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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL DE INCOMPETENCIA CUANDO SE SEÑALA LA AUTORIDAD A QUIEN SE CONSIDERA COMPETENTE PARA ELLO Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE LOS AUTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE MATERIALIZA EL MANDATO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. · Registro digital (IUS): 26365
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-06-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo III, Pág. 1552.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ, ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, JOSÉ DE JESÚS QUESADA SÁNCHEZ, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES Y ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. PONENTE: JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. SECRETARIA: MAURA SÁNCHEZ CERÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos entre dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa pertenecientes a este circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en función de que fue promovida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, quien fue contendiente en el conflicto competencial **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, cuya resolución es materia de la presente contradicción de tesis.

TERCERO.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto de competencia **********, el uno de octubre de dos mil quince, sostuvo, en lo conducente, las consideraciones siguientes:

"SEGUNDO.-Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito determina que sí existe conflicto competencial y que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, a través de su apoderada **********, conforme a lo que se expone enseguida.-De la demanda de amparo se observa como acto reclamado el acuerdo de diez de junio de dos mil quince, mediante el cual, la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenó la remisión del expediente ********** de su índice, a la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación con domicilio en el Distrito Federal, por considerarla competente para conocer y resolver de la demanda de nulidad promovida por la parte quejosa en el juicio de amparo de origen, quien tildó de inconstitucional, además, el acuerdo de dos de julio de dos mil quince, por el que el órgano jurisdiccional mencionado en segundo término aceptó la competencia declinada.-En criterio del Juez Quinto de Distrito con residencia en Celaya, Guanajuato, carece de competencia legal para sustanciar y resolver el juicio de garantías, porque el acto reclamado, consistente en el proveído de dos de julio de dos mil quince, emitido en el expediente **********, del índice de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en México, Distrito Federal, en el cual acepta la competencia para continuar conociendo del juicio número **********, del índice de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, sustituyó la determinación de esta última y, por ende, contiene una ejecución material que actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo.-Bajo esa consideración, expuso: (fojas 75 vuelta a 77 vuelta del expediente de origen). Por lo anterior, los actos previos realizados por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, no son susceptibles de catalogarse como lesivos de derechos o garantías de la parte quejosa, dado que, lo por ella actuado fue sustituido, como ya se apuntó más arriba, por las directrices y órdenes dictadas por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en México, Distrito Federal, para la continuación del juicio de nulidad intentado por los solicitantes del amparo, tales como: (transcripción).-Bajo ese contexto, si la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en México, Distrito Federal, aceptó la determinación del presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, es decir, se mostró conforme en continuar con la sustanciación del expediente de origen, tan es así, que luego de registrarlo lo turnó al Magistrado instructor para su prosecución y dictado de la sentencia correspondiente, es inconcuso que, al tener la autoridad citada en primer término su domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer de la demanda de cuenta corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional mencionado en primer término, por ser donde tienen ejecución material los actos reclamados.-Es aplicable a lo anterior, la tesis número IX.2o.19 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, materia común, publicada en la página 1400, Novena Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con el número de registro «digital:» 178027, del siguiente contenido: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO QUE DEBA CONOCER DEL NEGOCIO JURÍDICO.’ (la transcribe).-También es aplicable al caso, la tesis visible en la página 30 del informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al año de 1986, que establece: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN DEBA EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO.’ (la transcribe).-Asimismo, es aplicable la tesis jurisprudencial II.2o. J/19, publicada en la página 45, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, materia común, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: ‘COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO.’ (la transcribe).-En efecto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se aprecia que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ejercerán jurisdicción territorial, entre otras ciudades, en dicha ciudad.-Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en turno, adjuntando las copias relativas a la misma, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse recibo de estilo e informe su determinación sobre la competencia declinada.-Por su parte, el secretario encargado del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, decidió no aceptar la competencia declinada, porque si bien es cierto que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de ese juzgado federal, dijo, también lo es que los actos reclamados por la parte quejosa, son declarativos; por lo que es inconcuso que debe aplicarse la regla prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.-Motivó esa conclusión en los siguientes razonamientos: (fojas 86 a 88).-Continuando con el análisis de la demanda de cuenta, se advierte que los actos que por esta vía se reclaman, consistentes en los proveídos de diez de junio y dos de julio, ambos de dos mil quince, dictado por las Salas Regional del Centro III con sede en Celaya, Guanajuato y por la Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, ambos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respectivamente, en los que la primera de las autoridades en cita, se declara incompetente por razón de materia, para conocer del juicio contencioso administrativo número **********, y ordena su remisión a la segunda de las mismas, quien a través del citado auto de dos de julio del año en curso acepta la competencia planteada, registrándolo bajo el número de expediente **********.-Por lo cual, es claro que dichos actos carecen de ejecución material, pues no lleva implícita una actuación positiva de las autoridades que violente, por tal motivo, son únicamente declarativos, esto es, no llevan implícito un principio de ejecución inmediato o que necesariamente requiera para que surta efectos el actuar posterior de la autoridad, dado que la situación jurídica que en él se estableció, no requiere para su prevalencia de un acto posterior ejecutivo.-En efecto, es importante destacar que los actos declarativos son aquellos en que la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin modificar situaciones o derechos existentes; por tanto, derivan actos meramente declarativos que se materializan desde la fecha en que se hace esa declaración.-Ahora, la autoridad oficiante refiere que la determinación contenida en el acuerdo de dos de julio del año en curso, dictado por la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente número **********, debe considerarse como la última o definitiva dentro del mencionado trámite de incompetencia y, por ende, en su contra resulta válido promover el juicio de amparo biinstancial, con el objeto de que sea examinada la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha decisión; circunstancia que este órgano jurisdiccional no controvierte.-No obstante, el juzgado de mérito sustenta su determinación en el hecho de que los actos realizados por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no son susceptibles de catalogarse como lesivos de derechos fundamentales de la parte quejosa, en virtud de que lo actuado por dicha autoridad, fue sustituido por las directrices dictadas por la Sala Especializada en comento, por lo que si ésta tiene su domicilio en la Ciudad de México, corresponde al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en dicho lugar de residencia conocer del presente asunto, ya que es donde tienen ejecución material los actos reclamados.-Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues si bien es cierto que la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (autoridad responsable), tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, también lo es que los actos reclamados por la parte quejosa, son declarativos, es decir, no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular; por lo que es inconcuso que debe aplicarse la regla prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la ley de la materia, que dispone que cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, será competente para conocer del amparo el Juez en donde se hubiese prevenido en el conocimiento del asunto, de ahí que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es quien debe conocer del juicio que nos ocupa.-Ello, aunado a que cuando la autoridad se declara incompetente para conocer de un asunto, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantienen los actos que forman parte del juicio contencioso administrativo, por lo que se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material.-Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía

la tesis I.4o.A.430 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos veinticinco, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación ... que señala literalmente: ‘ACTOS ADMINISTRATIVOS. DIFERENCIAS ENTRE LOS DECLARATIVOS Y LOS CONSTITUTIVOS.’ (la transcribe).-En tales condiciones, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, pues si bien es cierto que la autoridad responsable Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tiene su domicilio dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, también lo es que los actos que por esta vía reclama la parte quejosa son declarativos, es decir, no requieren de ejecución material, toda vez que aún no ha admitido la demanda instaurada, únicamente turnaron el asunto, esto es, no ha decidido la situación jurídica del quejoso; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, si la parte promovente presentó su demanda de amparo ante un Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, es quien resulta competente para conocer del asunto en cuestión, y no este juzgado federal.-Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis VII.2o.T.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada el diez de julio de dos mil quince, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO.’ (la transcribe).-Por tal razón, esta Jueza Segunda (sic) de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determina no aceptar la competencia planteada por el juzgado oficiante para conocer del presente asunto.-Lo anterior revela que ambas posturas se confrontan, por lo que existe conflicto competencial, en tanto que los dos órganos jurisdiccionales consideran que no les corresponde conocer de la demanda de garantías de que se trata.-Así, el punto a resolver es determinar qué Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo.-A efecto de dilucidar el problema, se transcribe el texto normativo que señala las reglas de competencia en el juicio de amparo ante los Jueces de Distrito: ‘Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.-Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.’.-Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.-Del precepto transcrito derivan las siguientes hipótesis normativas: 1. Es competente un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando el acto que ahí se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en el ámbito territorial en que ejerza jurisdicción.-2. Si el acto comenzó a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez ante quien se presente la demanda.-3. Si la resolución que se reclama en el juicio de amparo no tiene ejecución material, la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito en que la demanda sea presentada.-Las reglas de competencia contenidas en los tres párrafos del artículo en cita contienen como eje rector, la ejecución material del acto reclamado; factor que determina la competencia por razón de territorio.-Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una circunscripción territorial; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro.-La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo.-De esto se sigue, que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro.-De manera que el justiciable pueda obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución, si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley relativa; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde la demanda sea presentada.-En otra perspectiva, la aplicación de las dos primeras reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, deben tener como común denominador un principio de ejecución, que comprende los supuestos relativos a que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado y la distinción es que la primera regla comprende una sola demarcación, en tanto que la segunda abarca dos o más distritos diferentes, en cuyo caso será competente el Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto.-Así, para resolver el conflicto suscitado entre los órganos jurisdiccionales contendientes, es menester, en primer término, determinar, si en el caso el acto reclamado tiene o no una ejecución material y, para ello, debe tomarse en cuenta cuál es su naturaleza para efectos del juicio de amparo, ya que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión.-En ese tenor, los actos de autoridad, por regla general, pueden clasificarse, en lo que a este asunto interesa, en positivos y negativos.-Los actos negativos, a su vez, jurisprudencialmente han sido clasificados en abstenciones, negativas simples y actos prohibitivos; las abstenciones implican un no actuar de la autoridad; respecto de las negativas simples, éstas constituyen un rechazo a una solicitud, y en relación con los actos prohibitivos, implican una orden positiva de la autoridad para impedir una conducta previamente autorizada.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, como una nota distintiva adicional, sobre la naturaleza de los actos de autoridad, a fin de dilucidar, si éstos tienen ejecución, que los negativos con efectos positivos producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existentes, a diferencia de los declarativos, que no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular.-Lo anterior se advierte del texto de la jurisprudencia 2a./J. 68/2012 (10a.), publicada en la página 604 del Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe a continuación: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA.-La negativa referida constituye un acto negativo carente de ejecución y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo promovido en su contra corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la dictó, al actualizarse la regla competencial establecida en el tercer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, porque constituye un acto meramente declarativo. Lo anterior es así, ya que los actos negativos con efectos positivos o los de carácter estrictamente positivo producen un cambio en la realidad o modifican un estado de cosas existente; en cambio, los declarativos no alteran el estado de las cosas ni modifican el entorno o la esfera jurídica de un particular. De ahí que, cuando la autoridad se niega a acordar favorablemente la solicitud de devolución de depósitos existentes en una subcuenta de vivienda ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se provoca cambio alguno en el estado de las cosas, pues se mantiene la indisponibilidad del solicitante respecto de los recursos que solicita y se trata de un acto declarativo que no amerita una ejecución material.’.-Como se ve, acorde a los criterios establecidos por el Máximo Tribunal del País, en relación con la clasificación de la naturaleza de los actos reclamados, a fin de verificar si éstos requieren o no de ejecución material, se obtiene que la naturaleza del acto radica en que si éste es positivo, declarativo o negativo, y dicha diferencia es importante, ya que si es declarativa o negativa, no será ejecutable, puesto que la primera no trasciende al mundo fáctico, y la segunda, su naturaleza implica una abstención, una simple negativa de la autoridad a obrar en tal o cual sentido, o una orden de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado, por lo que si la autoridad se rehúsa u omite actuar en la forma solicitada por la parte quejosa, u ordena un no hacer, es incuestionable que ese tipo de actos carece de ejecución material; y, si por el contrario tiene efectos positivos, participará de la característica de ejecutable, ya que sus efectos trascienden al mundo fáctico, verbigracia, al ordenar la autoridad la realización de alguna conducta.-En el caso, ya se dijo que los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en el acuerdo mediante el cual, la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declinó el conocimiento de la demanda de nulidad promovida por los ahora quejosos, en favor de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación de ese tribunal federal y en el acuerdo por el que esta última aceptó la competencia planteada.-En relación con el tópico de la competencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 63/2008, señaló que la desestimación de una excepción dilatoria, como la competencia, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal; implica que un punto de debate, imperativo del examen del fondo de la cuestión a juzgar, sea levantado al estimar que el presupuesto procesal cuestionado sí se satisface o que no se dan las condiciones para su cuestionamiento.-Por lo mismo, dijo, la resolución de segundo grado que confirma la sentencia que declara improcedente la excepción tampoco se ejecuta ni requiere de ejecución; sus efectos son estrictamente formales, pues se limitan a dar por buena la determinación del inferior,

in que se traduzcan en prescripción o mandato para éste, en el sentido de realizar una conducta determinada.-Agregó, si se señala como acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirma la de primera en la que se declaró improcedente la excepción procesal y dilatoria y, lógicamente, se señala como responsable a la autoridad emisora, dicho acto no puede reputarse como de ejecución ni que la requiera (por más que se señale que es autoridad ordenadora la emisora y ejecutora el Juez que resolvió en primer grado y que tiene a su cargo tramitar el proceso, puesto que, en realidad, en casos como el examinado, no hay pie para distinguir entre autoridad ordenadora y autoridad ejecutora, dado que el acto impugnado no supone ejecución alguna; hay, en estos casos, autoridad responsable, sí, pero ésta es la que dicta el acto reclamado).-Acotó, cosa diversa es que, en vía de consecuencia, el Juez natural dé continuidad al procedimiento una vez que se confirma su determinación en el sentido de desechar la excepción opuesta; esto no podría ser tenido ni como el acatamiento de orden alguna ni como un acto de ‘ejecución material’ de la resolución de alzada, más que en un entendimiento impropio: dar continuidad a un procedimiento jurisdiccional es obligado para los Jueces, si es que no detectan o desestiman las causas que obstaculicen su prosecución.-Esas consideraciones se resumen en la jurisprudencia 1a./J. 119/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50 del Tomo XXIX, febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DESECHA UNA EXCEPCIÓN PROCESAL DILATORIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO RECLAMADO.-Las excepciones procesales dilatorias tienen como finalidad excluir relativa o provisionalmente la acción del demandante, pues a través de ellas se denuncia el incumplimiento o la falta de presupuestos procesales (como la competencia del juzgador, la vía seguida para tramitar la demanda o la personería de los litigantes). Así, la desestimación de una excepción de ese talante, por considerarla improcedente, no puede reputarse como un acto de ejecución material sino como uno meramente declarativo, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al limitarse a confirmar la determinación del inferior, en el sentido de que no hay obstáculo que impida la prosecución natural del proceso judicial. En ese sentido y atento al artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material, se concluye que la competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria que desecha una excepción procesal dilatoria, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad emisora del acto reclamado, pues al no ordenar la realización de alguna conducta, no se ejecuta ni requiere de ejecución material, pues su contenido se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución.’.-Aplicadas esas directrices al caso, por analogía, se concluye que el impacto del acuerdo mediante el cual la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aceptó la competencia declinada, es meramente declarativo, pues versa únicamente sobre la definición de un presupuesto procesal previo a decidir el fondo del asunto sometido al arbitrio judicial, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal.-En otras palabras, la aceptación de la competencia de la Sala Especializada, no decreta condena alguna ni constituye derechos a favor de alguna de las partes, es decir, no conlleva a la realización de una obligación de hacer o dar, sino que se trata de un pronunciamiento meramente declarativo que sólo tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, que el procedimiento continúe ante la potestad de dicha autoridad responsable.-Aunado a lo anterior, los actos reclamados en la demanda de amparo son las determinaciones asumidas por ambas Salas Fiscales en relación con la competencia por declinatoria que, si bien no suscitó un conflicto de competencia entre ellas, lo cierto es que la pretensión de la parte quejosa con la promoción de la demanda de amparo, es que del asunto conozca la autoridad ante la que inicialmente pres

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26365-27025866/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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