DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE POR NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA INTERPUESTA POR UNA PERSONA MORAL OFICIAL PARA IMPUGNAR ACTOS DE OTRA AUTORIDAD RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE MAYO DE 2022. MAYORÍA DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS Y PRESIDENTE ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTES: JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ Y JORGE OJEDA VELÁZQUEZ; FORMULARON VOTO PARTICULAR LOS TRES PRIMEROS. PONENTE: JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: CARLOS LUIS GUILLÉN NÚÑEZ.
México, Distrito Federal; (sic) acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de diez de mayo de dos mil veintidós.
VISTOS, y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil veinte, ingresado en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dieciocho de los mismos mes y año, Netzaí Sandoval Ballesteros, en su carácter de titular de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 139/2019, con el sustentado por el Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 245/2019.
SEGUNDO.—Radicación y admisión de la contradicción.
1. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó la formación del expediente PC01.I.A.09/2020.C, solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes informaran el carácter con el que se ostentaba Netzaí Sandoval Ballesteros, en los citados asuntos, a efecto de determinar si quien suscribía la denuncia había tenido o no el carácter de parte en los recursos de queja citados.
2. En proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, la Magistrada presidenta del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito tuvo por recibido el oficio mediante el cual el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó que se tuvo como parte al denunciante de la contradicción de tesis de mérito, por lo que admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada y solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, la remisión de los archivos digitales que contuvieran las ejecutorias que pronunciaron, respectivamente.
3. El trece de mayo de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito solicitó al Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindiera el informe respectivo, así como remitiera la ejecutoria correspondiente con el objeto «de» que obrara en autos; asimismo, solicitó indicara si aún se encontraba vigente el criterio materia de contradicción y, en caso de no ser así, indicara el motivo o los motivos por los cuales se abandonó ese criterio.
4. Mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la presidenta del Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito rindió el informe respectivo e hizo del conocimiento del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que el criterio sustentado en este expediente prevalece en sus términos.
TERCERO.—Turno. Una vez que quedó integrado el expediente virtual, por acuerdo de presidencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, fueron turnados los autos al Magistrado Jean Claude Tron Petit, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución.
CUARTO.—Returno. Por acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Quarter-1, fracción III, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(1) y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se returnó el expediente virtual al Magistrado Patricio González Loyola Pérez, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno de Circuito. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para resolver sobre la contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 y 42, fracción I, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintisiete de febrero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, modificado por su similar 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre siguiente en el mismo medio de difusión oficial, en virtud «de» que la denuncia versa sobre criterios emitidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el titular de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública y que fue parte en los recursos de queja Q.A. 139/2019 y Q.A. 245/2019, en los que se sustentan criterios aparentemente contradictorios.
TERCERO.—Existencia de la contradicción. Como cuestión previa se procede a determinar si se cumplen o no los requisitos para considerar existente la contradicción de tesis.
Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(2)
De acuerdo con el criterio invocado, para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los órganos contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por aquéllos en un tema similar sea discordante esencialmente.
La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
Sirve de sustento a lo anterior la tesis P. XLVII/2009, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(3) (Énfasis añadido)
Si la finalidad de una contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –y no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo sostuvo el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 238/2015, fallada el siete de enero de dos mil dieciséis, es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los requisitos siguientes:
A. Ejercicio interpretativo. Los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
B. Punto de toque. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
C. Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de tesis. La situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
No es óbice para resolver una contradicción de tesis, el hecho que los Tribunales Colegiados contendientes no hayan aprobado tesis de jurisprudencia sobre el tema a dilucidar, pues el artículo 217 de la Ley de Amparo no establece como requisito para que exista la contradicción de tesis, el hecho que se hubiesen aprobado por parte de los órganos jurisdiccionales contendientes tesis de jurisprudencia, sino sólo que en las consideraciones de las ejecutorias en contradicción, se advierta que los Tribunales Colegiados analizaron aspectos jurídicos iguales y arribaron a conclusiones diversas.
En ese aspecto, es ilustrativa y aplicable, por analogía, la tesis P. L/94, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(4)
Con el objeto de determinar si en el presente asunto existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que habrá de prevalecer como jurisprudencia, es necesario referir los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las resoluciones en probable conflicto e identificar las consideraciones formuladas por los Tribunales Colegiados de Circuito discrepantes.
I. Decisión del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Al resolver el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el recurso de queja Q.A. 139/2019, tomó en cuenta lo siguiente:
• En el ocurso constitucional:
El titular del Instituto Federal de Defensoría Pública promovió juicio de amparo indirecto en «el» que reclamó del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, la omisión de dar respuesta a la petición que formuló el once de abril de dos mil diecinueve.
En dicha solicitud, con el objeto de lograr que los defensores públicos federales estuvieran en mejores condiciones para el desempeño de sus actividades relacionadas con los migrantes que pudieran asesorar o representar, solicitó que se les autorizara el acceso al Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), que permite conocer los nombres de los extranjeros puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
El quejoso señaló que se violó, en su perjuicio, el artículo 8o. de la Constitución Federal, y en los conceptos de violación expuso que, si bien es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y firmó la petición con tal carácter, ello no es motivo para considerar que no cuenta con el mecanismo de protección de los derechos humanos, sino que, por el contrario, opera en su favor el principio pro personae.
El promovente precisó que ante la autoridad migratoria, señalada como responsable, despliega actividades propias de las atribuciones que corresponden a la prestación del servicio de orientación, asesoría y representación jurídica con el objeto de lograr que los extranjeros que atiende, tengan acceso a la justicia, por lo cual la relación en que participa no se desenvuelve en un plano de coordinación con dicha autoridad, en la que concurran los elementos de igualdad y bilateralidad que caracterizan a ese tipo de actos, sino se trata de una relación de supra a subordinación.
• Trámite de la demanda de amparo.
El Juez de Distrito, al que por razón de turno correspondió la demanda, ordenó su registro y la desechó, al considerar que se actualizó de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo.
Sostuvo que se reclamó la omisión de respuesta a la instancia formulada por el titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien solicitó, en su carácter de servidor público y para el personal del órgano a su cargo, el acceso al Sistema de Control y Aseguramiento de Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), por lo que actuó como autoridad, no a título personal –como gobernado–, participando en una relación de naturaleza administrativa, entre autoridades. • Agravios en el recurso de queja.
- El juzgador, al desechar la demanda, violó la jurisprudencia «2a./J.» 54/2012,(5) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por ende, la previsión legal contenida en el artículo 217 de la Ley de Amparo.
- La autoridad señalada como responsable sí tiene esa calidad porque cuenta con la atribución de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, con independencia «de» que la solicitud formulada por el quejoso se hubiera realizado con el carácter de servidor público, pues dada la naturaleza de las funciones que desempeña el Instituto Federal de Defensoría Pública, no puede considerarse que sus relaciones con otras autoridades, investidas de poder público, se lleven a cabo en un plano de coordinación.
- En razón de la especial situación del quejoso frente al orden jurídico cuenta con interés legítimo para acudir al juicio de amparo.
• Determinación en el recurso de queja.
El Tribunal Colegiado confirmó el acuerdo de desechamiento con base en el argumento siguiente:
(1) La jurisprudencia «2a./J.» 54/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el recurrente, fue aclarada en cuanto a su rubro en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."
(2) La jurisprudencia aludida no es aplicable al caso particular, dado que no se controvierte acuerdo alguno relacionado con la fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, pues el reclamo consiste en la omisión del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de dar respuesta a la solicitud formulada por el quejoso en su calidad de titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, en el sentido que se dé acceso a su personal al Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), lo que planteó con el rol de servidor público y con el fin de facilitar el desempeño de sus actividades.
(3) La petición no se formuló por el quejoso por derecho propio, sino en su calidad de servidor público.
(4) Se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito, dado que el acto que le dio origen no es susceptible de generar el derecho a obtener una respuesta escrita a que alude el artículo 8o. constitucional.
(5) El quejoso no acudió al juicio de amparo en defensa de sus intereses particulares, sino de las facultades que como servidor público le fueron conferidas.
II. Decisión del Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Al resolver el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el recurso de queja Q.A. 245/2019, tomó en cuenta lo siguiente:
• En el ocurso constitucional:
El promovente acudió al juicio de amparo en su carácter de director general del Instituto Federal de Defensoría Pública y señaló, entre otros actos reclamados, el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Migración, publicado el veintiocho de septiembre de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación, y su aplicación en el oficio INM/DGCVM/DEM/0250/2019, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual se le comunicó que no se consideró viable la autorización de nuevas solicitudes de ingreso a la Estación Migratoria "Siglo XXI", en Tapachula, Chiapas.
• Trámite de la demanda de amparo.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Decimosegundo (sic) de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; su titular, por auto de once de julio de dos mil diecinueve, ordenó registrarla con el número de expediente 925/2019 y la desechó por los motivos siguientes:
(1) Se actualizó de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 7o., todos de la Ley de Amparo.
(2) En términos del precepto legal aludido en último término, existe una limitante en el sentido «de» que las personas jurídicas oficiales pueden promover el amparo sólo cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad, como particulares.
(3) Atento a los actos reclamados, en la especie, no se cumplen las exigencias previstas por la ley para considerar procedente el amparo, pues la norma general reclamada y su acto de aplicación no afectan el patrimonio del órgano que representa el promovente, pues de lo que éste se duele es la negativa de autorizar a su personal el ingreso a la Estación Migratoria "Siglo XXI", en Tapachula, Chiapas.
(4) Se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, contra actos del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades.
• Agravios en el recurso de queja.
- El acuerdo recurrido es ilegal, porque se sustenta en el artículo 7o. de la Ley de Amparo, el cual es inconstitucional e inconvencional, porque veda el derecho de acceso a la justicia, ya que establece una restricción contra las personas jurídicas oficiales para acudir al juicio de amparo e impugnar violaciones a sus derechos fundamentales derivadas de sus facultades de imperio, salvo que reclamen normas generales, actos u omisiones que afecten su patrimonio y que esa afectación patrimonial derive de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares.
- Es ilegal el desechamiento de la demanda, pues la Jueza de Distrito debió interpretar el artículo 7o. de la Ley de Amparo, en relación con los precedentes sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 323/2014 y 1359/2015, en los que resolvió que las personas jurídicas privadas pueden acudir al juicio de amparo a cuestionar violaciones a derechos fundamentales.
• Determinación en el recurso de queja.
El Decimoquinto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa señaló que se controvirtieron dos aspectos; primero, que es inconstitucional el artículo 7o. de la Ley de Amparo, que aplicó la Jueza de Distrito; y segundo, que el quejoso cuenta con legitimación para promover el juicio de amparo, por lo que, atendiendo al principio de mayor beneficio, se ocupó del estudio de los motivos de inconformidad atendiendo al aspecto de legalidad, los que consideró fundados por los motivos siguientes:
- El concepto de agravio se analiza atendiendo a la causa de pedir y a la suplencia de la deficiencia de la queja, pues se considera que la causa de improcedencia que actualizó la Jueza de Distrito no resulta manifiesta e indudable.
- El tema relativo a la facultad del juzgador de amparo para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consigna la Constitución Federal.
- Un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración.
- La Jueza desechó la demanda de amparo presentada por Netzaí Sandoval Ballesteros, en su carácter de director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, al considerar que se actualizó de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I, y 7o., todos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados no afectan su patrimonio, ya que consideró que el quejoso "constituye una persona moral oficial".
- Si bien el examen de la demanda de amparo pone de manifiesto que ésta fue presentada por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, resulta cierto que en la acción intentada se pretende justificar a partir de un interés legítimo, que el demandante señala que los actos reclamados impiden cumplir con su finalidad social que es proporcionar un servicio de defensoría pública de calidad que promueva y proteja los derechos humanos de todas las personas, en el caso, de los migrantes.
- El quejoso pretende promover un juicio de amparo no tan sólo haciendo valer una afectación directa a su esfera de derechos o atribuciones como ente público derivado de la norma y acto de aplicación reclamados, sino que refiere que goza de un interés legítimo para combatir un acto que considera restrictivo en cuanto a los derechos de defensa de los migrantes.
- La determinación alcanzada por la Jueza de Distrito, de desechar la demanda de amparo por estimar que la norma y el acto de aplicación reclamados no afectan el patrimonio de la persona moral oficial que representa el quejoso, no es una cuestión que permita determinar de manera manifiesta e indudable si se actualiza una causa de improcedencia desde el auto inicial.
- En apoyo a lo expuesto, el Tribunal Colegiado invocó la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."
- Se considera que la Jueza no se encontraba facultada para desechar de plano una demanda promovida por una persona jurídica pública, bajo el argumento «de» que no acudió al juicio constitucional en defensa de sus intereses patrimoniales y determina
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30780-fdf09c40/demanda-de-amparo-indirecto-debe-desecharse-por-notoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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