IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO UN HABITANTE DEL ESTADO RECLAMA LA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA A QUE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO HAN LEGISLADO EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CONDONAR IMPUESTOS, AL CARECER DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN CARLOS AMAYA GALLARDO Y ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. DISIDENTE: ROGELIO CEPEDA TREVIÑO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO. SECRETARIA: ANA MITZI HERNÁNDEZ RIVERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre el criterio de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien advirtió una posible contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 206/2021 y 159/2021, respectivamente, lo que actualiza uno de los supuestos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior,(3) podrán ser denunciadas ante los Plenos Regionales por la o el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, las Magistradas o los Magistrados de Tribunal Colegiado de apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.—Criterios de los que deriva la denuncia de la posible contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:
I. Recurso de queja 206/2021, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
1. Antecedentes:
********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado de Nuevo León y la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, a quienes reclamó: 1) la omisión de armonizar el marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, relativo a la prohibición de condonar impuestos; y, 2) la pasividad en emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, contenida en el expediente legislativo 14000/LXXV, tendiente a lograr la armonización del marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, relativo a la prohibición de condonar impuestos.
De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en donde se registró bajo el número de expediente **********.
Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, desechó de plano la demanda de amparo indirecto al estimar actualizada, de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, bajo la consideración de que la quejosa carece de interés legítimo para impugnar el acto reclamado, porque en el caso la quejosa únicamente contaba con un interés simple, consistente en que los ordenamientos legales se expidan al margen de la Constitución Federal, pero no de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la quejosa; ni que de prosperar la instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del accionante, pues la anulación del acto no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo, pues a pesar de que a todos los habitantes del Estado Mexicano les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención era insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global, se traducía en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente de nuestro país, pero no podía asimilarse al interés legítimo, necesario para acudir al juicio de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de presidencia de cinco de julio de dos mil veintiuno, lo admitió y registró bajo el número de expediente 206/2021; y lo admitió a trámite.
Previos los trámites correspondientes, el Primer Tribunal Colegiado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia en el recurso de queja, en la que se declaró fundado el recurso de queja; se revocó el acto impugnado; y se ordenó al Juez de Distrito que, de no existir una causa diversa de improcedencia que sea manifiesta e indudable, admitiera a trámite la demanda de amparo.
2. Consideraciones del Primer Tribunal Colegiado:
El órgano colegiado consideró como fundados los agravios de la recurrente, dado que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que, por regla general, en el auto admisorio no es el momento idóneo para realizar un pronunciamiento en relación al tema del interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en tanto que, dependiendo del caso, tal aspecto es una cuestión que podría acreditarse durante la sustanciación del juicio de amparo.
Señaló, que el estudio atinente a determinar estaba encaminado a determinar (sic) si la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para reclamar el acto que considera le ocasiona una afectación, por regla general no es posible efectuarlo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo y, en tal supuesto, es necesario que se tramite el juicio y esperar al dictado de la sentencia para abordar dicho análisis.
Indicó, que al recibir una demanda de garantías, el juzgador debe analizar cuidadosamente si se afecta el interés legítimo del promovente, verificando si se da una afectación al interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, y ciertamente, el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si advierte una causa de improcedencia notoria y manifiesta; ya que, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, de advertir una causa notoria e indudable de improcedencia al recibir una demanda de garantías, el Juez debe desecharla de plano y no continuar su trámite hasta la resolución.
Precisó, que si bien el Juez debe analizar lo relativo al interés que asiste al promovente del amparo, se trata de un análisis preliminar y sólo en el caso de que la falta del interés sea notoria y manifiesta, podrá desechar la demanda de amparo; ya que el auto por el que se admite o desecha aquélla, reviste el carácter de mero trámite en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el estudio detallado del asunto, propio de una resolución y no de un acuerdo, aunado a que el interés que aduzca el impetrante, dependiendo del caso, puede demostrarse durante la tramitación del juicio.
En ese orden, el Tribunal Colegiado consideró que le asistía la razón a la parte quejosa, en tanto que no se actualizaba de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia; pues en el auto inicial, dadas las particularidades del caso, no es posible hacer un pronunciamiento en relación con el interés jurídico o legítimo de la quejosa, cuyo estudio, por regla general, puede ser realizado al emitir la sentencia, en tanto que es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio.
Expuso, que en el caso y momento procesal, no constituía una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sino que se requiere de un mayor estudio, análisis de las constancias, pruebas y de los informes justificados que en su caso se alleguen al juicio, para establecer si el quejoso tiene interés para promover el juicio de amparo de origen, pues en el auto inicial de demanda que es de mero trámite, no es la estadía procesal ideal para hacer un estudio en tales términos, pues ello implicaría dejar en estado de indefensión al quejoso, en tanto que, dadas las características del asunto, éste se encuentra en posibilidad de acreditar su interés a través de los elementos demostrativos que se alleguen a los autos durante la tramitación del juicio; situación suficiente para no tener la certeza y plena seguridad del acreditamiento de la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal.
El tribunal señaló que no pasaba inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Tomo 2, junio de 2017, página 1078, con número de registro digital: 2014433; sin embargo, en la misma el Alto Tribunal determinó que en el caso de que no sea factible determinar la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos.
Sostuvo que, en el proveído reclamado se realizaron consideraciones que implican un análisis de cuestiones de fondo propias de una resolución y no de un acuerdo, al concluir que la quejosa únicamente contaba con un interés simple para impugnar el acto que describe como reclamado en la demanda de amparo, y no legítimo ni menos aún jurídico, toda vez que de la lectura de dicho libelo se observa que buscaba sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre el acto, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca; y que el interés informado en la demanda constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo residente del Estado Mexicano en que se armonice el marco legal de los Estados con la reforma a la Constitución.
Consecuentemente, al estimar fundados los agravios de la recurrente, el Tribunal Colegiado revocó el acuerdo recurrido y, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, ordenó al Juez de Distrito que, de no advertir alguna otra razón para desechar la demanda de amparo, procediera a admitirla a trámite.
II. Recurso de queja 159/2021, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
1. Antecedentes.
**********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en el que señaló como actos reclamados los consistentes en: i) la omisión de armonizar el marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, relativo a la prohibición de condonar impuestos; y, ii) la pasividad en emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, contenida en el expediente legislativo 14000/LXXV, tendiente a lograr la armonización del marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación en la citada fecha.
De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en donde se registró bajo el número de expediente **********.
Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León desechó de plano la demanda de amparo al estimar actualizada de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carecía de interés legítimo para impugnar el acto reclamado consistente, en esencia, en diversas omisiones relativas al cumplimiento del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, relativo a la prohibición de condonar impuestos; ello, pues únicamente contaba con interés simple para impugnar los actos reclamados, y no legítimo ni jurídico, ya que de la lectura del escrito de demanda se advertía que la quejosa busca sólo lograr un control de legalidad en abstracto sobre el acto, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor; por lo que resultaba patente que el interés informado en la demanda, constituía únicamente un interés simple similar al que tiene todo residente de la República Mexicana en que se armonice el marco legal de los Estados con la reforma a la Constitución, por ende, esa intención era insuficiente por sí misma para acudir al juicio de garantías, ya que el acto reclamado no era susceptible de generar un perjuicio en los derechos de la quejosa, ni se advertía que de prosperar la instancia constitucional se tradujera en un beneficio.
Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien por auto de presidencia de siete de julio de dos mil veintiuno, lo admitió a trámite y lo registró bajo el número de expediente 159/2021.
Previos los trámites correspondientes, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró infundado el recurso de queja.
3. Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado:
Para llegar a tal conclusión, y sobre el tema de la denuncia de contradicción, el órgano colegiado estimó que era infundado el agravio de la recurrente, ya que fue correcta la determinación tomada por la Juez de Distrito, pues la misma carecía de interés legítimo para impugnar en vía de amparo, la omisión reclamada del Congreso del Estado de Nuevo León, de legislar la reforma al artículo 24 de la Constitución del Estado, particularmente, en lo que se refiere a prohibir la condonación de impuestos (homologándola a la federal) y, por ende, sí se actualizó de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia conforme a la cual se decretó el desechamiento de la demanda.
Señaló que, contrario a lo señalado por la recurrente, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la tesis aislada 1a. CXXIII/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, sí es la actuación procesal oportuna para que dicho juzgador llevara a cabo el análisis del interés legítimo de la parte quejosa para impugnar el acto reclamado y, por ende, que tuviera por actualizada la referida causal de improcedencia.
Ello, pues de la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la ausencia de interés legítimo puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita el desechamiento de una demanda de amparo, dado que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la quejosa frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.
Luego, precisó que mediante la tesis aislada 1a. CXXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 559, con número de registro digital: 2004008, de título: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.", la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó respecto al interés legítimo, que en esos casos se exige que los Jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado constitucional de derecho, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con la parte quejosa (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia.
Por ello, el Máximo Tribunal estimó que el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el Juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración podía llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional.
En ese orden, el Tribunal Colegiado estimó que era infundado el agravio de la recurrente, pues de conformidad con los criterios jurídicos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el auto inicial el Juez de Distrito sí puede llevar a cabo el análisis del interés legítimo de la quejosa para impugnar el acto reclamado, dado que la ausencia de dicho interés puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita el desechamiento de una demanda de amparo, cuando de su análisis se advierta que no existe la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de dicho interés, como fue estimado en el auto recurrido, y que el Tribunal Colegiado consideraba jurídicamente correcto. Ello, ya que del análisis a la demanda de amparo se advertía que la quejosa se dolía de la omisión de que se someta a discusión en el Congreso del Estado de Nuevo León, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículo 24, a discusión en el Congreso del Estado de Nuevo León, lo anterior porque afirma que es habitante de esta entidad federativa.
Sobre esa base, el Tribunal Colegiado estimó que era claro que del análisis a la demanda de amparo se apreciaba que la quejosa únicamente acredita contar con un interés simple, similar al que tiene cualquier habitante del Estado de Nuevo León, en el sentido de que se armonice el marco legal de la entidad con la reforma a la Constitución, en relación con la prohibición de condonar impuestos, pues dicho acto reclamado no genera un perjuicio real y actual en los derechos de dicha quejosa, diferente al que resiente cualquier habitante del Estado de Nuevo León; en virtud de que el interés de la quejosa es similar al de cualquier habitante de la citada entidad federativa, es decir, cualquier ciudadano posee el interés de que el Congreso del Estado de Nuevo León se apegue al orden constitucional y someta la mencionada iniciativa a discusión.
Agregó, que no se advertía que la accionante del amparo acudiera a la acción constitucional con base en la obtención de un beneficio diferenciado del resto de los gobernados, por su situación particular frente al orden jurídico que deriva de los actos reclamados que le afecten y que pudiera obtener inmediatamente con el dictado de una sentencia favorable; lo que se afirmaba, pues incluso con una concesión del amparo no se produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de la quejosa, esto es, dicha quejosa no obtendría algún beneficio diferente al de cualquier habitante del Estado de Nuevo León.
En ese contexto, el Tribunal Colegiado estimó que fue jurídicamente correcta la determinación de la Juez de Distrito de desechar la demanda de garantías, por estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable respecto del acto reclamado, dado que la quejosa no acreditó que contara con un interés legítimo para impugnarlo.
En ese orden, el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso de queja.
CUARTO.—Existencia de la contradicción. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.
Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, que señala lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)
Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se observa que en el caso sí se verifica la contradicción de tesis.
En principio, se precisa que en los juicios de amparo indirecto que dieron origen a los recursos de queja de los que deriva la presente contradicción de tesis, las quejosas señalaron como actos reclamados los siguientes:
I) La omisión de armonizar el marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, relativo a la prohibición de condonar impuestos; y,
II) La pasividad en emitir el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, contenida en el expediente legislativo 14000/LXXV, tendiente a lograr la armonización del marco normativo interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del citado decreto.
Ahora bien, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 206/2021, consideró en síntesis que sí era procedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión legislativa destacada, al considerar que: (1) por regla general, el auto admisorio no es el momento idóneo para realizar un pronunciamiento en relación al tema del interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, dado que tal aspecto es una cuestión que podría acreditarse durante la sustanciación del juicio de amparo, por ende, (2) no se podía tener por actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; ello, pues (3) se requiere de un mayor estudio, análisis de las constancias, pruebas y de los informes justificados que en su caso se alleguen al juicio, para establecer si el quejoso tiene interés para promover el juicio de amparo de origen; y, (4) solamente que fuese manifiesta e indudable la falta de interés, podría actualizarse la causal de improcedencia.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 159/2021, consideró que resultaba improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra los citados actos, dado que (a) el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, sí es la actuación procesal oportuna para que el juzgador lleve a cabo el análisis del interés legítimo de la parte quejosa, ya que (b) la ausencia de dicho interés puede constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permita el desechamiento de la demanda, y en el caso, (c) se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causal de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30581-431981ff/improcedencia-del-juicio-de-amparo-indirecto-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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