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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO QUE ADMITE LA COMPETENCIA QUE UNA AUTORIDAD LABORAL JURISDICCIONAL DECLINA EN FAVOR DE OTRA SIMILAR, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD LABORAL QUE ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE TIENE EJECUCIÓN MATERIAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2021. · Registro digital (IUS): 30776
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-07-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Julio de 2022, Tomo III, Pág.2997.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ALFREDO BARRERA FLORES (PRESIDENTE), ÁNGEL RODRÍGUEZ MALDONADO, JAIME FLORES CRUZ, CARLOS SOLÍS BRICEÑO, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ Y JERÓNIMO JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ: IMPEDIDO: EDUARDO ANTONIO MÉNDEZ GRANADO. PONENTE: CARLOS SOLÍS BRICEÑO. SECRETARIO: ENRIQUE JESÚS HIDALGO.

Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave. Acuerdo del Pleno del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, correspondiente a la sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

Vistos; para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 16/2021, y;

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, **********, como apoderado legal de **********, parte recurrente en el conflicto competencial 9/2020, suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en los conflictos competenciales 9/2020 y 42/2017, respectivamente.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, el presidente del Pleno del Décimo Circuito admitió a trámite la posible contradicción de tesis relativa a dilucidar "Si el auto mediante el cual una autoridad con funciones jurisdiccionales declina la competencia tiene o no ejecución material" o "Si el auto que admite la competencia declinada tiene o no ejecución material"; se solicitó a los Magistrados presidentes del Primero y Segundo Tribunales Colegiado del Décimo Circuito, ambos con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los conflictos competenciales 9/2020 y 42/2017; se solicitó a los presidentes de los tribunales contendientes que informaran si los criterios sustentados en los asuntos que motivan esta contradicción de tesis, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; asimismo, se informó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción, vía correo electrónico oficial, para que, de no tener inconveniente, hiciera del conocimiento si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal que guardara relación con el tema materia de este asunto.

A través del auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/323/09/2021, que remitió el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Justicia de la Nación, y el anexo relativo a la copia del oficio SGA/GVP/463/2021, suscrito por el secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, mediante el cual comunica al Pleno de Circuito que durante los últimos seis meses, no existe radicación relacionada con ese tópico.

Posteriormente, en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibidas las copias certificadas de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 42/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, mismas que fueron remitidas vía correo electrónico por el secretario de Acuerdos de dicho órgano, donde además informó que el criterio sustentado en dicho asunto continúa vigente.

Luego, en acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 7/2022, por medio del cual la secretaria de Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, remitió copias certificadas de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 9/2020, del índice de dicho órgano, y donde además hizo del conocimiento del Pleno de Circuito que seguía vigente el criterio sostenido en dicho asunto.

TERCERO.—Turno del asunto. En el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se ordenó turnar los autos al Magistrado Carlos Solís Briceño, integrante del citado Pleno, así como del Primer (sic) Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

En dicho proveído se le hizo de su conocimiento que en términos de lo previsto por el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, el plazo legal para la formulación del proyecto es de quince días hábiles, que se computarán a partir de la notificación de dicho auto, salvo que por causa justificada el Pleno del Décimo Circuito o el Magistrado presidente determinen un plazo mayor; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis(2) y 41 Ter, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III,(4) y 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo en vigor; y el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

También es competente para resolver sobre el impedimento planteado por el Magistrado Eduardo Antonio Méndez Granado, en términos del artículo 45, fracción I, del citado Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEGUNDO.—Es fundado el impedimento planteado por el Magistrado Eduardo Antonio Méndez Granado.

Debe precisarse que la excusa debe calificarse de plano, en términos del artículo 55 de la Ley de Amparo y, en cuanto a las causales de impedimento, con base en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prevé los casos en que los titulares de dicho Poder están impedidos "para conocer de los asuntos", sin que corresponda aplicar el artículo 51 de la Ley de Amparo, en virtud de que este último precepto regula las causas de impedimento para conocer "de los juicios de amparo" y la resolución de contradicción de tesis es un asunto que corresponde a un órgano del Poder Judicial de la Federación, pero no un juicio de amparo.

Expuesto lo anterior, en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVI del citado artículo 126, pues el Magistrado que invoca el impedimento manifiesta que cuando fungió como Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en Coatzacoalcos, dictó el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el juicio de amparo indirecto 172/2020, el cual dio origen a uno de los conflictos competenciales que es motivo de la presente contradicción de criterios; lo que constituye una situación análoga a que se actualice el impedimento por haber sido Juez en el mismo asunto, en otra instancia.

Lo anterior, ya que el referido Magistrado expresa que él, en su carácter de Juez de Distrito, emitió la resolución que dio motivo a uno de los conflictos competenciales que participa en la contradicción que ahora se resuelve.

Ahora bien, la fracción XVI referida debe interpretarse de forma restrictiva, toda vez que a través de ella se trata de evitar escenarios en los que pueda ponerse en riesgo la objetividad e imparcialidad de los Jueces y Magistrados. En ese sentido, el hecho de que un Magistrado haya emitido, en su calidad de Juez Federal, una de las resoluciones en las que participa la presente contradicción de tesis, puede generar incertidumbre sobre su imparcialidad y respecto a la posibilidad de que se vea inclinado a confirmar –aun indirectamente– sus propias determinaciones. Por tanto, se estima que la causal de impedimento referida sí es aplicable al caso particular.

Debe precisarse que no existe fundamento para suspender o diferir la resolución de la contradicción de tesis, en virtud de que el Acuerdo General que regula el funcionamiento de los Plenos de Circuito no prevé que, en caso de que uno de sus integrantes esté impedido, deba ser sustituido; de tal manera que la decisión debe tomarse por los demás integrantes del Pleno de Circuito y, en caso de empate, el presidente tendría voto de calidad, tomando como referencia lo previsto en el artículo 56, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 56. Cuando uno de los Ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del Pleno o Sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad."

Por tanto, se califica como fundado el impedimento planteado por el Magistrado Eduardo Antonio Méndez Granado, por lo que se encuentra impedido para participar en la discusión y votación de esta contradicción de tesis, que debe ser resuelta por los restantes integrantes de este Pleno de Circuito.

En consecuencia, se continúa con la resolución de la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por **********, como apoderado legal de **********, en el conflicto competencial 9/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave; por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

CUARTO.—Criterios materia de la contradicción de tesis. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Primer criterio.

Conflicto competencial 42/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, residente en Coatzacoalcos y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, porque se declararon legalmente incompetentes por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que promovió el quejoso ********** en contra del acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, declinó su competencia legal, así como del diverso acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete dictado por la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Villahermosa, Tabasco, en el que aceptó la competencia declinada por la primera autoridad referida.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en sesión pública ordinaria de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos determinó declarar legalmente competente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en Coatzacoalcos, bajo las consideraciones siguientes:

"SEXTO.—I. Estudio.

"La competencia para conocer y resolver el asunto de que se trata, corresponde al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones siguientes:

"El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé:

"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’

"Según se ve, esta porción normativa prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en el conocimiento de los juicios de amparo indirecto, tomando como parámetro la ‘ejecución’ del acto reclamado, a saber:

"1. Si el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado.

"2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"3. Pero si el acto reclamado no requiere ejecución material el Juez de Distrito competente para conocer del asunto, será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

"Sobre esas bases, para resolver el conflicto suscitado entre los órganos jurisdiccionales contendientes, es menester, en primer término, determinar si en el caso el acto reclamado tiene o no una ejecución material, y para ello debe tomarse en cuenta cuál es su naturaleza para efectos del juicio de amparo, ya que el artículo 37 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión.

"En ese tenor, los actos de autoridad, por regla general, pueden clasificarse, en lo que a este asunto interesa, en positivos y negativos.

"Los actos negativos, a su vez jurisprudencialmente han sido clasificados en abstenciones, negativas simples y actos prohibitivos; las abstenciones implican un no actuar de la autoridad; respecto de las negativas simples, éstas constituyen un rechazo a una solicitud y en relación con los actos prohibitivos, implican una orden positiva de la autoridad para impedir una conducta previamente autorizada.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, como una nota distintiva adicional sobre la naturaleza de los actos de autoridad, a fin de dilucidar si éstos tienen ejecución, que los negativos con efectos positivos producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existentes, a diferencia de los declarativos, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular.

"Al respecto, ilustra la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.), publicada en la página 604 del Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación:

"‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA. La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente, en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material.’

"Así, en relación con la clasificación de la naturaleza de los actos reclamados, a fin de verificar si éstos requieren o no de ejecución material, se ve que la naturaleza del acto radica en que si éste es positivo, declarativo o negativo. Diferencia que resulta importante ya que si es declarativa o negativa, no será ejecutable, puesto que la primera no trasciende al mundo fáctico, y por cuanto a la segunda, su naturaleza implica una abstención, una simple negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, o una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material; y, si por el contrario tiene efectos positivos, participará de la característica de ejecutable, ya que sus efectos trascienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta.

"En el caso, como se dijo, los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en el acuerdo mediante el cual la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en esta ciudad declinó el conocimiento de la demanda laboral promovida por el quejoso, en favor de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje residente en Villahermosa, Tabasco; y en el acuerdo por el que esta última aceptó la competencia planteada.

"Tales actos, no pueden reputarse en estricto sentido que conlleven un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal; esto, porque ambos constituyen la determinación de las autoridades respecto del presupuesto procesal cuestionado: la competencia para conocer de la demanda laboral instada por el actor, sin que sus consecuencias se traduzcan en un mandato en el sentido de realizar una conducta determinada.

"Se afirma que tales actos no pueden reputarse como de ejecución ni que la requiera, en razón de que si bien por virtud de la declaración de incompetencia y la posterior aceptación a la declarada competente, conllevará que la primera remita los autos naturales y que esta última los reciba para que dé continuidad al procedimiento, lo cierto es que ello no podría entenderse como el acatamiento de orden alguna ni como un acto de ‘ejecución material’ de la primigenia resolución, en razón de que tal continuidad es obligada para la autoridad que acepta la competencia declinada, desde luego, si es que no detecta o desestima las causas que obstaculicen su prosecución.

"De ahí que sea dable concluir que los actos reclamados consistentes en la determinación de la autoridad de trabajo que declina la competencia como la de la diversa autoridad que la acepta, constituyen actos jurídicos de naturaleza meramente declarativa, pues versan únicamente sobre la definición de un presupuesto procesal previo a decidir el fondo del asunto sometido al arbitrio judicial, en razón de que por lo que (sic) sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal.

"En otras palabras, no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino que se trata de pronunciamientos meramente declarativos que sólo tienen por efecto que se dé continuidad al procedimiento laboral, lo cual es obligación de la autoridad que acepta que es la competente para tal finalidad. "Así las cosas, como las determinaciones de competencia dictadas por las autoridades de trabajo (una que declina y la otra que la acepta) constituyen determinaciones que no requieren ejecución material, tal circunstancia conlleva que se finque la competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, reproducido en párrafos anteriores, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda, cuya interpretación debe ser literal, ya que su contenido no deja lugar a dudas.

"Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 500, del Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.’

"Sin que constituya obstáculo a lo aquí decidido la jurisprudencia PC.XVI.A J/16 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que el Juez Noveno de Distrito invoca en apoyo de su decisión intitulada: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO.’, pues además de que este órgano colegiado no está obligado a acatarla en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de su contenido se aprecia que el acto reclamado ahí analizado consiste en la determinación de incompetencia de una autoridad que fija a la competente ordenando que se le remitan los autos, siendo que en el caso, los actos reclamados se tratan tanto de la determinación de la junta de trabajo que declina su competencia, como la diversa de la autoridad de trabajo que la acepta.

"II. Decisión.

"En las apuntadas condiciones, debe concluirse que el conflicto competencial se resuelve con la regla que se establece en el párrafo tercero del numeral 37 de la Ley de Amparo, que especifica que si el acto reclamado no requiere ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda constitucional, esto es, ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad."

Segundo criterio.

Conflicto competencial 9/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con residencia en Coatzacoalcos, y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, porque se declararon legalmente incompetentes por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que promovió el quejoso ********** en contra del acuerdo mediante el cual la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, declinó su competencia legal por razón de territorio, así como el proveído donde la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, aceptó la competencia declinada.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en sesión ordinaria de veintidós de octubre de dos mil veinte, por unanimidad de votos determinó declarar legalmente competente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, bajo las consideraciones siguientes:

"QUINTO.—Estudio de la competencia. El conflicto competencial planteado se constriñe a determinar a favor de qué Juzgado de Distrito se surte la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por **********.

"Apuntado lo anterior, este órgano colegiado estima que la competencia legal se surte a favor del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al tenor de las consideraciones siguientes.

"En principio, es necesario puntualizar que para fijar la competencia, se debe prescindir de los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa, pues éstos únicamente evidencian cuestiones subjetivas y no constituyen un criterio que determine la competencia del asunto. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 24/2009, autoría de la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, foja 412, registro digital: 167761, que dice: ‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.’

"Ahora bien, en el caso de que se trata, se observa que el acto reclamado se hizo consistir en la resolución por medio de la cual la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, declinó la competencia por razón de territorio, así como la aceptación de la misma por parte de la Junta Especial Número Treinta y Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca, Oaxaca. Consecuentemente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se hace evidente la legal competencia que le asiste al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; consideración que se adopta, partiendo del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

"‘Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"‘Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.’

"Como puede advertirse, la disposición legal reproducida contempla las siguientes hipótesis:

"1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.

"2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.

"3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las premisas antes señaladas, por lo que es importante distinguir la operancia de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que esto ocurra en la jurisdicción de uno

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30776-40824b6b/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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