DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE DESECHARLA CUANDO LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO TERCERA EXTRAÑA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 288/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO QUINTO Y EL VIGÉSIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE JULIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: SOLEDAD TINOCO LARA. SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de once de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Decimoquinto y el Vigésimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si procede desechar la demanda, cuando el solicitante del amparo que manifiesta ser tercero extraño, señala que conoce el número y datos que identifican el procedimiento de origen de los actos reclamados, e incluso afirma conocer la resolución reclamada.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, una persona moral, a través de su autorizado en el juicio de amparo, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Decimoquinto y Vigésimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 423/2022, 169/2023 y 317/2023, respectivamente.
4. Radicación del asunto. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, la Presidencia del entonces Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios presentada, registrándola con el número 288/2023. En la misma actuación requirió a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y turnó el expediente a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los Tribunales Colegiados. Mediante proveídos de treinta de noviembre de dos mil veintitrés y veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes del Decimoquinto y Vigésimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, a través de los cuales hicieron del conocimiento de ese Pleno Regional que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Informe de la Dirección de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de presidencia de cinco de enero de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Cambio de denominación. Por Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y se reformaron diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, se aprobó el cambio de denominación y competencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y su transformación como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.
8. Integración del Pleno y turno de expediente. En proveído de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia hizo del conocimiento de las partes que este Pleno Regional se encuentra integrado por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo; además, turnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
9. Confirmación del turno electrónico. En proveído de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, la presidencia confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
10. Amicus curiae. Por acuerdos de doce de junio y ocho de julio de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios signados por el Administrador de Amparo e Instancias Judiciales “3” de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, a través de los que hizo manifestaciones con el carácter de amicus curiae, en las que señaló sustancialmente, en el primero de ellos, que era improcedente la contradicción de criterios, en virtud de que entre éstos no existía oposición respecto de un mismo punto de derecho; y en el segundo, que el hecho de que los promoventes de amparo hubieran comparecido al juicio del que se ostentaron terceros extraños, era suficiente para desvirtuar dicho carácter.
11. Aplazamiento. El tres de junio de dos mil veinticuatro, el asunto fue listado para verse en sesión del día trece siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo indirecto 1112/2023 del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa,(1) en el que se dictó la resolución cuya legalidad se analizó en el recurso de queja 317/2023 del índice del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio contiende en la presente contradicción.
14. Ilustra lo anterior, por similitud de razón y por referirse a la legislación de amparo vigente, la tesis 1a. III/2023 (10a.),(2) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:
“DIRECTOR DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR CONTRADICCIONES DE TESIS CUANDO LOS ASESORES DE ESE INSTITUTO SON AUTORIZADOS EN UNO DE LOS JUICIOS DE AMPARO DE LOS QUE DERIVARON LOS CRITERIOS ANTAGÓNICOS.
Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios antagónicos al resolver juicios de amparo directo respecto de los requisitos que debe contener una demanda en los juicios orales mercantiles. Ante ello, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública denuncia la posible contradicción de criterios, cuya legitimación sustentó en que en una de las controversias de las que derivó uno de los criterios contendientes designó como autorizados a algunos de los asesores de ese instituto, por lo que conforme a sus atribuciones está facultado para realizar esa denuncia.
Criterio jurídico: De una interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 12 y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, 4 y 32, fracciones I y II, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, se desprende que el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene legitimación para denunciar una posible contradicción de tesis cuando en uno de los juicios de amparo de los que derivaron los criterios antagónicos los asesores de ese instituto ejercen la representación de una de las personas contendientes, pues al referido Director le corresponde organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, además de desarrollar aquellas funciones que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría.
Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen legitimación para denunciar una contradicción de tesis quienes fueron "parte" en los asuntos de donde hayan surgido los criterios contendientes. El concepto de "parte" comprende a la persona cuyo interés jurídico o legítimo originó su intervención en la litis del asunto, como a sus defensores y autorizados en términos amplios en el juicio de amparo.
En ese sentido, de una interpretación del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo se concluye que el autorizado en términos amplios está legitimado para denunciar una contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional, pues si bien ese precepto no prevé una facultad expresa para ello, las facultades ahí previstas son enunciativas e instituyen la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante.
Así, en principio pudiera pensarse que quienes tienen legitimación para presentar esta denuncia son directamente los profesionistas que fueron autorizados en los juicios de amparo, pero cuando se trata de asesores jurídicos que pertenecen al Instituto Federal de la Defensoría Pública los que ejercen esa representación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Federal de Defensoría Pública, tales personas actúan sólo en su carácter de servidores públicos en nombre y representación de los servicios que presta ese instituto, el cual, además, jurídicamente es el responsable de que lleven a cabo su labor de forma adecuada.
Por tales motivos, el Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública se encuentra inherentemente facultado para ejercer la denuncia de contradicción, pues acorde con lo previsto en el artículo 32, fracciones I y XIII, de la citada ley de la defensoría, en dicho cargo no sólo se deposita la facultad de organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios que preste esa entidad pública, sino todas aquellas que sean necesarias para cumplir con el objeto de la defensoría y por ello se encuentra legitimado para denunciar la existencia de una posible contradicción de criterios como parte de las funciones que lleva a cabo.”
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio emitido por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 423/2022.
16. Juicio de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, una persona física solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos siguientes:
“(...)
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- Licenciada Miriam Beatriz Apartado Mancilla, adscrita a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Tláhuac.
2.- Licenciado José Antonio Mendoza Moreno, Director de Verificación y Reglamentos de la Alcaldía Tláhuac.
3.- C. Yonatan Leo García Samano, personal habilitado como Verificador Administrativo de la Alcaldía Tláhuac.
ACTOS RECLAMADOS
A) La inconstitucional resolución administrativa de fecha 8 (ocho) de agosto del 2022, emitida por licenciada Miriam Beatriz Apartado Mancilla, adscrita a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Tláhuac.
B) El inconstitucional oficio de comisión número **********, de fecha 10 (diez) de agosto del 2022, emitido por licenciado José Antonio Mendoza Moreno, Director de Verificación y Reglamentos.
C) Derivado de lo anterior la inconstitucional orden de clausura y sus efectos del establecimiento mercantil denominado **********, ubicado en **********.
17. Trámite de la demanda. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el que en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, lo radicó con el número de expediente 1436/2022 y derivado de que advirtió que la clausura reclamada derivó de una resolución, previno a la solicitante de amparo, para que entre otras, manifestara bajo protesta de decir verdad, el contenido de dicha resolución y la exhibiera; así como para que narrara los antecedentes del expediente administrativo en el que se emitió.
18. En desahogo a dicho requerimiento, la impetrante de amparo transcribió el contenido de los puntos resolutivos de la resolución administrativa y aclaró: “Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la suscrita quejosa, no he sido debidamente emplazada a ningún procedimiento administrativo, por lo tanto no me he apersonado a ningún procedimiento administrativo, además de que como lo manifesté desde el escrito inicial de demanda la resolución administrativa antes precisada fue entregada a ********** con quien en su momento fue atendida la diligencia de notificación y colocación de sellos de clausura”.
19. Promoción a la que recayó el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que la Juez Federal determinó no tener por desahogada en sus términos la prevención, por lo que requirió a la parte quejosa, para que si lo estimaba pertinente, dentro del plazo inicialmente otorgado, exhibiera la copia de la resolución administrativa. Lo que fue debidamente cumplido mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.
20. Conforme a lo anterior, en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, la juez de Distrito determinó desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa debió agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, es decir, el juicio contencioso administrativo local, en términos del artículo 3º, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
21. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, la solicitante de amparo interpuso recurso de queja, del que conoció el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente 423/2022; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió por unanimidad de votos, en sesión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, declarándolo fundado, con sustento en las consideraciones siguientes:
“(foja 9 de la resolución respectiva)
(...)
OCTAVO. Estudio. Los motivos de disenso previamente reseñados, suplidos en su deficiencia, son esencialmente fundados y aptos para revocar el acuerdo combatido, pues no es notoria ni manifiesta la causa de improcedencia en la que se sustentó el desechamiento de la demanda.
Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 34/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE EN UN RECURSO DE QUEJA CUANDO EL ÓRGANO REVISOR ADVIERTE EL DESECHAMIENTO INDEBIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, POR NO ACTUALIZARSE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’.(3) (Se transcribe)
(...)’
Lo anterior, pues el Alto Tribunal de nuestro país, ha sostenido que la regla general, para efectos del juicio de amparo, es su procedencia, pues es el medio de control constitucional de los actos de autoridad que vulneran los derechos fundamentales que consagra el ordenamiento supremo.
En cumplimiento a lo anterior, las personas juzgadoras en el auto de trámite que se dicte con motivo de la presentación de una demanda de amparo indirecto, tienen la obligación prima facie de examinar íntegramente el escrito inicial para resolver si se desecha, previene o admite la demanda.
Esto es, deben cerciorarse de que el escrito inicial cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o bien, observar si existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que, aunque se trate de la excepción, es transcendental estudiarlo, pues de resultar procedente se desecharía de plano la demanda de amparo, en aras del principio de economía procesal.
Lo anterior no significa que en dicho auto inicial de trámite, se realice un análisis exhaustivo, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para determinar, por ejemplo, si el acto reclamado es o no constitucional.
A mayor abundamiento, conviene traer a colación el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual a la letra dice: (Se transcribe)
(...)
Derivado del precepto legal en comento, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha establecido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes.
En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la persona juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio constitucional. Se cita como apoyo, por las consideraciones que la sustentan, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO’.(4) (Se transcribe)
(...)’
En mérito de lo expuesto, se podría concluir que cuando no surten ambos supuestos, esto es, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando a la persona quejosa de su derecho a instar el juicio constitucional contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.
Ello, si se tiene presente que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, es de aplicación estricta, en virtud de que, como se ha sostenido, el desechamiento de la demanda puede ocasionar daños a la persona quejosa, máxime que el auto de admisión no afecta a las demás partes en el juicio, pues tienen oportunidad de demostrar la existencia de la causa de improcedencia y porque, además, el auto admisorio no impide a la persona juzgadora sobreseer por ese u otros motivos.
Ahora, en el presente caso, como previamente se sintetizó, la Juez de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar que se actualizó la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo toda vez que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debió acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues conforme al artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica de ese Tribunal, los actos reclamados son susceptibles de impugnación a través del juicio de nulidad, no actualizándose alguna excepción al principio de definitividad.
Mientras que este Tribunal Colegiado considera que, a partir de lo manifestado por la recurrente en la demanda de amparo, ésta podría encontrarse ubicada en una de las excepciones al referido principio, específicamente, tener el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, en la inteligencia que no fue debidamente llamado al procedimiento administrativo del que derivó la orden, el oficio de comisión y el acta de clausura reclamados en su demanda de amparo.
En ese sentido, y con la finalidad de resolver de manera clara y precisa el punto litigioso puesto a la jurisdicción de este Tribunal Colegiado, es menester indicar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del sumario constitucional contra actos que pueden ser recurribles en la vía ordinaria; numeral que a la letra señala:
(Se transcribe)
(...)
Así, como se ha venido señalando, el citado principio consiste en el deber de agotar todos los recursos, juicios, o medios ordinarios que procedan en contra del acto, antes de promover el sumario constitucional.
Justificación que encuentra sentido, si se toma en consideración que la acción de amparo es el juicio extraordinario de defensa de carácter constitucional con el que cuentan las personas gobernadas, para hacer frente ante los actos de autoridad que les causen perjuicio.
No obstante, el principio de definitividad no es irrestricto, pues cuenta con diversas excepciones que se derivan de la propia norma constitucional, así como de la ley reglamentaria y la jurisprudencia; por ejemplo, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, entre otras.
En ese contexto, derivado del análisis exhaustivo practicado a la demanda de amparo y a las documentales que en ella se anexan, es que se estima que en el caso particular, indiciariamente se actualiza una de las excepciones al principio de definitividad, en específico, la relativa a que quienes tengan el carácter de persona tercera extraña por equiparación al procedimiento de origen no les es exigible la satisfacción del referido principio.
Así, conviene delimitar que la figura del tercero extraño por equiparación se refiere a la persona que siendo parte formal de la controversia por tener el carácter de demandada, no fue llamada a juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses.
Por su parte, la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 238/2011, sostuvo que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio –como en el presente asunto– rige la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional, la cual otorga a la persona gobernada la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos.
Asimismo, coligió que su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, cumplir, de manera genérica, con los siguientes requisitos: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
En ese orden de ideas, la citada Sala constitucional añadió que la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa, por lo que la falta o el defectuoso emplazamiento de la persona particular al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento.
Lo anterior, pues afecta la exigencia de que a aquél se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión.
Por último, concluyó que es factible que la parte afectada promueva la instancia de amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa ordinarios, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazadas correctamente y, en ningún caso, a quienes se ostentan como parte tercera extraña.
Consideraciones que se vieron reflejadas en la jurisprudencia 1a./J. 18/2011 (10a.) de rubro y texto siguientes:
‘PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA’.(5) (Se transcribe)
(...)’
Con base en lo anterior, se estima que resulta inexacta la conclusión de la Juez de Distrito en el sentido de que no se está frente a una persona extraña al procedimiento, en virtud de que de las manifestaciones realizadas por la promovente, la resolución administrativa de ocho de agosto de dos mil veintidós, emitida por Miriam Beatriz Apartado Mancilla, adscrita a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Tláhuac, le fue notificada a través de **********, quien era empleada del establecimiento mercantil denominado **********, y por tanto desde esa fecha tuvo conocimiento de su contenido.
No obstante, del capítulo de ‘HECHOS’ de la demanda de amparo –lo cual se reitera en el escrito aclaratorio de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós–, se advierte que la promovente manifestó lo siguiente:
‘HECHOS
1.-Como se acredita en términos de la impresión del aviso de apertura de establecimiento mercantil folio **********, de fecha 30 de abril del 2021, mismo que se agrega como anexo uno, soy titular del establecimiento mercantil con giro de restaurante, mismo que de conformidad con la ley de la materia es considerado como giro mercantil de bajo impacto y se ubica en **********.
2.-Es el caso que el día 12 de agosto del 2022, se presentaron en mi establecimiento mercantil un grupo de 5 personas ostentándose como verificadores administrativos adscritos a la Alcaldía Tláhuac, de las cuales una de ellas pregunto por el propietario del establecimiento mercantil, entendiendo esa supuesta diligencia con la C. ********** (quien es empleada del restaurante). En esas condiciones deseo señalar como responsable al verificador administrativo adscrito a la Alcaldía Tláhuac, quien se identificó como YONATAN LEO GARCÍA SAMANO.
3.-Acto seguido el personal habilitado como verificador, solicitó la documentación que acreditara la legalidad del funcionamiento del establecimiento mercantil, por lo cual le presente el aviso de para (sic) el funcionamiento de establecimiento mercantil con giro de restaurante; acto seguido me dijo que traía la orden de clausurar mi negocio y que dicha orden la había decretado la licenciada Miriam Beatriz Apartado Mancilla, adscrita a la Dirección General de Gobierno y asuntos Jurídicos de la Alcaldía Tláhuac.
4.-Ante esas manifestaciones le externé mi sorpresa y mi molestia ya que en ese momento el propio verificador estaba constatando que contaba con la documentación que demostraba la legal apertura y funcionamiento de mi negocio. Además de que nunca me habían notificado de ningún procedimiento administrativo, a lo cual me respondió el verificador que solo cumplía órdenes y que cualquier cosa lo arreglara en la Alcaldía.
5.-Acto seguido el personal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32986-e27e0259/demanda-de-amparo-indirecto-por-regla-general-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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