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Modo: Corpus Pro

VÍA DE APREMIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA PROCEDENTE Y DECRETA LA EJECUCIÓN FORZOSA DE UN CONVENIO DE MEDIACIÓN ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 35/2025. · Registro digital (IUS): 33599
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-09-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 2, Pág.1517.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 35/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de trece de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 35/2025, entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.

2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar, primero, si el diferendo de criterios existe y, de superarse esa cuestión, emprender el análisis de fondo que corresponda, para determinar:

Si la resolución que declara procedente la vía de apremio y decreta la ejecución forzosa de un convenio de mediación es o no recurrible vía apelación, a fin de considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo indirecto.

I. ANTECEDENTES

a. Denuncia de la contradicción de criterios

3. A través del oficio 3599/2025 recibido en este Pleno Regional el siete de mayo de dos mil veinticinco, la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre lo que el citado órgano resolvió al emitir sentencia en la queja 35/2025 y lo determinado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2022.

b. Trámite

4. Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional ordenó el registro de la contradicción de criterios con el consecutivo 35/2025 y la admitió a trámite, lo que ordenó hacer del conocimiento de los órganos colegiados contendientes, a quienes solicitó la vinculación de los respectivos expedientes electrónicos de los asuntos en contienda a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y que informaran si el razonamiento que sostuvieron en el de su estadística se encuentra vigente.

5. En el mismo proveído, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comunicara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto. De igual manera, realizó el turno electrónico del expediente a la ponencia correspondiente.

6. Mediante oficios 4252/2025 y 4123/2025, los órganos contendientes informaron que el criterio que sostuvieron al resolver el respectivo asunto de su estadística que genera la presente controversia, se encuentra vigente y que su expediente electrónico fue habilitado para consulta.

7. Por oficio DGCCST/X/361/06/2025, de diez de junio de dos mil veinticinco, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios alguna, cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

8. En auto de diecisiete de junio de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

9. En sesión plenaria de nueve de julio inmediato anterior se determinó aplazar la resolución del presente asunto para ser visto en una posterior.

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano administrativo colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro- Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transitorios séptimo y décimo noveno de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, vigente a partir del día siguiente.

11. Porque se denunció entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, respecto de los cuales este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción por razón de la materia y del territorio, dado que pertenecen a la Región Centro-Sur.

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, debido a que fue manifestada por la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en atención al sentido de la determinación que adoptó el pleno del órgano colegiado de su adscripción al resolver la queja 35/2025, que constituye, por tanto, uno de los criterios que motivaron el asunto que nos ocupa.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. Para emitir las determinaciones conducentes, se relatarán los antecedentes de cada asunto y la postura que asumió cada órgano colegiado en la ejecutoria respectiva.

14. Primer criterio contendiente. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del amparo en revisión 72/2022. Sus antecedentes son:

15. Una persona moral demandó de diversa moral y una persona física, en la vía de apremio, la ejecución y cumplimiento de las obligaciones que asumieron mediante la celebración de un convenio en el procedimiento de mediación privada ****************, autorizado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México (pago y ejecución de una garantía hipotecaria).

16. En sentencia dictada en el expediente **********, el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, resolvió como procedente la vía intentada y condenó a la parte enjuiciada al pago de la garantía otorgada por el garante inmobiliario, conforme a lo pactado en el convenio emanado del procedimiento de mediación base de la acción; sin que hiciera especial condena por costas procesales de dicha instancia.

17. Inconforme con esa última determinación, la moral actora demandó la protección de la Justicia Federal.

18. El Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México registró el juicio de amparo indirecto con el número ***********. Decretó el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que no se satisfizo el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; esto es, porque previamente a la promoción del juicio de amparo, la quejosa no interpuso el recurso de apelación previsto por los artículos 683, 684, 685, 688, 689, 691 y 692, en relación con el numeral 79, todos del Código de Procedimientos Civiles para (actualmente denominada) la Ciudad de México.

19. En desacuerdo, la parte accionante interpuso recurso de revisión.

20. En sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito dictó sentencia en la que revocó la sentencia recurrida -y concedió el amparo solicitado-. Argumentó lo siguiente:

• La procedencia del juicio de amparo está sujeta a ciertas restricciones o limitaciones, pues deben cumplirse los presupuestos exigidos por la ley, como requisitos de procedibilidad, que hagan viable el examen de la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado.

• El principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, tiene justificación en el carácter excepcional y extraordinario del juicio de amparo, al partir de la premisa de que éste no puede promoverse si previamente no se han agotado los medios de defensa que la ley ordinaria prevea como vía para obtener la modificación, revocación o nulificación del acto -que se señala como reclamado- proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; salvo los casos de excepción previstos en el marco legal y jurisprudencial aplicable.

• El último párrafo de la fracción normativa citada contempla dos supuestos de excepción a la obligación de agotar el recurso respectivo: i) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o ii) Cuando su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Supuestos en los que la parte quejosa quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo, lo cual denota respeto a los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, al fortalecer el derecho humano a un recurso eficaz, rápido, sencillo, así como a la tutela judicial efectiva, puesto que desvanece la posibilidad de que el gobernado quede en estado de indefensión.

• Respecto al concepto "interpretación adicional", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en la tesis aislada de rubro: “INTERPRETACION DE LA LEY.”, que al interpretar las normas, el juzgador debe tener presentes el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictarla. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras concuerda con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación; pero si se encuentra una contradicción entre estos dos elementos, se debe descubrir la voluntad manifestada en el precepto legal, ya que, de acuerdo a ella es como debe decidirse la controversia, por lo que se exige un ejercicio de confrontación de supuestos, teniendo que precisarse el motivo por el que se elige alguno de ellos.

• El “fundamento legal insuficiente” se actualiza cuando no es posible establecer la hipótesis normativa concreta aplicable al caso específico, generándose incertidumbre para los gobernados ante el desconocimiento de los requisitos aplicables. La insuficiencia de fundamento legal puede presentarse cuando no existe norma que resuelva el caso, es decir, ante la falta de regulación, de tal forma que determinado supuesto no puede ser resuelto con base en normas preexistentes del sistema jurídico (laguna legal), por lo que esa situación debe ser colmada por los juzgadores creando una norma que sea aplicable al caso o interpretando las normas existentes a fin de que comprendan el supuesto que se les presenta. Por otra parte, la Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que puede presentarse la hipótesis en que el legislador no expida una norma estando obligado a ello por la Constitución (omisión legislativa), situación que no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales ante la falta de competencia para ello, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su obligación de legislar.

• Al resolver la contradicción de tesis 102/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la inclusión de la parte final de la fracción XVIII del artículo 61, tiene como finalidad otorgar seguridad jurídica al justiciable y garantizar su acceso al juicio de amparo, en aras de favorecer el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 Constitucional.

• En el caso, el juez de Distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa debió dar cumplimiento al principio de definitividad, toda vez que en contra de la sentencia reclamada es procedente el recurso de apelación, pues a la ejecución de un convenio arbitral (sic) en la vía de apremio, le son aplicables las disposiciones relativas a dicho procedimiento, por lo que no hay obstáculo legal para impedir a los justiciables el acceso a los medios de impugnación sólo por tratarse de ese tipo de procedimiento, aunado a que el artículo 527 del código procesal aplicable no es impedimento para recurrir.

• Determinación que es incorrecta porque, si bien el Código de Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México regula los procedimientos en vía de apremio, lo cierto es que, existe ambigüedad en relación con la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa contra las resoluciones emitidas en dicho procedimiento.

• En el contexto normativo que regula la vía de apremio (refirió el contenido de los artículos 500 a 504, 506, 515 y 533), no existe disposición expresa que establezca el recurso o medio ordinario de defensa que proceda en contra de las resoluciones dictadas en dicha vía; no obstante, el artículo 527 del ordenamiento en cita dispone de modo específico que contra la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no se admitirá recurso alguno. Sin embargo, tal disposición puede atender a interpretaciones distintas, toda vez que no especifica cuál es la “última resolución”.

• El artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles aplicable para la Ciudad de México, en su anterior redacción, fue interpretado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia I.5o.C. J/7, de rubro: “SENTENCIAS, DISTINCIÓN ENTRE LAS RESOLUCIONES DICTADAS "PARA" O "EN" EJECUCIÓN DE.” Ese criterio contendió en la contradicción de tesis 27/99, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 32/2001, de rubro: “AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.”, en la que se explicó el significado de la expresión “última resolución” para efectos de la Ley de Amparo y no del código procesal en cita.

• Conforme a ello, el concepto “última resolución en el juicio” es relevante para establecer en qué momento procede el juicio de amparo, pero no para determinar cuándo procedía el recurso de queja (a que se refería el numeral 527 aludido) respecto de actos dictados para la ejecución de una sentencia civil; por lo que el criterio es obligatorio en cuanto a la interpretación del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pero no respecto del numeral 527 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México.

• El numeral 527 tiene como finalidad liberar los procesos de ejecución de los abusos y dilaciones de los recursos ordinarios que reiteradamente se presentan para entorpecer la ejecución de una sentencia condenatoria, lo que subsistió con la reforma de diez de septiembre de dos mil nueve, pues la modificación solamente obedeció a tratar de hacer compatible el procedimiento en vía de apremio con el procedimiento de amparo, pero no entorpecer la ejecución de las sentencias. No obstante, la reforma del citado numeral generó diferentes formas de interpretación en relación con la procedencia de la interposición de algún recurso tratándose de actos vinculados con el procedimiento de ejecución de sentencia, lo que provoca incertidumbre e inseguridad jurídica a los justiciables al momento de impugnar la determinación que estiman les causa algún agravio, situación que lleva a la actualización del último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que no debió decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto al no actualizarse la causa de improcedencia invocada.

• Además, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Federal, los convenios celebrados en la justicia alternativa, tienen fuerza de cosa juzgada, por lo que se deben ejecutar plena y cabalmente, pues la justicia alternativa es un derecho fundamental de los gobernados para la solución de conflictos, que opera de manera independiente y paralela a la jurisdicción para ampliar el acceso a la justicia.

• Aunado a que, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos propios de los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, dando así a los gobernados la opción de resolver mediante la justicia alternativa sus conflictos, con la participación en mayor o menor grado de un tercero -en función del mecanismo alternativo elegido-, ampliando el acceso a la justicia con instrumentos que complementan al sistema formal y que buscan dar solución a las controversias, fuera del ámbito jurisdiccional, de una manera voluntaria, confidencial, flexible, neutral, equitativa, dialogada y en algunos mecanismos, negociada. Es decir, las soluciones que emanan de estos procedimientos alternativos no devienen de un órgano formalmente jurisdiccional, sino de las propias partes que lo eligieron, de ahí que, en caso de incumplimiento, los tribunales únicamente serán el medio por el cual se seguirá su ejecución, por lo que no deben exigirse mayores requisitos y formalidades que impidan o dificulten el cumplimiento de un convenio, a fin de que la justicia alternativa se convierta en una realidad.

• De manera que es necesario privilegiar la naturaleza del procedimiento alternativo elegido por las partes, que tiene rango constitucional, que en el caso de la mediación, concluye con un convenio de mediación con calidad de cosa juzgada, el cual se debe respetar y cumplir con su ejecución sin trabas procesales que la dilaten, como sería la interposición del recurso ordinario que en nada variaría lo acordado por las partes, que tiene carácter de sentencia ejecutoria, ya que la única manera de que se revisen las cláusulas del convenio sería si transgreden derechos humanos, situación que se podría analizar en el juicio de amparo.

21. Tales consideraciones dieron paso a la integración de los siguientes criterios aislados:

22. El primero, identificado con el número I.3o.C.11 K (11a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 24, abril de 2023, Tomo III, página 2561, así como el viernes 14 de abril de 2023 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación, con el contenido íntegro siguiente:

EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. COMO EL ARTÍCULO 527 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ES AMBIGUO EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS EN VÍA DE APREMIO, SE ACTUALIZA DICHA EXCEPCIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El quejoso y recurrente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia emitida por un Juez de primera instancia dictada en un procedimiento en vía de apremio. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que consideró que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa –recurso de apelación– previsto en los artículos 683, 684, 685, 688, 689, 691 y 692, en relación con el diverso 79, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el quejoso no está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, porque el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, es ambiguo en relación con la procedencia de los recursos o medios ordinarios de defensa contra las sentencias emitidas en el procedimiento en vía de apremio, por lo que se actualiza la excepción al principio de definitividad.

Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo exige que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previamente a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Asimismo, el último párrafo de la fracción en análisis prevé como excepciones a la obligación de agotar el principio de definitividad, dos supuestos, a saber, cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa ordinario se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Por lo que hace a la "interpretación adicional" se actualiza cuando el texto de la ley presenta distintos sentidos, lo cual exige un ejercicio de confrontación de supuestos y precisar el motivo por el que se elige alguno de ellos; mientras que, por "fundamento legal insuficiente", se estima actualizada cuando del texto de la ley, o bien, de su interpretación, no es posible establecer la hipótesis concreta aplicable al caso. Ahora, respecto a la impugnación de la sentencia dictada en los procedimientos en la vía de apremio, el artículo 527 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, dispone de modo específico que contra la última resolución dictada para la ejecución de una sentencia no se admitirá recurso alguno; sin embargo, esa disposición normativa puede atender a interpretaciones distintas, toda vez que no se especifica cuál es la "última resolución", lo que genera diferentes formas de interpretación en relación con la procedencia de la interposición de algún recurso tratándose de actos vinculados con el procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que al generar incertidumbre e inseguridad jurídica a los justiciables al momento de impugnar la determinación que estima le causa algún agravio, se actualiza lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa podrá optar entre interponer el recurso o promover directamente el juicio de amparo.

23. El segundo, identificado con el número I.3o.C.12 K (11a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 23, marzo de 2023, Tomo IV, página 4106, al igual que el viernes 10 de marzo de 2023 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación, que refiere:

VÍA DE APREMIO. ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO QUE PRETENDE CUMPLIR UN CONVENIO DE MEDIACIÓN, PUES EN SU CONTRA NO PROCEDE RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: El quejoso y recurrente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la sentencia emitida por un Juez de primera instancia dictada en un procedimiento en vía de apremio. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que consideró que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa (recurso de apelación) previsto en los artículos 683, 684, 685, 688, 689, 691 y 692, en relación con el diverso 79, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es innecesario agotar el principio de definitividad en el juicio de amparo cuando se reclama la resolución emitida en un procedimiento en vía de apremio en el que se pretende cumplir un convenio de mediación, pues en su contra no procede recurso o medio ordinario de defensa.

Justificación: Lo anterior, porque la vía de apremio está regulada en los artículos 500 a 603, correspondientes al capítulo V "De la vía de apremio", sección I "De la ejecución de la sentencia", del título séptimo "De los juicios especiales y de las vías de apremio", del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Luego, en relación con la procedencia del recurso o medio ordinario de defensa contra las resoluciones dictadas en esos procedimientos se advierte que el artículo 527 del propio código tiene como finalidad liberar los procesos de ejecución de los abusos y dilaciones de los recursos ordinarios que reiteradamente se presentan para entorpecer la ejecución de una sentencia condenatoria, lo cual, incluso, se corrobora con la reforma al artículo en cita, de diez de septiembre de dos mil nueve, en la que su modificación sólo obedeció a tratar de hacer compatible el procedimiento en vía de apremio con el procedimiento de amparo, para no entorpecer la ejecución de las sentencias. Por tanto, el quejoso no está obligado a agotar un medio ordinario de defensa contra las resoluciones emitidas en los procedimientos en vía de apremio, lo cual es acorde con las reformas al artículo 17 de la Constitución General, de dieciocho de junio de dos mil ocho y quince de septiembre de dos mil diecisiete, en las que se incorporó a nivel constitucional el derecho a una justicia alternativa que otorga a los particulares la opción de resolver por ésta vía sus conflictos, con la participación en mayor o menor grado de un tercero –en función del mecanismo alternativo elegido–, con lo cual se amplió el acceso efectivo a la justicia con instrumentos que conllevan la solución voluntaria, confidencial, flexible, neutral, equitativa, dialogada y en algunos mecanismos alternativos, negociada, de las controversias. En ese sentido, las soluciones que emanan de estos procedimientos alternativos no devienen de un órgano formalmente jurisdiccional, sino de las propias partes que lo eligieron, por lo que, en caso de incumplimiento, los tribunales del Estado Mexicano únicamente serán el medio por el cual se seguirá su ejecución. Por tanto, es necesario privilegiar la naturaleza del procedimiento alternativo elegido por las partes, que tiene rango constitucional que, en el caso de la mediación, concluye con un convenio con calidad de cosa juzgada, por lo que si ya tiene ese carácter, entonces debe respetarse y cumplir con su ejecución sin trabas procesales que la dilaten, como sería la interposición del recurso ordinario, que en nada variaría lo acordado por las partes que tiene carácter de sentencia ejecutoriada. Y la única manera de que se revisen las cláusulas del convenio por parte de la justicia formal sería si transgreden derechos humanos, que se podrían analizar en el juicio de amparo; consecuentemente, no procede agotar los medios de defensa ordinarios en un procedimiento en el que se busca en la vía de apremio ejecutar un convenio de mediación, antes de acudir al juicio de amparo.

24. Segundo criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció de la queja 35/2025. Sus antecedentes son:

25. Una persona moral demandó en la vía de apremio a diversas personas físicas, la ejecución forzosa del convenio de mediación *************************, emanado de un procedimiento de mediación privada ante un mediador certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, en el cual fue reconocida la obligación de pago y de venta de un inmueble por parte de los demandados.

26. La Jueza Cuadragésima Primera de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México formó el expediente número ************ y admitió a trámite la solicitud de ejecución.

27. Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia interlocutoria -sic- en la que se declaró procedente la vía intentada y decretó la ejecución forzosa del convenio descrito, concediendo a los ejecutados cinco días hábiles para hacer entrega al ejecutante del inmueble afecto, apercibidos que de no hacerlo se procedería a su lanzamiento a su costa.

28. Los ejecutados reclamaron vía amparo indirecto esa determinación.

29. Conoció de la demanda constitucional el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, bajo el número de expediente *********** y la admitió a trámite.

30. La ejecutante tercera interesada interpuso recurso de queja contra la citada admisión, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, declarándolo fundado esencialmente porque:

• Contra la sentencia interlocutoria reclamada, en la que se aprobó la ejecución forzosa de un convenio de mediación en la vía de apremio, la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33599-5f2d69f0/via-de-apremio-contra-la-resolucion-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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