AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE REVOCA EL PROVEÍDO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DESECHA UNA DEMANDA POR CONSIDERAR CARECER DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA, PARA CONOCER DE UN JUICIO ORDINARIO CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 31/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CON SALVEDADES AL QUE SE ADHIEREN LOS MAGISTRADOS FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA E ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES. DISIDENTES: GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN Y DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS. PONENTE: VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER ARREDONDO CAMPUZANO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil (común) corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente destacar los antecedentes que dieron lugar a la emisión de los fallos judiciales que aparentemente se encuentran en contradicción, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
• Recurso de queja civil QC. 287/2019 del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:
Como lo informan las constancias que obran en el presente cuaderno de contradicción de tesis, en el caso de que se habla, ********** y **********, por su propio derecho y en representación de sus dos menores hijos, ejercieron en la vía ordinaria civil federal en contra de la ********** y **********, una acción indemnizatoria por responsabilidad civil objetiva.
Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, se declaró incompetente, por razón de la materia, para conocer del citado conflicto, al considerar que la naturaleza jurídica del reclamo de los demandantes no era de carácter civil, sino administrativa, puesto que lo demandado por los actores era el pago de daños y perjuicios por una supuesta responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que sostuvo que tal controversia debía ventilarse en sede administrativa, dejando a salvo los derechos de los actores para que los hicieran valer ante la autoridad e instancia correspondientes.
Inconforme con tal determinación judicial, los actores interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número toca 348/2019 de su registro. Posteriormente, dictó sentencia el dieciocho de junio de dos mil diecinueve en la que revocó el auto apelado e instruyó al Juez de Distrito para que proveyera sobre la admisión de la demanda, al estimar que la vía ordinaria civil federal es la idónea para ejercer la acción intentada por los actores.
En contra del citado fallo de segundo grado, la codemandada **********, promovió amparo directo del que correspondió conocer al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por acuerdo de cinco de agosto de dos mil diecinueve determinó carecer de competencia para resolver el asunto, al estimar que no se impugnaba una sentencia definitiva o una resolución que hubiese puesto fin al juicio, por lo que sostuvo que el facultado para conocer y resolver el aludido medio de control constitucional era el Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito en turno, distinto del señalado como autoridad responsable.
En virtud de lo anterior, el juicio de amparo de que se trata se radicó ante el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito quien el ocho de agosto de dos mil diecinueve se avocó al conocimiento del asunto y desechó la demanda, bajo el argumento de que el acto reclamado no reunía los requisitos exigidos por la Ley de Amparo para ser considerado como de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de control constitucional biinstancial, sino que se trataba de una violación de carácter adjetivo que sólo producía efectos intraprocesales.
En contra de tal fallo, **********, interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número de expediente QC. 287/2019 de su índice. Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional determinó, por unanimidad de votos, declarar fundado el referido medio de defensa. El fallo de que se habla se sustentó, en la parte que interesa, en lo siguiente:
"QUINTO.—Estudio. Los agravios se analizarán en forma conjunta, por estar estrechamente relacionados entre sí, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo.(2)
"En principio, es importante precisar los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se trata de cuestiones de competencia.
"El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.’
"Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo y concluyó que el juicio biinstancial es procedente contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos.
"En el caso de competencia por declinatoria, se señaló que están comprendidos los actos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, mientras que en el caso de competencia por inhibitoria, aquéllos, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto.
"Asimismo, se indicó que la porción normativa prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo no debía interpretarse literalmente, esto es, que el juicio de amparo es procedente indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, pues se podrían desencadenar consecuencias que atentarían contra la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa.
"Se precisó que tales actos sólo podrían ser impugnados en amparo indirecto cuando se tratara de determinaciones de carácter definitivo, pues sólo en ese supuesto se producía una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en atención a las reglas de procedencia del juicio biinstancial clasificadas en la Constitución Federal, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal.
"De la contradicción de criterios referida derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.),(3) que se transcribe a continuación:
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas.’
"A partir de lo resuelto en el asunto anterior, en la diversa contradicción de tesis 216/2014, el mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que contra la resolución que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia también procede el amparo indirecto, al tratarse de una determinación definitiva.
"La Suprema Corte arribó a la conclusión de que ese tipo de resoluciones se equiparaban a una determinación definitiva, toda vez que desechar o desestimar un incidente y/o excepción de incompetencia –ya sea por declinatoria o inhibitoria– tiene como consecuencia que la autoridad que está conociendo del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su total resolución, lo cual podría implicar que un procedimiento o juicio se siga por una autoridad incompetente y con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, por lo que es en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable.
"Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P./J. 29/2015,(4) de rubro (sic) y texto siguientes:
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia –ya sea por declinatoria o inhibitoria–, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo.’
"Expuesto lo anterior, debe decirse que en la especie, el acto reclamado se ubica en el supuesto establecido por la Suprema Corte en este último criterio.
"En efecto, en el juicio ordinario civil del cual deriva este conflicto, la parte actora demandó de ********** y **********, una acción indemnizatoria por responsabilidad civil objetiva.
"El Juez de Distrito se declaró incompetente para conocer del juicio ordinario, al considerar que la naturaleza del reclamo de la demandante no era civil, y debía controvertirse en sede administrativa, dejando a salvo sus derechos para que los defendiera en la instancia que estimara procedente.
"Contra la determinación anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el cual, el Tribunal Unitario que conoció del asunto revocó el auto de incompetencia e instruyó al Juez que proveyera sobre la admisión de demanda.
"Dicha sentencia de apelación es el acto reclamado en el juicio de amparo promovido por la parte demandada, cuyo desechamiento constituye la materia de análisis en el presente asunto.
"En este contexto, como puede advertirse, el hecho de que el Tribunal Unitario haya instruido al Juez para que admitiera la demanda tiene como consecuencia que éste siga conociendo del asunto que fue sometido a su potestad, hasta su resolución, lo que torna definitiva esa determinación, en términos del criterio apuntado, máxime que no debe perderse de vista que en el caso se involucra una cuestión de fuero, en tanto el Juez de Distrito señaló que la vía ordinaria civil no era la idónea para dirimir la controversia, sino que ello atañe a la sede administrativa, lo cual pone de manifiesto que, según lo definió la Suprema Corte, podría seguirse el juicio ante una autoridad incompetente y conforme a reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde.
"En este sentido, este órgano colegiado considera que, contrario a lo que sostuvo el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el caso concreto el acto reclamado constituye una determinación definitiva que implica que una autoridad conozca de un asunto hasta su total resolución, en donde está involucrada una cuestión de fuero (tribunal administrativo – juzgado federal), por lo que se estima actualizado el supuesto previsto en la jurisprudencia P./J. 29/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Consecuentemente, es dable afirmar que el acto reclamado sí es de imposible reparación y, en este sentido, NO se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, –interpretada en sentido contrario– de la Ley de Amparo.
"Por lo tanto, ante la falta notoria e indudable de la causa de improcedencia que se estimó actualizada en el auto recurrido conforme lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente declarar fundado el presente recurso de queja."
• Recurso de queja QC. 206/2019 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:
Como lo informan las constancias que obran en el presente cuaderno de contradicción de tesis, en el caso de que se habla, **********, por su propio derecho y en representación del menor **********, ejerció en la vía ordinaria civil federal en contra de la ********** y **********, una acción indemnizatoria por responsabilidad civil objetiva.
Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se declaró incompetente, por razón de la materia, para conocer del citado conflicto, al considerar que la naturaleza jurídica del reclamo de los demandantes no era de carácter civil, sino administrativa, puesto que lo demandado por los actores era el pago de daños y perjuicios por una supuesta responsabilidad patrimonial del Estado, por lo que sostuvo que tal controversia debía ventilarse en sede administrativa, dejando a salvo los derechos de los actores para que los hicieran valer ante la autoridad e instancia correspondientes.
Inconforme con tal determinación judicial, la parte actora interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número toca 101/2019 de su registro. Posteriormente, dictó sentencia el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la que revocó el auto apelado e instruyó al Juez de Distrito para que proveyera sobre la admisión de la demanda, al estimar que la vía ordinaria civil federal es la idónea para ejercer la acción intentada por los demandantes.
En contra del citado fallo de segundo grado, la codemandada **********, promovió amparo indirecto del que correspondió conocer al Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien por auto de dieciocho de junio del mencionado año desechó la demanda de amparo, bajo el argumento de que el acto reclamado no reunía los requisitos exigidos por la Ley de Amparo para ser considerado como de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de control constitucional bIinstancial, sino que se trataba de una violación de carácter adjetivo que sólo producía efectos intraprocesales.
Inconforme con lo anterior, **********, interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó bajo el número de expediente QC. 206/2019 de su índice. Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional determinó, por unanimidad de votos, declarar infundado el referido medio de defensa. El fallo de que se habla se sustentó, en la parte que interesa, en lo siguiente:
"III. Respuesta a las alegaciones propuestas en los agravios que se estudian
"A. Postura de este órgano colegiado
"Como se anticipó, los argumentos esgrimidos por la parte recurrente resultan infundados, pues contrario a lo indicado por el quejoso, en el caso no se está en el supuesto de procedencia del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, como acertadamente lo consideró el Tribunal Unitario; en consecuencia, el acto impugnado se trata de una cuestión procesal que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley en la materia.
"B. Justificación
"Para un mejor entendimiento, se narran los antecedentes que la parte quejosa formuló bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo indirecto.
"1. Que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, **********, por su propio derecho y en representación del menor **********, promovió demanda ordinaria civil contra la ********** y en contra de la moral recurrente.
"2. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dictó auto mediante el cual desechó la demanda en cita (sic) y se declaró incompetente para conocer del litigio, al considerar que los hechos ante él plateados eran de competencia en materia de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
"3. **********, por su propio derecho y en representación del menor ********** interpuso recurso de apelación, que se resolvió el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, en el toca 101/2019, en el sentido de revocar el auto que dictó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, señalando que él era competente para conocer del asunto, por lo que ordenó se proveyera respecto de la demanda.
"Dicha resolución constituye el acto reclamado en la demanda de amparo indirecto de la que deriva el recurso de queja que se analiza.
"4. Derivado de lo anterior, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asumió la competencia del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo y el ocho de mayo de dos mil diecinueve, se emplazó al juicio ordinario civil a la moral recurrente.
"5. En contra de la resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, la moral recurrente interpuso juicio de amparo indirecto, de la cual conoció el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quien por auto de dieciocho de junio del año actual, desechó la demanda de amparo al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada en donde se ordenó la admisión de la demanda, en virtud de que el Juez competente para conocer del asunto era el civil, no transgrede derechos sustantivos, respecto de los cuales no era factible determinar en forma inmediata, si causarán un perjuicio irreparable, en atención a que pueden actualizarse hasta que se emita sentencia definitiva.
"En contra de dicha determinación la parte quejosa ahora recurrente, interpuso recurso de queja, en el cual, en vía de agravio aduce esencialmente, lo siguiente:
"• El auto recurrido que desecha la demanda de amparo transgrede sus derechos sustantivos, porque la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que cuando se revisan temas de competencia y para evitar que una autoridad incompetente conoce de un procedimiento que, por ley corresponda a una autoridad administrativa, sí procede el juicio de amparo indirecto, ya que seguir un juicio ante autoridad incompetente, desde luego transgrede los derechos sustantivos del quejoso, lo que sucede en la demanda de origen.
"• En el acto reclamado la responsable revocó la determinación del Juez civil en el sentido de declararse incompetente y ordenar la admisión de la demanda en la vía ordinaria civil, determinación en la que señala, se omitió estudiar la competencia conforme lo ordena el artículo 109 constitucional al tratarse de actos administrativos irregulares, por lo que en su contra es procedente el juicio de amparo indirecto.
"• El tribunal de amparo realizó una inexacta apreciación del acto reclamado, porque no se actualiza causal de improcedencia para desechar la demanda de amparo; máxime que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE AMPARO.’
"• El estudio de la competencia es una cuestión de orden de público que debe analizarse de oficio.
"Lo anterior es infundado. Es pertinente dejar establecidos los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se trata de cuestiones de competencia.
"El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.’
"De la interpretación sistemática –sentido estricto– que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado del anterior precepto en relación con el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos.
"Lo anterior porque los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como:
"Los que en forma definitiva establecen que se declina la competencia o que hay que inhibirse del conocimiento del asunto.
"Lo anterior, porque es en esos momentos cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado.
"En el caso, el acto reclamado no se sitúa en ninguno de los supuestos establecidos por el Alto Tribunal, porque se trata del caso contrario; es decir, una determinación en la que finalmente no se declina o se inhibe la competencia; pues si bien en la resolución impugnada en amparo indirecto que revoca la determinación del Juez primigenio, en la que se había declarado incompetente para conocer del asunto ante él planteado, también lo es, que asumió competencia, es decir, admitió a trámite la demanda ante él planteada, ello, por mandato de un tribunal superior.
"En tales condiciones, el acto que se impugnó en amparo indirecto, no se encuentra en los supuestos de procedencia ya referidos porque no se trata de un proveído que haya declinado competencia o se haya inhibido para seguir conociendo de la contienda sometida a su potestad, sino que lo sigue conociendo, como fue planteado inicialmente.
"Bajo ese contexto, se colige que, como acertadamente lo determinó el Tribunal Unitario, la determinación que constituye el acto reclamado, no es de aquellas que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que la afectación de derechos adjetivos que alega la moral recurrente, únicamente trae como consecuencia que se haya admitido el juicio y se continúe la tramitación de éste por sus etapas respectivas, lo que produce solamente consecuencias intraprocesales que pueden ser reparadas si obtiene sentencia favorable en el juicio natural, en razón de que no originan, desde luego, un ataque a los derechos humanos de la moral quejosa en el amparo bIinstancial; pero de no ser así, estará en condiciones de recurrir las violaciones cometidas en dicha resolución al promover el juicio de amparo directo, en donde las podrá hacer valer como violaciones a las leyes del procedimiento que afectan sus defensas, en términos de lo dispuesto por el artículo 172, fracción XII, –al tratarse de una violación análoga a la prevista en la fracción V, de ese dispositivo– de la Ley de Amparo, y obtener por ese medio que se subsane la infracción procesal que se hubiere cometido, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo.
"Por tanto, como lo sostuvo el Tribunal Unitario, el acto que en vía constitucional se impugnó, no puede ser considerado un acto de imposible reparación y como también ya se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29579-b2ce7c90/amparo-indirecto-procede-contra-la-resolucion-de-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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