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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN TRÁMITE. EL HECHO DE QUE QUIEN LA PROMUEVA INTERPONGA, COMO TERCERO EXTRAÑO, JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO, ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2012. · Registro digital (IUS): 24208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL P
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 1547.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que se hace innecesaria la intervención del Pleno del Alto Tribunal, dado el sentido del presente fallo.

No pasa inadvertido que, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que, en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tribunal en Pleno del rubro y texto siguientes:

"Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales contendientes.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver, el siete de junio de dos mil doce, el amparo en revisión ********** sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Resulta innecesario el análisis de las consideraciones que sustentan el sentido del fallo recurrido, así como de los agravios que en su contra se proponen, los cuales no serán analizados, debido a que este Tribunal Colegiado auxiliar advierte que, en la especie, se actualiza respecto de la totalidad de los actos reclamados y bienes embargados una causal de improcedencia distinta de la que fue invocada por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, cuyo examen oficioso resulta preferente para este órgano de control constitucional, tal como se prevé en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Acerca de la posibilidad de atender en esta instancia revisora un motivo de inejercitabilidad del juicio de amparo diferente del que fue examinado en la resolución que se recurre, cabe puntualizar que ello no sólo es posible, sino que constituye un imperativo para este Tribunal Colegiado el abordar su análisis, puesto que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no y en cualquier instancia que el juicio se encuentre, tal como se prevé en el invocado numeral de la legislación de amparo. Resulta de exacta aplicación a lo razonado en forma previa la jurisprudencia número 232, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 197 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto dicen: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Igualmente aplicable resulta la diversa tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, visible en la foja 137 del Tomo VI, julio de 1997, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). Acorde con lo expuesto en párrafos precedentes, enseguida se abordará el análisis del motivo de improcedencia que fue advertido de manera oficiosa por este Tribunal Colegiado Auxiliar y que, a la postre, conducirá, por una parte, a confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto de algunos de los bienes muebles que resultaron embargados en el juicio natural, aunque por razones completamente distintas de las expresadas por el Juez de Distrito y, por la otra, a revocar el otorgamiento del amparo solicitado al quejoso, en torno a los diversos bienes muebles que se identificaron en el último considerando de la resolución impugnada, pues se considera, como se anticipó, que el aludido sobreseimiento será aplicable a la totalidad de los actos reclamados, y respecto de todos y cada uno de los objetos que fueron materia del secuestro impugnado, como enseguida se pasa a demostrar. Sin embargo, antes de explicar los motivos que sustentan la anterior conclusión, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y de paso sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias que integran el cuaderno principal de amparo que ahora se revisa, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ésta lo previene en su 2o. numeral, cuyo examen revela lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, que fue turnado el día hábil siguiente, lunes tres de octubre de la pasada anualidad, al Juzgado Decimoprimero de Distrito de la citada entidad federativa, con residencia en esa misma ciudad, el directo quejoso **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero de esta resolución, los cuales se hicieron consistir, medularmente, en el requerimiento de pago y embargo de diversos bienes muebles llevado a cabo el veintidós de septiembre de dos mil once; objetos cuya propiedad, dicho sea de paso, ostenta el quejoso, aduciendo ser un tercero completamente extraño al juicio laboral de origen (pues afirma que no tiene carácter de parte, y ello tampoco se desprende del examen de los autos que informan el procedimiento natural), el cual se identifica con el número de expediente **********, promovido por el tercero perjudicado **********, aquí recurrente, en contra de los entonces demandados y también terceros perjudicados **********, ********** y **********; requerimiento de pago y embargo que, de acuerdo con lo narrado en la demanda de garantías que se atiende, fueron decretados en el auto de diecisiete de agosto de dos mil once, en el cual se despachó ejecución con efectos de mandamiento en forma, dentro del señalado procedimiento laboral, a favor del accionante y en perjuicio de los demandados, el cual habría de practicarse en el domicilio ubicado en la calle ********** y que, finalmente, se verificó en la diversa finca marcada con el número ********** de la citada calle **********, misma que, de acuerdo con lo explicado en la demanda de amparo, le pertenece al directo quejoso y a su cónyuge. Asimismo, se advierte del capítulo de antecedentes del escrito inicial de demanda que el peticionario de garantías manifestó, bajo protesta de decir verdad, entre otras cosas, que el veintidós de septiembre de dos mil once, aproximadamente a las catorce horas con veinte minutos, una persona que se ostentó como actuario de la Junta Especial responsable, acompañado por el accionante del juicio natural, aquí recurrente, y otra persona, se constituyeron en el domicilio de su propiedad, el cual se localiza, como ya se dijo, en la calle **********, con el objeto de cumplimentar el señalado acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil once, en el que se despachó ejecución con efectos de mandamiento en forma, en contra de los demandados del procedimiento natural, aquí terceros perjudicados; también expresó el impetrante de amparo que, una vez enterado del motivo de la diligencia en cuestión, le manifestó al actuario que las personas buscadas no vivían ni trabajaban en ese lugar, que es un salón que se rentaba con anterioridad a una persona diversa de las buscadas e, inclusive, se identifica con un número distinto de aquel en el que se ordenó la ejecución y, no obstante ello, el accionante del juicio natural indicó que el domicilio previamente indicado sí era propiedad de los demandados e, inclusive, comenzó a señalar bienes para su embargo. 2. En diverso orden de ideas, conviene acotar que el examen cuidadoso de los autos que informan el cuaderno de amparo que se revisa, también revela que mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil once, emitido por la titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (al que por razón de turno le correspondió conocer del asunto inicialmente), se declinó la competencia para el conocimiento del asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de México en turno, con residencia en Nezahualcóyotl, después de considerarse, en lo sustancial, que la ejecución material del embargo reclamado se verificó dentro del territorio sobre el cual ejercen su jurisdicción los Juzgados de Distrito que tienen residencia en la ciudad citada en último término (Nezahualcóyotl). Una vez recibida la demanda de garantías correspondiente en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, fue turnada al Juzgado Sexto de Distrito de la citada entidad federativa, con residencia en esa misma ciudad, cuyo titular, en diverso auto de cinco de octubre de la pasada anualidad, aceptó la competencia declinada a su favor, asignándole al expediente respectivo el número **********; en ese mismo acuerdo, se requirió al entonces promovente de amparo para que aclarara su escrito inicial de demanda. Finalmente, previo el cumplimiento de la prevención indicada en el párrafo precedente, la demanda respectiva se admitió a trámite en diverso proveído de siete del referido mes de octubre del año pasado, y 3. Una vez sustanciado el procedimiento respectivo por sus distintas etapas procesales, la audiencia constitucional dio inicio el treinta de enero de dos mil doce, después de lo cual fue pronunciada la sentencia correspondiente, misma que se terminó de engrosar en esa misma fecha, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio constitucional respectivo, después de considerarse, en lo sustancial, que con las documentales acompañadas a la demanda de amparo el quejoso no acreditó su interés jurídico respecto de algunos de los bienes muebles embargados y, por la otra, se le otorgó la protección constitucional impetrada, por lo que se refiere a otros bienes muebles diversos, respecto de los cuales sí se consideró demostrado el aludido interés jurídico, siendo la anterior determinación lo que constituye la materia de controversia en el presente recurso de revisión principal. Puntualizado lo anterior, enseguida se abordará el análisis del motivo de improcedencia que este Tribunal Colegiado Auxiliar considera actualizado en el caso concreto. En la especie, respecto de la totalidad de los actos reclamados y en relación con todos y cada uno de los bienes muebles que resultaron embargados en el juicio natural, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, que alude al supuesto en que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el propio q

ejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, como enseguida se pasa a demostrar. Para evidenciarlo así, es necesario traer a la vista la invocada legislación, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe). Como puede apreciarse, la precisada causal de inejercicio del juicio constitucional exige que se esté tramitando de manera simultánea un recurso o medio ordinario de defensa legal interpuesto por el propio quejoso, en contra del mismo acto reclamado que se impugna en la demanda de garantías, siempre que el mismo sea capaz de revocar, modificar o anular el acto reclamado; inclusive, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en el sentido de que el señalado motivo de improcedencia se actualiza siempre y cuando el aludido recurso o medio de defensa legal resulte ser el idóneo para propiciar la insubsistencia legal del acto reclamado, y a condición de que se encuentre debidamente admitido, pues según precisó el propio Máximo Tribunal, para que se verifique la hipótesis prevista en la citada porción normativa, es imprescindible que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el propio quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del mismo acto de autoridad respecto del cual se solicita el amparo. b) Que el recurso o medio de defensa legal conducente haya sido admitido y que se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal del que se habla constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del mismo acto de autoridad señalado como acto reclamado en la demanda de amparo. Resulta exactamente aplicable a lo razonado en forma previa la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Tomo XII, diciembre de 2000, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). En la especie, el examen cuidadoso de los autos que informan el cuaderno principal de amparo que se revisa y, en particular, de las constancias certificadas que acompañó a su informe justificado el presidente de la Junta Especial señalada como responsable ordenadora, permite apreciar que el propio quejoso ********** interpuso de manera simultánea con el presente juicio constitucional un incidente de tercería excluyente de dominio dentro del juicio laboral de origen, mismo que constituye, sin lugar a dudas, un medio ordinario de defensa que fue propuesto por el solicitante de amparo, en contra del mismo secuestro de bienes que constituye el acto reclamado en este asunto; mecanismo de defensa que, dicho sea de paso, de resultar fundado, incuestionablemente podrá generar la insubsistencia legal del embargo recaído sobre los distintos bienes muebles, cuya propiedad ostenta el quejoso; de tal suerte que se actualizó el motivo de improcedencia invocado previamente, como enseguida se pasa a demostrar. Para evidenciarlo así, es necesario acotar, de entrada, que dentro de los mismos actos que integran el juicio laboral de origen, identificado con el número de expediente **********, del índice de la Junta Especial Número Cinco Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, obra constancia de recibido de un ocurso que fue presentado ante la citada Junta Especial, a las doce horas con treinta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil once, mismo que se encuentra signado por el aquí solicitante de amparo **********, mediante el cual, el entonces promovente, manifestó que comparecía por su propio derecho y, además, como apoderado legal de su cónyuge **********, para el efecto de interponer un incidente de tercería excluyente de dominio e, igualmente, adujo en el señalado ocurso que el veintidós de septiembre de dos mil once resultaron embargados diversos bienes muebles de su propiedad que se encontraban en el interior de un domicilio que también le pertenece y que es distinto de aquel en el que se ordenó la ejecución de la sentencia decretada en el juicio natural de tal suerte que resultaba procedente la mencionada tercería excluyente de dominio; asimismo, importa destacar que la sola lectura del ocurso respectivo, una vez confrontada con la relación de bienes efectuada en la demanda de garantías, permite corroborar que en ambos casos se reclama el secuestro de los mismos bienes ya señalados, y se afirma de manera prácticamente idéntica que los mismos fueron indebidamente embargados en un domicilio diverso de aquel en el que se despachó la ejecución cuestionada; de lo cual se sigue que en ambos casos promovió el mismo quejoso y se trata del mismo acto en contra del cual se solicitó el amparo, pues no existe duda alguna en cuanto a la identidad de las impugnaciones efectuadas en uno u otro caso. Lo trascendente de la precisión acabada de realizar estriba en que la tercería excluyente de dominio en un juicio laboral tiene la especial connotación de un incidente que si bien debe tramitarse por cuerda separada del expediente principal, y de ninguna manera incide en la suspensión del procedimiento, finalmente sí permite la de suspender al menos el acto de remate, como en forma expresa lo dispone el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo pero, sobre todo, es manifiesto que se trata de un verdadero incidente relacionado con el juicio principal, en el que se permite, incluso, ofrecer pruebas y alegar a las partes contendientes, es decir, que incuestionablemente nos encontramos en presencia de un medio ordinario de defensa que tiene por objeto lograr que la propia Junta levante el embargo correspondiente, tal como lo prevé de manera expresa la fracción V del invocado numeral, que textualmente dice: (se transcribe) e, inclusive, se insiste, permite a quien la promueve suspender al menos el acto de remate de los bienes embargados, pues así lo dispone de manera textual la diversa fracción IV del mismo numeral, que reza: (se transcribe). En las precisadas circunstancias, no cabe duda alguna en cuanto a que el aludido medio de defensa legal, que fue propuesto por el propio quejoso contra el mismo acto que constituye la materia de impugnación en el amparo indirecto que se revisa, sí constituye una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad reclamado, en la medida que, de resultar fundado, permite, como ya se dijo, levantar el embargo reclamado, siendo éste el mismo efecto que produciría una eventual concesión de amparo. Por otro lado, es innegable que el aludido incidente fue promovido de manera simultánea e, inclusive, anticipada al amparo que se revisa, y se encuentra actualmente admitido y en trámite por parte de la propia Junta Especial responsable, pues basta con imponerse del contenido del escrito inicial de demanda de amparo que obra en el cuaderno principal remitido por el a quo, para advertir que el ocurso relativo a esta instancia constitucional fue presentado el mismo día treinta de septiembre del año próximo pasado, aunque de forma posterior a la promoción del incidente de tercería excluyente de dominio relativo, pues del sello de recepción que aparece estampado sobre la primera hoja del ocurso respectivo, se advierte que la demanda de garantías fue presentada a las catorce horas con cincuenta minutos de la citada fecha, mientras que, como ya se dijo, la promoción del incidente de tercería excluyente de dominio del que se habla, había sido presentada a las doce horas con treinta y nueve minutos del mismo día treinta de septiembre de la pasada anualidad e, inclusive, si se revisan con detenimiento las constancias allegadas al informe justificado, puede advertirse, sin género de duda, que los integrantes de la Junta Especial responsable admitieron a trámite el incidente respectivo en proveído de tres de octubre de dos mil once e, inclusive, señalaron fecha para el desahogo de la audiencia incidental respectiva, sin que hasta el momento se tenga noticia de que el aludido incidente haya sido resuelto, pues únicamente se advierte de la última constancia allegada al referido informe que el promovente de la tercería, aquí quejoso, fue notificado de la admisión de dicha incidencia. De lo anterior se sigue, como se anticipó, que se actualizó la causal de improcedencia examinada en esta ejecutoria pues, al haberse evidenciado de forma plena y fehaciente que se encuentra en trámite ante la Junta Especial responsable un medio de defensa legal propuesto por el propio quejoso, en este caso, un incidente de tercería excluyente de dominio, que sin lugar a dudas puede tener por efecto la insubsistencia del mismo acto que se reclama en el juicio de amparo que se revisa, por encontrarse demostrado que el mismo fue admitido por la propia responsable y que es un mecanismo de impugnación idóneo para obtener el levantamiento del embargo reclamado, es indiscutible que cobró aplicación la hipótesis normativa contenida en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Para sostener lo acabado de razonar, no es óbice que la tercería excluyente de dominio de la que se habla sea un incidente que se tramita por cuerda separada, pues la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha encargado de definir que lo trascendente del caso es que se encuentre en trámite un medio de defensa legal que permita anular el acto reclamado, con entera independencia de que se trate de un incidente o, incluso, de un procedimiento autónomo que persiga la misma finalidad del amparo pues, incluso, estableció que no puede coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, como en el caso en que se ejerce la acción de nulidad de un juicio concluido respecto de aquel cuyo emplazamiento se reclama, porque de lo contrario se vulneraría el principio de definitividad, y ello implicaría la posibilidad de que se llegasen a dictar dos sentencias contra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24208-20cf09fe/terceria-excluyente-de-dominio-en-tramite-el-hecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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