RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE POR REGLA GENERAL, CONTRA RESOLUCIONES QUE OMITAN ACORDAR UNA CUESTIÓN JURÍDICA, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O LA JURISPRUDENCIA EXENTEN DE SU INTERPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, MANUEL ERNESTO SALOMA VERA Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. DISIDENTES: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO Y ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. PONENTE: FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ. SECRETARIO: ALFONSO AVIANEDA CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a este Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado de un Tribunal Colegiado de este Circuito, que se encuentra facultado para ello de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(1)
TERCERO.—Posturas contendientes.
a) Antecedentes y ejecutoria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitida en el juicio de amparo directo D.C. 74/1999, cuyos datos relevantes son los siguientes:
Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, **********, por su propio derecho y otros, promovieron demanda de amparo directo contra actos de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y otras autoridades, que hicieron consistir en diversas violaciones de procedimiento atribuidas al Juez Cuadragésimo de lo Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y a la citada Sala de apelación, así como la sentencia definitiva de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca de apelación 3931/1998, relativo al juicio ordinario civil 1469/1996.
El Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió el asunto en ejecutoria pronunciada el doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en la que, en lo que aquí interesa, sostuvo las siguientes consideraciones:
"SEXTO. ... En el segundo y tercer conceptos de violación, los quejosos alegaron como infracciones procesales cometidas en su perjuicio, la omisión del a quo de desahogar en términos legales la prueba pericial ofrecida por aquéllos, pues debió designar perito en rebeldía de la actora y perito tercero en discordia, a fin de que se desahogara en forma colegiada la pericial de los demandados. Que por tratarse de una omisión en la que incurrió el a quo no existe ningún medio ordinario de defensa para impugnar durante el curso del procedimiento total (sic) violado procesal.—En relación con la declaración de deserción de la prueba testimonial ofrecida por los demandados, éstos alegaron infracción en su perjuicio al artículo 114, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que el auto en que se les requería para presentar a sus testigos el día de la audiencia de ley, les debió ser notificado personalmente de conformidad con el precepto indicado.—Los argumentos anteriores por referirse al incompleto desahogo de la prueba pericial y a la deserción de la testimonial ofrecida por los demandados, constituyen violaciones procesales impugnables en amparo directo de conformidad con el artículo (sic) 158 y 159, fracción III, de la Ley de Amparo.—Sin embargo, no fue preparada la impugnación de tales violaciones conforme a los lineamientos que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, en el sentido de que procede su análisis en amparo directo: ‘...siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera....’.—En efecto, de las constancias del juicio natural, expediente número 1469/96, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los datos siguientes:—1. Mediante escrito de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, la parte actora ofreció, entre otras, la prueba pericial topográfica a cargo del arquitecto **********, para justificar cuál es la fracción de terreno ocupada por los demandados y materia de la reivindicación (foja 54).—2. Mediante escrito de diecisiete de abril de mil novecientos noventa y siete, los demandados ofrecieron la prueba pericial en ingeniería civil a cargo del perito ingeniero **********, para justificar la antigüedad de la construcción que se encuentra en el inmueble materia del litigio (foja 62).—También se ofreció la prueba testimonial (foja 59).—3. En proveído de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y siete, se admitieron las pruebas ofrecidas por los demandados, respecto de la pericial de éstos se dio vista a las coactoras para que designaran perito.—Respecto de la testimonial, se previno a los demandados para que redujeran a dos el número de sus testigos (foja 63). Dicho requerimiento fue satisfecho en escrito de dos de mayo de mil novecientos noventa y siete (foja 67), al cual le recayó el auto de la misma fecha, en el que se tuvo como testigos a los designados por los oferentes requiriéndolos para que los presentaran en la fecha y hora de celebración de la audiencia, apercibiéndolos que de no hacerlo se dejaría de recibir la prueba (foja 68).—4. En auto de dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, se acordó la admisión de las pruebas ofrecidas por las coactoras (foja 69).—5. Mediante escrito de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, las coactoras designaron como perito de su parte respecto de la pericial ofrecida por su contraria al arquitecto ********** (foja 70).—6. En proveído de dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, se tuvo por designado como perito de las coactoras para el desahogo de las dos pruebas periciales ofrecidas en el juicio, al profesionista mencionado en el punto inmediato anterior (foja 71).—7. Mediante escrito de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, el perito designado por las coactoras aceptó y protestó el cargo conferido en relación con las dos pruebas periciales ofrecidas en autos (foja 74); lo que se acordó de conformidad (sic) el auto de trece de mayo del año en cita (foja 75).—8. En audiencia celebrada el dieciséis de junio de mil novecientos noventa y siete, se dejó de recibir la prueba testimonial ofrecida por los demandados (foja 92); este proveído fue recurrido en apelación mediante escrito de catorce de julio de mil novecientos noventa y siete (fojas 99 a 103); y resuelto el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete, en el toca número 3770/97, en el sentido de confirmar el auto impugnado (fojas 113 y 114).—9. El perito designado por la parte demandada emitió el dictamen pericial siguiente: (se transcribe dictamen).—10. En escrito de nueve de junio de mil novecientos noventa y siete, el perito de la actora emitió el dictamen pericial siguiente: (se transcribe dictamen) Con este dictamen se dio vista a las partes (foja 87).—11. Los demandados desahogaron la vista que se les dio con el dictamen rendido por el perito de la actora, mediante escrito de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y siete, respecto del cual manifestaron: (se transcriben manifestaciones).—12. Al escrito de referencia, le recayó el auto de veinte de junio de mil novecientos noventa y siete, que dice: (se transcribe).—Este proveído no fue impugnado de modo alguno.—13. Designado que fue el perito tercero en discordia **********, éste rindió su dictamen pericial en los siguientes términos: (se transcribe dictamen).—Con este dictamen se dio vista a las partes en litigio (foja 132).—14. Los demandados contestaron la vista que les fue dada con el peritaje anterior, mediante escrito de veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, manifestando lo siguiente: (se transcriben manifestaciones).—15. Al escrito de referencia le recayó el auto de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor literal siguiente: (se transcribe).—Este proveído no fue impugnado por ninguna de las partes.—16. Mediante proveído dictado en audiencia de once de julio de mil novecientos noventa y ocho, se citó a las partes a oír sentencia (foja 184).—Este proveído no fue impugnado por ninguna de las partes.—Por otra parte, de las constancias del toca número 3931/98, las cuales merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que los demandados expresaron agravios en dos diversos escritos de once y siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, respectivamente.—En el primero de los mencionados escritos, los demandados manifestaron lo siguiente: (se transcriben manifestaciones).—En el segundo de los mencionados escritos, los demandados manifestaron lo siguiente: (se transcriben manifestaciones).—De la relación anterior, se colige que tocante al incompleto desahogo de la prueba pericial en ingeniería que ofreció la parte demandada en el juicio natural, en virtud de que los peritos de la actora y tercero en discordia no rindieron dictamen con relación a tal prueba sino sólo respecto de la ofrecida por la ahora tercero perjudicada, la violación procesal no se encuentra preparada para su impugnación en amparo directo conforme a los lineamientos del artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, cuenta habida de que los quejosos omitieron impugnar mediante el recurso de apelación procedente en términos del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles (sic), los autos de veinte de junio de mil novecientos noventa y siete y veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, en los que el a quo OMITIÓ acordar la solicitud de aquéllos hecha en el sentido de que se requiriera a los peritos de la actora y tercero en discordia que rindieran sus dictámenes respecto de la prueba pericial ofrecida por los demandados, omisión del a quo de proveer que evidentemente causaba perjuicio irreparable a aquéllos, puesto que la prueba pericial ofrecida por los demandados no estaba completamente desahogada lo que hacía procedente el recurso en cuestión.—Más aún, los quejosos también omitieron impugnar el auto de citación a sentencia a través del recurso de apelación en mérito, que de igual forma los agraviaba porque, no obstante no estar completamente desahogada la prueba pericial que ofrecieron, el a quo había cerrado el periodo probatorio, pasado al de alegatos y citado a oír sentencia. Por consiguiente, debe estimarse que los peticionarios de garantías no prepararon la impugnación en amparo directo de la violación procesal de análisis, pues no la combatieron durante el curso del procedimiento con el recurso idóneo.—No es óbice a lo anterior, lo alegado por los inconformes respecto a que en el caso, se está en un supuesto de excepción al principio de definitividad, pues, la procedencia del recurso de apelación en términos del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles, se supedita a que el auto cause un gravamen irreparable al litigante y que sea apelable la sentencia definitiva por lo que con dicho recurso no sólo son impugnables los autos que determinen una situación específica en contra de alguna de las partes en litigio, sino también las omisiones en que al dictar el acuerdo respectivo haya incurrido el Juez natural y que agravien irreparablemente al litigante.—Por otra parte, respecto a la falta de recepción de la prueba testimonial ofrecida y admitida a los quejosos, se estima que tampoco fue preparada la violación procesal que ahora se alega, pues si bien en contra del auto mediante el cual se dejó de recibir dicha prueba, aquéllos interpusieron recurso de apelación, mismo que fue resuelto en su oportunidad por la autoridad de alzada; también lo es, que los peticionarios de garantías fueron omisos en reiterar su inconformidad con tal infracción procesal en los agravios que expresaron en contra de la sentencia definitiva de primer grado, estando obligados a dicha reiteración, puesto que la autoridad de alzada en el recurso ordinario previamente resuelto, había confirmado el auto apelado.—En consecuencia, se estiman inoperantes los conceptos de violación segundo y tercero, puesto que las infracciones de carácter procesal que en éstos se hicieron valer no fueron preparadas para su impugnación en esta vía constitucional.—Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número ciento ochenta y seis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas ciento treinta y nueve y ciento cuarenta, de la Segunda Parte, del Informe de Labores correspondiente a mil novecientos ochenta y siete; así como la tesis jurisprudencial número cuatrocientos noventa y ocho, publicada en la página trescientos cincuenta, del Tomo IV, materia civil, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (1917-1995), que dicen: ‘VIOLACIONES PROCESALES. PARA QUE PUEDAN ESTUDIARSE EN AMPARO DIRECTO DEBE PREPARARSE SU IMPUGNACIÓN’. (se transcribe). ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS EN LOS QUE SE RECLAMAN VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO RESPECTO DE LAS CUALES O (sic) SE PREPARA EL AMPARO, RECURRIÉNDOLAS EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.’" (se transcribe)
De ese asunto surgió la tesis aislada I.8o.C.5 C (10a.), del rubro y texto siguientes:
"APELACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EN QUE SE OMITA PROVEER ALGUNA PETICIÓN. En términos del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la procedencia del recurso de apelación se supedita a que el auto cause un gravamen irreparable al litigante y que sea apelable la sentencia definitiva, por lo que con dicho recurso no sólo son impugnables los autos que determinen una situación específica en contra de alguna de las partes en litigio, sino también las omisiones en que incurra el Juez al dictar el acuerdo respectivo y que agravien irreparablemente al litigante." Datos de identificación: Novena Época, registro: 193629, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, julio de 1999, materia civil, tesis: I.8o.C.207 C, página: 839.
b) Antecedentes y ejecutoria del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, recurso de queja Q.C. 71/2019, cuyos datos relevantes son los siguientes:
Mediante escrito presentado el ocho de enero de dos mil diecinueve, **********, por su propio derecho y en representación de la menor hija **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Trigésimo de lo Cuarto Familiar, ambas autoridades del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, derivados de la controversia del orden familiar, expediente 1604/2018 (alimentos; guarda y custodia; y régimen de convivencias), del índice de la segunda autoridad citada.
Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien la admitió a trámite y la registró con el número de amparo indirecto 29/2019.
Por escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve, la parte quejosa amplió la demanda de amparo, respecto de nuevos actos; sin embargo, en proveído de dieciocho siguiente, la Juez del conocimiento desechó de plano por notoriamente improcedente la ampliación de demanda de amparo, respecto de los actos que se le atribuyeron al Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México.
Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo registró con el número de toca Q.C. 71/2019.
El citado tribunal el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, pronunció ejecutoria, en la que determinó declarar fundado dicho medio de impugnación, sobre la base de que a su consideración, contrario a lo que sostuvo la Juez Federal, no se actualizaba la causal de improcedencia que se invocó en el acuerdo desechatorio de la ampliación de la demanda de amparo respecto de los actos que se le atribuyeron al Juez Trigésimo Cuarto de lo Familiar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que adujo consistieron en diversas omisiones en las que incurrió dicha autoridad en la actuación judicial de trece de febrero de dos mil diecinueve dentro del juicio 1604/2018.
Y al efecto, dicho órgano jurisdiccional, en el considerando quinto de la ejecutoria de mérito, previamente realizó las siguientes precisiones:
Respecto a la observancia al principio de definitividad tratándose de menores de edad, los argumentos relativos los declaró infundados, sobre la base de que dicho principio se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado y que en casos donde intervengan menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí mismo, una excepción a la regla de definitividad, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida y, sustentó su decisión en la jurisprudencia «1a./J. 193/2013 (10a.)» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD."
Asimismo indicó que aun cuando el asunto tenía temas que involucraban los intereses de una menor de edad, esa situación no eximía a la parte quejosa de agotar los recursos previstos por la ley de la materia, toda vez que en la vía de amparo indirecto no se da la excepción al principio de definitividad por el hecho de que se involucren derechos de un menor de edad.
También precisó que respecto al tema preferente de las causales de improcedencia por encima del mayor beneficio de la menor involucrada, tal principio era una cuestión de fondo, por lo que no era procedente su análisis hasta en tanto se admitiera la ampliación de la demanda de amparo, atento a que para su tramitación, el juicio de amparo tiene una estructura lógica y jurídica que implica el análisis preferente de la procedencia del juicio, previo a abordar el estudio de los conceptos de violación.
Por otro lado, enfatizó dicho órgano jurisdiccional, que el argumento en el que la recurrente aducía que se debió hacer una valoración pro persona también era infundado, en vista de que ese principio no debía entenderse como una exigencia para que se resuelva de conformidad con las pretensiones de la parte que lo invoque, ni como una autorización para soslayar el cumplimiento a los requisitos de admisibilidad o procedencia de recursos y medios de impugnación e invocó en apoyo de su decisión las jurisprudencias «1a./J. 10/2014 (10a.) y 1a./J. 104/2013 (10a.)» de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tituladas: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." y "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."
Finalmente, en cuanto al aspecto que aquí interesa, el aludido tribunal colegiado, sostuvo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. ... Sobre la actualización de la excepción al principio de definitividad establecida en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.—La recurrente plantea esencialmente que la consideración de la Juez de amparo, acerca de que la ampliación propuesta es notoria e indudablemente improcedente, resulta (sic) es incorrecta, y al efecto argumenta que notorio es por su naturaleza evidente e indudable es la circunstancia de derecho que no admite duda o interpretación.—Manifiesta que es dudosa la interpretación del artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, puesto que de la lectura del citado precepto, no se sabe si las omisiones se pueden apelar o solamente las determinaciones judiciales denominadas ‘resoluciones’.—Aduce que si el precepto no es claro, requiere ser interpretado, porque no se advierte lo precisado en el párrafo anterior; que ante esa falta de claridad, se actualiza la excepción al principio de definitividad del artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo,(2) ya que se requiere ulterior interpretación sobre el recurso propuesto –recurso de apelación–.—Esos argumentos son sustancialmente fundados.—En primer lugar, es así porque la excepción alegada por la recurrente se actualiza cuando la interpretación literal de las disposiciones secundarias no es clara sobre la procedencia de un medio ordinario de impugnación –recurso de apelación–.—Esa falta de claridad se presenta en este caso, sustentado en las consideraciones siguientes: 1. La procedencia de un recurso ordinario se encuentra sujeta al cumplimiento del principio de legalidad, es decir, que el legislador haya previsto expresamente la procedencia del recurso en contra de actos de naturaleza negativa, como son las omisiones.—2. Ahora bien, de la lectura del artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México,(3) se desprende que el recurso de apelación procede en contra de resoluciones, de manera que requiere para su procedencia que la autoridad jurisdiccional de primera instancia haya emitido un acto decisorio determinado.—En el caso, las omisiones contra las que la impetrante hace valer la ampliación de demanda de amparo indirecto, no están previstas expresamente por el legislador, y al ser así, la aseveración de que procede el recurso de apelación en contra de omisiones no emana de fuente legislativa, sino de un criterio de un órgano jurisdiccional, que surge a partir de la interpretación adicional que este último hace para fijar el supuesto de procedencia del recurso de apelación contra actos omisivos no previstos expresamente.—Al respecto, la Ley de Amparo vigente a partir de 2013, establece una excepción al principio de definitividad, el artículo 61, fracción XVIII, que en su literalidad establece: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas.—Se exceptúa de lo anterior: ... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.’ (el énfasis es propio) Cabe mencionar que los diversos numerales 689,(4) 691,(5) 692(6) y 696,(7) todos del Código de Procedimientos Civiles aplicable a esta Ciudad, prevén diferentes cuestiones en torno al recurso de apelación, como son los casos en los que éste procede y cómo se interpone, así como las personas legitimadas para hacerlo; sin embargo, ninguno de tales dispositivos esclarece de su simple lectura, la duda relativa a si las omisiones son apelables o no.—De lo precedente, se concluye que no queda claro si las ‘resoluciones’ de la autoridad judicial, a que hace referencia el código procesal civil invocado están compuestas tanto por actos positivos –actos en los que se hace un pronunciamiento– como por negativos –omisiones o abstenciones de pronunciamiento–, pues sería lógico asumir que sólo las determinaciones expresas y/o pronunciamientos escritos son resoluciones.—Es importante precisar que existe criterio (derivado de la interpretación adicional) que sostiene que las omisiones son actos apelables, en la tesis aislada I.8o.C.207 C, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: ‘APELACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EN QUE SE OMITA PROVEER ALGUNA PETICIÓN.—En términos del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la procedencia del recurso de apelación se supedita a que el auto cause un gravamen irreparable al litigante y que sea apelable la sentencia definitiva, por lo que con dicho recurso no sólo son impugnables los autos que determinen una situación específica en contra de alguna de las partes en litigio, sino también las omisiones en que incurra el Juez al dictar el acuerdo respectivo y que agravien irreparablemente al litigante.’(8)—Este Tribunal Colegiado advierte que el artículo 691 citado en la tesis transcrita, en la actualidad corresponde en su texto al diverso 689. Asimismo, se precisa que esa interpretación de la regla procesal local coexistía con el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo vigente entre 1936 y 2013(9) en el momento en que fue sustentada dicha tesis, el cual contemplaba la hipótesis de improcedencia al no agotar el principio de definitividad, sin que en ese precepto se consignaran los supuestos de excepción que surgieron con la ley vigente.—De lo anterior se desprende que fue necesario que el órgano jurisdiccional integrara el texto legislativo para incluir el supuesto de procedencia de la apelación contra omisiones de la autoridad responsable, lo que evidentemente constituye una interpretación adicional que conduce a estar frente a un recurso de procedencia dudosa.—Este tribunal estima que la exigencia de agotar el recurso de apelación contra una omisión implica un criterio restrictivo del derecho fundamental de acceso a la justicia, más en el supuesto de que el recurso sea de procedencia dudosa, como ocurre en este caso.—Así también, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que no se actualiza la excepción al principio de definitividad, en los casos en los que existe jurisprudencia de ese propio Tribunal que establezca la procedencia del recurso, de lo que se concluye que los jueces no pueden generar supuestos de procedencia de recursos. ...".
CUARTO.—Estudio sobre la existencia de la contradicción de tesis.
Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis propuesta y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla, para lo cual debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, examinaron hipótesis jurídicas esencialmente iguales o un mismo punto de derecho y llegaron a conclusiones opuestas respecto a la solución que debía darse a dichas cuestiones fácticas, aunque éstas no sean exactamente iguales, tal y como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital: 164120, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico resp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29255-7ca54ed8/recurso-de-apelacion-procede-por-regla-general-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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