RÉGIMEN PROVISIONAL DE VISITAS Y CONVIVENCIAS FAMILIARES. CUANDO SE RECLAME SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES NECESARIO AGOTAR, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 688 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES SOBRE LOS QUE DESCANSA EL JUICIO DE AMPARO, A EFECTO DE RESPETAR EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO POR LAS LEGISLACIONES PROCESALES DE TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALECIENDO CON ELLO EL SISTEMA FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 1 DE JUNIO DE 2021. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS WILFRIDO CASTAÑÓN LEÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, SOFÍA VERÓNICA ÁVALOS DÍAZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, RÓMULO AMADEO FIGUEROA SALMORÁN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ Y ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO. DISIDENTE: J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: FRANCISCO J. SANDOVAL LÓPEZ. SECRETARIO: JOSÉ LUIS CRUZ MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
10. PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. Máxime que, a la fecha en que se falla este expediente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha implementado los Plenos Regionales conforme al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el once de marzo de dos mil veintiuno.
11. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada, ya que la misma proviene del Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación previsto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal.
12. Sirve de apoyo a lo anterior, por razones análogas, la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Tomo 1, de mayo de 2013, página 609, Décima Época, con número de registro digital: 2003518, cuyos título, subtítulo y texto se transcriben a continuación:
13. "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los Jueces de Distrito pueden denunciar ante los Plenos de Circuito las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito y, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las suscitadas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización. Sin embargo, atento al principio de seguridad jurídica que pretende regularse a través de esa disposición constitucional y a que aún no se encuentran en funciones los Plenos de Circuito, se concluye que los Jueces de Distrito están legitimados para denunciar ante este Alto Tribunal contradicciones de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de un mismo Circuito."
14. TERCERO.—Existencia de la contradicción de tesis. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) consisten en que:
15. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
16. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
17. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
18. Establecido lo anterior, se verificará la satisfacción de dichas condiciones.
19. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este primer requisito sí se satisface, pues a juicio de este Pleno de Circuito, los Tribunales Colegiados al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se expone a continuación:
20. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de queja 47/2018, que cuenta con las siguientes características:
21. Una mujer, madre de un niño, promovió demanda de amparo indirecto contra un acuerdo dictado en un incidente de guarda y custodia, promovido por el padre del menor dentro de los autos de un juicio de divorcio.
22. En el acuerdo reclamado, el Juez de lo familiar decretó un régimen provisional de visitas y convivencias entre el menor y su padre, las cuales debían de llevarse a cabo con intervención del tribunal, es decir, que éstas se efectuarían en el centro de convivencias.
23. De la demanda correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México quien, por auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, registró la demanda con el número de expediente 78/2018-II y la desechó de plano al considerar que, en el caso, se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
24. Para justificar su decisión, expresó que la promovente no había cumplido con el principio de definitividad para que fuera procedente el amparo indirecto, habida cuenta que pudo impugnar el acto reclamado mediante el recurso de apelación, tal como lo establecen los numerales 688, 689, 691 y 692, todos del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal.
25. Inconforme con lo anterior, la madre del menor interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que, en sesión de cinco de abril de dos mil dieciocho, declaró infundado el recurso de queja.
26. Para arribar a su decisión, el citado Tribunal Colegiado consideró, en esencia, que:
• El juicio de amparo indirecto es improcedente contra resoluciones respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
• Refirió que contra el acto reclamado, cabía el recurso de apelación previsto en los numerales 688, 691, 692, 696 y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
• Arguyó que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar de manera pronta y adecuada el acto o resolución combatidos en el juicio constitucional, y la mera irreparabilidad de tal acto no constituye, por sí misma, una excepción a dicha base fundamental del amparo.
• Manifestó que el recurso de apelación era el medio idóneo para la impugnación de la resolución combatida en el amparo indirecto en estudio, pues el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) prevé la interposición de dicho recurso contra aquellos autos y resoluciones que la sentencia definitiva sea apelable, pues en el caso la litis versa sobre controversia del orden familiar, por ello, la apelación debe tramitarse de forma inmediata en términos de lo dispuesto por los artículos 688, 691, 692, 696 y 950 de dicho ordenamiento.
• Mencionó que si bien ordinariamente el recurso de apelación procedente contra la resolución reclamada, no suspende el procedimiento, lo cierto es que el artículo 696 de dicho ordenamiento, imponiendo una carga procesal mínima al quejoso, le da la posibilidad de suspenderlo, ello, al establecer que cuando la ejecución de la resolución impugnada pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y el recurso proceda en efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirá en ambos efectos si así lo solicita la parte apelante al interponerlo y expone los motivos de su apreciación; lo cual, de resultar procedente, así lo decretará la Juez, señalando el importe de la garantía para que surta efectos la suspensión solicitada.
• Argumentó que, aun cuando se trate de un recurso admisible en efecto devolutivo de tramitación inmediata, la propia legislación en su artículo 696 establece la posibilidad de que el recurso de apelación pueda proceder con efectos suspensivos o en ambos efectos, con la solicitud del impugnante y su apreciación del por qué la resolución apelada puede generar daños irreparables o de difícil reparación.
• Por tanto, concluyó, resultaba claro que tal recurso debió agotarse previamente al amparo, no obstante que esté involucrado un menor.
27. En síntesis, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que cuando se promueva juicio de amparo indirecto en contra del otorgamiento de un régimen de visitas y convivencias, el quejoso debe agotar, previamente, el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, ya que el mismo es un recurso idóneo y eficaz al prever que puede tramitarse con efectos suspensivos.
28. En contraposición, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, falló el recurso de queja 77/2020, mismo que cuenta con los siguientes antecedentes:
29. Una mujer, madre de una niña, presentó demanda de amparo indirecto en contra de un acuerdo dictado dentro de los autos de una controversia del orden familiar, relativa a la guarda, custodia y alimentos de la menor. El acto reclamado se dictó dentro de una audiencia en la que se decretó, en favor del padre de la niña, un régimen de visitas y convivencias para que pudiera compartir con la menor.
30. De la demanda correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México quien, por auto de dieciocho de febrero de dos mil veinte, registró la demanda con el número de expediente 152/2020-II y la desechó de plano al considerar que, en el caso, se actualizaba en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
31. Para justificar su decisión, consideró que la promovente no había cumplido con el principio de definitividad para que fuera procedente el amparo indirecto, ya que el recurso de apelación tiene la finalidad de que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la resolución relativa, siendo que dicho medio de impugnación procede contra autos e interlocutorias dictadas en juicios cuya sentencia definitiva sea apelable; asimismo, determinó que procede el recurso de apelación, en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, contra las determinaciones dictadas en juicios de naturaleza familiar, como, por ejemplo, contra el auto que constituye el acto reclamado; de ahí que haya resuelto que, previo a promover el juicio de amparo, la quejosa tendría que haber agotado dicho medio ordinario de defensa.
32. Inconforme con lo anterior, la madre de la menor interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que, en sesión de doce de mayo de dos mil veinte, declaró fundado el recurso de queja.
33. Para declarar fundado el recurso, el citado Tribunal Colegiado consideró, en esencia, que:
• La causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no era notaria e indudable, ya que se actualizaban los supuestos previstos en la jurisprudencia 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Sostuvo que no existe obligación de observar el principio de definitividad cuando se trate de un juicio de amparo en el que se encuentre involucrado un menor de edad, cuando conforme a la legislación aplicable el recurso ordinario no prevea la suspensión del acto reclamado y se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada.
• Expresó que, en el caso se actualizaban esas hipótesis dadas las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la quejosa.
• Asumió que los artículos del Código de Procedimientos Civiles (sic) vigente en la Ciudad de México citados por el Juez de Distrito no prevén que proceda la suspensión cuando se interponga el recurso de apelación en contra de una resolución que decrete de forma provisional un régimen de visitas y convivencias.
• Expuso que no era aplicable para la menor lo previsto en el artículo 696 del citado ordenamiento porque constituye una norma opcional para el promovente cuando se trate de resoluciones que, en su contra, proceda el recurso de apelación en el efecto devolutivo y no en ambos. Máxime que tal norma prevé requisitos de procedencia que no contempla la Ley de Amparo vigente, como el expresar los motivos que justifiquen el daño irreparable o de difícil reparación que ocasionaría el auto recurrido, lo que no es acorde para las controversias del orden familiar en que rige la suplencia total en favor de los menores.
• Aseguró que, por esas circunstancias, era evidente que se requerían de interpretaciones adicionales de procedencia, lo cual da la opción a la parte quejosa de agotar el recurso ordinario o acudir de inmediato a la acción constitucional.
34. En síntesis, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que, en amparo indirecto, cuando se reclame una resolución que decrete de forma provisional un régimen de visitas y convivencias, es opcional para el quejoso agotar el recurso de apelación, porque la norma que prevé el efecto suspensivo de ésta, es una norma de observancia opcional para los interesados, ya que la misma contempla requisitos de procedencia que no están previstos en la Ley de Amparo y porque el recurso requiere de interpretaciones adicionales de procedencia, lo que, en concepto del Tribunal Colegiado, lo torna opcional.
35. Segundo requisito. Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. También se satisface este requisito, pues los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma problemática jurídica, consistente en determinar si se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado lo constituye el auto que decreta de manera provisional un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor, en virtud de que el medio ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz.
36. Lo anterior, ya que uno de los tribunales consideró que no se actualiza la excepción a dicho principio en virtud de que el medio ordinario de defensa sí admite el efecto suspensivo, mientras que el diverso colegiado resolvió que sí hay una excepción al citado principio, porque la norma que prevé el efecto suspensivo del recurso de apelación es optativa para el promovente al prever requisitos de procedencia que no están previstos en la Ley de Amparo y en virtud de que el recurso requiere de interpretaciones adicionales de procedencia.
37. En consecuencia, debe decirse que, en la especie, sí existe contradicción de tesis, ya que de las consideraciones que sustentan las ejecutorias emitidas por los órganos jurisdiccionales contendientes se evidencia que partieron de hechos similares y, por tanto, examinaron una misma problemática jurídica en la que concluyeron diferentes criterios, pues mientras uno consideró que no se actualizaba la excepción al principio de definitividad, el diverso tribunal determinó que dicha excepción sí se actualizaba; de ahí que la existencia de la contradicción de tesis sea patente.
38. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2010 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, de marzo de 2010, página 122, Novena Época, con número de registro digital: 165077, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
39. "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
40. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se colma, pues considerando lo señalado en el apartado anterior, se estima que el punto de contacto que debe resolverse es el siguiente:
41. ¿Se actualiza una excepción al principio de definitividad, en el juicio de amparo indirecto, cuando el acto reclamado lo constituye la resolución que decreta de manera provisional un régimen de visitas y convivencias entre un menor de edad y su progenitor, en virtud de que el medio ordinario de defensa previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, no es idóneo ni eficaz?
42. CUARTO.—Estudio del asunto. Este Pleno de Circuito considera que la respuesta a dicha interrogante es negativa y, por ende, debe prevalecer el criterio consistente en que cuando se reclame en amparo indirecto la resolución que decreta un régimen provisional de visitas y convivencias, entre un menor de edad y su progenitor, es necesario agotar, de manera previa, el recurso de apelación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México.
43. Dada la trascendencia de los valores en conflicto, particularmente en lo que mira a la posible afectación del interés superior del menor, se hace necesario hacer una revisión o test de razonabilidad sobre los aspectos históricos que dieron origen constitucional al principio de definitividad, conocido también como de subsidiaridad en otras latitudes, para de ahí establecer si en la actualidad puede vérsele como algo no más que una rígida y anacrónica fórmula decimonónica o si, por el contrario, constituye una de las cláusulas que armonizan los distintos ámbitos de jurisdicción en el sistema federal y, por consiguiente, cualquier apreciación que subestime su importancia erosiona las bases sobre las que se construyó el Pacto de la Unión y la República. 44. En ese tenor, al primer documento constitucional del México independiente se le acusa frecuentemente de haber sido una copia de la Constitución Americana de Filadelfia de 1789,(2) pero lo real es que, pese a sus innegables semejanzas, hay una diferencia trascendental que le otorga identidad propia y superioridad a la primera Carta Mexicana: Su naturaleza antiesclavista. Mientras que la Constitución Americana tuvo que atravesar por una guerra civil y veintiún enmiendas para que dejara de ser esclavista (hasta 1861), la Constitución Mexicana de 1824 dejó claro (sic) dos cosas desde un principio: que el nuevo país independiente aspiraba a ser una Nación no esclavista y una República Federal.
45. Pocas cosas dividieron tanto a los mexicanos y causó (sic) tantas confrontaciones armadas durante el siglo XIX, como su pertenencia al sistema federal.
46. En la Constitución de 1824, se implementó por primera vez en la historia de nuestro país el federalismo como forma de Estado, y algunos de los principales argumentos de los federalistas fueron que: debía adoptarse el Gobierno Federal porque era la voluntad general de la Nación; ahí estaba, si no la presión que en tal sentido ejercían en ese momento las provincias (especialmente Yucatán, Jalisco, Veracruz, Puebla y Querétaro); porque el sistema federal permitía un enlace entre todas las entidades, para que éstas pudieran protegerse sin la ayuda que el gobierno central no podía proporcionarles, y porque la prosperidad estadounidense seguramente se debía a la selección de esa forma de gobierno.(3)
47. Como consecuencia de lo anterior, se expidió un acta constitutiva de la Federación, que en su numeral 18 relativo al Poder Judicial, disponía lo siguiente:
"18. Todo hombre que habite en el territorio de la Federación tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que se establecerán en cada Estado; reservándose demarcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte."
48. Promulgada la Constitución de 1824, dispuso en su artículo 160, lo siguiente:
"160. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designe la Constitución; y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia."
49. Así, desde la implementación del federalismo en 1824, se reconoció la facultad de los Estados miembros de la Federación para que, dentro de su autonomía, implementaran sus propios Tribunales de Justicia, que tendrían competencia en causas civiles y criminales hasta su última instancia y en ejecución de sus sentencias.
50. Después de que Guerrero desconociera el proceso electoral en que resultó vencedor Gómez Pedraza, tomara la capital de la República y, eventualmente, perdiera la vida con motivo de esta rebelión, apareció en la vida de México un personaje cuyas cambiantes convicciones lo mismo lo llevaron a decirse defensor del federalismo que a promover el centralismo e, incluso, en sus días finales, a proponer el regreso de la Monarquía: Antonio López de Santa Anna.(4)
51. Uno de los ideólogos más destacados del Partido Conservador, Lucas Alamán, había advertido que el pasado colonial de México lo condenaba a un federalismo artificial, anárquico y disfuncional. Esta parte de agenda antifederalista fue recogida en 1836 por López de Santa Anna, al expedir Las Siete Leyes Constitucionales que se conocerían como la Constitución Centralista de ese año. Apenas promulgada, se separaron de la República los Estados de Texas, Chiapas y Yucatán, quienes veían en el centralismo una amenaza para sus aspiraciones de autonomía. El Congreso Mexicano ya había reconocido la independencia del Capitaneado de Guatemala en 1824, que después se desmembraría en la Guerra Civil Centroamericana y daría origen a lo que hoy se conoce como Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Con base en ese precedente, muchos aconsejaron a Santa Anna reconocer la independencia de Texas a condición de que no se anexara a los Estados Unidos de América, pero Santa Anna decidió iniciar la guerra en la que fue derrotado, preso y luego liberado. Esta derrota permitió que diez años después, cuando ya Texas había sido anexado y reconocido como un nuevo Estado de la Unión Americana, se hiciera una reclamación por daños de guerra en contra de México, que se utilizó para justificar la intervención americana de 1847-1848. Mientras tanto Yucatán permaneció separado de la República desde 1839, tratando también de ser anexado a la Unión Americana que no aceptó porque su interés era expandirse hacia el oeste. La Guerra de Castas; sin embargo, se había convertido en un conflicto de limpieza étnica que, de no ser por el apoyo del gobierno central y luego federal, hubiera extinguido a la población blanca de la península y fue por esa razón que Yucatán decidió reincorporarse a la Federación.
52. Para este momento, la Constitución Centralista de 1836 se mostraba como un documento vacío, estéril, que sólo había traído guerra, devastación y pérdida del territorio a la República. Huido Santa Anna de la capital, se convocó a un Congreso Constituyente en 1847 para decidir sólo dos cosas: Si se reincorporaba la vigencia de la Constitución Federal de 1824 en sus propios y originales términos o si se hacían adiciones a este cuerpo constitucional. Triunfó esta segunda propuesta y por eso se conoce a este cuerpo normativo como las Actas de Reforma de 1847, en cuyas adiciones se incluyó el juicio de amparo y el principio de relatividad que más adelante se conocería como fórmula Otero.
53. Sin embargo, la semejanza entre las Constituciones, Mexicana de 1824 y la Constitución Americana de 1789 tenía ventajas y desventajas. Desde el punto de vista orgánico, había permitido defender con vehemencia el sistema federal, pero adolecía de un capítulo dogmático que los americanos reconocían en diversas ordenanzas reales de la legislación precolonial como el Bill of Rights y que además habían ido incorporando paulatinamente a lo largo del siglo XIX, particularmente con la 5a. enmienda.
54. El triunfo de la Revolución de Ayutla permitió alumbrar una nueva Constitución y resolver esta laguna en 1857. En relación con este cuerpo normativo, Burgoa(5) relata que:
"La Constitución de 1857, emanada del Plan de Ayutla, que fue la bandera política del partido liberal en las Guerras de Reforma, implanta el liberalismo e individualismo puros, como regímenes de relaciones entre el Estado y el individuo.
"El proyecto de Constitución de 57, en su artículo 102, estableció el sistema de protección constitucional por vía y por órgano jurisdiccional considerando competentes para conocer de los casos por infracción a la Ley Fundamental, tanto a los tribunales federales como a los de los Estados, ‘previa la garantía de un jurado compuesto de vecinos del distrito respectivo’, cuyo jurado calificaría el hecho (acto violatorio) de la manera que dispusiese la ley orgánica.
"El citado artículo 102 fue vehemente impugnado por el Constituyente Ignacio Ramírez, para quien ningún sistema de tutela constitucional frente a las leyes secundarias era adecuado ni eficaz. Llegando a la conclusión de que los únicos remedios para que se respetara la Constitución, serían el repudio de la opinión pública a los actos legislativos que la infringiesen y su derogación por parte del Poder encargado de elaborarlos. Creía Ramírez que, si un Juez declaraba inconstitucional una ley, invadía la esfera de competencia de los órganos legislativos, sobreponiéndose a éstos a través de la derogación que dicha declaración entrañaba. Afortunadamente, el pensamiento del Nigromante no sólo no tuvo eco en los debates desencadenados en el seno del Congreso Constituyente de 56-57, sino que fue severa y justificadamente objetado por otros diputados, entre los que descollaron Mata y Arriaga, quienes defendieron la idea de implantar en la Ley Fundamental el sistema de control por órgano y por vía jurisdiccional contra las leyes secundarias que la violasen, sistema que con el tiempo se llegó a conocer con el nombre de juicio de amparo.
"El artículo 102 original del proyecto constitucional, después de discutido, se dividió definitivamente en tres preceptos, los que a su vez se refundieron en dos que hubieren llegado a ser los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de 1857. Conforme a su texto se conservó la intervención del Jurado Popular para calificar el hecho infractor de la Ley Fundamental. Sin embargo, al expedirse ésta se suprimió dicho jurado, para atribuir la competencia exclusiva de conocer de todas las controversias que se suscitaren por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales o que vulnerasen el régimen federal, a los Tribunales de la Federación (art. 101) eliminándose así la injerencia en dicha materia de los tribunales de los Estados y consignándose en el artículo 102 los principios cardinales que informan al sistema de protección constitucional por órgano y por vía jurisdiccionales, como son los de iniciativa de la parte agraviada, la sustanciación judicial del procedimiento y la relatividad de los fallos correspondientes."
55. Los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, quedaron finalmente redactados de la siguiente manera:
"Artículo 101. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.
"II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
"III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.
"Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, lim
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30079-d066a059/regimen-provisional-de-visitas-y-convivencias-familiares-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL P (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. NO CONLLEVA QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL O SE DECLARE FUNDADO EL RECUR (AMPARO DIRECTO)
- SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA MENORES. LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO Y ADICIONADOS, (CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2008-PL)
- DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA INTERPUESTA POR UNA PERSONA MORAL OFICIAL PARA IMPUGNAR ACTOS DE OTRA AUTORIDAD RELACIONADOS C (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL ESTABLECER REQUISITOS O PRESUPUESTOS FORMALES NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE FONDO DEL JUICIO RELATIVO CONT (IV.2o.A.93 A (10a.))
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REPONE EL PROCEDIMIENTO PARA EL EFECTO DE QUE SE INTEGRE EL LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPAR (I.9o.C.82 C )
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL HECHO DE QUE EN LA LEY DE LA MATERIA SE ESTABLEZCA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PARA IMPUGNAR LOS ACTOS RELATIVOS A UN JUICIO POLÍTICO, NO SIGNIFICA Q (XXIV.2o.17 K (10a.))
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS ARTÍCULOS 186, 187 Y 188 DE LA LEY DE LA MATERIA, AL NO PREVER QUE SE DÉ VISTA A LAS PARTES CON EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN TODOS LOS CASOS, EN FORMA (1a. XXVI/2022 (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis