. Competencia

5. Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la actual Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en virtud de que versa sobre la posible divergencia de criterios entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, sobre asuntos vinculados a la materia penal.(5)

III. Legitimación

6. La denuncia de referencia proviene de parte legitimada para formularla, en términos de lo previsto en los numerales 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la actual Ley de Amparo, toda vez que la presentó un Juez de Distrito.

IV. Criterios de los Tribunales Colegiados involucrados

A) Del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (conflicto competencial **********).

Antecedentes.

7. El conflicto competencial de referencia se suscitó entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, son sede en Tijuana, al negarse a conocer de una demanda de amparo promovida por una persona que se encontraba interna en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente (Puente Grande), contra su traslado a uno diverso, sin precisar a cuál.

Criterio adoptado para resolver dicho conflicto competencial.

8. El referido Tribunal Colegiado consideró competente al primero de esos juzgados, en atención textualmente a lo siguiente:

"... Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se determina que en el caso particular el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, lugar donde se encuentra recluido el quejoso ********** (por la presunta comisión del ilícito de delincuencia organizada).

"En efecto, de inicio se precisa que el acto reclamado que es materia de este conflicto competencial, es el consistente en la orden de traslado del quejoso ‘del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente, en Puente Grande, Estado de Jalisco, en donde se encuentra interno, a cualquier otro centro o reclusorio, ya sea dentro del Estado de Jalisco o cualquier otro de la República.’, es decir; sin señalar expresamente al juzgado declinante, además de que no obra constancia de que dicho traslado se vaya a ejecutar en la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

"De manera que, tal como lo invocó el juzgado declinado, respecto a la orden de traslado, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, se pronunció en el sentido de que se trata de un acto de tracto sucesivo.

"Criterio que resulta orientador en la especie, dado que el contenido del referido precepto 36, básicamente, corresponde al del numeral 37 de la ley de la materia en vigor, salvo la regla de la competencia en razón del domicilio de la responsable que se suprimió en este último dispositivo; jurisprudencia que resulta de observancia general, aun cuando en ella se realizara la interpretación de preceptos de la Ley de Amparo abrogada, dado a que los mismos no se oponen a los dispositivos de la legislación vigente, ello, en términos de lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor.

"En efecto, en dicha jurisprudencia, la Primera Sala del Alto Tribunal, estableció que el acto reclamado consistente en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo.

"De modo que, consideró el Alto Tribunal, que la situación anterior encuadra en la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando dispone, que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.

"Es decir, la hipótesis de declarar competente ‘a prevención’ al Juez en donde se haya presentado la demanda, únicamente se da en el supuesto de que dicho Juez cuente con jurisdicción: 1) el lugar en donde ha comenzado a ejecutarse el acto (Jalisco); 2) se esté ejecutando; o, 3) o haya sido ejecutado.

"Consecuentemente, si en el asunto que nos ocupa, el único dato objetivo es que en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, es: 1) el lugar en donde ha comenzado a ejecutarse el acto; y sin poder determinar que: el acto 2) se está ejecutando o 3) se ejecutó en donde el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, tiene jurisdicción; entonces, debe concluirse que resulta competente el Juez que cuenta con jurisdicción en el lugar en donde ha comenzado a ejecutarse el acto; a saber: Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.

"Lo cual se corrobora, con la transcripción, en lo conducente, de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 90/2007-PS, que originó la emisión de la jurisprudencia mencionada, siendo del tenor literal siguiente:

"(Insertó su contenido).

"La anterior resolución, dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 35/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se reproduce.

"(Transcribió dicho criterio jurisprudencial, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.’, así como sus datos de publicación)

"Al respecto, se invoca en lo conducente y por identidad de razón, el criterio I.6o.P.55 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro digital: 2007523, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2382, de título, subtítulo y texto siguientes:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno «El Altiplano» en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal –porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales–, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.’

"En consecuencia, se estima que si en el caso, se reclama una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y dicho traslado puede ejecutarse en más de un Distrito, esto es, iniciar en donde se encuentra recluido el quejoso, y culminar en ‘cualquier otro’ a donde se le pretende trasladar, según lo manifestado por el quejoso, es de concluirse que el mencionado acto, es de tracto sucesivo, por lo que entonces, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución; y en el caso, sólo se cuenta con el dato objetivo de uno de ellos: El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y por esa razón se estima que debe ser éste a quien corresponde conocer el conocimiento del asunto, pues se insiste, es el lugar donde el quejoso se encuentra recluido."(6)

B) Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito (conflicto competencial **********).

Antecedentes.

9. El conflicto competencial en mención se suscitó entre el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, y el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. Los titulares de ambos órganos jurisdiccionales se negaron a conocer de la demanda de amparo promovida por varios quejosos, contra la orden de trasladarlos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente (Puente Grande), a uno diverso.

Postura jurídica adoptada para dirimir el conflicto.

10. Se determinó que el mencionado juzgado de Distrito en Guanajuato era legalmente competente para conocer del asunto, en atención a lo siguiente:

"... al resolver la contradicción de tesis 389/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente al sostener que el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor debe ser interpretado de forma literal, pues la intención del legislador quedó plasmada claramente en dicho precepto; de ahí que debía aplicarse conforme a la letra contenida, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador.

"Lo anterior –explicó– encuentra justificación también en que, al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lo que favorece una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia.

"En ese sentido, se conviene con los Jueces de Distrito cuando aseveran que el artículo 37 de la Ley de Amparo distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber:

"a) Cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado.

"b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda.

"c) Cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el Juez en cuya jurisdicción se presente el libelo.

"De las constancias allegadas a este sumario se desprende que los quejosos reclamaron de las autoridades que señalan como responsables, la orden de trasladarlos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, con sede en El Salto, Jalisco, a diverso centro penitenciario, por lo que los efectos de ese mandamiento comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción y terminarán ejecutándose en otra.

"De ahí que siguiendo literalmente las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano colegiado estima que en la especie se actualiza la regla prevista en su segundo párrafo, esto es, aquella que alude a que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda.

"A ello debe agregarse que la orden de traslado de un interno de un centro de reclusión a otro –por su naturaleza jurídica– es un acto de tracto sucesivo, pues desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes a la transferencia material de la persona; lo que permite concluir que los efectos de ese tipo de mandatos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena el traslado continúa en la realización de actos consecuentes con ese fin, que sólo culminan hasta que se materializa la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario.

"Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, por ser el que previno."(7)

11. Mediante oficio 7332/2018, recibido vía MINTERSCJN en esta Suprema Corte el pasado cinco de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito manifestó que, al resolver el amparo en revisión ********** (sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho), adoptó un criterio distinto al asumido al fallar el conflicto competencial **********, al estimar que cuando no existan datos respecto de cuál es el diverso distrito judicial en el que se prolongarían los efectos de la orden de traslado reclamada, la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez del lugar donde se encuentren los reclusos.

12. Al respecto, señaló:

Considerar lo contrario, es decir, resolver a sabiendas de que no se tiene la certeza de la existencia de la orden de traslado reclamada y, por consiguiente, cuál es el Circuito en el que se verían prolongados sus efectos, equivaldría a dejar a elección del quejoso presentar su demanda en cualquier Juzgado de Distrito de la República Mexicana, para que se surtiera la hipótesis de competencia contenida en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.(8)

C) Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (conflicto competencial **********).

a) Antecedentes.

13. En el mencionado conflicto competencial estuvieron involucrados el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, al rehusarse a conocer de la demanda de amparo promovida por varios quejosos, contra los actos siguientes:

a) La orden de trasladarlos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente (Puente Grande), a uno diverso; y,

b) Como consecuencia, su cambio de dormitorio, incomunicación y desaparición forzada.

Consideraciones para determinar cuál era el órgano competente.

14. El Tribunal Colegiado aludido resolvió que debía conocer del asunto el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encontraban los peticionarios del amparo, en virtud literalmente de lo siguiente:

"...

"Para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho fundamental de legalidad, propio de un Estado de derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, atendiendo a la legislación aplicable, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, cuyo numeral, literalmente establece:

"(Lo transcribió)

"Del precepto legal transcrito, se advierte la existencia de 3 hipótesis diferentes para determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber:

"1. El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.

"2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda.

"3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

"Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por el peticionario de derechos, a fin de delimitar cuál de ellas es la aplicable en el caso a estudio y, por tanto, el órgano de control constitucional a quien corresponde conocer del citado asunto.

"Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en la orden de traslado de los quejosos del centro de reclusión en el Estado de Jalisco, en el que se encuentran internos a otro sin precisar cuál y como consecuencia, el cambio de dormitorio, la incomunicación y la desaparición forzada.

"Luego, considerando que los efectos de una orden de traslado no se agotan con la sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo; este acto es de tracto sucesivo. Así, de ser cierta la orden reclamada, la autoridad que la ordenó seguiría actuando consecutivamente hasta su ejecución, que culminaría con la reclusión de las personas en otro centro penitenciario, lo que trae como consecuencia que el acto puede tener ejecución en más de un distrito.

"Sin embargo, aun cuando el acto de referencia pueda tener ejecución en más de un distrito, en el caso no opera la regla prevista en la segunda hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo –que dispone que cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda–, pues para ello se requieren datos objetivos y certeros para determinar cuáles son esos distritos en los que podría tener ejecución el acto reclamado, para así poder tomar una determinación razonable sobre la competencia por territorio; pues de lo contrario se podría llegar a una determinación que no cumpla con el objetivo de las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que los juicios de amparo sean analizados por los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar donde tengan ejecución los actos reclamados, pues es donde las consecuencias jurídicas se verán materializadas.

"Pero, en el caso, únicamente se cuenta con la información proporcionada en la demanda de amparo, de cuya lectura no se advierte que el acto reclamado pudiera tener ejecución en la Ciudad de México; máxime que no se señaló como autoridad responsable a alguna autoridad perteneciente a un centro de reclusión con residencia en esta ciudad.

"Luego, si bien es cierto que las diversas autoridades responsables comisionado nacional de Seguridad, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y coordinador general de Centros Federales, tienen su domicilio en esta ciudad; también lo es que, su función es federal, por lo que su actuación se extiende en todo el territorio mexicano y en su caso quien tendría conocimiento y llevaría a cabo la ejecución de los actos, sería el director general del Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’ con sede en el Estado de Jalisco –autoridad que también fue señalada como responsable–.

"Por tanto, el único dato objetivo que se tiene hasta el momento, es que los peticionarios de amparo están privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Oriente’, en el Estado de Jalisco, sin que exista información alguna que permita concluir que el acto reclamado podría ejecutarse en la Ciudad de México o en un distrito judicial diverso.

"Ante esas circunstancias, en este momento procesal, debe atenderse a la primera regla de competencia por territorio, que establece competente al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar o se esté ejecutando el acto reclamado, que en el particular es el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; jurisdicción en la que, en todo caso será donde empezará a ejecutarse el acto reclamado, dado que en la demanda de amparo la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que le informaron que se estaba instrumentando un operativo para el traslado de internos, entre ellos a los directos quejosos.

"...

"Por otra parte, cabe señalar que con el criterio aquí sostenido no se controvierte la jurisprudencia 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.’

"Ello, pues de su contenido y de la ejecutoria de amparo que la originó, se advierte que se refiere a una hipótesis diversa, relativa a cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; supuesto en el que sería competente el Juez que previno; diferente al presente caso en el que no se cuenta con esa información; de ahí que, resulte inaplicable la jurisprudencia en cita al caso en concreto.

"Tampoco resulta aplicable al presente asunto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE.’ (Insertó su texto)

"Esto es así, pues en ese caso la Primera Sala del Alto Tribunal partió del supuesto en el que el quejoso en la demanda de amparo señaló bajo protesta de decir verdad el lugar en el que tendría ejecución el acto reclamado (orden de aprehensión), sin señalar a autoridades ejecutoras con residencia en la jurisdicción del Juez de amparo que previno, pero con la existencia de datos objetivos con los cuales el juzgador de amparo podía prevenir al quejoso para el efecto de que señalara a determinadas autoridades ejecutoras con residencia en su jurisdicción, de conformidad con la tesis de jurisprudencia, de rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.’

"Luego, para poder realizar tal prevención, el Juez de amparo debe advertir con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable, aspecto que en el caso que se analiza en la presente resolución no se actualiza, pues de la demanda de amparo no existe información de la cual se pueda advertir la participación de alguna autoridad penitenciaria con residencia en esta ciudad, para así poder determinar que los actos reclamados continuarán su ejecución en la jurisdicción del Juez que previno, de ahí su inaplicabilidad.

"También, cabe señalar que este órgano de control constitucional no comparte el criterio sostenido en la tesis aislada, de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO.’, que citó el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; pues conforme al artículo 2 de la Ley de Centros de Reclusión del Distrito Federal y el artículo 26, inciso b), fracción III, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, el fuero del delito por el que haya sido sentenciada una persona, no es determinante para establecer si compurgará la pena de prisión en un centro de reclusión federal o local, pues excepcionalmente los sentenciados por delitos federales pueden compurgar las penas en centros de reclusión del orden común y lo sentenciados por delitos local en centros federales.

"...

"Finalmente, cabe señalar que si bien es cierto que en el presente asunto se señaló como acto reclamado la desaparición forzada del quejoso, también lo es que se reclamó como una de las consecuencias de que se ejecute el traslado reclamado, de ahí que no resulte aplicable la tesis aislada I.2o.P.60 P (10a.) de este órgano colegiado que dispone que tratándose de desaparición forzada, la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del Juez que previno en el conocimiento del asunto, pues ese criterio parte del supuesto de que la desaparición forzada ya se ejecutó y por la naturaleza del acto no se pueda tener conocimiento del lugar donde se estén ejecutando o se hayan ejecutado la multiplicidad de hechos y conductas que constituyen el ilícito; circunstancias que son diversas a las del presente asunto donde el acto reclamado principal es una orden de traslado y como consecuencia de que ésta se ejecute, la desaparición forzada.

"Así, en el presente asunto, la razón determinante es que sólo se tiene certeza del lugar donde podría iniciar la ejecución del acto reclamado consistente en la orden de traslado, que es donde los directos quejosos se encuentran privados de la libertad, pero no de donde podría continuar ejecutándose; por lo que, en este momento procesal resulta aplicable la primera regla del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que la autoridad de amparo competente para conocer el juicio constitucional es aquella que tenga jurisdicción en el lugar donde puedan tener ejecución los actos reclamados.

"Sirve de sustento a lo anterior la tesis 1a. IV/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente:

"‘COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. INAPLICABILIDAD DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO.—Si bien el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo precisa que será competente el Juez de Distrito que previno, cuando el acto reclamado se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y se siga ejecutando en otro, no resulta aplicable aquélla cuando se advierta de los autos que no existen indicios de la ejecución de la orden de aprehensión, sino sólo la presunción de certeza de su existencia para diversas autoridades ejecutoras.’."(9)

V. Existencia y materia de la contradicción de tesis

15. Conforme a la doctrina jurisprudencial sustentada por este Máximo Tribunal, para que exista una auténtica oposición de posturas jurídicas entre Tribunales Colegiados de Circuito, se deben verificar los siguientes aspectos:

a) Que dichos órganos jurisdiccionales hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que apoyados de arbitrio judicial efectúen un ejercicio interpretativo del cual derive algún canon o método;

b) Que entre los diversos ejercicios interpretativos haya al menos un razonamiento sobre un mismo problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una o varias preguntas genuinas acerca de la manera de acometer esa cuestión jurídica, con preferencia de cualquier otra.(10)

16. Al respecto se debe precisar que la indicada disparidad de criterios está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean exactamente idénticas.(11)

17. Tampoco es indispensable que tales criterios hayan alcanzado e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29075-ef7f5706/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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