COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 322/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL SEGUNDO, EL QUINTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL TODOS DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE JUNIO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN MANIFESTÓ QUE ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO CON SALVEDAD EN LAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JORGE VÁZQUEZ AGUILERA.
II. Competencia
6. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de nuestra Constitución General, 226, fracción II, de la actual Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, esta Primera Sala es constitucional y legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, única y exclusivamente respecto de la posible divergencia de criterios entre los Tribunales Colegiados involucrados, pertenecientes a distintos Circuitos,(4) pues en torno a la que pudiera haber entre los de una misma demarcación territorial, le correspondería resolverla, de ser necesario, al Pleno de Circuito respectivo.
7. Consecuentemente, no será materia del presente pronunciamiento decidir si hay o no alguna discrepancia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Séptimo y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver, respectivamente, el conflicto competencial 18/2015 y el amparo en revisión 329/2016.
III. Legitimación
8. La denuncia de referencia proviene de parte legitimada, toda vez que la presentó un Juez de Distrito.(5)
IV. Criterios de los Tribunales Colegiados involucrados
A) Del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2015.
Antecedentes.
9. El conflicto competencial de referencia se suscitó entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, y el Juzgado Segundo de Distrito en esa misma entidad federativa, con sede en la ciudad de Chihuahua, al haberse negado ambos órganos jurisdiccionales a conocer de una demanda de amparo indirecto, promovida por dos personas que se encontraban internas en el Centro de Readaptación Social Número Uno, conocido como "Aquiles Serdán", sito en la ciudad de Chihuahua.
10. En su escrito inicial los solicitantes de la protección constitucional manifestaron haberse enterado, de manera "extraoficial", que "se iban a llevar a cabo traslados a Ciudad Juárez".
Criterio adoptado al resolver dicho conflicto competencial.
11. El referido Tribunal Colegiado consideró inaplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de esta Primera Sala, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", y declaró competente al segundo de esos Juzgados de Distrito, es decir, el que tenía su residencia en la ciudad de Chihuahua.
12. Las consideraciones en que se apoyó esa decisión fueron las siguientes:
"...
"En el caso, como lo destaca el Juez Noveno de Distrito en el Estado –y así se infiere de la demanda de amparo, según las razones apuntadas–, la orden de traslado reclamada por la vía constitucional no se ha ejecutado, pues ése es precisamente el resquemor –por decirlo así– de los impetrantes de amparo, esto es, que se les cambie del lugar en que, según señalan, se encuentran actualmente recluidos, dada la desestabilización que ello implicaría en sus familias, aunado a que sostienen que todavía se les sigue proceso penal en la capital de esta entidad federativa, de modo que no hay duda de que el envío no se ha materializado.
"Por tanto, de manera alguna constituye un acto de tracto sucesivo –por no haberse siquiera iniciado– ni, por ende, conlleva un proceso de ejecución, pues a decir de los solicitantes de la tutela jurisdiccional, solamente se les hizo saber, incluso como señala el Juez declinante, de manera extraoficial que serían removidos del aludido centro de reinserción social a uno (sic) esta ciudad (donde es un hecho notorio que existen uno estatal y otro federal de alta seguridad).
"De esta forma, en el caso no existe un principio de ejecución, pues no hay elementos de que siquiera se ha iniciado el invocado traslado, sino que, como se aprecia de la demanda de amparo, se trataría de una mera expectativa –porque no se ha iniciado–; es inconcuso que en todo caso, de lo que se tendría certidumbre, es que el acto reclamado se tratará de ejecutar en la jurisdicción territorial del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, pues ahí es justamente donde se halla el centro penitenciario donde están recluidos los inconformes, o sea, que el traslado se haría –en su caso– de la capital de esta entidad federativa a esta localidad fronteriza.
"Ergo, en el particular se surte la hipótesis legal prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, es al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, a quien corresponde conocer del asunto, porque justo es quien tiene jurisdicción en el lugar donde el traslado reclamado trata de ejecutarse ..."(6)
B) Del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 14/2016.
Antecedentes.
13. Dicho conflicto competencial se suscitó entre el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Tuvo como antecedente la negativa de esos órganos de control constitucional para conocer de una demanda de amparo indirecto, promovida por un interno recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 9, sito en Ciudad Juárez, el cual pidió en su escrito inicial fuera trasladado a la Colonia Penal ‘Islas Marías’.
Postura asumida por el aludido órgano jurisdiccional al resolver dicho diferendo.
14. El Tribunal Colegiado en comento determinó que correspondía conocer del asunto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Justificó esa decisión en que al momento de la presentación de la demanda de amparo no existía alguna orden de traslado que pudiera ejecutarse; por el contrario, detectó que la promoción del indicado mecanismo de control constitucional era precisamente para lograr su emisión, teniendo aplicación al caso lo previsto en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Las consideraciones correspondientes fueron las siguientes:
"...
"Según se desprende del análisis de la demanda de amparo, el quejoso señaló como autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad y al Juez Primero en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, a quienes les reclamó el traslado del CEFERESO 9 (Ciudad Juárez, Chihuahua), a la Colonia Penal Federal "Islas Marías".
"Así, primero debe acordarse de que para una orden de traslado –sic– se requiere de ejecución material por ser un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; de ahí que una orden de traslado (para efectos del juicio de amparo) debe considerarse como el acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso.
"Por ello, para que se cumpla la orden de la autoridad en tal sentido, se requiere de tres momentos que conforman el traslado:
"El primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido.
"El segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto.
"El tercero, es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, en esta etapa culmina la ejecución de la orden.
"Sin embargo, en la especie, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, es claro que no existe orden de traslado alguno, por ende, tampoco ninguno de los momentos indicados, puesto como se destacó, precisamente con la demanda de amparo el imperante pretende que las autoridades señaladas como responsables autoricen su traslado del lugar en que se encuentra recluido (CEFERESO 9 en Ciudad Juárez, Chihuahua) a la Colonia Penal Federal ‘Islas Marías.’(7)
C) Del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al decidir el conflicto competencial 18/2015.
Antecedentes.
15. El citado diferendo competencial se suscitó entre el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, pues se negaron a conocer de una demanda de amparo indirecto, promovida contra la orden para trasladar a un quejoso del Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, al Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe aclarar que al ratificarse el referido escrito inicial se advirtió que el mencionado traslado ya se había ejecutado.
Postura asumida por el indicado Tribunal Colegiado.
16. El indicado órgano jurisdiccional fincó la competencia por razón de territorio en favor del primero de esos Juzgados de Distrito, es decir, el ubicado en la Ciudad de México, por ser el que previno en el conocimiento del asunto. Las consideraciones fueron las siguientes:
"...
"El Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, consideró que se actualizaba la hipótesis a que se refiere el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, es decir, que sus efectos se prolongan con el tiempo con motivo de su ejecución, si aquélla ya culminó, dado que el quejoso está interno en el centro penitenciario con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, es a un Juez de Distrito en ese Estado a quien corresponde conocer del asunto, pues es quien tiene jurisdicción en el lugar donde se está privando de la libertad al inconforme y se ejecutó el acto reclamado.
"Por su parte, el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, estimó que si el acto reclamado consiste en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, es evidente que comenzó a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, por lo que es a la autoridad declinante a quien compete conocer de la demanda de amparo, pues es la que previno en su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo.
"Ahora bien, a juicio de este tribunal la competencia legal para conocer del juicio de amparo ********** promovido por ********** como representante de **********, se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la orden de traslado de ********** del Centro Varonil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve, con residencia en Ciudad Juárez; el cual, de constancias se desprende que ya fue ejecutado, es decir, el quejoso ya se encuentra interno en el centro de reclusión citado en segundo término.
"Luego, como lo refirieron los juzgadores contendientes, las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, se desprenden de lo dispuesto por el numeral 37 de la Ley de Amparo y se hacen consistir en lo siguiente:
"1) La competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Hipótesis normativa que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia legal del Juez de Distrito radica en que éste ejerza jurisdicción en el sitio donde materialmente se intente ejecutar o ejecute el acto reclamado; con independencia del lugar en que radique la autoridad que lo ordenó.
"2) En caso de que el acto reclamado se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será legalmente competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones que haya prevenido; y,
"3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será legalmente competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado.
"Supuesto que establece como requisito sine qua non que el acto reclamado no tenga ejecución material para que el juzgador legalmente capaz de analizar su constitucionalidad sea el del lugar donde se encuentre la autoridad que lo ordenó.
"Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, advirtió que dichos tribunales arribaron a diferentes conclusiones en cuanto a cuál es el Juez competente tratándose de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, dando lugar a la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 35/2008 de rubro: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.’
"Así las cosas, para determinar qué órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de una demanda de amparo en los términos señalados, precisó que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo; y, que la misma es de tracto sucesivo, por no agotarse con su sola emisión, sino que se desarrolla en diferentes etapas sucesivas y culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario.
"En consecuencia, sostuvo que tratándose de una orden de traslado de un centro de reclusión a otro, la hipótesis de competencia aplicable al caso es la prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, en cuanto dispone que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, será legalmente competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones que haya prevenido.
"Por lo expuesto, tomando en consideración que la orden de traslado de ********** comenzó a ejecutarse en esta ciudad y se materializó en Ciudad Juárez, Chihuahua, debe concluirse que el Juzgado de Distrito legalmente competente para conocer del juicio biinstancial **********, es aquel ante el que se presentó la demanda de amparo, es decir, el Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, por ser el que previno.
"Es aplicable la tesis de jurisprudencia en materia penal 1a./J. 35/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII; correspondiente a julio de 2008, Novena Época, cuyos rubro y texto son:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.’ [Insertó su contenido]."(8)
D) Del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al decidir el conflicto competencial 23/2015.
Antecedentes.
17. Tanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes como el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, se negaron a conocer de una demanda de amparo indirecto a través de la cual se reclamó la orden, ya ejecutada, para que un quejoso fuera conducido del Centro de Reinserción Social para Varones del Estado de Aguascalientes, al Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez.
Criterio adoptado por el aludido Tribunal Colegiado.
18. Determinó que correspondía conocer del asunto al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes en mención, pues al haber actos de ejecución en más de un Distrito Judicial, la competencia territorial operaba en favor del que previno, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 37 de la actual Ley de Amparo.
19. Las razones que motivaron esa conclusión fueron las siguientes:
"... este Tribunal Colegiado considera que la competencia territorial para conocer del amparo promovido por **********, se surte a cargo del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes.
"Lo anterior, en virtud de que de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se advierte que se reclama la orden de traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social del Estado de Aguascalientes al Centro Federal de Readaptación Social número Nueve ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, atribuida al Juez Primero de Distrito en el Estado, al Delegado de la Procuraduría General de la República, al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito, al director del Grupo de Traslados de la Policía Ministerial Federal y al director de Reinserción Social, todos con residencia en el Estado de Aguascalientes, así como al director general del Centro Federal de Readaptación Social número Nueve en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que dicho acto reclamado ya fue ejecutado, según se reconoce en la demanda de garantías.
"Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres supuestos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, aspecto respecto del cual coinciden los juzgados en conflicto, pues al respecto establece:
"[Transcribió el texto del invocado enunciado normativo].
"Como se ve, las primeras dos hipótesis previstas en el primero y segundo párrafos están relacionadas con actos que requieren de una ejecución material en tanto que la otra, prevista en el tercer párrafo, se refiere a los casos en que el acto reclamado no requiere de ejecución material.
"Ahora bien, para los casos en que el acto reclamado requiera de ejecución material, la competencia de los Jueces de Distrito se determina según se trate de un lugar o más en los que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, dado que el primer párrafo establece una regla general que alude a la ejecución que se lleva a cabo en un solo lugar, pues hace referencia al Juez que tenga jurisdicción en el ‘lugar’, en cuyo caso será competente, precisamente, el Juez que tenga jurisdicción en dicho (sic) territorio que corresponda al de ejecución; en tanto que el segundo párrafo establece el supuesto de que el acto tenga ejecución en más de un Distrito o comience a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es decir, que la ejecución involucre dos lugares o jurisdicciones distintas, en cuyo caso, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de garantías, esto es, cualquiera de los Jueces a prevención.
"Por tanto, la hipótesis prevista en el primer párrafo se refiere a los casos en que el acto reclamado requiera de ejecución material, la cual debe tener lugar en un solo Distrito, es decir, que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o que se haya ejecutado en una misma jurisdicción territorial, en cuyo caso es Juez competente el que (sic) jurisdicción en ese Distrito, de ahí que no se actualice ese supuesto, dado que en el caso concreto se emitieron actos de ejecución tanto en el Estado de Aguascalientes como en el Estado de Chihuahua; en cambio, la segunda hipótesis establecida en el segundo párrafo se refiere, de manera precisa, a los casos en que el acto reclamado requiera de ejecución material y que ésta se realice en más de un Distrito, lo que, como se verá más adelante, sí sucedió en la especie, pues comenzó a ejecutarse en uno de ellos (Aguascalientes) y concluyó su ejecución en otro (Ciudad Juárez, Chihuahua), por lo que cualquiera de los Jueces sería competente a prevención, sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que ya se hubiere ejecutado el traslado en su totalidad, toda vez que el ingreso del reo en el centro penitenciario al que fue trasladado sólo constituye la última etapa de la ejecución.
"Es así, ya que la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, es un acto que requiere de ejecución material y que es de tracto sucesivo, en virtud de que no se agota en un solo momento, sino que se trata de hechos sucesivos tendentes al traslado material de la persona, en los cuales el reo primero es excarcelado del lugar de reclusión en el que se encuentra, después es trasladado al otro centro de reclusión y, finalmente, es ingresado en este último, de lo que se aprecia la existencia de tres actos o hechos sucesivos y materiales de ejecución, a saber, la excarcelación, el traslado y el ingreso en el nuevo centro, de modo que fue en Aguascalientes que comenzó la ejecución.
"Por tanto, como en el caso concreto dichos actos de ejecución ocurrieron en distintos Distritos, se surte el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual es competente, a prevención, el Juez federal ante el cual se presentó la demanda, es decir, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes ..."(9)
E) Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al fallar el conflicto competencial 4/2016.
Antecedentes.
20. Tanto el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, como el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, se negaron a conocer de una demanda de amparo indirecto, promovida por un quejoso contra la orden de trasladarlo del Centro de Readaptación Social Federal número 9, sito en Ciudad Juárez, Chihuahua, a "uno distinto". El escrito inicial se presentó ante el Juzgado de Distrito con residencia en Monterrey, quien declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito ubicado en Ciudad Juárez, por ser el que ejercía jurisdicción en el lugar donde el promovente se encontraba recluido.
Postura jurídica adoptada para dirimir el conflicto.
21. Se determinó, con apoyo en lo previsto en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que el mencionado Juzgado de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, era el legalmente competente para conocer del asunto, pues no había datos de una posible ejecución del acto reclamado en el Estado de Nuevo León.
22. La parte considerativa de la ejecutoria señala:
"...
"Para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en materia de amparo, el artículo 37 de la Ley de Amparo fija las reglas conducentes a ello, al tenor literal siguiente:
"[Transcribió dicho precepto legal].
"De las reglas de competencia que recoge el numeral reproducido y, acorde al acto reclamado planteado en la demanda de amparo indirecto materia de este conflicto, destaca la competencia del Juez de Distrito que se ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado.
"Ello, por cuanto que el acto reclamado por ********** se hace consistir, como ya quedó transcrito, en la orden de traslado e internamiento del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 Norte, en que afirma encontrarse recluido, a cualquier Centro Penitenciario Federal diverso.
"Dicho acto reclamado, tal como los Jueces de Distrito contendientes convergen en sus respectivas resoluciones, es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona del quejoso, y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, así, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario.
"En la especie, la orden de traslado reclamada, el quejoso se la atribuye a las autoridades que menciona en el capítulo relativo ya transcrito, en su doble calidad de ordenadoras y ejecutoras, dentro de las cuales no figura ninguna de ellas como residente en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, por el contrario, señala al Director del Centro Federal de Reinserción Social Número 9 Norte (lugar en que afirma encontrarse recluido), autoridad que reside en Ciudad Juárez, Chihuahua, según lo reconoció así el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en dicha municipalidad, en su resolución de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en que rechaza la competencia planteada.
"Luego, sí el quejoso afirma que se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 9 Norte, con sede en ciudad Juárez, Chihuahua, entonces, como principio de ejecución del traslado reclamado, iniciará a partir de ese propio centro penitenciario con la salida del reo para su ulterior reclusión a otro centro penitenciario, y esto, genera como consecuencia jurídica, que se ubique en los supuestos de competencia para el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o se trate de ejecutar el acto reclamado, recogido en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que en la especie correspondería hacía el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez.
"Otro de los factores que contribuye a establecer la competencia a favor del citado juzgador es, la franca afirmación del quejoso exteriorizada en su demanda de amparo, en el sentido de que reclama la orden de traslado e internamiento del lugar en que se encuentra recluido actualmente (Centro Federal de Reinserción Social Número 9 Norte) a cualquier otro Centro Penitenciario Federal diverso y, en el Estado de Nuevo León donde ejerce jurisdicción territorial el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal contendiente, no existe ningún Centro Federal de Reclusión en donde pudiera, en su caso, llevarse a cabo la ejecución final del traslado reclamado, hecho éste que es notorio y público. De ahí que se excluya también el conocimiento del asunto para el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal, bajo la hipótesis de la prevención en el conocimiento de la demanda, como erróneamente lo maneja el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua.
"Al respecto, por regular un caso similar, se comparte en cuanto a su tratamiento la tesis siguiente:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO.’[Insertó su contenido y datos de publicación en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación].
"Como corolario de lo considerado, resultan inaplicables las tesis en que se apoya el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, para rechazar la competencia propuesta a su favor, toda vez que, como se estableció líneas arriba, no hay dato o evidencia alguna que permita desprender que haya comenzado a ejecutarse el traslado del quejoso en el ámbito territorial que ejerce jurisdicción el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León."(10)
F) Del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al decidir el conflicto competencial 22/2017.
Antecedentes.
23. Este diferendo competencial tuvo como origen la negativa del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, así como la del Juzgado Segundo de Distrito en esa misma entidad federativa, con sede en la ciudad de Chihuahua, para conocer de un juicio de amparo indirecto, promovido por una persona contra los actos siguientes: i) la indebida aplicación del Acuerdo 286, emitido por la Secretaría de Educación Pública; ii) la falta de inspección durante la ejecución de los lineamientos expedidos por la citada Secretaría en el procedimiento de acreditación de los conocimientos a nivel licenciatura en Derecho; iii) la resolución recaída a la segunda fase del mencionado procedimiento; y, iv) la programación de nueva cuenta de la aludida segunda fase de dicho procedimiento.
Considerac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29076-774cfd2a/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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