COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA RECLUIDA EN UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE SE LE INSTRUYE UN PROCESO PENAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN POR ESCRITO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN, JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ TORRES Y JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ BARBA. PONENTE: HUGO RICARDO RAMOS CARREÓN. SECRETARIO: MARIO HAZAEL ROMERO MEJÍA.
Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente al once de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos del expediente 3/2017, relativo a la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo y el Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis.
Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, el treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente de dicho órgano colegiado, denunció la posible contradicción de tesis, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017, de su índice, y el Tercer Tribunal Colegiado de la referida especialidad de este Circuito, al fallar el conflicto competencial 8/2017, de su índice.
SEGUNDO.-Trámite ante el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito.
Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número de contradicción de tesis 3/2017 y solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, informaran si subsistían los criterios sustentados en cada uno de los asuntos mencionados y enviaran copia certificada de las ejecutorias respectivas.
TERCERO.-Remisión de constancias y turno.
Mediante auto de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, tuvo por desahogada la vista ordenada; asimismo, con fundamento en el artículo 13, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó turnar la contradicción de tesis al Magistrado Hugo Ricardo Ramos Carreón, integrante del Pleno de Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes, provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal pertenecientes a este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:
"Ahora bien, en una adecuada exposición argumentativa y como marco jurídico que debe regir en el presente asunto, se transcribe el artículo 37, de la Ley de Amparo que establece:
"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.-Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.-Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’
"Lo señalado no es de origen.
"Del contenido del precepto legal antes transcrito, se advierte la existencia de tres hipótesis para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber:
"• Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;
"• En caso de que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces será competente ante el Juez que se haya presentado la demanda; y,
"• Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado el escrito de protección constitucional.
"En efecto, como se ve, las dos primeras reglas de competencia se refieren al acto o resolución reclamados que requieren de ejecución material, mientras que la última se refiere a actos que no demandan ejecución material.
"Cierto, para una adecuada exposición argumentativa, debe decirse en primer orden, que el acto que el impetrante le reclamó al Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, fue la negativa a recibirle sus escritos y peticiones, así mismo, refiere que hace dos años presentó sus conclusiones acusatorias y no ha recibido notificación alguna de su proceso, ni cuenta con defensor público.
"Lo anterior, se traduce en una afectación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional (actos negativos), el cual protege en principio la garantía de seguridad jurídica con que cuenta todo gobernado, relativo a que a sus peticiones se les dará respuesta y se le hará saber su contenido, pero ello, en el particular, incluye también la protección del derecho de los particulares a ser informados del estado que guardan sus instancias cuando éstas estén sujetas a un trámite, pues el precepto constitucional en comento, expresamente establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a la que se le haya dirigido, la cual tiene la obligación de responderlo y hacerlo conocer en breve término al peticionario.
"Cabe precisar, que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, ya que la abstención por parte de la responsable a dar contestación al quejoso, es un acto aparentemente de carácter negativo, que tiene efectos positivos, pues no debe soslayarse que lo que pretende el quejoso es obtener una respuesta tendente a conocer su situación jurídica, pues refiere éste, entre otros aspectos, que tiene dos años sin recibir información ni respuesta alguna por parte de la responsable, respecto del estado que guarda la causa seguida en su contra.
"Esto es, en la especie, se actualiza la primera regla de competencia, puesto que la naturaleza de la negativa a recibir escritos y peticiones, en el caso que nos ocupa, requiere, necesariamente, una ejecución material y no solamente un acto declarativo.
"Así, las consecuencias de la omisión de la autoridad responsable reclamada por el quejoso, trae aparejada una ejecución material, pues del estudio de la demanda de petición de protección constitucional en su integridad, se advierte que el peticionario de garantías reclama la falta de respuesta a sus escritos, así como el silencio que ha guardado la autoridad señalada como responsable, respecto a informarle del estado procesal de la causa **********, de su índice, por lo que, independientemente, del sentido en que se emita la respuesta de la autoridad responsable, la omisión de dicha autoridad, traerá como consecuencia que se dé un acto de ejecución material, esto es, respecto de las actuaciones que deberán recaer precisamente en el proceso.
"Ahora bien, se debe considerar que respecto de la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra el auto de formal prisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011, determinó que se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal en primera instancia, aun cuando ésta no coincida con la jurisdicción en la cual se encuentra recluido el quejoso, ello atendiendo a que los efectos del auto de formal prisión, se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión.
"Lo anterior cobra aplicación en la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), publicada en la página 2183, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 160608, cuyos rubro y texto son:
"‘COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los Jueces de Distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del Juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el Juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad.’
"En ese sentido, si el quejoso **********, al estar recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, localizado en el Estado de Jalisco, envió vía correo postal su escrito de petición de protección constitucional, en el cual, señaló como actos reclamados la omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a sus escritos y peticiones, así como su omisión en informarle el estado procesal que guarda la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.
"Entonces, bajo esa óptica, se deduce que, cuando el proceso penal se lleva en determinada jurisdicción y la prisión preventiva en otra, incluso con dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, tal divergencia no conduce a controvertir el lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, sino que, en pro de la pronta impartición de justicia, que ordena el artículo 17 constitucional, los juicios de amparo que se promuevan contra actos emanados de un proceso penal, deben concentrarse en un solo juzgado, donde radique la autoridad que instruye el proceso.
"Las mismas razones, necesariamente, aplican para los diversos actos que puedan reclamarse en el juicio de amparo, que emanen de un proceso penal, como las omisiones de informar respecto del estado procesal de la causa penal, ya que dichas omisiones, al igual que el auto de formal prisión, tienen su principal impacto y repercusión directamente en el proceso penal; lo cual, según lo resuelto por la Primera Sala de Mas Alto Tribunal del País, determina la competencia para resolver del juicio de amparo a favor de un Juez de Distrito con residencia igual a la del Juez del proceso.
"En este sentido, se insiste, que en el presente caso, los actos reclamados, consisten en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de informar, respecto del estado procesal de la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que se instruye contra el aquí quejoso ********** (interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, localizado en el Estado de Jalisco), lo que no conduce a estimar el lugar de reclusión como la jurisdicción rectora, sino al lugar en donde se lleva el juicio, pues es ahí donde las omisiones reclamadas tienen su principal impacto y repercusión.
"De modo que, resulta evidente que dichos actos omisivos, tienen ejecución en el lugar en donde se lleva a cabo el proceso penal, es decir, en Nuevo León, Monterrey, esto, como lo establece la primera regla de competencia, prevista en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo.
"De esta forma, se insiste, las omisiones reclamadas, inciden en el continuidad del proceso penal de origen, por lo que su ejecución ocurre, precisamente, donde se sigue el juicio, esto es, como ya se indicó, en Nuevo León, Monterrey."
2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017, el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, esgrimió, en esencia, las consideraciones siguientes:
"En efecto, tratándose de la competencia por territorio, para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone:
"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.
"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’
"Del precepto legal transcrito se advierte la existencia de tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber:
"1. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;
"2. En caso de que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces será competente ante el Juez que se haya presentado la demanda; y,
"3. Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda.
"Las dos primeras reglas de competencia, se refieren al acto o resolución reclamados que requieren de ejecución material, mientras que la última se refiere a actos que no requieren ejecución material.
"En el caso concreto, se actualiza la tercera regla de competencia, puesto que la naturaleza de la negativa de dar respuesta a una petición, tal acto, no requiera de una ejecución material. Aspecto en el que coinciden los juzgadores contendientes.
"Ahora bien, al estar recluidos los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 ‘Occidente’, localizado en el Estado de Jalisco, al momento en que envían vía correo postal su demanda de amparo, lo dirigen al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien al recibirlo, se percata que no se trata de una promoción y ordena remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco.
"Entonces, la referida oficina de correspondencia, turnó la demanda de amparo, al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal en el Estado de Jalisco; lo anterior, permite inferir que la presentación se realizó ante un Juez de Distrito de amparo en materia penal en el Estado de Jalisco, como lo establecen las reglas de la ley reglamentaria.
"En ese supuesto, la competencia para conocer de la demanda de amparo, por cuestión de territorio, se surte a favor del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, como lo prevé la regla de competencia contenida en el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.
"Es de exacta aplicación al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).-El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.’
"En las relatadas circunstancias, la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco es competente para conocer del juicio de amparo 594/2017, de su índice."
CUARTO.-Procedencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
I. La presencia de dos o más ejecutorias, en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
II. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
El criterio anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito considera que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017 y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial 8/2017, pues ambos tribunales se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista la contradicción de criterios.
En efecto, como puede corroborarse en los asuntos en controversia, se analizó si la omisión de dar respuesta a una petición requiere o no una ejecución material, para efectos de determinar la competencia en amparo para conocer de la demanda promovida por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal.
Así es, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, estimó que no siempre los actos de carácter negativo carecen de ejecución material, por lo que la abstención de la autoridad responsable de dar contestación a una petición, si bien, aparentemente, es un acto de carácter negativo, lo cierto es que, en algunos casos, tiene efectos positivos que requieren necesariamente de una ejecución material y, en ese sentido, se surte la primera regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consideró que la naturaleza de la negativa de dar respuesta a una petición, no requiere de una ejecución material y, por ende, se actualiza la tercera regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo.
En estos términos, se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron un mismo problema jurídico, es decir, si la omisión de dar respuesta a una petición requiere o no una ejecución material, para efectos de determinar la competencia en amparo para conocer de la demanda promovida por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal, y sostuvieron criterios discrepantes.
SEXTO.-Aclaraciones.
Cabe señalar que el hecho de que los criterios adoptados por los tribunales contendientes no hayan sido expuestos formalmente como tesis, no es obstáculo para que este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios distintos al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Tampoco lo es la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan integrado jurisprudencia, toda vez que la normatividad establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige dicho requisito, tal como se indica en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo.
Corolario a lo previo, se estima que el sistema de denuncia de contradicción de tesis, entre las establecidas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, tiene por objeto que el Pleno de Circuito correspondiente, a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por ende, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto del problema o punto de derecho dichos Tribunales Colegiados de Circuito actúen como órganos terminales.
Por tanto, de estimarse que la denuncia de contradicción de tesis resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción no tienen la categoría de jurisprudencia, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, tendente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.
En consecuencia, al resolver los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos sometidos a su potestad como órganos terminales, lógicamente pueden sustentar criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, por lo que de estimarse improcedente la denuncia de contradicción de tesis, derivada de lo establecido por éstos al resolver los asuntos de su competencia, so pretexto de que los criterios divergentes no constituyen jurisprudencia, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la intención del Constituyente al establecer a los Plenos de Circuito como aquellos órganos encargados de homogeneizar los criterios sustentados por los tribunales de su Circuito, permitiendo con ello que subsista la inseguridad jurídica provocada por la aplicación de criterios divergentes al interior del Circuito.
SÉPTIMO.-Consideraciones y fundamentos del criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En principio, es conveniente mencionar que tratándose de la competencia por territorio, para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, dispone:
"Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ej
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27743-aaa74994/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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